Denisse Dresser
Cada vez más presente, como si fuera una institución haciendo historia. Cada vez más ausente, como si rehuyera la cita que tiene con ella. Así es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A veces se comporta como un tren bala que corre de prisa y con destino claro. Y a veces es tan sólo un tren demorado. Retrasado. Tardío. Con pasajeros divididos en torno a la velocidad deseable y la ruta posible. Un tren lejano que recorre el país sobre rieles rígidos y con cabuses polvosos. Que no vislumbra el horizonte de la democracia con derechos y cómo llevar a México hasta allí.
Porque la Suprema Corte tiene cada vez más peso, pero en ocasiones no sabe cómo usarlo. Porque la Suprema Corte tiene cada vez más influencia, pero con frecuencia no la ejerce como podría. Porque la Suprema Corte todavía no entiende su papel en la nueva era y cómo desempeñarlo. En vez de entrar a fondo a los asuntos clave, prefiere escabullirse. En lugar de ensuciarse las manos con los temas trascendentales, prefiere lavárselas. En algunos asuntos adopta una actitud de avanzada, pero en otros se queda en la retaguardia. Prefiere una visión minimalista, estrecha, procesal de su función. La Suprema Corte como oficina de trámites con la ventanilla semi-cerrada para casos como los de Florence Cassez. Los ministros como defensores de las víctimas, pero no como adalides del debido proceso. Sembrando “justicia” pero cosechando ilegalidad.
Esa es la imagen que crea la Corte en torno al proceso de Florence Cassez. Ese es el mensaje que la mayoría manda con el voto que emite sobre el debido proceso. Un mensaje sombrío, un mensaje desesperanzador. Montaje mata presunción de inocencia. Los policías –de la mano de las televisoras– pueden “recrear” escenas alejadas de la realidad. Cuatro ministros reconocen violaciones sustanciales a los derechos de la acusada, pero por presiones políticas del Presidente la mantendrán en prisión. La Corte sólo atenderá las demandas de víctimas cuyo testimonio fue afectado por el montaje de la PGR, de Genaro García Luna, de Isabel Miranda de Wallace. Los jueces no están allí para promover los derechos esenciales, sino para decir que se pueden violar sin consecuencia alguna. No están allí para forjar una democracia constitucional de derechos plenos, sino para contemplar una democracia politizada de derechos violados. Una democracia que tal y como está “protege a las víctimas” pero pisotea las garantías individuales.
Ni modo, así es el sistema mexicano. Ni modo, tal vez sea injusto que Florence Cassez haya sido apresada en un lugar distinto a aquel en el cual se dio la recreación. Ni modo, tal vez sea injusto que la retuvieran en una camioneta sin presentarla ante un Ministerio Público o sin notificar al consulado francés. Ni modo, tal vez sea injusto que le sembraran armas a la hora del montaje. Ni modo, eso dicen los ministros que votaron por rechazar el proyecto valiente y coherente de Arturo Zaldívar. Ministros que olvidan el fin último de todas las instituciones jurídicas: la preservación de los derechos imprescriptibles del hombre. Ministros encerrados en una interpretación constitucional estrecha que retrasa el progreso legal del país y la lección que debería dar lo que significa el debido proceso. Ministros atrapados entre lo político y lo jurídico. Cautelosos, temerosos, huidizos. Ministros que se sienten cerca de la letra de la Constitución pero están lejos de su espíritu. Montados en un tren que se aleja de la democracia en lugar de consolidarla.
Al desechar el proyecto del ministro Zaldívar, la Corte rechaza la ruta que le toca andar. Al no darle el peso suficiente al debido proceso, la Corte rehúye su deber. Al ampararse negando el amparo, la Corte rehúye su responsabilidad. La responsabilidad central de decir a las policías que no pueden fabricar culpables, de decir a Genaro García Luna que no puede hacer montajes para lustrar su reputación, de decir a los Ministerios Públicos que deben hacer mejor su trabajo, de decir a jueces que el debido proceso empieza desde el momento de la detención. De instruir al país sobre los derechos que tiene un acusado, porque cualquier día, a cualquier hora, ese acusado podría ser uno de nosotros. Porque en sus manos está la funcionalidad de la democracia; la plenitud de la democracia; la calidad de la democracia.
Asumirlo así requiere valor. Requiere argumentos de fondo.
Aunque los ministros no se asuman como protagonistas de la transición democrática, lo son. Aunque los ministros quieran estar lejos de la política, sus votos la afectan, en ámbito tras ámbito: en los casos de Mario Marín, de Atenco, de la guardería ABC, del aborto, de Florence Cassez. Cuestiones decisivas con impactos definitorios que van más allá de las palabras consagradas en la Constitución. Decisiones jurídicas con resultados políticos y consecuencias democráticas o antidemocráticas. Como las que han generado en cuanto a Florence Cassez: la percepción de ciudadanos indefensos frente a la posible violación de sus garantías; la percepción de impunidad que rodea a Genaro García Luna; la percepción de un Presidente ante el cual la Corte se doblega cuando argumenta que importa más la justicia que la ley; la percepción de que no hubo “rendijas” para Florence Cassez, pero sí hubo una ventana abierta para Mario Marín. Y la imagen de una Suprema Corte que admite la violación de algunas reglas del debido proceso pero no de las suficientes.
Hoy la Corte no está cumpliendo cabalmente con su papel. Hoy lo hace a medias, porque no lo entiende. Porque más de la mitad de sus miembros todavía creen que su función es simplemente apagar incendios y prevenirlos. Asegurar la paz social y promoverla. Mantener el statu quo y defenderlo. Anteponer las demandas de las víctimas a los derechos de los acusados. Decir que la exposición a los medios de Florence Cassez no afectó el proceso penal. Decir que no hubo efecto corruptor mediante la escenificación de su captura. Sugerir que el testimonio –contradictorio– de las víctimas importa más que las garantías individuales. Sugerir que los derechos de las víctimas valen más que la presunción de inocencia. Cerrar los ojos frente al sistema policiaco y jurídico disfuncional que México padece y que sus ciudadanos pagan, cuando languidecen en cárceles como “presuntos culpables”. Y, por ello, la Suprema Corte necesita recorrer las cortinillas del tren y ver con claridad hacia dónde va y cómo. Porque si no lo hace, seguirá postergando el arribo a una democracia plena. Seguirá montada sobre un tren lejano que siempre llega tarde, con Florence Cassez en el cabús.
Cada vez más presente, como si fuera una institución haciendo historia. Cada vez más ausente, como si rehuyera la cita que tiene con ella. Así es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A veces se comporta como un tren bala que corre de prisa y con destino claro. Y a veces es tan sólo un tren demorado. Retrasado. Tardío. Con pasajeros divididos en torno a la velocidad deseable y la ruta posible. Un tren lejano que recorre el país sobre rieles rígidos y con cabuses polvosos. Que no vislumbra el horizonte de la democracia con derechos y cómo llevar a México hasta allí.
Porque la Suprema Corte tiene cada vez más peso, pero en ocasiones no sabe cómo usarlo. Porque la Suprema Corte tiene cada vez más influencia, pero con frecuencia no la ejerce como podría. Porque la Suprema Corte todavía no entiende su papel en la nueva era y cómo desempeñarlo. En vez de entrar a fondo a los asuntos clave, prefiere escabullirse. En lugar de ensuciarse las manos con los temas trascendentales, prefiere lavárselas. En algunos asuntos adopta una actitud de avanzada, pero en otros se queda en la retaguardia. Prefiere una visión minimalista, estrecha, procesal de su función. La Suprema Corte como oficina de trámites con la ventanilla semi-cerrada para casos como los de Florence Cassez. Los ministros como defensores de las víctimas, pero no como adalides del debido proceso. Sembrando “justicia” pero cosechando ilegalidad.
Esa es la imagen que crea la Corte en torno al proceso de Florence Cassez. Ese es el mensaje que la mayoría manda con el voto que emite sobre el debido proceso. Un mensaje sombrío, un mensaje desesperanzador. Montaje mata presunción de inocencia. Los policías –de la mano de las televisoras– pueden “recrear” escenas alejadas de la realidad. Cuatro ministros reconocen violaciones sustanciales a los derechos de la acusada, pero por presiones políticas del Presidente la mantendrán en prisión. La Corte sólo atenderá las demandas de víctimas cuyo testimonio fue afectado por el montaje de la PGR, de Genaro García Luna, de Isabel Miranda de Wallace. Los jueces no están allí para promover los derechos esenciales, sino para decir que se pueden violar sin consecuencia alguna. No están allí para forjar una democracia constitucional de derechos plenos, sino para contemplar una democracia politizada de derechos violados. Una democracia que tal y como está “protege a las víctimas” pero pisotea las garantías individuales.
Ni modo, así es el sistema mexicano. Ni modo, tal vez sea injusto que Florence Cassez haya sido apresada en un lugar distinto a aquel en el cual se dio la recreación. Ni modo, tal vez sea injusto que la retuvieran en una camioneta sin presentarla ante un Ministerio Público o sin notificar al consulado francés. Ni modo, tal vez sea injusto que le sembraran armas a la hora del montaje. Ni modo, eso dicen los ministros que votaron por rechazar el proyecto valiente y coherente de Arturo Zaldívar. Ministros que olvidan el fin último de todas las instituciones jurídicas: la preservación de los derechos imprescriptibles del hombre. Ministros encerrados en una interpretación constitucional estrecha que retrasa el progreso legal del país y la lección que debería dar lo que significa el debido proceso. Ministros atrapados entre lo político y lo jurídico. Cautelosos, temerosos, huidizos. Ministros que se sienten cerca de la letra de la Constitución pero están lejos de su espíritu. Montados en un tren que se aleja de la democracia en lugar de consolidarla.
Al desechar el proyecto del ministro Zaldívar, la Corte rechaza la ruta que le toca andar. Al no darle el peso suficiente al debido proceso, la Corte rehúye su deber. Al ampararse negando el amparo, la Corte rehúye su responsabilidad. La responsabilidad central de decir a las policías que no pueden fabricar culpables, de decir a Genaro García Luna que no puede hacer montajes para lustrar su reputación, de decir a los Ministerios Públicos que deben hacer mejor su trabajo, de decir a jueces que el debido proceso empieza desde el momento de la detención. De instruir al país sobre los derechos que tiene un acusado, porque cualquier día, a cualquier hora, ese acusado podría ser uno de nosotros. Porque en sus manos está la funcionalidad de la democracia; la plenitud de la democracia; la calidad de la democracia.
Asumirlo así requiere valor. Requiere argumentos de fondo.
Aunque los ministros no se asuman como protagonistas de la transición democrática, lo son. Aunque los ministros quieran estar lejos de la política, sus votos la afectan, en ámbito tras ámbito: en los casos de Mario Marín, de Atenco, de la guardería ABC, del aborto, de Florence Cassez. Cuestiones decisivas con impactos definitorios que van más allá de las palabras consagradas en la Constitución. Decisiones jurídicas con resultados políticos y consecuencias democráticas o antidemocráticas. Como las que han generado en cuanto a Florence Cassez: la percepción de ciudadanos indefensos frente a la posible violación de sus garantías; la percepción de impunidad que rodea a Genaro García Luna; la percepción de un Presidente ante el cual la Corte se doblega cuando argumenta que importa más la justicia que la ley; la percepción de que no hubo “rendijas” para Florence Cassez, pero sí hubo una ventana abierta para Mario Marín. Y la imagen de una Suprema Corte que admite la violación de algunas reglas del debido proceso pero no de las suficientes.
Hoy la Corte no está cumpliendo cabalmente con su papel. Hoy lo hace a medias, porque no lo entiende. Porque más de la mitad de sus miembros todavía creen que su función es simplemente apagar incendios y prevenirlos. Asegurar la paz social y promoverla. Mantener el statu quo y defenderlo. Anteponer las demandas de las víctimas a los derechos de los acusados. Decir que la exposición a los medios de Florence Cassez no afectó el proceso penal. Decir que no hubo efecto corruptor mediante la escenificación de su captura. Sugerir que el testimonio –contradictorio– de las víctimas importa más que las garantías individuales. Sugerir que los derechos de las víctimas valen más que la presunción de inocencia. Cerrar los ojos frente al sistema policiaco y jurídico disfuncional que México padece y que sus ciudadanos pagan, cuando languidecen en cárceles como “presuntos culpables”. Y, por ello, la Suprema Corte necesita recorrer las cortinillas del tren y ver con claridad hacia dónde va y cómo. Porque si no lo hace, seguirá postergando el arribo a una democracia plena. Seguirá montada sobre un tren lejano que siempre llega tarde, con Florence Cassez en el cabús.
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