Raymundo Riva Palacio
La Suprema Corte de Justicia, que este miércoles discutirá en su Primera Sala el caso más polémico y controversial que jamás haya tenido, medido en la forma como la sociedad política se dividió y enfrentó en las dos últimas semanas por el tema de la posible liberación de Florence Cassez, se juega algo que no se ha evaluado en la opinión pública todavía, su credibilidad. Cómo resolverán los cinco ministros de la Primera Sala sus discrepancias jurídicas, será tan importante como la forma como lo procesan y justifican sus posiciones.
El proyecto de resolución del ministro Arturo Zaldívar que pide la liberación inmediata de Cassez por fallas en el debido proceso, extrapoló en la Corte la división nacional, pero por la forma como difundió su predictamen. Sus pares lo critican por entregar el proyecto a los medios antes de publicarlo oficialmente en el portal de la Suprema Corte, con lo cual, señalan, incurrió en la misma falla de la que acusa a la autoridad: indujo a la opinión pública a pensar en la dirección que Cassez tiene que ser liberada.
El procedimiento de Zaldívar, que se atribuyó esa responsabilidad como presidente de la Primera Sala, fue el primer elemento de discordia. El segundo, según personas que hablaron con ministros, es que la forma como presentó el proyecto jugó más para la galería pública que para el análisis jurídico del caso. Cuestionan, al igual que una corriente de pensamiento, que la estructura del proyecto fue elaborada de manera que obviara la discusión sobre técnica jurídica y ubicarla discusión en el terreno garantista de los derechos humanos, que ha caracterizado a esta etapa de la Corte.
De esta forma, explican, el proyecto de resolución no planteó de manera central las contradicciones constitucionales que afirma Zaldívar incurrieron las tres instancias judiciales que sentenciaron y ratificaron la pena para Cassez, pero incorporó uno de los alegatos más complejos a resolver en una discusión pública, por sus consecuencias, que se refiere al “efecto corruptor” que planteó el ministro por la escenificación mediática que se hizo de la liberación de los secuestrados.
Zaldívar utiliza un argumento persuasivo, el del verdulero Leonardo Valdés, que se presentó espontáneamente ante la autoridad para señalar culposamente a Cassez, sólo después de ver su fotografía en la televisión como una secuestradora. De aceptarse este argumento, dicen sus críticos, se sienta el precedente de que cualquier acusado por un crimen con exposición mediática, pueda alegar que su sentencia fue inducida por la televisión y genere una lluvia de amparos para que se revisen otros casos criminales.
Varios expertos alegan que el “efecto corruptor” no puede sostener que su eventual impacto alterara el punto de vista de tres instancias judiciales y eliminara las testimoniales, tuviera una vida de siete años –desde que se detuvo a Cassez-, y que fuera superior a los testimonios de las víctimas. Zaldívar les hizo creer a los ministros que las declaraciones de las víctimas se habían alterado, pero en los últimos días las víctimas visitaron a varios de ellos para exponer su realidad y contradecir al ministro ponente.
La Suprema Corte, no sólo la Primera Sala, enfrenta un dilema que traslapa la discusión jurídica con la opinión pública. La parte más beligerante se encuentra en los medios, donde juristas y expertos consideran que Cassez debe ser liberada porque no tuvo la protección de las garantías individuales que establece la Constitución. Esto es lo que se llama el debido proceso que, por ejemplo, le dio la libertad a la celebridad O.J. Simpson, acusado del asesinato de su esposa, porque durante la policía violó sus derechos constitucionales. Los estadounidenses estaban seguros que era culpable –la verdad pública-, pero el jurado popular lo liberó del crimen –la verdad jurídica-. En el caso Cassez, la verdad pública de más del 85% de los mexicanos, según una encuesta de Parametría, es que la francesa es culpable, y más del 80%, según estudios en la Suprema Corte, dicen que deben fallar en contra del proyecto Zaldívar.
La discusión no debe regirse por la opinión pública, sino por la técnica jurídica, en cualquier sentido que vaya la decisión final. En todo caso, la Corte sufrirá en su imagen ante un entorno tan polarizado, y eso es lo que no quieren los ministros que pase. Por ello, es posible que la discusión de este miércoles no sea abierta al público, y que los alegatos a favor y en contra queden sellados. También es posible que decidan no liberarla, pero sin resolver el proyecto de Zaldívar, sino mediante la reposición del proceso y regresar el caso a que un juez cargue con el costo político del fallo.
Es decir, los ministros se lavarían las manos y buscarían quedar bien con todos. Este sería el peor escenario para todos, menos para ellos, donde el daño a su imagen no es una consideración trivial, y tratarían de mantener la credibilidad, paradójicamente, siempre débil y frágil cuando abordan casos altamente mediatizados, que los coloca en un aparador público que saben que va a juzgar cómo deciden.
La Suprema Corte de Justicia, que este miércoles discutirá en su Primera Sala el caso más polémico y controversial que jamás haya tenido, medido en la forma como la sociedad política se dividió y enfrentó en las dos últimas semanas por el tema de la posible liberación de Florence Cassez, se juega algo que no se ha evaluado en la opinión pública todavía, su credibilidad. Cómo resolverán los cinco ministros de la Primera Sala sus discrepancias jurídicas, será tan importante como la forma como lo procesan y justifican sus posiciones.
El proyecto de resolución del ministro Arturo Zaldívar que pide la liberación inmediata de Cassez por fallas en el debido proceso, extrapoló en la Corte la división nacional, pero por la forma como difundió su predictamen. Sus pares lo critican por entregar el proyecto a los medios antes de publicarlo oficialmente en el portal de la Suprema Corte, con lo cual, señalan, incurrió en la misma falla de la que acusa a la autoridad: indujo a la opinión pública a pensar en la dirección que Cassez tiene que ser liberada.
El procedimiento de Zaldívar, que se atribuyó esa responsabilidad como presidente de la Primera Sala, fue el primer elemento de discordia. El segundo, según personas que hablaron con ministros, es que la forma como presentó el proyecto jugó más para la galería pública que para el análisis jurídico del caso. Cuestionan, al igual que una corriente de pensamiento, que la estructura del proyecto fue elaborada de manera que obviara la discusión sobre técnica jurídica y ubicarla discusión en el terreno garantista de los derechos humanos, que ha caracterizado a esta etapa de la Corte.
De esta forma, explican, el proyecto de resolución no planteó de manera central las contradicciones constitucionales que afirma Zaldívar incurrieron las tres instancias judiciales que sentenciaron y ratificaron la pena para Cassez, pero incorporó uno de los alegatos más complejos a resolver en una discusión pública, por sus consecuencias, que se refiere al “efecto corruptor” que planteó el ministro por la escenificación mediática que se hizo de la liberación de los secuestrados.
Zaldívar utiliza un argumento persuasivo, el del verdulero Leonardo Valdés, que se presentó espontáneamente ante la autoridad para señalar culposamente a Cassez, sólo después de ver su fotografía en la televisión como una secuestradora. De aceptarse este argumento, dicen sus críticos, se sienta el precedente de que cualquier acusado por un crimen con exposición mediática, pueda alegar que su sentencia fue inducida por la televisión y genere una lluvia de amparos para que se revisen otros casos criminales.
Varios expertos alegan que el “efecto corruptor” no puede sostener que su eventual impacto alterara el punto de vista de tres instancias judiciales y eliminara las testimoniales, tuviera una vida de siete años –desde que se detuvo a Cassez-, y que fuera superior a los testimonios de las víctimas. Zaldívar les hizo creer a los ministros que las declaraciones de las víctimas se habían alterado, pero en los últimos días las víctimas visitaron a varios de ellos para exponer su realidad y contradecir al ministro ponente.
La Suprema Corte, no sólo la Primera Sala, enfrenta un dilema que traslapa la discusión jurídica con la opinión pública. La parte más beligerante se encuentra en los medios, donde juristas y expertos consideran que Cassez debe ser liberada porque no tuvo la protección de las garantías individuales que establece la Constitución. Esto es lo que se llama el debido proceso que, por ejemplo, le dio la libertad a la celebridad O.J. Simpson, acusado del asesinato de su esposa, porque durante la policía violó sus derechos constitucionales. Los estadounidenses estaban seguros que era culpable –la verdad pública-, pero el jurado popular lo liberó del crimen –la verdad jurídica-. En el caso Cassez, la verdad pública de más del 85% de los mexicanos, según una encuesta de Parametría, es que la francesa es culpable, y más del 80%, según estudios en la Suprema Corte, dicen que deben fallar en contra del proyecto Zaldívar.
La discusión no debe regirse por la opinión pública, sino por la técnica jurídica, en cualquier sentido que vaya la decisión final. En todo caso, la Corte sufrirá en su imagen ante un entorno tan polarizado, y eso es lo que no quieren los ministros que pase. Por ello, es posible que la discusión de este miércoles no sea abierta al público, y que los alegatos a favor y en contra queden sellados. También es posible que decidan no liberarla, pero sin resolver el proyecto de Zaldívar, sino mediante la reposición del proceso y regresar el caso a que un juez cargue con el costo político del fallo.
Es decir, los ministros se lavarían las manos y buscarían quedar bien con todos. Este sería el peor escenario para todos, menos para ellos, donde el daño a su imagen no es una consideración trivial, y tratarían de mantener la credibilidad, paradójicamente, siempre débil y frágil cuando abordan casos altamente mediatizados, que los coloca en un aparador público que saben que va a juzgar cómo deciden.
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