Jesús Cantú
En el Movimiento Progresista los conflictos para la designación de candidatos a los puestos de elección popular son la constante; en algunos casos se dan en el interior de un partido, como ocurre en el PRD, donde las tribus acapararon las posiciones más seguras, y en otros ocurren entre las tres organizaciones políticas participantes en la coalición: PRD, PT y Movimiento Ciudadano, antes Convergencia.
En medio de los conflictos también aparece un pragmatismo extremo, pues toman a todo aquel personaje medianamente conocido o cercano a grupos empresariales, movimientos sociales, medios de comunicación, etcétera, que les garantice cierta presencia pública o un mínimo de respaldo electoral. Así, lo mismo postulan en Chiapas a la expriista María Elena Orantes como candidata a la gubernatura, que a Manuel Bartlett, responsable de la “caída del sistema” en 1988, como candidato a senador en la primera fórmula de Puebla, o a la empresaria Cristina Sada Salinas en la misma posición, pero en Nuevo León.
En sus listas caben todos, pero, eso sí, las posiciones más seguras, las que tienen mayores probabilidades de ganar se las reservan para los líderes de las tribus o para sus familiares cercanos.
Mientras tanto, el virtual candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, batalla para empujar sus propuestas en la coalición, de manera que optó por hacerlo en el Movimiento Ciudadano –que no tendrá muchas posibilidades de colocar legisladores, pues esperan que obtenga alrededor del 3% de los sufragios, con lo cual apenas lograría colocar a dos senadores y a menos de una decena de diputados– y en el PT, que tampoco aspira a un porcentaje mucho mayor.
Inicialmente las listas de AMLO incluían a buena parte de su gabinete, pero ante el rechazo de dichas postulaciones optó por retirarlos elegantemente al declarar: “Sobre si quienes serán parte del gabinete van a ser candidatos, les digo de manera categórica que no, porque vamos a triunfar. Ellos estarán preparando los cambios que requiere el país”.
En términos generales, cada partido elabora sus propias listas plurinominales, y en el caso del PRD las tribus las acapararon sin dejarle a AMLO meter sus propuestas; en el Movimiento Ciudadano hubo más condescendencia con su abanderado presidencial y le permitieron colocar en el segundo lugar de la lista del Senado a José Agustín Pinchetti, quien sí tiene posibilidades de llegar; y en el PT también dieron preferencia a sus cuadros.
Por lo que se refiere a las candidaturas de mayoría relativa, no batallaron para ponerse de acuerdo donde no tienen prácticamente ninguna posibilidad de ganar, o en aquellos distritos que están claramente identificados con otros partidos, pero en los distritos y entidades donde las fuerzas están divididas, como en Zacatecas, Oaxaca y Distrito Federal, los partidos del Movimiento Progresista todavía están en pie de guerra, y en algunos casos ni siquiera logran integrar la propuesta, a pesar de que el tiempo ya está encima pues el registro de los candidatos se cierra el jueves 22 de marzo.
Durante 2006, cuando AMLO encabezaba las preferencias electorales en la contienda presidencial, fue él quien llevo mano en la designación de candidatos, lo cual se evidenció con la gran bancada lopezobradorista en el Congreso de la Unión, que le permitió jugar un papel crucial en la discusión de algunos proyectos de ley. Pero ahora las condiciones son muy distintas, por dos razones principales: el distanciamiento de más de dos años que ha tenido con el PRD y su actual nivel en las encuestas de preferencia electoral, donde la izquierda regresa a sus niveles históricos, muy lejos de los casi 40 puntos que alcanzaba hace apenas seis años.
En aquel entonces todos trataban de congraciarse con el “futuro presidente”. La disputa no estaba en las candidaturas, sino en la posibilidad de integrarse al equipo de gobierno; hoy, al contrario, predomina la idea de que las posibilidades son reducidas y, por lo tanto, todos quieren jugar a lo seguro con las candidaturas al Congreso de la Unión.
Por otro lado, el acercamiento con los grupos empresariales, en un intento de captar votos de esos sectores, condujeron a ceder posiciones que difícilmente alcanzarían el Congreso. Así, en Jalisco la fórmula al Senado la encabeza Carlos Lomelí Bolaños, un empresario farmacéutico, y en Nuevo León, Cristina Sada Salinas. Pero esta búsqueda de votos también se traduce en apoyar a candidatos como a Bartlett, en Puebla.
Y, así, el espectro ideológico de los candidatos del Movimiento Progresista tiene representantes en casi todos los puntos que van desde la izquierda hasta la derecha. En caso de ganar, difícilmente lograrían acuerdos, pero eso no es lo importante en estos momentos.
Donde existen verdaderas probabilidades de ganar, la lucha entre los líderes de las tribus es encarnizada, lo cual se traduce en que todavía el pasado jueves por la noche no lograban un acuerdo en la mitad de las 32 entidades, entre las que se encontraban Oaxaca, Chiapas, el Estado de México y el Distrito Federal.
Será interesante ver cuál es el efecto que produce en el electorado esta mezcla de pragmatismo, oportunismo y dogmatismo. Por lo pronto, es evidente que las tribus se reservan las mejores posiciones y que en el resto todo cabe, sin importar las consecuencias sobre la elección presidencial.
En el Movimiento Progresista los conflictos para la designación de candidatos a los puestos de elección popular son la constante; en algunos casos se dan en el interior de un partido, como ocurre en el PRD, donde las tribus acapararon las posiciones más seguras, y en otros ocurren entre las tres organizaciones políticas participantes en la coalición: PRD, PT y Movimiento Ciudadano, antes Convergencia.
En medio de los conflictos también aparece un pragmatismo extremo, pues toman a todo aquel personaje medianamente conocido o cercano a grupos empresariales, movimientos sociales, medios de comunicación, etcétera, que les garantice cierta presencia pública o un mínimo de respaldo electoral. Así, lo mismo postulan en Chiapas a la expriista María Elena Orantes como candidata a la gubernatura, que a Manuel Bartlett, responsable de la “caída del sistema” en 1988, como candidato a senador en la primera fórmula de Puebla, o a la empresaria Cristina Sada Salinas en la misma posición, pero en Nuevo León.
En sus listas caben todos, pero, eso sí, las posiciones más seguras, las que tienen mayores probabilidades de ganar se las reservan para los líderes de las tribus o para sus familiares cercanos.
Mientras tanto, el virtual candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, batalla para empujar sus propuestas en la coalición, de manera que optó por hacerlo en el Movimiento Ciudadano –que no tendrá muchas posibilidades de colocar legisladores, pues esperan que obtenga alrededor del 3% de los sufragios, con lo cual apenas lograría colocar a dos senadores y a menos de una decena de diputados– y en el PT, que tampoco aspira a un porcentaje mucho mayor.
Inicialmente las listas de AMLO incluían a buena parte de su gabinete, pero ante el rechazo de dichas postulaciones optó por retirarlos elegantemente al declarar: “Sobre si quienes serán parte del gabinete van a ser candidatos, les digo de manera categórica que no, porque vamos a triunfar. Ellos estarán preparando los cambios que requiere el país”.
En términos generales, cada partido elabora sus propias listas plurinominales, y en el caso del PRD las tribus las acapararon sin dejarle a AMLO meter sus propuestas; en el Movimiento Ciudadano hubo más condescendencia con su abanderado presidencial y le permitieron colocar en el segundo lugar de la lista del Senado a José Agustín Pinchetti, quien sí tiene posibilidades de llegar; y en el PT también dieron preferencia a sus cuadros.
Por lo que se refiere a las candidaturas de mayoría relativa, no batallaron para ponerse de acuerdo donde no tienen prácticamente ninguna posibilidad de ganar, o en aquellos distritos que están claramente identificados con otros partidos, pero en los distritos y entidades donde las fuerzas están divididas, como en Zacatecas, Oaxaca y Distrito Federal, los partidos del Movimiento Progresista todavía están en pie de guerra, y en algunos casos ni siquiera logran integrar la propuesta, a pesar de que el tiempo ya está encima pues el registro de los candidatos se cierra el jueves 22 de marzo.
Durante 2006, cuando AMLO encabezaba las preferencias electorales en la contienda presidencial, fue él quien llevo mano en la designación de candidatos, lo cual se evidenció con la gran bancada lopezobradorista en el Congreso de la Unión, que le permitió jugar un papel crucial en la discusión de algunos proyectos de ley. Pero ahora las condiciones son muy distintas, por dos razones principales: el distanciamiento de más de dos años que ha tenido con el PRD y su actual nivel en las encuestas de preferencia electoral, donde la izquierda regresa a sus niveles históricos, muy lejos de los casi 40 puntos que alcanzaba hace apenas seis años.
En aquel entonces todos trataban de congraciarse con el “futuro presidente”. La disputa no estaba en las candidaturas, sino en la posibilidad de integrarse al equipo de gobierno; hoy, al contrario, predomina la idea de que las posibilidades son reducidas y, por lo tanto, todos quieren jugar a lo seguro con las candidaturas al Congreso de la Unión.
Por otro lado, el acercamiento con los grupos empresariales, en un intento de captar votos de esos sectores, condujeron a ceder posiciones que difícilmente alcanzarían el Congreso. Así, en Jalisco la fórmula al Senado la encabeza Carlos Lomelí Bolaños, un empresario farmacéutico, y en Nuevo León, Cristina Sada Salinas. Pero esta búsqueda de votos también se traduce en apoyar a candidatos como a Bartlett, en Puebla.
Y, así, el espectro ideológico de los candidatos del Movimiento Progresista tiene representantes en casi todos los puntos que van desde la izquierda hasta la derecha. En caso de ganar, difícilmente lograrían acuerdos, pero eso no es lo importante en estos momentos.
Donde existen verdaderas probabilidades de ganar, la lucha entre los líderes de las tribus es encarnizada, lo cual se traduce en que todavía el pasado jueves por la noche no lograban un acuerdo en la mitad de las 32 entidades, entre las que se encontraban Oaxaca, Chiapas, el Estado de México y el Distrito Federal.
Será interesante ver cuál es el efecto que produce en el electorado esta mezcla de pragmatismo, oportunismo y dogmatismo. Por lo pronto, es evidente que las tribus se reservan las mejores posiciones y que en el resto todo cabe, sin importar las consecuencias sobre la elección presidencial.
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