Rubén Martín
Guadalajara vivió el viernes 9 de marzo la peor jornada de violencia e inseguridad de su historia reciente. Por más que el gobierno de Emilio González Márquez pretendió minimizar los hechos hablando solo de dos “bloqueos” y 25 vehículos incendiados, un reporte de la propia Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó más de 20 puntos de bloqueo en todo el estado. Además de la zona metropolitana de Guadalajara, hubo incidentes en los municipios de Ocotlán, Sayula, Techaluta, Valle de Guadalupe y Mazamitla.
Las movilizaciones se desataron luego de que un operativo militar detectó en una colonia del poniente de la ciudad, Lomas Altas, a Erick Valencia Salazar, alias El 85, a quien se presentó como presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, una filial o franquicia del Cartel de Sinaloa que surgió a partir del intento de captura, que terminó en la muerte, de Ignacio Coronel, ocurrida en julio de 2010.
Al intento de captura de su jefe, el cártel mencionado respondió ordenando narcobloqueos en distintos puntos de la ciudad y del estado, 20 en total. Los narcobloqueos desquiciaron la zona metropolitana de Guadalajara, pues obligaron a suspender clases, servicio de transporte público y el cierre de varios negocios.
La mayor parte de los tapatíos se resguardó en sus hogares, más por sentido común y autoprotección que por información oportuna y veraz de las autoridades.
La noche del viernes 9 de marzo, Guadalajara vivió una de sus noches más vacías en sus calles, semejante a la alerta de la influenza humana en abril de 2009 o a las explosiones del 22 de abril de 1992.
La soledad de las calles da idea de cómo impactaron los narcobloqueos en la vida cotidiana de los habitantes. Cientos de miles de tapatíos suspendieron sus actividades ese día.
A pesar de estas evidencias, el gobierno del estado y su titular han minimizado los hechos.
La jornada de narcobloqueos en Guadalajara, confirmó que el poder de violencia desatado por organizaciones del crimen organizado es superior a lo que nos imaginábamos en Jalisco, y para nuestra desgracia, peor de lo que las propias autoridades creían.
Apenas la semana pasada el Procurador de Justicia de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, atribuyó la “percepción” de inseguridad que se vivía en el estado al Pacorro, Francisco Daniel Yeme Gómez, quien con su célula es responsable de 57 muertos violentos ocurridas en la zona metropolitana, entre ellos 26 asesinados dejados en Los Arcos del Milenio, el 24 de noviembre de 2011. Los hechos del viernes 9 de marzo desmienten al Procurador y desmienten al gobernador y a sus funcionarios, quienes desde el inicio de la administración han minimizado la violencia e inseguridad que se viven en Jalisco y recurren a la salida fácil de decir que el estado está mejor que otras entidades.
Pero no es así. Se puede afirmar, lastimosamente, que la “paz social” que se percibe en el estado existe hasta que el crimen organizado quiere. Hay varios elementos para considerarlo así. El primero tiene qué ver con la parte más visible del fenómeno: en Jalisco existen 23,612 policías estatales y municipales, que fueron incapaces impedir el estrangulamiento de la zona metropolitana de Guadalajara.
Si bien la misma noche de los narcobloqueos se presentaron a 16 detenidos, el domingo debieron dejar libres a cuatro de ellos que eran inocentes y en las prisas de la reacción, se les presentó como sicarios del narco.
La incompetencia de la fuerza pública de Jalisco deriva de la falta de coordinación entre las policías (a un año de los anteriores narcobloqueos no se tiene un protocolo de cómo actuar en estos casos), de su falta de entrenamiento y de la corrupción. Es sabido que el narco tiene comprados o amenazados a varios alcaldes de la entidad, incluso en la zona metropolitana. ¿Cómo enfrentar a la delincuencia organizada si el enemigo está adentro también?
Aún siendo grave la incapacidad de la fuerza pública para responder, y siendo grave la debilidad y corrupción de las instituciones, lo más grave es el contexto que permite que estos hechos ocurran.
La violencia surge, obviamente, donde hay condiciones para ello. Y en Jalisco están presentes todos los elementos que conforman este cóctel explosivo: pobreza, falta de trabajo o trabajo precario y muy mal pagado, falta de oportunidades de educación, en resumen, cientos de miles de jóvenes sin futuro.
En el fondo estamos ante una crisis general, una crisis civilizatoria. El proyecto de futuro (de vida) que el narco ofrece a los jóvenes, es más atractivo que el que ofrecen el Estado y el mercado capitalista.
Esta es la triste realidad y más nos vale aceptarla para actuar en consecuencia. Ya son muchos años que la clase política se hace tonta ignorando o minimizando el problema. Necesitamos cambios radicales, urgen, antes de que todo termine descomponiéndose.
Guadalajara vivió el viernes 9 de marzo la peor jornada de violencia e inseguridad de su historia reciente. Por más que el gobierno de Emilio González Márquez pretendió minimizar los hechos hablando solo de dos “bloqueos” y 25 vehículos incendiados, un reporte de la propia Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó más de 20 puntos de bloqueo en todo el estado. Además de la zona metropolitana de Guadalajara, hubo incidentes en los municipios de Ocotlán, Sayula, Techaluta, Valle de Guadalupe y Mazamitla.
Las movilizaciones se desataron luego de que un operativo militar detectó en una colonia del poniente de la ciudad, Lomas Altas, a Erick Valencia Salazar, alias El 85, a quien se presentó como presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, una filial o franquicia del Cartel de Sinaloa que surgió a partir del intento de captura, que terminó en la muerte, de Ignacio Coronel, ocurrida en julio de 2010.
Al intento de captura de su jefe, el cártel mencionado respondió ordenando narcobloqueos en distintos puntos de la ciudad y del estado, 20 en total. Los narcobloqueos desquiciaron la zona metropolitana de Guadalajara, pues obligaron a suspender clases, servicio de transporte público y el cierre de varios negocios.
La mayor parte de los tapatíos se resguardó en sus hogares, más por sentido común y autoprotección que por información oportuna y veraz de las autoridades.
La noche del viernes 9 de marzo, Guadalajara vivió una de sus noches más vacías en sus calles, semejante a la alerta de la influenza humana en abril de 2009 o a las explosiones del 22 de abril de 1992.
La soledad de las calles da idea de cómo impactaron los narcobloqueos en la vida cotidiana de los habitantes. Cientos de miles de tapatíos suspendieron sus actividades ese día.
A pesar de estas evidencias, el gobierno del estado y su titular han minimizado los hechos.
La jornada de narcobloqueos en Guadalajara, confirmó que el poder de violencia desatado por organizaciones del crimen organizado es superior a lo que nos imaginábamos en Jalisco, y para nuestra desgracia, peor de lo que las propias autoridades creían.
Apenas la semana pasada el Procurador de Justicia de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, atribuyó la “percepción” de inseguridad que se vivía en el estado al Pacorro, Francisco Daniel Yeme Gómez, quien con su célula es responsable de 57 muertos violentos ocurridas en la zona metropolitana, entre ellos 26 asesinados dejados en Los Arcos del Milenio, el 24 de noviembre de 2011. Los hechos del viernes 9 de marzo desmienten al Procurador y desmienten al gobernador y a sus funcionarios, quienes desde el inicio de la administración han minimizado la violencia e inseguridad que se viven en Jalisco y recurren a la salida fácil de decir que el estado está mejor que otras entidades.
Pero no es así. Se puede afirmar, lastimosamente, que la “paz social” que se percibe en el estado existe hasta que el crimen organizado quiere. Hay varios elementos para considerarlo así. El primero tiene qué ver con la parte más visible del fenómeno: en Jalisco existen 23,612 policías estatales y municipales, que fueron incapaces impedir el estrangulamiento de la zona metropolitana de Guadalajara.
Si bien la misma noche de los narcobloqueos se presentaron a 16 detenidos, el domingo debieron dejar libres a cuatro de ellos que eran inocentes y en las prisas de la reacción, se les presentó como sicarios del narco.
La incompetencia de la fuerza pública de Jalisco deriva de la falta de coordinación entre las policías (a un año de los anteriores narcobloqueos no se tiene un protocolo de cómo actuar en estos casos), de su falta de entrenamiento y de la corrupción. Es sabido que el narco tiene comprados o amenazados a varios alcaldes de la entidad, incluso en la zona metropolitana. ¿Cómo enfrentar a la delincuencia organizada si el enemigo está adentro también?
Aún siendo grave la incapacidad de la fuerza pública para responder, y siendo grave la debilidad y corrupción de las instituciones, lo más grave es el contexto que permite que estos hechos ocurran.
La violencia surge, obviamente, donde hay condiciones para ello. Y en Jalisco están presentes todos los elementos que conforman este cóctel explosivo: pobreza, falta de trabajo o trabajo precario y muy mal pagado, falta de oportunidades de educación, en resumen, cientos de miles de jóvenes sin futuro.
En el fondo estamos ante una crisis general, una crisis civilizatoria. El proyecto de futuro (de vida) que el narco ofrece a los jóvenes, es más atractivo que el que ofrecen el Estado y el mercado capitalista.
Esta es la triste realidad y más nos vale aceptarla para actuar en consecuencia. Ya son muchos años que la clase política se hace tonta ignorando o minimizando el problema. Necesitamos cambios radicales, urgen, antes de que todo termine descomponiéndose.
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