Jorge Fernández Menéndez
Como dijimos desde que se aprobaron, las reformas electorales de 2007 no resisten la prueba de la verdad, la de los comicios. A dos días de que se inicien formalmente las campañas, la legislación electoral ha mostrado ya carencias, enormes vacíos legales que fomentan la discrecionalidad y una serie de decisiones que en el terreno teórico podrían ser apropiadas, pero que no están en condiciones de cotejarse con la realidad.
Vamos con algunos de los capítulos que están haciendo agua en forma evidente. Primero, el tema de las cuotas de género. Creo que es positivo imponer cuotas de género en puestos de elección popular, aunque no creo que, repentinamente, establecer 40% de cuota de género sea muy viable sin caer, como está ocurriendo en muchos casos, en la simulación, al postular a esposas, novias, secretarias. Pero, independientemente de ello, los partidos tienen razón al señalar que cuando les fue establecido el número de mujeres que tenían que ocupar esas candidaturas, en muchos casos ya se habían realizado elecciones en los distritos para elegir a los contendientes. Habrá que analizar caso por caso, pero resulta ridículo que el IFE diga ahora que si los partidos el día de mañana no presentan listas con la cuota de género plenamente cubierta, comenzarán a sortear distritos para que sean asignados a mujeres, quitando a los candidatos elegidos en esos mismos distritos. El tema está mal planteado y se tomaron, como en los debates y en la publicidad, decisiones a destiempo. La norma debe ser revisada sin falta pasada esta elección y, por las carencias que se perciben, debería ser aplicada con cierta flexibilidad.
Segundo punto, la veda electoral. El único efecto de este absurdo paro de más de un mes en los procesos electorales ha sido evitar la competencia entre candidatos. No tiene sentido alguno, porque todos trataron de hacer proselitismo, aunque fuera en forma encubierta y se llegó al límite de que un candidato, en este caso López Obrador, violara la veda frente a la sede del IFE el mismo día en que registró su candidatura. ¿Qué sentido tiene que los candidatos no puedan hablar de sus propuestas o pedir el voto o realizar actos con sus simpatizantes, cuando lo venían haciendo desde tiempo atrás? La veda es otra norma irracional que debe ser olvidada.
Otro punto: las campañas negras o la publicidad negativa. Ésta se hace todos los días y no pasa nada, lo único que cambian son los instrumentos utilizados. Un ejemplo reciente: las grabaciones de Josefina Vázquez Mota. Todas tienen aparentemente el mismo origen, todas tienen el mismo destino, la misma vía de difusión, y no pasa nada, aunque se trate de un delito federal. Pero lo mismo se podría decir de muchas otras acciones que se ven en estos días. La publicidad negativa no debería estar prohibida porque sirve para confrontar a los candidatos: lo que debe estar prohibido es la difamación y la calumnia, que están sancionadas por ley, y los delitos como las intervenciones telefónicas ilegales, y unas y otras están a la orden del día.
Y eso se relaciona con otro tema: la publicidad y el acceso de la ciudadanía a los medios. Soy de los que creen que tanto los ciudadanos como los partidos deben tener acceso a la publicidad en radio y televisión para los fines que consideren convenientes. En la actualidad priva la rigidez de la norma y la simulación en su aplicación. Los ejemplos son innumerables, pero pongamos uno mucho más abierto: ayer se dio a conocer un desplegado firmado por medio centenar de personalidades de distintos ámbitos, con preguntas a los candidatos (preguntas que me parecen absolutamente compartibles y pertinentes). Se publicó en los periódicos pero, ¿por qué no podría darse a conocer de la misma forma en los medios electrónicos?, ¿por qué no puede estar esa información al alcance de quien quiera acceder a ella? Más importante aún, si los candidatos responden o no a esas preguntas, ¿por qué quienes las suscribieron no pueden opinar sobre esas respuestas y establecer públicamente sus opiniones en medios electrónicos a favor o en contra de los candidatos? Es absurdo lo decidido en la reforma de 2007 y, además, viola las garantías individuales consagradas en la Constitución. Es otro punto que tendrá que ser revisado.
Y hay muchos más, por ejemplo, el de las candidaturas independientes. Si no me equivoco son 54 los aspirantes que pretenden competir por la Presidencia desde fuera de los partidos, de Manuel Clouthier hasta Juanito. Se cae en el absurdo, pero demuestra que el espacio de los partidos termina siendo demasiado cerrado, asfixiante y sectario para muchos que no encuentran su propio espacio en el mundo de la política.
Como dijimos desde que se aprobaron, las reformas electorales de 2007 no resisten la prueba de la verdad, la de los comicios. A dos días de que se inicien formalmente las campañas, la legislación electoral ha mostrado ya carencias, enormes vacíos legales que fomentan la discrecionalidad y una serie de decisiones que en el terreno teórico podrían ser apropiadas, pero que no están en condiciones de cotejarse con la realidad.
Vamos con algunos de los capítulos que están haciendo agua en forma evidente. Primero, el tema de las cuotas de género. Creo que es positivo imponer cuotas de género en puestos de elección popular, aunque no creo que, repentinamente, establecer 40% de cuota de género sea muy viable sin caer, como está ocurriendo en muchos casos, en la simulación, al postular a esposas, novias, secretarias. Pero, independientemente de ello, los partidos tienen razón al señalar que cuando les fue establecido el número de mujeres que tenían que ocupar esas candidaturas, en muchos casos ya se habían realizado elecciones en los distritos para elegir a los contendientes. Habrá que analizar caso por caso, pero resulta ridículo que el IFE diga ahora que si los partidos el día de mañana no presentan listas con la cuota de género plenamente cubierta, comenzarán a sortear distritos para que sean asignados a mujeres, quitando a los candidatos elegidos en esos mismos distritos. El tema está mal planteado y se tomaron, como en los debates y en la publicidad, decisiones a destiempo. La norma debe ser revisada sin falta pasada esta elección y, por las carencias que se perciben, debería ser aplicada con cierta flexibilidad.
Segundo punto, la veda electoral. El único efecto de este absurdo paro de más de un mes en los procesos electorales ha sido evitar la competencia entre candidatos. No tiene sentido alguno, porque todos trataron de hacer proselitismo, aunque fuera en forma encubierta y se llegó al límite de que un candidato, en este caso López Obrador, violara la veda frente a la sede del IFE el mismo día en que registró su candidatura. ¿Qué sentido tiene que los candidatos no puedan hablar de sus propuestas o pedir el voto o realizar actos con sus simpatizantes, cuando lo venían haciendo desde tiempo atrás? La veda es otra norma irracional que debe ser olvidada.
Otro punto: las campañas negras o la publicidad negativa. Ésta se hace todos los días y no pasa nada, lo único que cambian son los instrumentos utilizados. Un ejemplo reciente: las grabaciones de Josefina Vázquez Mota. Todas tienen aparentemente el mismo origen, todas tienen el mismo destino, la misma vía de difusión, y no pasa nada, aunque se trate de un delito federal. Pero lo mismo se podría decir de muchas otras acciones que se ven en estos días. La publicidad negativa no debería estar prohibida porque sirve para confrontar a los candidatos: lo que debe estar prohibido es la difamación y la calumnia, que están sancionadas por ley, y los delitos como las intervenciones telefónicas ilegales, y unas y otras están a la orden del día.
Y eso se relaciona con otro tema: la publicidad y el acceso de la ciudadanía a los medios. Soy de los que creen que tanto los ciudadanos como los partidos deben tener acceso a la publicidad en radio y televisión para los fines que consideren convenientes. En la actualidad priva la rigidez de la norma y la simulación en su aplicación. Los ejemplos son innumerables, pero pongamos uno mucho más abierto: ayer se dio a conocer un desplegado firmado por medio centenar de personalidades de distintos ámbitos, con preguntas a los candidatos (preguntas que me parecen absolutamente compartibles y pertinentes). Se publicó en los periódicos pero, ¿por qué no podría darse a conocer de la misma forma en los medios electrónicos?, ¿por qué no puede estar esa información al alcance de quien quiera acceder a ella? Más importante aún, si los candidatos responden o no a esas preguntas, ¿por qué quienes las suscribieron no pueden opinar sobre esas respuestas y establecer públicamente sus opiniones en medios electrónicos a favor o en contra de los candidatos? Es absurdo lo decidido en la reforma de 2007 y, además, viola las garantías individuales consagradas en la Constitución. Es otro punto que tendrá que ser revisado.
Y hay muchos más, por ejemplo, el de las candidaturas independientes. Si no me equivoco son 54 los aspirantes que pretenden competir por la Presidencia desde fuera de los partidos, de Manuel Clouthier hasta Juanito. Se cae en el absurdo, pero demuestra que el espacio de los partidos termina siendo demasiado cerrado, asfixiante y sectario para muchos que no encuentran su propio espacio en el mundo de la política.
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