Francisco Garfias
Faltan siete días para que la Primera Sala de la SCJN se pronuncie sobre el proyecto del ministro Arturo Zaldívar que pide libertad “absoluta e inmediata” para Florence Cassez.
Las especulaciones están a la orden del día. Unos aseguran tener información de que ya está configurada una votación de 3 a 2 a favor del proyecto.
Otros sostienen que, sin tanto “ruido mediático”, la votación hubiese sido 4 a 1 en contra del otorgamiento de la libertad a la francesa.
Los más prudentes aseguran que nadie puede predecir cómo va a salir el proyecto, por las características y la naturaleza del asunto.
“No se puede preconfigurar un escenario por el escándalo de prensa. El que lo haga está especulando”, nos dijo un prestigiado abogado penalista.
No es la primera vez que el ministro Zaldívar sacude al máximo tribunal y llama la atención de la opinión pública.
A este “gran constitucionalista y defensor de los derechos humanos” —así lo define el abogado penalista— le gusta jugar para el graderío.
Lo demostró cuando presentó su primer proyecto en la Corte: el incendio de la guardería ABC de Hermosillo.
El hombre jaló los anhelados reflectores al responsabilizar a tres altos funcionarios de la horrible tragedia: Juan Molinar Horcasitas, ex director del IMSS; Daniel Karam, actual director, y Eduardo Bours, entonces gobernador de Sonora.
Sabemos que Zaldívar le jugó chueco al menos a uno de ellos. Antes de hacer público su proyecto, se entrevistó con él y le aseguró que no tenía de qué preocuparse. “Me engañó”, reprocha el aludido.
Los señalamientos de “protagonismo” contra Zaldívar resurgen nuevamente. Le reprochan que haya dado a conocer públicamente su proyecto, antes de presentarlo a los ministros de la Primera Sala.
-¿Y qué interés tendría ahora el ministro para pedir la liberación de Cassez? —le preguntamos al citado abogado penalista—.
-Posiblemente estimó que este era un “asunto insignia” para la defensa de los derechos humanos, por su exposición pública.
Pero no lo es, según abogados de la contraparte que analizaron el polémico proyecto.
Hacen notar que Zaldívar debió interpretar de manera directa un texto constitucional. El proyecto, sin embargo, no alude a ningún artículo de la Carta Magna.
Zaldívar presume también que los testigos mintieron.
“Eso hay que probarlo. El señor Ezequiel (uno de los secuestrados) desde el momento que se hace el operativo, le imputa. No pudo haber sido influenciado por la escenificación”, responden.
El ministro sostiene que las otras dos personas que comparecieron después cambiaron su declaración, cuando se enteraron de que la escenificación había sido falsa.
“No hay un nexo de causalidad. Si ellos estuvieron en la escenificación, sabían que era falsa. El hecho de que supieran que era falsa no iba a hacerlos cambiar de parecer”, reviran.
El proyecto de Zaldívar, subrayan, “pasa por alto” que en el expediente se encuentra acreditado que ella vivía en la casa donde estaban los secuestrados y que el teléfono de esa casa estaba a su nombre. “Había sido usado por ella porque había llamadas a Francia”.
“Ella preparaba la comida. Resulta increíble que estando allí tanto tiempo no se percatara de los secuestrados”, puntualizan.
La escenificación per se no es constitutiva de ningún delito. En México no está prohibido que se ponga a los indiciados ante los medios de comunicación.
Si el proyecto avanzara en la Corte, por el admitido montaje, establecería un peligroso precedente:
Cualquiera que haya sido presentado a los medios de comunicación, durante su detención, podría alegar que los testigos que lo imputen o los jueces que lo juzguen “están viciados.”
Y la lista incluye al JJ; a La Barbie; al 85 “y al propio Israel Vallarta (ex pareja de Cassez y líder de los famosos Zodiacos)
El proyecto —concluyen— pone en tela de juicio la objetividad e imparcialidad de todo el Poder Judicial.
Sólo hay un penalista en la Primera Sala que iniciará la discusión del polémico caso el próximo 21 de marzo: Mario Pardo Rebolledo.
Hay también una mujer con mucha experiencia penal: Olga Sánchez Cordero.
El ministro Ortiz Mayagoitia viene de la sala laboral administrativa. José Ramón Cossío se ha destacado por defender dos cosas: el debido proceso y la norma estricta, pero tampoco es penalista.
Zaldívar, ya lo vimos, es constitucionalista.
Faltan siete días para que la Primera Sala de la SCJN se pronuncie sobre el proyecto del ministro Arturo Zaldívar que pide libertad “absoluta e inmediata” para Florence Cassez.
Las especulaciones están a la orden del día. Unos aseguran tener información de que ya está configurada una votación de 3 a 2 a favor del proyecto.
Otros sostienen que, sin tanto “ruido mediático”, la votación hubiese sido 4 a 1 en contra del otorgamiento de la libertad a la francesa.
Los más prudentes aseguran que nadie puede predecir cómo va a salir el proyecto, por las características y la naturaleza del asunto.
“No se puede preconfigurar un escenario por el escándalo de prensa. El que lo haga está especulando”, nos dijo un prestigiado abogado penalista.
No es la primera vez que el ministro Zaldívar sacude al máximo tribunal y llama la atención de la opinión pública.
A este “gran constitucionalista y defensor de los derechos humanos” —así lo define el abogado penalista— le gusta jugar para el graderío.
Lo demostró cuando presentó su primer proyecto en la Corte: el incendio de la guardería ABC de Hermosillo.
El hombre jaló los anhelados reflectores al responsabilizar a tres altos funcionarios de la horrible tragedia: Juan Molinar Horcasitas, ex director del IMSS; Daniel Karam, actual director, y Eduardo Bours, entonces gobernador de Sonora.
Sabemos que Zaldívar le jugó chueco al menos a uno de ellos. Antes de hacer público su proyecto, se entrevistó con él y le aseguró que no tenía de qué preocuparse. “Me engañó”, reprocha el aludido.
Los señalamientos de “protagonismo” contra Zaldívar resurgen nuevamente. Le reprochan que haya dado a conocer públicamente su proyecto, antes de presentarlo a los ministros de la Primera Sala.
-¿Y qué interés tendría ahora el ministro para pedir la liberación de Cassez? —le preguntamos al citado abogado penalista—.
-Posiblemente estimó que este era un “asunto insignia” para la defensa de los derechos humanos, por su exposición pública.
Pero no lo es, según abogados de la contraparte que analizaron el polémico proyecto.
Hacen notar que Zaldívar debió interpretar de manera directa un texto constitucional. El proyecto, sin embargo, no alude a ningún artículo de la Carta Magna.
Zaldívar presume también que los testigos mintieron.
“Eso hay que probarlo. El señor Ezequiel (uno de los secuestrados) desde el momento que se hace el operativo, le imputa. No pudo haber sido influenciado por la escenificación”, responden.
El ministro sostiene que las otras dos personas que comparecieron después cambiaron su declaración, cuando se enteraron de que la escenificación había sido falsa.
“No hay un nexo de causalidad. Si ellos estuvieron en la escenificación, sabían que era falsa. El hecho de que supieran que era falsa no iba a hacerlos cambiar de parecer”, reviran.
El proyecto de Zaldívar, subrayan, “pasa por alto” que en el expediente se encuentra acreditado que ella vivía en la casa donde estaban los secuestrados y que el teléfono de esa casa estaba a su nombre. “Había sido usado por ella porque había llamadas a Francia”.
“Ella preparaba la comida. Resulta increíble que estando allí tanto tiempo no se percatara de los secuestrados”, puntualizan.
La escenificación per se no es constitutiva de ningún delito. En México no está prohibido que se ponga a los indiciados ante los medios de comunicación.
Si el proyecto avanzara en la Corte, por el admitido montaje, establecería un peligroso precedente:
Cualquiera que haya sido presentado a los medios de comunicación, durante su detención, podría alegar que los testigos que lo imputen o los jueces que lo juzguen “están viciados.”
Y la lista incluye al JJ; a La Barbie; al 85 “y al propio Israel Vallarta (ex pareja de Cassez y líder de los famosos Zodiacos)
El proyecto —concluyen— pone en tela de juicio la objetividad e imparcialidad de todo el Poder Judicial.
Sólo hay un penalista en la Primera Sala que iniciará la discusión del polémico caso el próximo 21 de marzo: Mario Pardo Rebolledo.
Hay también una mujer con mucha experiencia penal: Olga Sánchez Cordero.
El ministro Ortiz Mayagoitia viene de la sala laboral administrativa. José Ramón Cossío se ha destacado por defender dos cosas: el debido proceso y la norma estricta, pero tampoco es penalista.
Zaldívar, ya lo vimos, es constitucionalista.
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