El nuevo órgano actuará cuando se trate de delitos contra la economía nacional cometidos por los poderes de la Unión, estados, municipios u organismos constitucionales autónomos
Notimex
El Senado de la República aprobó por unanimidad crear la Fiscalía Nacional contra la Corrupción Pública, para combatir dicho ilícito y el lavado de dinero en los tres niveles de gobierno y los Poderes de la Unión.
El dictamen avalado con 95 votos incluye establecer el Registro Nacional de Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos de los Poderes de la Unión, de los estados, municipios y organismos autónomos, para detectar cambios patrimoniales “no justificados”.
De acuerdo al dictamen que reforma el artículo 102 constitucional el objetivo de la Fiscalía es combatir la corrupción y el lavado de dinero, sea producto de la corrupción o del crimen organizado, tanto nacional como internacional.
Durante la discusión, el pleno avaló la propuesta del legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Tomas Torres, para incluir en el dictamen que la Fiscalía será la encargada de investigar y combatir todos los delitos de corrupción.
Al hablar a favor, el autor de la propuesta, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo García Cervantes, indicó que se busca elevar a nivel constitucional la persecución de los delitos de corrupción y el uso de recursos financieros de procedencia ilícita.
“La Fiscalía perseguirá de oficio los delitos de corrupción y los que se deriven del uso de recursos financieros de procedencia ilícita, cometidos por cualquier funcionario o servidor público, que serán considerados como ilícitos contra la economía nacional”, agregó.
Aclaró que ahora ya no corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR) “la persecución de todos los delitos federales en exclusiva”, pues se dota a la nación de un nuevo órgano autónomo para investigar y llevar a juicio y a sentencia a quienes cometan estos delitos.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Melquiades Morales, señaló la nueva fiscalía estará dirigida a prevenir y sancionar la corrupción y el lavado de dinero.
Precisó que el fiscal será nombrado mediante convocatoria por el voto de las dos terceras partes de la Cámara Alta; durará ocho años en el cargo, podrá ser reelecto una sola vez en el cargo, y presentará anualmente un informe de actividades ante el Congreso.
Por su parte, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Pablo Gómez, se congratuló por la creación de la Fiscalía, ya que en México el sistema de auditoria “está completamente desarticulado”, pero advirtió que esta reforma será congelada en la Cámara de Diputados.
Por ello, solicitó a los líderes de todas las bancadas llevar personalmente el dictamen avalado a la Cámara Baja, y pedir a la Junta de Coordinación Política de ese órgano legislativo que la dictamine cuanto antes.
Según el dictamen, que fue enviado a la Cámara de Diputados, la fiscalía actuará de oficio cuando se trate de delitos contra la economía nacional cometidos por cualquier integrante de los poderes de la Unión, de los estados, municipios u organismos constitucionales autónomos.
Además, solicitará a la autoridad judicial correspondiente, las órdenes de aprehensión en contra de los inculpados, al presentar las pruebas que acrediten la plena responsabilidad de éstos.
Estará facultada para buscar que los juicios se sigan con toda regularidad, a fin de que la administración de justicia sea pronta y expedita, así como solicitar la aplicación de las penas correspondientes e intervenir en todos los procesos que la ley determine.
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El Senado de la República aprobó por unanimidad crear la Fiscalía Nacional contra la Corrupción Pública, para combatir dicho ilícito y el lavado de dinero en los tres niveles de gobierno y los Poderes de la Unión.
El dictamen avalado con 95 votos incluye establecer el Registro Nacional de Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos de los Poderes de la Unión, de los estados, municipios y organismos autónomos, para detectar cambios patrimoniales “no justificados”.
De acuerdo al dictamen que reforma el artículo 102 constitucional el objetivo de la Fiscalía es combatir la corrupción y el lavado de dinero, sea producto de la corrupción o del crimen organizado, tanto nacional como internacional.
Durante la discusión, el pleno avaló la propuesta del legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Tomas Torres, para incluir en el dictamen que la Fiscalía será la encargada de investigar y combatir todos los delitos de corrupción.
Al hablar a favor, el autor de la propuesta, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo García Cervantes, indicó que se busca elevar a nivel constitucional la persecución de los delitos de corrupción y el uso de recursos financieros de procedencia ilícita.
“La Fiscalía perseguirá de oficio los delitos de corrupción y los que se deriven del uso de recursos financieros de procedencia ilícita, cometidos por cualquier funcionario o servidor público, que serán considerados como ilícitos contra la economía nacional”, agregó.
Aclaró que ahora ya no corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR) “la persecución de todos los delitos federales en exclusiva”, pues se dota a la nación de un nuevo órgano autónomo para investigar y llevar a juicio y a sentencia a quienes cometan estos delitos.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Melquiades Morales, señaló la nueva fiscalía estará dirigida a prevenir y sancionar la corrupción y el lavado de dinero.
Precisó que el fiscal será nombrado mediante convocatoria por el voto de las dos terceras partes de la Cámara Alta; durará ocho años en el cargo, podrá ser reelecto una sola vez en el cargo, y presentará anualmente un informe de actividades ante el Congreso.
Por su parte, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Pablo Gómez, se congratuló por la creación de la Fiscalía, ya que en México el sistema de auditoria “está completamente desarticulado”, pero advirtió que esta reforma será congelada en la Cámara de Diputados.
Por ello, solicitó a los líderes de todas las bancadas llevar personalmente el dictamen avalado a la Cámara Baja, y pedir a la Junta de Coordinación Política de ese órgano legislativo que la dictamine cuanto antes.
Según el dictamen, que fue enviado a la Cámara de Diputados, la fiscalía actuará de oficio cuando se trate de delitos contra la economía nacional cometidos por cualquier integrante de los poderes de la Unión, de los estados, municipios u organismos constitucionales autónomos.
Además, solicitará a la autoridad judicial correspondiente, las órdenes de aprehensión en contra de los inculpados, al presentar las pruebas que acrediten la plena responsabilidad de éstos.
Estará facultada para buscar que los juicios se sigan con toda regularidad, a fin de que la administración de justicia sea pronta y expedita, así como solicitar la aplicación de las penas correspondientes e intervenir en todos los procesos que la ley determine.
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