Raymundo Riva Palacio
En Los Pinos, este lunes hubo una conversación entre el presidente Felipe Calderón y el vicepresidente Joe Biden, que no trascendió, continuación de una larga serie de pláticas entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Biden le pidió a Calderón un briefing sobre América Central, y el Presidente le describió el estado de cosas en esos países y lo que iba a encontrar al reunirse con los mandatarios de la región un día después. Ambos países comparten el temor que la debilidad institucional produzca narcoestados y que toda el área sea democráticamente inviable.
El subtexto de esa conversación son las negociaciones inconclusas sobre el papel que México podría jugar en Centroamérica en materia de lucha contra la delincuencia organizada, en forma similar al papel que juega Estados Unidos en México en el combate a los criminales. El punto delicado de esas pláticas, en buena parte razón de la dificultad por avanzar en la concreción de una iniciativa, es si México asume un rol de buffer state en materia de seguridad, con lo cual serviría de amortiguador y sellaría, en la lengua que conecta los dos hemisferios, la parte norte del Continente.
La discusión sobre el nuevo papel que quieren algunos sectores en Washington y la ciudad de México que asuma el gobierno de Calderón, o quien venga a partir de diciembre, no es un asunto público y se encuentra en el nivel de definir el modelo y explorar su viabilidad. En lo que están de acuerdo ambas administraciones, es que la debilidad de las instituciones no sólo amenaza la seguridad total de América Central, sino que existe el riesgo de que algunos de sus países, con Guatemala y Honduras, sobretodo, y El Salvador inmediatamente después, colapsen como naciones en el mediano plazo.
Los tres países tienen un viejo problema con las pandillas, en especial con la Mara Salvatrucha que nació en Los Angeles en los 80, como consecuencia de las familias centroamericanas disfuncionales y los desplazados de la guerra civil en El Salvador. La mara se extendió a Honduras y a México, donde se vincularon con Los Zetas y con las triadas chinas en el tráfico humano. Los Zetas entraron en Honduras cuando en los dos primeros años de guerra contra el narcotráfico en México se quedaron prácticamente sin droga y tuvieron que abrir nuevos mercados. Luego se metieron a Guatemala, donde el Cártel del Pacífico –antes Sinaloa-, tenía operaciones bien establecidas.
Centroamérica, de acuerdo con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas, se convirtió en estos años en el “puente natural” de las drogas procedentes de América del Sur hacia Estados Unidos. Tras cerrarse los cielos, el 90% de la droga que llega a Estados Unidos de Colombia, Perú y Bolivia, pasa por esa lengua que conecta en México con un gran túnel para el tráfico de drogas. El fenómeno arrastró a las instituciones judiciales, policiales y militares y comenzó a gangrenar a la región.
Biden habló con el presidente Calderón en vísperas de viajar a Tegucigalpa para revisar la instrumentación de la Alianza para la Seguridad de los Ciudadanos a nivel regional en una cumbre con los presidentes centroamericanos, que lanzó el presidente Barack Obama hace un año en cooperación con varios países de la zona y el Sistema de Integración Centroamericano (SICA). Pero tanto Estados Unidos como México entienden que esa es una solución efímera. SICA es un instrumento donde participa Colombia, pero los mexicanos quieren incorporar a Canadá y a España y el Reino Unido, como naciones con intereses en la región. Construir instituciones y desarrollar un sistema de justicia es una meta. Pero antes necesitan un policía que mientras se edifique ese andamiaje combata a los criminales. Para eso quieren a México, ni termina de procesar ese nuevo papel que quieren que juegue, ni está convencido que deba hacerlo.
En Los Pinos, este lunes hubo una conversación entre el presidente Felipe Calderón y el vicepresidente Joe Biden, que no trascendió, continuación de una larga serie de pláticas entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Biden le pidió a Calderón un briefing sobre América Central, y el Presidente le describió el estado de cosas en esos países y lo que iba a encontrar al reunirse con los mandatarios de la región un día después. Ambos países comparten el temor que la debilidad institucional produzca narcoestados y que toda el área sea democráticamente inviable.
El subtexto de esa conversación son las negociaciones inconclusas sobre el papel que México podría jugar en Centroamérica en materia de lucha contra la delincuencia organizada, en forma similar al papel que juega Estados Unidos en México en el combate a los criminales. El punto delicado de esas pláticas, en buena parte razón de la dificultad por avanzar en la concreción de una iniciativa, es si México asume un rol de buffer state en materia de seguridad, con lo cual serviría de amortiguador y sellaría, en la lengua que conecta los dos hemisferios, la parte norte del Continente.
La discusión sobre el nuevo papel que quieren algunos sectores en Washington y la ciudad de México que asuma el gobierno de Calderón, o quien venga a partir de diciembre, no es un asunto público y se encuentra en el nivel de definir el modelo y explorar su viabilidad. En lo que están de acuerdo ambas administraciones, es que la debilidad de las instituciones no sólo amenaza la seguridad total de América Central, sino que existe el riesgo de que algunos de sus países, con Guatemala y Honduras, sobretodo, y El Salvador inmediatamente después, colapsen como naciones en el mediano plazo.
Los tres países tienen un viejo problema con las pandillas, en especial con la Mara Salvatrucha que nació en Los Angeles en los 80, como consecuencia de las familias centroamericanas disfuncionales y los desplazados de la guerra civil en El Salvador. La mara se extendió a Honduras y a México, donde se vincularon con Los Zetas y con las triadas chinas en el tráfico humano. Los Zetas entraron en Honduras cuando en los dos primeros años de guerra contra el narcotráfico en México se quedaron prácticamente sin droga y tuvieron que abrir nuevos mercados. Luego se metieron a Guatemala, donde el Cártel del Pacífico –antes Sinaloa-, tenía operaciones bien establecidas.
Centroamérica, de acuerdo con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas, se convirtió en estos años en el “puente natural” de las drogas procedentes de América del Sur hacia Estados Unidos. Tras cerrarse los cielos, el 90% de la droga que llega a Estados Unidos de Colombia, Perú y Bolivia, pasa por esa lengua que conecta en México con un gran túnel para el tráfico de drogas. El fenómeno arrastró a las instituciones judiciales, policiales y militares y comenzó a gangrenar a la región.
Biden habló con el presidente Calderón en vísperas de viajar a Tegucigalpa para revisar la instrumentación de la Alianza para la Seguridad de los Ciudadanos a nivel regional en una cumbre con los presidentes centroamericanos, que lanzó el presidente Barack Obama hace un año en cooperación con varios países de la zona y el Sistema de Integración Centroamericano (SICA). Pero tanto Estados Unidos como México entienden que esa es una solución efímera. SICA es un instrumento donde participa Colombia, pero los mexicanos quieren incorporar a Canadá y a España y el Reino Unido, como naciones con intereses en la región. Construir instituciones y desarrollar un sistema de justicia es una meta. Pero antes necesitan un policía que mientras se edifique ese andamiaje combata a los criminales. Para eso quieren a México, ni termina de procesar ese nuevo papel que quieren que juegue, ni está convencido que deba hacerlo.
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