Alejandra Cullen Benítez
A diferencia de nuestras instituciones, la sociedad se despierta. Las discusiones entorno al caso Cassez lo demuestran. En febrero de 2011, según Parametría, 74% de los mexicanos consideraban a la francesa culpable. Para 2012, GEA ISA calcula 58%. Algunos periodistas y ciudadanos exaltan la xenofobia, el victimismo, la disposición a aceptar abusos individuales ante la venganza colectiva. Otros apelan a la razón, al sentido común. Analizan las implicaciones del caso, destacan sus irregularidades y evidencian los abusos perpetrados. Otros más se erigen en jueces y aseguran la culpabilidad o inocencia de Cassez con certeza divina. La sociedad se manifiesta. Viva y en plena transformación discute, levanta la voz.
Pero la justicia no se basa en creencias u opiniones, ni está sujeta a elección popular o a visiones celestiales. La culpabilidad de un individuo se demuestra con una combinación de pruebas técnicas (periciales) y testimonios de testigos y víctimas, no con percepciones.
En toda democracia, se protege al inocente. Para quitar la libertad a un individuo debe haber pruebas irrefutables del peligro que éste representa para la sociedad. Se garantizan sus derechos y se prioriza la presunción de inocencia para evitar la fabricación de culpables. Eso es lo que discutirá la Corte mañana.
Lo que sorprende es la respuesta del ejecutivo: la defensa a ultranza de un método discrecional para procurar justicia y de los que lo instrumentaron. Este gobierno está dispuesto a corromper instituciones, a romper el equilibrio y respeto de los poderes con tal de validar sus errores.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, teóricamente autónoma, se desequilibró. Abandonó su rol de proteger tanto a víctimas como victimarios de los abusos de las autoridades. Defiende a las víctimas, sin considerar los abusos cometidos contra la indiciada.
El presidente desbordado, incapaz de rebatir el proyecto del ministro Zaldívar con argumentos legales optó por descalificar de antemano al poder judicial. Busca elevar el costo político de una decisión contraria a sus intereses. Los acusa prematuramente de liberar a quien él considera culpable. Sin respeto por el equilibrio de poderes, con flagrante intromisión, exige que aplique su criterio de justicia: “Justicia que implica la obligación elemental de que quien cometa un delito sea verdaderamente juzgado y castigado y que nunca la interpretación de la ley sea la rendija por donde escape nuevamente la impunidad, …”. Defiende la impunidad con la que su equipo trabajó.
Calderón busca pasar al poder judicial los costos de sus errores. No acepta los abusos de sus policías, ni su incapacidad para construir casos sólidos porque se sabe el responsable último de las atrocidades. Él apostó por una guerra de balas y no de leyes. Subestimó la procuración de justicia, construyó una policía sin obligarle a trabajar con un ministerio público sólido, que demuestre, con pruebas técnicas, la culpabilidad de los indiciados. Las asignaciones presupuestales revelan sus prioridades. Entre 2005 y 2011, el presupuesto de la PGR creció 23% contra 74% de la SSPF. Por eso les alcanza para presumir capturados, no para demostrar su culpabilidad.
La moneda está en el aire. Es momento para que la Suprema Corte demuestre su autonomía y fortaleza. Su valor no depende de los aplausos sino de la calidad de sus decisiones. Ojalá tenga la fuerza para resistir las innumerables presiones y restablecer el equilibrio de poderes. Alguien tiene que frenarlos.
A diferencia de nuestras instituciones, la sociedad se despierta. Las discusiones entorno al caso Cassez lo demuestran. En febrero de 2011, según Parametría, 74% de los mexicanos consideraban a la francesa culpable. Para 2012, GEA ISA calcula 58%. Algunos periodistas y ciudadanos exaltan la xenofobia, el victimismo, la disposición a aceptar abusos individuales ante la venganza colectiva. Otros apelan a la razón, al sentido común. Analizan las implicaciones del caso, destacan sus irregularidades y evidencian los abusos perpetrados. Otros más se erigen en jueces y aseguran la culpabilidad o inocencia de Cassez con certeza divina. La sociedad se manifiesta. Viva y en plena transformación discute, levanta la voz.
Pero la justicia no se basa en creencias u opiniones, ni está sujeta a elección popular o a visiones celestiales. La culpabilidad de un individuo se demuestra con una combinación de pruebas técnicas (periciales) y testimonios de testigos y víctimas, no con percepciones.
En toda democracia, se protege al inocente. Para quitar la libertad a un individuo debe haber pruebas irrefutables del peligro que éste representa para la sociedad. Se garantizan sus derechos y se prioriza la presunción de inocencia para evitar la fabricación de culpables. Eso es lo que discutirá la Corte mañana.
Lo que sorprende es la respuesta del ejecutivo: la defensa a ultranza de un método discrecional para procurar justicia y de los que lo instrumentaron. Este gobierno está dispuesto a corromper instituciones, a romper el equilibrio y respeto de los poderes con tal de validar sus errores.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, teóricamente autónoma, se desequilibró. Abandonó su rol de proteger tanto a víctimas como victimarios de los abusos de las autoridades. Defiende a las víctimas, sin considerar los abusos cometidos contra la indiciada.
El presidente desbordado, incapaz de rebatir el proyecto del ministro Zaldívar con argumentos legales optó por descalificar de antemano al poder judicial. Busca elevar el costo político de una decisión contraria a sus intereses. Los acusa prematuramente de liberar a quien él considera culpable. Sin respeto por el equilibrio de poderes, con flagrante intromisión, exige que aplique su criterio de justicia: “Justicia que implica la obligación elemental de que quien cometa un delito sea verdaderamente juzgado y castigado y que nunca la interpretación de la ley sea la rendija por donde escape nuevamente la impunidad, …”. Defiende la impunidad con la que su equipo trabajó.
Calderón busca pasar al poder judicial los costos de sus errores. No acepta los abusos de sus policías, ni su incapacidad para construir casos sólidos porque se sabe el responsable último de las atrocidades. Él apostó por una guerra de balas y no de leyes. Subestimó la procuración de justicia, construyó una policía sin obligarle a trabajar con un ministerio público sólido, que demuestre, con pruebas técnicas, la culpabilidad de los indiciados. Las asignaciones presupuestales revelan sus prioridades. Entre 2005 y 2011, el presupuesto de la PGR creció 23% contra 74% de la SSPF. Por eso les alcanza para presumir capturados, no para demostrar su culpabilidad.
La moneda está en el aire. Es momento para que la Suprema Corte demuestre su autonomía y fortaleza. Su valor no depende de los aplausos sino de la calidad de sus decisiones. Ojalá tenga la fuerza para resistir las innumerables presiones y restablecer el equilibrio de poderes. Alguien tiene que frenarlos.
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