Samuel García
Hace tres días un nutrido grupo de intelectuales, empresarios y políticos tan diversos como Pedro Aspe, Rolando Cordera, Joaquín Vargas, Cuauhtémoc Cárdenas, Santiago Levy, Jorge Castañeda, o Fernando Gómez Mont, publicaron un desplegado con una serie de preguntas dirigidas a los candidatos presidenciales pidiéndoles que respondan, discutan y definan su posición sobre estos temas precisos.
Una de las preguntas se refería al sector energético. ¿Estaría de acuerdo en promover la reforma constitucional necesaria que permita la inversión privada minoritaria en Pemex y CFE, garantice su rentabilidad como empresas y transparente su desempeño mediante la cotización en las bolsas de valores de México y Nueva York?, es la interrogante que se plantea a los candidatos en momentos en que se exige definiciones y no más balbuceos.
La realidad es que lo escuchado hasta ahora han sido generalidades y balbuceos para salir del paso en asuntos tan relevantes como el futuro del sector energético.
Enrique Peña Nieto ha dicho que está a favor de explorar nuevas posibilidades de inversión privada en la industria petrolera monopolizada por el estado, pero sin privatizar, parcial o totalmente, a Pemex. Sin embargo el priísta no ha dicho exactamente en qué consiste su plan, cómo hará para remontar la oposición en su propio partido y en las organizaciones que ‘viven’ del rentismo petrolero, ni cuál será el alcance concreto de las inversiones privadas en el sector energético.
Por su parte Josefina Vásquez Mota solo se ha limitado a insistir en que dará continuidad al plan de bursatilización de Pemex en aras de una mayor transparencia operativa siguiendo un esquema similar a la emprendida por la brasileña Petrobrás; pero hasta allí. Sólo hemos escuchado respuestas que eluden compromisos específicos.
Precisamente a propósito del inicio de las campañas, el gobernador del banco central, Agustín Carstens, no se quiso quedar atrás. En una entrevista con el Financial Times dijo que la dirección que debe seguir el país es clara por lo que es importante abrir el sector energético para impulsar el crecimiento de la economía.
Así es. El asunto en materia energética no es si se abre o no el sector a la inversión privada. Ese es un debate superado desde hace tiempo en el mundo. El tema a debatir entre los candidatos es qué tan lejos están dispuestos a llevar la apertura a los capitales privados en el sector energético, dada la insuficiencia de recursos públicos para una inversión acelerada; y cómo harán para que Pemex deje de ser tratada como un organismo político, para dar paso a una verdadera empresa pública bajo estrictos criterios de rentabilidad financiera y social.
Allí debe concentrarse la exigencia ciudadana sobre los candidatos presidenciales. Lo demás es pura palabrería ideológica con intenciones no precisamente para el beneficio colectivo.
Hace tres días un nutrido grupo de intelectuales, empresarios y políticos tan diversos como Pedro Aspe, Rolando Cordera, Joaquín Vargas, Cuauhtémoc Cárdenas, Santiago Levy, Jorge Castañeda, o Fernando Gómez Mont, publicaron un desplegado con una serie de preguntas dirigidas a los candidatos presidenciales pidiéndoles que respondan, discutan y definan su posición sobre estos temas precisos.
Una de las preguntas se refería al sector energético. ¿Estaría de acuerdo en promover la reforma constitucional necesaria que permita la inversión privada minoritaria en Pemex y CFE, garantice su rentabilidad como empresas y transparente su desempeño mediante la cotización en las bolsas de valores de México y Nueva York?, es la interrogante que se plantea a los candidatos en momentos en que se exige definiciones y no más balbuceos.
La realidad es que lo escuchado hasta ahora han sido generalidades y balbuceos para salir del paso en asuntos tan relevantes como el futuro del sector energético.
Enrique Peña Nieto ha dicho que está a favor de explorar nuevas posibilidades de inversión privada en la industria petrolera monopolizada por el estado, pero sin privatizar, parcial o totalmente, a Pemex. Sin embargo el priísta no ha dicho exactamente en qué consiste su plan, cómo hará para remontar la oposición en su propio partido y en las organizaciones que ‘viven’ del rentismo petrolero, ni cuál será el alcance concreto de las inversiones privadas en el sector energético.
Por su parte Josefina Vásquez Mota solo se ha limitado a insistir en que dará continuidad al plan de bursatilización de Pemex en aras de una mayor transparencia operativa siguiendo un esquema similar a la emprendida por la brasileña Petrobrás; pero hasta allí. Sólo hemos escuchado respuestas que eluden compromisos específicos.
Precisamente a propósito del inicio de las campañas, el gobernador del banco central, Agustín Carstens, no se quiso quedar atrás. En una entrevista con el Financial Times dijo que la dirección que debe seguir el país es clara por lo que es importante abrir el sector energético para impulsar el crecimiento de la economía.
Así es. El asunto en materia energética no es si se abre o no el sector a la inversión privada. Ese es un debate superado desde hace tiempo en el mundo. El tema a debatir entre los candidatos es qué tan lejos están dispuestos a llevar la apertura a los capitales privados en el sector energético, dada la insuficiencia de recursos públicos para una inversión acelerada; y cómo harán para que Pemex deje de ser tratada como un organismo político, para dar paso a una verdadera empresa pública bajo estrictos criterios de rentabilidad financiera y social.
Allí debe concentrarse la exigencia ciudadana sobre los candidatos presidenciales. Lo demás es pura palabrería ideológica con intenciones no precisamente para el beneficio colectivo.
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