Carlos Ramírez / Indicador Político
En una nueva versión de la política a la oaxaqueña en donde enredan hasta el queso, priístas de base acaban de dar una severa derrota al PRI --estatal y nacional-- que ya responde directamente al candidato presidencial Enrique Peña Nieto.
La judicialización del proceso de registro de precandidatos a diputaciones federales en el estado noqueó a la dirigencia priísta porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó la anulación de los procesos viciados y la reposición de las convenciones para designar candidatos.
Sólo que al PRI oaxaqueño se le quemó el tiempo porque el plazo vence mañana martes y el partido estatal corre el riesgo de verse obligado a registrar a militantes de base ajenos a las complicidades del poder, o a no registrar candidatos y dejarles las plazas a candidatos de otros partidos.
El enredo del PRI oaxaqueño es una muestra de lo que está ocurriendo en otras partes de la República, donde el reparto de candidaturas se ha hecho en función de las oligarquías dirigentes, pero con decisión de algunos militantes de impugnar el proceso ante tribunales federales.
El caso Oaxaca fue llevado ante el presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, pero no ha encontrado respuestas. En Oaxaca hubo irregularidades en los once distritos electorales federales, aunque sólo ocho fueron impugnados en el Trife. Sin embargo, las autoridades judiciales electorales se van a encontrar pronto que las asambleas de delegados no existieron porque no hay actas y que se trataron de asambleas fraudulentas. La salida del PRI es reponer el proceso y darles a regañadientes las candidaturas a los disidentes o dejar vencer el plazo y no registrar candidatos.
El efecto, sin embargo, repercutirá directamente en las expectativas de votos de Peña Nieto en un estado donde el PRI perdió el Gobierno estatal y el Congreso local y donde el PAN, el PRD y Convergencia siguen pirateándose liderazgos locales. El riesgo para el PRI local es caer a la cuarta posición electoral.
El PRI en Oaxaca reproduce la descomposición del partido en plazas donde perdió el poder y deshizo su organización: DF, Guanajuato, Chiapas, Puebla y Jalisco, entre otros.
Las primeras réplicas de la crisis del priísmo oaxaqueño han llegado ya a las goteras del equipo de campaña de Peña Nieto, donde el coordinador general Luis Videgaray --ya conocido entre los propios priístas como Louis Vuitton por la sofisticación de sus prioridades y comportamientos políticos-- carece de experiencia para la administración de conflictos. El delegado priísta en Oaxaca y ex secretario de Agricultura de Peña en Edomex, Arturo Osorno, fue cesado de manera fulminante cuando el Trife ordenó el registro de las precandidaturas desdeñadas; y el delegado especial Jesús Aguilar Padilla, ex gobernador derrotado por la alianza en Sinaloa, no ha entregado explicaciones al PRI.
La crisis en el PRI oaxaqueño es la típica en estados donde el PRI perdió el Gobierno estatal: los grupos dominantes de poder buscan quedarse con los restos del partido, pero sin rehacer el tejido partidista. Y Oaxaca es, con todo, una entidad con señales especiales de Peña: el ex gobernador José Murat es secretario de Vinculación Política del CEN, un hijo de Murat recibió una notaría de Peña y otro fue aprobado por Peña como candidato a diputado, varios operadores del ex gobernador Ulises Ruiz trabajan directamente con Peña Nieto y un ex senador trabaja en las cercanías del dirigente Pedro Joaquín Coldwell.
El problema del PRI oaxaqueño es crítico. Una nueva insurgencia priísta de la base militante se encuentra detrás de las impugnaciones en el Trife. El aspirante Jaime Larrazábal Bretón fue rechazado como precandidato para el distrito 10 con argumentos que el Trife condenó: la magistrada Judith Yolanda Muñoz Tagle ordenó el pasado jueves primero de marzo la anulación de decisiones de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, de la
Comisión Nacional de Procesos Internos y de la convención de delegados que dañaban las aspiraciones de Larrazábal.
Por mandato legal, el Trife ordenó al PRI que en cinco días --que vencen hoy lunes por la noche-- repitan la convención de delegados en el distrito 10, aunque falta que los niveles estatales y nacionales del PRI presenten físicamente las actas de la convención de delegados anterior que aparentemente nunca se realizó, por lo que sus decisiones no sólo fueron ilegales sino delictivas.
Así, un priísta de la base que no pertenece a ninguna de las familias priístas del poder, encabezó una insurrección partidista que tiene al PRI contra la pared porque la fundamentación legal de sus impugnaciones ha comenzado a ser tomada como modelo para otras protestas en otros estados contra la asignación fraudulenta de candidaturas a diputados federales.
Larrazábal logró que el Trife observara directamente la organización y funcionamiento de la convención de delegados porque ahí fue donde el PRI creó un hoyo negro para desechar disidentes e imponer aliados, pero sin cumplir con los requisitos legales. Y mañana martes el PRI tendrá que repetir, con la vigilancia del Trife, convención de delegados para votar candidaturas en ocho distritos de Oaxaca. Si no, el PRI se quedará sin candidatos en el 72% de los distritos oaxaqueños.
Y queda pendiente la otra impugnación de Larrazábal: la queja ante el Trife denunciando la ilegalidad del Consejo Político Nacional del PRI --y de todas sus decisiones, entre ellas la de candidaturas que incluye la del propio Peña Nieto-- por incumplimiento de la paridad de género 50%-50%; las pruebas entregadas por Larrazábal al Trife revelan que el CPN priísta no cumple con este requisito estricto y tendría que rehacerse para cumplir con la ley. Si el Trife falla a favor de Larrazábal en este punto, el PRI se quedaría sin candidaturas.
En una nueva versión de la política a la oaxaqueña en donde enredan hasta el queso, priístas de base acaban de dar una severa derrota al PRI --estatal y nacional-- que ya responde directamente al candidato presidencial Enrique Peña Nieto.
La judicialización del proceso de registro de precandidatos a diputaciones federales en el estado noqueó a la dirigencia priísta porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó la anulación de los procesos viciados y la reposición de las convenciones para designar candidatos.
Sólo que al PRI oaxaqueño se le quemó el tiempo porque el plazo vence mañana martes y el partido estatal corre el riesgo de verse obligado a registrar a militantes de base ajenos a las complicidades del poder, o a no registrar candidatos y dejarles las plazas a candidatos de otros partidos.
El enredo del PRI oaxaqueño es una muestra de lo que está ocurriendo en otras partes de la República, donde el reparto de candidaturas se ha hecho en función de las oligarquías dirigentes, pero con decisión de algunos militantes de impugnar el proceso ante tribunales federales.
El caso Oaxaca fue llevado ante el presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, pero no ha encontrado respuestas. En Oaxaca hubo irregularidades en los once distritos electorales federales, aunque sólo ocho fueron impugnados en el Trife. Sin embargo, las autoridades judiciales electorales se van a encontrar pronto que las asambleas de delegados no existieron porque no hay actas y que se trataron de asambleas fraudulentas. La salida del PRI es reponer el proceso y darles a regañadientes las candidaturas a los disidentes o dejar vencer el plazo y no registrar candidatos.
El efecto, sin embargo, repercutirá directamente en las expectativas de votos de Peña Nieto en un estado donde el PRI perdió el Gobierno estatal y el Congreso local y donde el PAN, el PRD y Convergencia siguen pirateándose liderazgos locales. El riesgo para el PRI local es caer a la cuarta posición electoral.
El PRI en Oaxaca reproduce la descomposición del partido en plazas donde perdió el poder y deshizo su organización: DF, Guanajuato, Chiapas, Puebla y Jalisco, entre otros.
Las primeras réplicas de la crisis del priísmo oaxaqueño han llegado ya a las goteras del equipo de campaña de Peña Nieto, donde el coordinador general Luis Videgaray --ya conocido entre los propios priístas como Louis Vuitton por la sofisticación de sus prioridades y comportamientos políticos-- carece de experiencia para la administración de conflictos. El delegado priísta en Oaxaca y ex secretario de Agricultura de Peña en Edomex, Arturo Osorno, fue cesado de manera fulminante cuando el Trife ordenó el registro de las precandidaturas desdeñadas; y el delegado especial Jesús Aguilar Padilla, ex gobernador derrotado por la alianza en Sinaloa, no ha entregado explicaciones al PRI.
La crisis en el PRI oaxaqueño es la típica en estados donde el PRI perdió el Gobierno estatal: los grupos dominantes de poder buscan quedarse con los restos del partido, pero sin rehacer el tejido partidista. Y Oaxaca es, con todo, una entidad con señales especiales de Peña: el ex gobernador José Murat es secretario de Vinculación Política del CEN, un hijo de Murat recibió una notaría de Peña y otro fue aprobado por Peña como candidato a diputado, varios operadores del ex gobernador Ulises Ruiz trabajan directamente con Peña Nieto y un ex senador trabaja en las cercanías del dirigente Pedro Joaquín Coldwell.
El problema del PRI oaxaqueño es crítico. Una nueva insurgencia priísta de la base militante se encuentra detrás de las impugnaciones en el Trife. El aspirante Jaime Larrazábal Bretón fue rechazado como precandidato para el distrito 10 con argumentos que el Trife condenó: la magistrada Judith Yolanda Muñoz Tagle ordenó el pasado jueves primero de marzo la anulación de decisiones de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, de la
Comisión Nacional de Procesos Internos y de la convención de delegados que dañaban las aspiraciones de Larrazábal.
Por mandato legal, el Trife ordenó al PRI que en cinco días --que vencen hoy lunes por la noche-- repitan la convención de delegados en el distrito 10, aunque falta que los niveles estatales y nacionales del PRI presenten físicamente las actas de la convención de delegados anterior que aparentemente nunca se realizó, por lo que sus decisiones no sólo fueron ilegales sino delictivas.
Así, un priísta de la base que no pertenece a ninguna de las familias priístas del poder, encabezó una insurrección partidista que tiene al PRI contra la pared porque la fundamentación legal de sus impugnaciones ha comenzado a ser tomada como modelo para otras protestas en otros estados contra la asignación fraudulenta de candidaturas a diputados federales.
Larrazábal logró que el Trife observara directamente la organización y funcionamiento de la convención de delegados porque ahí fue donde el PRI creó un hoyo negro para desechar disidentes e imponer aliados, pero sin cumplir con los requisitos legales. Y mañana martes el PRI tendrá que repetir, con la vigilancia del Trife, convención de delegados para votar candidaturas en ocho distritos de Oaxaca. Si no, el PRI se quedará sin candidatos en el 72% de los distritos oaxaqueños.
Y queda pendiente la otra impugnación de Larrazábal: la queja ante el Trife denunciando la ilegalidad del Consejo Político Nacional del PRI --y de todas sus decisiones, entre ellas la de candidaturas que incluye la del propio Peña Nieto-- por incumplimiento de la paridad de género 50%-50%; las pruebas entregadas por Larrazábal al Trife revelan que el CPN priísta no cumple con este requisito estricto y tendría que rehacerse para cumplir con la ley. Si el Trife falla a favor de Larrazábal en este punto, el PRI se quedaría sin candidaturas.
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