Fabiola Martínez
En los pasados 25 años, en México han sido perpetrados al menos 34 mil feminicidios, lo que revela fallas en la estructura nacional e internacional para atender esta problemática.
“Según un estudio reciente, publicado por el Instituto Nacional de las Mujeres, la Cámara (sic) y ONMujeres, 34 mil mujeres han sido asesinadas en 25 años con presunción de feminicidio”. Definitivamente no estamos cumpliendo la tarea como individuos, como sociedad y como instituciones públicas”, advirtió Ana Güezmes García, representante en México de la agencia de la Organización de las Naciones Unidas que atiende el tema de las mujeres.
En México, siete de cada 10 mujeres reportan alguna forma de violencia a lo largo de su vida. El feminicidio, añadió, es la punta del iceberg más dolorosa, más indignante, de toda una cadena de actos de violencia y de impunidad.
Lo anterior fue expuesto durante la presentación del libro ¿Cómo medir la violencia contra las mujeres en México?, obra coeditada por la Secretaría de Gobernación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual contiene 111 indicadores para esta tarea; 19 son estructurales, 66 de proceso y 26 son indicadores de resultados.
Ahí fue recordado el caso de Inés Fernández, indígena tlapaneca, violada por soldados hace 10 años en Guerrero. El Estado le ofreció una disculpa pública el martes.
Güezmes dijo que este 8 de marzo, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer será dedicado al “empoderamiento de las mujeres rurales o indígenas, como principal contribución al desarrollo, la lucha contra el hambre y la pobreza”.
Entonces, expresó, creo que el caso de Inés Fernández ejemplifica la doble discriminación que viven las mujeres por el hecho de ser, además, rurales e indígenas, muchas veces en zonas sin adecuada protección ni acceso a la justicia.
La violencia contra las mujeres y las niñas persiste porque se permite; no es inevitable y nos convoca a la convicción de que puede ser eliminada. Tenemos impulso, apoyo político mundial para promover y hacer efectiva la igualdad de género, concluyó.
En su turno, Max Diener Salas, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, hizo una leve referencia al perdón que dio el Estado a Fernández: voy a remarcar las características específicas de vulnerabilidad en las cuales sucedió este muy lamentable acontecimiento y también las fallas que tuvo el Estado mexicano en todos los niveles.
Ante los reclamos de los agraviados expresó: hay qué ser optimistas; ya lo dijo ayer el secretario de Gobernación con toda claridad; tenemos que confiar en que se van a cumplir todos los acuerdos (sic), dijo en referencia a los puntos pendientes de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se deben dar los espacios y los tiempos para este cumplimiento, añadió el funcionario en entrevista.
En los pasados 25 años, en México han sido perpetrados al menos 34 mil feminicidios, lo que revela fallas en la estructura nacional e internacional para atender esta problemática.
“Según un estudio reciente, publicado por el Instituto Nacional de las Mujeres, la Cámara (sic) y ONMujeres, 34 mil mujeres han sido asesinadas en 25 años con presunción de feminicidio”. Definitivamente no estamos cumpliendo la tarea como individuos, como sociedad y como instituciones públicas”, advirtió Ana Güezmes García, representante en México de la agencia de la Organización de las Naciones Unidas que atiende el tema de las mujeres.
En México, siete de cada 10 mujeres reportan alguna forma de violencia a lo largo de su vida. El feminicidio, añadió, es la punta del iceberg más dolorosa, más indignante, de toda una cadena de actos de violencia y de impunidad.
Lo anterior fue expuesto durante la presentación del libro ¿Cómo medir la violencia contra las mujeres en México?, obra coeditada por la Secretaría de Gobernación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual contiene 111 indicadores para esta tarea; 19 son estructurales, 66 de proceso y 26 son indicadores de resultados.
Ahí fue recordado el caso de Inés Fernández, indígena tlapaneca, violada por soldados hace 10 años en Guerrero. El Estado le ofreció una disculpa pública el martes.
Güezmes dijo que este 8 de marzo, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer será dedicado al “empoderamiento de las mujeres rurales o indígenas, como principal contribución al desarrollo, la lucha contra el hambre y la pobreza”.
Entonces, expresó, creo que el caso de Inés Fernández ejemplifica la doble discriminación que viven las mujeres por el hecho de ser, además, rurales e indígenas, muchas veces en zonas sin adecuada protección ni acceso a la justicia.
La violencia contra las mujeres y las niñas persiste porque se permite; no es inevitable y nos convoca a la convicción de que puede ser eliminada. Tenemos impulso, apoyo político mundial para promover y hacer efectiva la igualdad de género, concluyó.
En su turno, Max Diener Salas, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, hizo una leve referencia al perdón que dio el Estado a Fernández: voy a remarcar las características específicas de vulnerabilidad en las cuales sucedió este muy lamentable acontecimiento y también las fallas que tuvo el Estado mexicano en todos los niveles.
Ante los reclamos de los agraviados expresó: hay qué ser optimistas; ya lo dijo ayer el secretario de Gobernación con toda claridad; tenemos que confiar en que se van a cumplir todos los acuerdos (sic), dijo en referencia a los puntos pendientes de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se deben dar los espacios y los tiempos para este cumplimiento, añadió el funcionario en entrevista.
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