Adelanto de juicio histórico
Clouthier júnior y MoreAN
Venganza contra Godoy
Julio Hernández López / Astillero
Largamente especializado en dar condolencias y ensayar justificaciones, el secretario de Gobernación Poiré (quien antes de ocupar este cargo ya era vocero oficial funerario) acudió a un paraje guerrerense para, a nombre del Estado mexicano, ofrecer las más sentidas y sinceras disculpas a Inés Fernández, una integrante del pueblo meph’aa que sufrió violación sexual por parte de soldados en 2002.
No viajaron a Ayutla éste y otros funcionarios calderonistas por motivaciones propias o por un súbito sentimiento de culpa por los daños causados a la sociedad durante el par de administraciones panistas (el ataque a la señora Fernández sucedió durante el foxismo), ni hubo en el lance falsamente piadoso de ayer alguna muestra de arrepentimiento o compasión por lo sucedido durante el actual sexenio, el de los casi sesenta mil asesinados y miles de desaparecidos, sino el cumplimiento forzado de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de un largo proceso jurídico en el que la afectada, sus cercanos, y una porción valiente y persistente de la ciudadanía remontaron los mil obstáculos que desde el poder se instalan para evitar que asome algo parecido a la justicia.
Incluso, en el colmo del oportunismo cínico, la cosmética procuradora federal, Marisela Morales, anunció con aires efusivos el inicio de una investigación con profesionalismo, exhaustividad y transparencia frente a la víctima respecto a lo que durante diez años desatendieron los gobiernos panistas. La procuradora Morales, siempre bien acicalada, parecía la genuina madre política de un alumbramiento propio y no la extemporánea ejecutante de una orden superior inexcusable, de carácter internacional.
Lo sucedido en Ayutla es, sin embargo, un ínfimo adelanto del juicio histórico que alcanzará a los integrantes del actual escuadrón gubernamental de la muerte. No solamente los opositores al calderonismo insisten en la grave responsabilidad de esa facción en el baño de sangre que se ha dado al país. Instituciones internacionales varias han ido documentando y denunciando, una tras otra, las culpas del calderonismo en el manejo de la violencia estatal, específicamente en el rubro de la guerra contra ciertos cárteles del narcotráfico.
La Jornada, por ejemplo, dio ayer como nota principal el informe hecho ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por su propio Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (en bit.ly/xCyBZq puede releerse la nota). El valioso documento no solamente reporta (con toda la importancia que ello conlleva) lo que los mexicanos viven a diario en cuanto al abuso criminal de las fuerzas policiales, militares y de la Marina contra la población, sino que los tres expertos independientes que visitaron nuestro país en marzo del año pasado (¡cuántas cosas peores han pasado desde entonces!) aseguran haber recibido información concreta, detallada y verosímil sobre desapariciones forzadas que fueron llevadas a cabo por autoridades o por criminales o particulares actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos.
Rigurosamente cierto es que los hechos señalados ante la ONU corresponden a la amplia gama gubernamental que va más allá de lo federal, y que en muchos estados del país las administraciones locales, pertenecientes a diversos partidos, casi sin distinción en cuanto a corrupción y violencia, son las implacables ejecutoras de las órdenes que les dan los jefes del narcotráfico que han comprado las plazas y tienen bajo amenaza y en enriquecimiento personal a los gobernadores (y las gobernadoras, dirían muchos zacatecanos). Pero ha sido Felipe Calderón el que ha desatado sin tino, con gravísima equivocación, una guerra pensada más en función de necesidades de legitimación por la fuerza y de servilismo hacia los planes estadunidenses de control de su extenso patio trasero.
El sucio ejercicio del poder se ha manifestado incluso en su propio ámbito partidista. Movido por extraños cálculos, Calderón cerró la puerta en Sinaloa al hijo del difunto Manuel Clouthier, igual que lo hizo con otros personajes del partido de blanco y azul en otras entidades. Así, mientras que en Nuevo León se enaltece la historia de los Quesos Larrazábal como digna de premios legislativos (ayer, en Monterrey, una manta colgada en lugar público aseguraba que Gustavo Madero fue beneficiado en su campaña para senador por el dinero de los casinos), en Sinaloa se trató de impedir que Clouthier junior fuera candidato a senador, aunque una decisión del tribunal electoral federal ordenó al PAN levantar el veto contra quien era diputado federal sin militancia partidista aunque por historia familiar y trabajo político concreto era una especie de militante no formalizado.
A pesar de esa devolución de sus derechos a considerar en el PAN, Clouthier renunció a seguir en esa línea y, luego de una serie de coqueteos con Convergencia, es decir, con uno de los partidos que postulan a López Obrador a la Presidencia, el empresario sinaloense prefirió presentarse de manera extraña como aspirante a candidato presidencial de última hora y por fuera de los partidos. En el fondo, pareciera que Clouthier desea hacer ruido suficiente para que avance un plan de mejoría cívica cargada a la derecha que bien podría denominarse MoreAN: Movimiento de Regeneración de Acción Nacional.
Otro ejemplo enfermizo de suciedad desde el poder se produjo en días pasados, cuando el ocupante de Los Pinos azuzó a asistentes a un acto público realizado en Michoacán para calificar negativamente lo hecho por Leonel Godoy como gobernador, sentenciando Calderón que se habían producido desvíos e irregularidades graves en materia presupuestal. Ayer, los senadores del PRD denunciaron esa conducta vengativa del panista michoacano, que no espera de manera institucional a que los órganos adecuados determinen culpas si las hay, sino que con ánimo revanchista, de índole fraternal y partidista, continúa envenenando el ambiente político en general. ¡Hasta mañana!
Clouthier júnior y MoreAN
Venganza contra Godoy
Julio Hernández López / Astillero
Largamente especializado en dar condolencias y ensayar justificaciones, el secretario de Gobernación Poiré (quien antes de ocupar este cargo ya era vocero oficial funerario) acudió a un paraje guerrerense para, a nombre del Estado mexicano, ofrecer las más sentidas y sinceras disculpas a Inés Fernández, una integrante del pueblo meph’aa que sufrió violación sexual por parte de soldados en 2002.
No viajaron a Ayutla éste y otros funcionarios calderonistas por motivaciones propias o por un súbito sentimiento de culpa por los daños causados a la sociedad durante el par de administraciones panistas (el ataque a la señora Fernández sucedió durante el foxismo), ni hubo en el lance falsamente piadoso de ayer alguna muestra de arrepentimiento o compasión por lo sucedido durante el actual sexenio, el de los casi sesenta mil asesinados y miles de desaparecidos, sino el cumplimiento forzado de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de un largo proceso jurídico en el que la afectada, sus cercanos, y una porción valiente y persistente de la ciudadanía remontaron los mil obstáculos que desde el poder se instalan para evitar que asome algo parecido a la justicia.
Incluso, en el colmo del oportunismo cínico, la cosmética procuradora federal, Marisela Morales, anunció con aires efusivos el inicio de una investigación con profesionalismo, exhaustividad y transparencia frente a la víctima respecto a lo que durante diez años desatendieron los gobiernos panistas. La procuradora Morales, siempre bien acicalada, parecía la genuina madre política de un alumbramiento propio y no la extemporánea ejecutante de una orden superior inexcusable, de carácter internacional.
Lo sucedido en Ayutla es, sin embargo, un ínfimo adelanto del juicio histórico que alcanzará a los integrantes del actual escuadrón gubernamental de la muerte. No solamente los opositores al calderonismo insisten en la grave responsabilidad de esa facción en el baño de sangre que se ha dado al país. Instituciones internacionales varias han ido documentando y denunciando, una tras otra, las culpas del calderonismo en el manejo de la violencia estatal, específicamente en el rubro de la guerra contra ciertos cárteles del narcotráfico.
La Jornada, por ejemplo, dio ayer como nota principal el informe hecho ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por su propio Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (en bit.ly/xCyBZq puede releerse la nota). El valioso documento no solamente reporta (con toda la importancia que ello conlleva) lo que los mexicanos viven a diario en cuanto al abuso criminal de las fuerzas policiales, militares y de la Marina contra la población, sino que los tres expertos independientes que visitaron nuestro país en marzo del año pasado (¡cuántas cosas peores han pasado desde entonces!) aseguran haber recibido información concreta, detallada y verosímil sobre desapariciones forzadas que fueron llevadas a cabo por autoridades o por criminales o particulares actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos.
Rigurosamente cierto es que los hechos señalados ante la ONU corresponden a la amplia gama gubernamental que va más allá de lo federal, y que en muchos estados del país las administraciones locales, pertenecientes a diversos partidos, casi sin distinción en cuanto a corrupción y violencia, son las implacables ejecutoras de las órdenes que les dan los jefes del narcotráfico que han comprado las plazas y tienen bajo amenaza y en enriquecimiento personal a los gobernadores (y las gobernadoras, dirían muchos zacatecanos). Pero ha sido Felipe Calderón el que ha desatado sin tino, con gravísima equivocación, una guerra pensada más en función de necesidades de legitimación por la fuerza y de servilismo hacia los planes estadunidenses de control de su extenso patio trasero.
El sucio ejercicio del poder se ha manifestado incluso en su propio ámbito partidista. Movido por extraños cálculos, Calderón cerró la puerta en Sinaloa al hijo del difunto Manuel Clouthier, igual que lo hizo con otros personajes del partido de blanco y azul en otras entidades. Así, mientras que en Nuevo León se enaltece la historia de los Quesos Larrazábal como digna de premios legislativos (ayer, en Monterrey, una manta colgada en lugar público aseguraba que Gustavo Madero fue beneficiado en su campaña para senador por el dinero de los casinos), en Sinaloa se trató de impedir que Clouthier junior fuera candidato a senador, aunque una decisión del tribunal electoral federal ordenó al PAN levantar el veto contra quien era diputado federal sin militancia partidista aunque por historia familiar y trabajo político concreto era una especie de militante no formalizado.
A pesar de esa devolución de sus derechos a considerar en el PAN, Clouthier renunció a seguir en esa línea y, luego de una serie de coqueteos con Convergencia, es decir, con uno de los partidos que postulan a López Obrador a la Presidencia, el empresario sinaloense prefirió presentarse de manera extraña como aspirante a candidato presidencial de última hora y por fuera de los partidos. En el fondo, pareciera que Clouthier desea hacer ruido suficiente para que avance un plan de mejoría cívica cargada a la derecha que bien podría denominarse MoreAN: Movimiento de Regeneración de Acción Nacional.
Otro ejemplo enfermizo de suciedad desde el poder se produjo en días pasados, cuando el ocupante de Los Pinos azuzó a asistentes a un acto público realizado en Michoacán para calificar negativamente lo hecho por Leonel Godoy como gobernador, sentenciando Calderón que se habían producido desvíos e irregularidades graves en materia presupuestal. Ayer, los senadores del PRD denunciaron esa conducta vengativa del panista michoacano, que no espera de manera institucional a que los órganos adecuados determinen culpas si las hay, sino que con ánimo revanchista, de índole fraternal y partidista, continúa envenenando el ambiente político en general. ¡Hasta mañana!
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