Apro
Por unanimidad, el pleno del Senado aprobó la Ley General de Víctimas que obliga al Estado garantizar de manera integral la asistencia y protección a los damnificados de la violencia y violaciones de los derechos humanos, así como la reparación del daño tanto material como moral. Este proyecto pasará a la Cámara de Diputados, donde tendrá que ratificarse.
Tras varios meses de lucha, integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad presentes en la sesión celebraron con gritos de “¡sí se pudo!” y lágrimas la aprobación de esta ley, aunque reconocieron junto con los legisladores que hay daños que no se pueden reparar, como la pérdida de familiares o las agresiones sufridas.
La ley, aprobada y turnada a Cámara de Diputados, prevé la creación de un registro nacional de víctimas y un fondo permanente de ayuda, asistencia y reparación integral, cuya operación dependerá de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que formará parte del Sistema Nacional de Víctimas.
En el artículo 71 de dicha ley se fija un monto de 500 veces el salario mínimo mensual para reparar el daño. En la actualidad representaría un pago de 934 mil pesos. El fideicomiso de donde saldrán los recursos será público y no paraestatal.
“El objeto de la Ley es establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas, que posibiliten el goce efectivo de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición. Contemplando, asimismo, sus derechos a ayuda, atención y asistencia”, señalan los apartados de la ley.
La Ley General de Víctimas obliga a todas las autoridades a coordinar medidas para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas. Entre estas medidas, se propone la ayuda para atender de manera inmediata las necesidades más urgentes de los agraviados.
En cuanto a las medidas de asistencia y de atención, se establece que tienen por objeto contribuir al restablecimiento del pleno ejercicio de los derechos de la víctima y brindarle las condiciones necesarias para llevar una vida digna, como acceso a instituciones de educación, programas de crédito y de subsidio especiales para educación, cobertura plena de servicios de salud incluidas hospitalización, cirugías y provisión de medicamentos; subsidios especiales en materia de salud, programas especiales de rehabilitación en salud física y mental, entre otros aspectos.
La ley prevé el reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre y honor, ante la comunidad y el ofensor, las disculpas públicas, los actos conmemorativos. la construcción de monumentos públicos, la búsqueda de las personas desaparecidas y la identificación de los cuerpos y restos y su inhumación.
En la sesión se guardó un minuto de silencio por los damnificados de la violencia. En su oportunidad, el senador perredista Pablo Gómez dijo que es una ley de avanzada y un gran paso. Pidió a la Cámara de Diputados que la discuta cuanto antes. Lo anterior, porque el líder de la bancada del PRI en la colegisladora, Carlos Rojas, advirtió en días pasados que no legislarían “al vapor”.
El priista y presidente de la Comisión de Gobernación del Senado, Jesús Murillo, advirtió que es una ley perfectible “pero es el principio de un camino nuevo de mayor justicia, de mayor atención y de mayor cuidado de algo que de alguna manera en alguna parte sufrimos todos en este país. Yo los invito a que hagamos historia y aprobemos esta ley”.
Para llegar a esta ley, organizaciones de derechos humanos, la UNAM, el INACIPE, especialistas y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad trabajaron de manera conjunta desde mediados del año pasado y presentaron una propuesta que se integró a otras siete que ya habían presentado los partidos políticos.
La demanda principal de la sociedad civil y de las víctimas fue que el Estado está obligado a proporcionar asistencia jurídica y económica a los familiares afectados mediante la creación de un “abogado victimal”, el fideicomiso y las leyes para que no se “revictimice” a los muertos, desaparecidos y familiares afectados. También la creación de un memorial que, hasta el momento, se tiene pensado levantar en la segunda sección del Bosque de Chapultepec.
Por unanimidad, el pleno del Senado aprobó la Ley General de Víctimas que obliga al Estado garantizar de manera integral la asistencia y protección a los damnificados de la violencia y violaciones de los derechos humanos, así como la reparación del daño tanto material como moral. Este proyecto pasará a la Cámara de Diputados, donde tendrá que ratificarse.
Tras varios meses de lucha, integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad presentes en la sesión celebraron con gritos de “¡sí se pudo!” y lágrimas la aprobación de esta ley, aunque reconocieron junto con los legisladores que hay daños que no se pueden reparar, como la pérdida de familiares o las agresiones sufridas.
La ley, aprobada y turnada a Cámara de Diputados, prevé la creación de un registro nacional de víctimas y un fondo permanente de ayuda, asistencia y reparación integral, cuya operación dependerá de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que formará parte del Sistema Nacional de Víctimas.
En el artículo 71 de dicha ley se fija un monto de 500 veces el salario mínimo mensual para reparar el daño. En la actualidad representaría un pago de 934 mil pesos. El fideicomiso de donde saldrán los recursos será público y no paraestatal.
“El objeto de la Ley es establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas, que posibiliten el goce efectivo de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición. Contemplando, asimismo, sus derechos a ayuda, atención y asistencia”, señalan los apartados de la ley.
La Ley General de Víctimas obliga a todas las autoridades a coordinar medidas para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas. Entre estas medidas, se propone la ayuda para atender de manera inmediata las necesidades más urgentes de los agraviados.
En cuanto a las medidas de asistencia y de atención, se establece que tienen por objeto contribuir al restablecimiento del pleno ejercicio de los derechos de la víctima y brindarle las condiciones necesarias para llevar una vida digna, como acceso a instituciones de educación, programas de crédito y de subsidio especiales para educación, cobertura plena de servicios de salud incluidas hospitalización, cirugías y provisión de medicamentos; subsidios especiales en materia de salud, programas especiales de rehabilitación en salud física y mental, entre otros aspectos.
La ley prevé el reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre y honor, ante la comunidad y el ofensor, las disculpas públicas, los actos conmemorativos. la construcción de monumentos públicos, la búsqueda de las personas desaparecidas y la identificación de los cuerpos y restos y su inhumación.
En la sesión se guardó un minuto de silencio por los damnificados de la violencia. En su oportunidad, el senador perredista Pablo Gómez dijo que es una ley de avanzada y un gran paso. Pidió a la Cámara de Diputados que la discuta cuanto antes. Lo anterior, porque el líder de la bancada del PRI en la colegisladora, Carlos Rojas, advirtió en días pasados que no legislarían “al vapor”.
El priista y presidente de la Comisión de Gobernación del Senado, Jesús Murillo, advirtió que es una ley perfectible “pero es el principio de un camino nuevo de mayor justicia, de mayor atención y de mayor cuidado de algo que de alguna manera en alguna parte sufrimos todos en este país. Yo los invito a que hagamos historia y aprobemos esta ley”.
Para llegar a esta ley, organizaciones de derechos humanos, la UNAM, el INACIPE, especialistas y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad trabajaron de manera conjunta desde mediados del año pasado y presentaron una propuesta que se integró a otras siete que ya habían presentado los partidos políticos.
La demanda principal de la sociedad civil y de las víctimas fue que el Estado está obligado a proporcionar asistencia jurídica y económica a los familiares afectados mediante la creación de un “abogado victimal”, el fideicomiso y las leyes para que no se “revictimice” a los muertos, desaparecidos y familiares afectados. También la creación de un memorial que, hasta el momento, se tiene pensado levantar en la segunda sección del Bosque de Chapultepec.
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