Carlos Ramírez / Indicador Político
Luego de haber retirado a seis de los ocho aspirantes disidentes a diputados a cambio de posiciones menores en la campaña presidencial, el PRI elaboró un nada sofisticado “fraude legal” contra los dos aspirantes restantes.
El punto central del litigio no radica en la denuncia de trampas políticas de priístas contra priístas, sino en el hecho de que el PRI nacional no ejecutó una sentencia formal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por ello ya fue denunciado en la sala regional de Xalapa, Veracruz.
El aspirante a diputado por el distrito 10 federal de Miahuatlán, Oaxaca, Jaime Larrazábal Bretón, ha puesto al PRI nacional contra la pared porque la dirigencia partidista organizó ya dos convenciones hechizas para imponer candidato sin cumplir con los derechos partidistas de otros aspirantes. El problema se ha centrado en que el Tribunal ordenó que en la segunda convención de delegados “se garantice la participación del precandidato Jaime Larrazábal Bretón” y el PRI organizó el evento en secreto y sin notificarle a Larrazábal.
La inejecución de sentencia es un acto similar al incumplimiento de amparo y deriva en acciones legales contra los que no cumplieron el mandato de la autoridad, por lo que los miembros de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI estarían a punto de ser castigados y el candidato oficial impuesto podría ser excluido de competir en las elecciones y el PRI quedar sin candidato.
Así, el nuevo PRI renace vigorizado de las cenizas del viejo PRI. Pero las cosas podrían complicársele si el Trife no suelta el asunto: la asamblea para la designación de delegados para la convención de elección de candidatos debe quedar asentada en actas legales que pudieran ser solicitadas por el Trife. Hasta ahora, no obstante, esas actas están desaparecidas pese a que Larrazábal Bretón ya las solicitó legalmente; la sospecha es que no hubo asamblea y se falsificaron documentos.
La historia política del PRI se teje con la suma de pequeñas historias. Y la de Larrazábal Bretón por obtener el registro de candidato a diputado federal por el distrito 10 de Miahuatlán, Oaxaca, podría ser narrada por Franz Kakfa como comentarista político: un monumento al absurdo. El PRI nacional no acepta disidentes y quiere tener el control absoluto de los diputados.
Lo absurdo de la segunda convención de delegados del distrito 10 de radicó en el hecho de que el disidente Larrazábal Bretón nunca fue convocado ni notificado ni menos aún se le entregaron copias del padrón de electores ni las actas de la primera convención. En privado, en secreto, con trampas legales para eludir la notificación al aspirante disidente, las autoridades de la Comisión de Procesos Internos elaboraron un bastante obvio fraude electoral contra un militante priísta que no fue palomeado originalmente como aspirante.
La cronología del caso de Larrazábal Bretón ilustra un ejemplo de que el nuevo PRI es el mismo viejo PRI:
--28 de febrero solicitó al PRI el padrón de delegados, así como los lugares y las actas de las asambleas por medio de las cuales fueron electos dichos delegados con los que en la 1ª convención eligieron al Sr. Óscar Valencia como precandidato por el 10 distrito federal electoral; mismas hasta esta fecha no se han entregado.
--1 de marzo, después de conocerse la sentencia a favor de Larrazábal para la celebración de una nueva convención, el aspirante solicitó al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, una audiencia con carácter de urgente para definir las reglas de la nueva convención, en virtud de que quien actuaba como presidenta del PRI en Oaxaca no tenía el reconocimiento legal del PRI nacional y de las autoridades electorales. La audiencia que no se concedió.
--2 de marzo: Larrazábal solicitó el padrón priísta. Hasta esta fecha no se ha entregado.
--El 5 de marzo solicitó al presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos nombrar a un representante para coadyuvar en la organización de la convención. Hasta la fecha no ha habido respuesta.
--El 8 de marzo insisto ante el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Pedro Joaquín Coldwell, para informarle que no le habían entregado el padrón y quien actuaba como presidenta no tenía el reconocimiento legal. No hubo respuesta.
--Desde el día 27 de enero a esta fecha Larrazábal informó de tres domicilios señalé para recibir todo tipo de notificaciones y documentos y la información de la segunda convención nunca se le notificó.
--El día 9 de marzo entrego a la Comisión Nacional de Procesos Internos denunció la negativa del PRI de entregarle documentos para competir: padrón de delegados a la convención de delegados del 10 distrito federal electoral, señalando en él su conformación en los términos del Art. 184 de los estatutos de PRI aprobado en la XX Asamblea Nacional, copia del acta de las asambleas de los sectores, Movimiento Territorial y de las organizaciones, copia de actas de asambleas electorales territoriales en donde se eligieron los delegados a la convención del décimo distrito federal electoral del estado de Oaxaca, copia del acta de la convención de delegados del décimo distrito federal electoral del estado de Oaxaca en donde se declararon la validez de la elección de Óscar Valencia García y se le hizo entrega de la constancia respectiva. No las he recibido.
De ahí que la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI ha sido acusada ante el Trife de no cumplir con sentencias. Y el candidato oficial impuesto por el PRI con trampas podría ser declarado ilegal y por tanto el PRI no podría participar en la elección del distrito 10 de Oaxaca.
Luego de haber retirado a seis de los ocho aspirantes disidentes a diputados a cambio de posiciones menores en la campaña presidencial, el PRI elaboró un nada sofisticado “fraude legal” contra los dos aspirantes restantes.
El punto central del litigio no radica en la denuncia de trampas políticas de priístas contra priístas, sino en el hecho de que el PRI nacional no ejecutó una sentencia formal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por ello ya fue denunciado en la sala regional de Xalapa, Veracruz.
El aspirante a diputado por el distrito 10 federal de Miahuatlán, Oaxaca, Jaime Larrazábal Bretón, ha puesto al PRI nacional contra la pared porque la dirigencia partidista organizó ya dos convenciones hechizas para imponer candidato sin cumplir con los derechos partidistas de otros aspirantes. El problema se ha centrado en que el Tribunal ordenó que en la segunda convención de delegados “se garantice la participación del precandidato Jaime Larrazábal Bretón” y el PRI organizó el evento en secreto y sin notificarle a Larrazábal.
La inejecución de sentencia es un acto similar al incumplimiento de amparo y deriva en acciones legales contra los que no cumplieron el mandato de la autoridad, por lo que los miembros de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI estarían a punto de ser castigados y el candidato oficial impuesto podría ser excluido de competir en las elecciones y el PRI quedar sin candidato.
Así, el nuevo PRI renace vigorizado de las cenizas del viejo PRI. Pero las cosas podrían complicársele si el Trife no suelta el asunto: la asamblea para la designación de delegados para la convención de elección de candidatos debe quedar asentada en actas legales que pudieran ser solicitadas por el Trife. Hasta ahora, no obstante, esas actas están desaparecidas pese a que Larrazábal Bretón ya las solicitó legalmente; la sospecha es que no hubo asamblea y se falsificaron documentos.
La historia política del PRI se teje con la suma de pequeñas historias. Y la de Larrazábal Bretón por obtener el registro de candidato a diputado federal por el distrito 10 de Miahuatlán, Oaxaca, podría ser narrada por Franz Kakfa como comentarista político: un monumento al absurdo. El PRI nacional no acepta disidentes y quiere tener el control absoluto de los diputados.
Lo absurdo de la segunda convención de delegados del distrito 10 de radicó en el hecho de que el disidente Larrazábal Bretón nunca fue convocado ni notificado ni menos aún se le entregaron copias del padrón de electores ni las actas de la primera convención. En privado, en secreto, con trampas legales para eludir la notificación al aspirante disidente, las autoridades de la Comisión de Procesos Internos elaboraron un bastante obvio fraude electoral contra un militante priísta que no fue palomeado originalmente como aspirante.
La cronología del caso de Larrazábal Bretón ilustra un ejemplo de que el nuevo PRI es el mismo viejo PRI:
--28 de febrero solicitó al PRI el padrón de delegados, así como los lugares y las actas de las asambleas por medio de las cuales fueron electos dichos delegados con los que en la 1ª convención eligieron al Sr. Óscar Valencia como precandidato por el 10 distrito federal electoral; mismas hasta esta fecha no se han entregado.
--1 de marzo, después de conocerse la sentencia a favor de Larrazábal para la celebración de una nueva convención, el aspirante solicitó al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, una audiencia con carácter de urgente para definir las reglas de la nueva convención, en virtud de que quien actuaba como presidenta del PRI en Oaxaca no tenía el reconocimiento legal del PRI nacional y de las autoridades electorales. La audiencia que no se concedió.
--2 de marzo: Larrazábal solicitó el padrón priísta. Hasta esta fecha no se ha entregado.
--El 5 de marzo solicitó al presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos nombrar a un representante para coadyuvar en la organización de la convención. Hasta la fecha no ha habido respuesta.
--El 8 de marzo insisto ante el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Pedro Joaquín Coldwell, para informarle que no le habían entregado el padrón y quien actuaba como presidenta no tenía el reconocimiento legal. No hubo respuesta.
--Desde el día 27 de enero a esta fecha Larrazábal informó de tres domicilios señalé para recibir todo tipo de notificaciones y documentos y la información de la segunda convención nunca se le notificó.
--El día 9 de marzo entrego a la Comisión Nacional de Procesos Internos denunció la negativa del PRI de entregarle documentos para competir: padrón de delegados a la convención de delegados del 10 distrito federal electoral, señalando en él su conformación en los términos del Art. 184 de los estatutos de PRI aprobado en la XX Asamblea Nacional, copia del acta de las asambleas de los sectores, Movimiento Territorial y de las organizaciones, copia de actas de asambleas electorales territoriales en donde se eligieron los delegados a la convención del décimo distrito federal electoral del estado de Oaxaca, copia del acta de la convención de delegados del décimo distrito federal electoral del estado de Oaxaca en donde se declararon la validez de la elección de Óscar Valencia García y se le hizo entrega de la constancia respectiva. No las he recibido.
De ahí que la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI ha sido acusada ante el Trife de no cumplir con sentencias. Y el candidato oficial impuesto por el PRI con trampas podría ser declarado ilegal y por tanto el PRI no podría participar en la elección del distrito 10 de Oaxaca.
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