Carmen Aristegui
Pocas veces se había suscitado un debate tan intenso y trascendente como el del caso Cassez. Los ingredientes del tema han involucrado a las más altas esferas de poder y a la sociedad misma. Se ha generado una discusión interpretativa acerca de la justicia, el debido proceso, el derecho de las víctimas y la actuación de autoridades y medios de enorme intensidad.
El tema lejos está de cerrarse con lo que resolvió la primera sala de la Corte, esta semana.
Queda establecido –ahora desde la Corte– lo que de otras maneras se sabía: la comisión de faltas graves de autoridades policiacas y judiciales en torno a este caso. Amén del papel de la televisión que, cada vez, queda más en entredicho. ¿Revisará RTC el caso?
Los ministros no discutieron sobre la inocencia o culpabilidad de Cassez, discutieron sobre la actuación de las autoridades policiacas y judiciales.
Parte fundamental ha sido el tema del montaje o la “escenificación ajena a la realidad” que llevó a cabo la AFI con la connivencia de la televisión. (Llama la atención la ausencia de los principales periodistas de Televisa de sus programas –hasta la cancelación de Tercer Grado el día de la sesión de la Corte–, cuando resulta obligada una mínima revisión autocrítica de lo que sucedió).
Quedó en claro el grado de alteración y creación de evidencias, inducción de testimonios y dinamitación de derechos constitucionales que llevaron a cabo las autoridades policiacas, encabezadas por Genaro García Luna, y que resultan más que suficientes, no sólo para separarlo del cargo hoy, sino para ponerlo a disposición de la PGR para iniciar, formalmente, una averiguación previa.
No quedaron expuestas ante la Corte –y mucho menos en el expediente– las probables motivaciones que tuvieron las autoridades dirigidas por el actual titular de la SSP para hacer lo que hicieron en detrimento del proceso y de la inculpada.
Sin embargo, están ya, en el ámbito periodístico, pistas importantes de algo que puede ser mucho más grave de lo que, ya de por sí, reconoció la Corte esta semana.
Sebastian Cassez, hermano de Florence, ha declarado a Anne Marie Mergier, de “Proceso”, a la televisión francesa y al periodista mexicano Daniel Ruiz –el que más testimonios ha videograbado sobre el caso– que lo ocurrido con su hermana es o puede ser producto de los conflictos suyos con quien fuera su socio en México, el empresario Eduardo Margolis.
Sebastian ha narrado la ruptura con Margolis a raíz de deudas por pagar, de amenazas de muerte en contra de su esposa e hijos. A Ruiz le dijo “...que se empezó a preguntar cuáles eran sus otros negocios porque no eran nada restaurantes o artículos para clínicas de belleza... se empezó a separar porque no le pagaban”. Margolis, relacionado con la comunidad judía (la señora Wallace declaró en alguna ocasión sobre su amistad con Margolis y la comunidad judía) y con los cuerpos policiacos federales, de los que ha formado parte García Luna y su equipo, por sus actividades en materia de seguridad privada, venta de vehículos blindados, presuntamente de armas, negociación e intermediación de secuestro y accionista de una larga y diversa lista de negocios de diferentes giros.
Margolis ha negado las imputaciones o sospechas en su contra en cartas dirigidas a medios.
Sebastian Cassez ha dicho que cuando vio por televisión a su hermana con Israel Vallarta y la imagen que enfocaba una mesa, dispuesta ex profeso, con fotos de la pareja, credenciales y tarjetas de presentación de la empresa que tenía en sociedad con el empresario, supo que Margolis estaba detrás de todo eso.
Plantea que Margolis se aprovechó de la relación de su hermana con un criminal, sin saberlo ella, para cobrarse así los conflictos con él.
Florence afirma, en su libro, que alguien –que después supo que era Cárdenas Palomino– le mostró una tarjeta con su nombre y las siglas de la empresa SSB (la que tenía en sociedad Margolis y Sebastian) para decirle: “Con esto Margolis te va a chingar”.
Si lo que dice fuera cierto, se abren las interrogantes sobre los verdaderos motivos que pudo tener la AFI para realizar el montaje y la fabricación.
La duda cabe. ¿Fueron la AFI, la justicia y la televisión usadas, no para “proteger los derechos de las víctimas”, sino para perpetrar la venganza de un particular –cercano a los mandos policiacos– en contra de otro particular, éste de nacionalidad francesa?
Si ya no hay duda de que hubo un montaje, la pregunta es ¿para qué?
Pocas veces se había suscitado un debate tan intenso y trascendente como el del caso Cassez. Los ingredientes del tema han involucrado a las más altas esferas de poder y a la sociedad misma. Se ha generado una discusión interpretativa acerca de la justicia, el debido proceso, el derecho de las víctimas y la actuación de autoridades y medios de enorme intensidad.
El tema lejos está de cerrarse con lo que resolvió la primera sala de la Corte, esta semana.
Queda establecido –ahora desde la Corte– lo que de otras maneras se sabía: la comisión de faltas graves de autoridades policiacas y judiciales en torno a este caso. Amén del papel de la televisión que, cada vez, queda más en entredicho. ¿Revisará RTC el caso?
Los ministros no discutieron sobre la inocencia o culpabilidad de Cassez, discutieron sobre la actuación de las autoridades policiacas y judiciales.
Parte fundamental ha sido el tema del montaje o la “escenificación ajena a la realidad” que llevó a cabo la AFI con la connivencia de la televisión. (Llama la atención la ausencia de los principales periodistas de Televisa de sus programas –hasta la cancelación de Tercer Grado el día de la sesión de la Corte–, cuando resulta obligada una mínima revisión autocrítica de lo que sucedió).
Quedó en claro el grado de alteración y creación de evidencias, inducción de testimonios y dinamitación de derechos constitucionales que llevaron a cabo las autoridades policiacas, encabezadas por Genaro García Luna, y que resultan más que suficientes, no sólo para separarlo del cargo hoy, sino para ponerlo a disposición de la PGR para iniciar, formalmente, una averiguación previa.
No quedaron expuestas ante la Corte –y mucho menos en el expediente– las probables motivaciones que tuvieron las autoridades dirigidas por el actual titular de la SSP para hacer lo que hicieron en detrimento del proceso y de la inculpada.
Sin embargo, están ya, en el ámbito periodístico, pistas importantes de algo que puede ser mucho más grave de lo que, ya de por sí, reconoció la Corte esta semana.
Sebastian Cassez, hermano de Florence, ha declarado a Anne Marie Mergier, de “Proceso”, a la televisión francesa y al periodista mexicano Daniel Ruiz –el que más testimonios ha videograbado sobre el caso– que lo ocurrido con su hermana es o puede ser producto de los conflictos suyos con quien fuera su socio en México, el empresario Eduardo Margolis.
Sebastian ha narrado la ruptura con Margolis a raíz de deudas por pagar, de amenazas de muerte en contra de su esposa e hijos. A Ruiz le dijo “...que se empezó a preguntar cuáles eran sus otros negocios porque no eran nada restaurantes o artículos para clínicas de belleza... se empezó a separar porque no le pagaban”. Margolis, relacionado con la comunidad judía (la señora Wallace declaró en alguna ocasión sobre su amistad con Margolis y la comunidad judía) y con los cuerpos policiacos federales, de los que ha formado parte García Luna y su equipo, por sus actividades en materia de seguridad privada, venta de vehículos blindados, presuntamente de armas, negociación e intermediación de secuestro y accionista de una larga y diversa lista de negocios de diferentes giros.
Margolis ha negado las imputaciones o sospechas en su contra en cartas dirigidas a medios.
Sebastian Cassez ha dicho que cuando vio por televisión a su hermana con Israel Vallarta y la imagen que enfocaba una mesa, dispuesta ex profeso, con fotos de la pareja, credenciales y tarjetas de presentación de la empresa que tenía en sociedad con el empresario, supo que Margolis estaba detrás de todo eso.
Plantea que Margolis se aprovechó de la relación de su hermana con un criminal, sin saberlo ella, para cobrarse así los conflictos con él.
Florence afirma, en su libro, que alguien –que después supo que era Cárdenas Palomino– le mostró una tarjeta con su nombre y las siglas de la empresa SSB (la que tenía en sociedad Margolis y Sebastian) para decirle: “Con esto Margolis te va a chingar”.
Si lo que dice fuera cierto, se abren las interrogantes sobre los verdaderos motivos que pudo tener la AFI para realizar el montaje y la fabricación.
La duda cabe. ¿Fueron la AFI, la justicia y la televisión usadas, no para “proteger los derechos de las víctimas”, sino para perpetrar la venganza de un particular –cercano a los mandos policiacos– en contra de otro particular, éste de nacionalidad francesa?
Si ya no hay duda de que hubo un montaje, la pregunta es ¿para qué?
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