José Antonio Crespo / Horizonte Político
Que en el caso de Florence Cassez se sostenga que para defender el derecho de las víctimas a la justicia se vale vulnerar el derecho de los acusados, me parece típico de la República Bananera que históricamente hemos sido. Sin embargo, la Suprema Corte podría sentar un precedente importante a partir del cual quizá iniciemos el camino a la civilización jurídica. El proceso legal aplicado a la francesa fue un auténtico cochinero, de los pies a la cabeza. Recuerda el caso publicitado en el documental Presunto culpable. Preocupa que una activista como Isabel Miranda de Wallace avale ese cochinero (mucho me temo que las víctimas que busca proteger son Genaro García Luna y Felipe Calderón). Tranquiliza que sus posibilidades de llegar al gobierno capitalino sean remotas. Una síntesis del expediente respectivo lo realizó Héctor de Mauleón, y lo publicó en 2011 en la revista Nexos (“La verdad secuestrada”). De ese informe se desprende:
A) El parte policial destaca que el rescate de tres víctimas de secuestro en el rancho Las Chinitas ocurrió a las 7:15 del 9 de diciembre de 2005, pero media hora antes la televisión ya estaba transmitiendo en vivo “el rescate”. B) En la entrevista que dio una de las víctimas, Cristina Ríos, declaró no haber visto jamás a los plagiarios y por tanto no ser capaz de identificarlos “ni por su tono de voz”. Mientras tanto, el director de Operaciones Especiales de la AFI, Javier Garza, declaraba a TV Azteca que “según las víctimas, (Cassez) es la que les atendía”, con lo cual empezó la manipulación de los testimonios. Más tarde, el agente Carlos Servín declaró que el rescate “no sucedió como se observa en las tomas de televisión. La víctima no tenía ninguna venda. Las armas no estaban en el cuarto y las credenciales de elector ahí no estaban”. Tampoco había ningún alto mando de la AFI, como sí los hubo en el montaje (y, entrevistados por las televisoras, daban detalles del operativo y ya atribuían culpas).
C) Días más tarde, en el programa de Denisse Maerker, García Luna acepta que se trató de un montaje solicitado por los periodistas. En esa emisión, se recibió el telefonema de Cassez asegurando que García Luna mentía, pues no había sido detenida el día nueve, sino antes, y retenida por 20 horas. García Luna respondió que “Si prestáramos oído a los criminales, todos se dirían inocentes”, lo que dejaba en claro que a Cassez le negaba la presunción de inocencia. D) No parece casual que días después de ese programa, las víctimas hayan cambiado su testimonio respecto de Cassez. Christian, el niño plagiado de doce años, cuando el día del montaje le presentaron a la francesa, había dicho “No la reconozco físicamente, ni por su voz”. Después del programa dijo haber recordado la presencia de “una mujer con voz extranjera, con acento raro”. Ocurrió lo mismo con Cristina Valladares; al ser liberada, declaró no conocer a Cassez, sino ser la primera vez que la veía, ni reconoció la voz. Pero tras el programa de Maerker dijo recordar que la persona que sacó sangre al niño no era un doctor (como había dicho previamente) sino “una persona del sexo femenino que hablaba con acento raro”.
E) Otro de los plagiados, Ezequiel Elizalde, había declarado que Cassez le inyectó el dedo con propósito de amputarlo (lo que no sucedió) y enseñó el piquete para validar su testimonio. Pero medio año después el piquete persistía, y un peritaje mostró que no correspondía a una inyección, sino era una mancha en la piel de nacimiento, con lo que se ponía en duda ese testimonio. El magistrado del caso desdeñó el peritaje. Elizalde, según el dictamen médico oficial del 9 de diciembre, presentaba señas de tortura al igual que el exnovio de Cassez, Israel Vallarta. F) En mayo de 2009, fue detenido otro de los secuestradores, David Orozco. Declaró en un video que Cassez se había integrado a la banda en 2004. Pero Orozco después negó esa declaración, la cual dijo haber emitido bajo tortura (de los cual en efecto mostraba huellas, según el dictamen médico). G) Indicios y testimonios apuntan a la participación directa en el secuestro de José Fernando y Marco Antonio Rueda Cacho, y Édgar Rueda Parra, pariente de los secuestrados, y sin embargo nunca se les detuvo o investigó, y siguen libres.
Si los derechos de las víctimas a la justicia fueran violentados, el responsable de ello no se llama Arturo Zaldívar, sino Genaro García Luna. Pero las víctimas habrían puesto también su parte, al modificar radicalmente sus primeras declaraciones, lo que enturbia el proceso y da lugar a dudas razonables sobre la culpabilidad de Cassez.
Que en el caso de Florence Cassez se sostenga que para defender el derecho de las víctimas a la justicia se vale vulnerar el derecho de los acusados, me parece típico de la República Bananera que históricamente hemos sido. Sin embargo, la Suprema Corte podría sentar un precedente importante a partir del cual quizá iniciemos el camino a la civilización jurídica. El proceso legal aplicado a la francesa fue un auténtico cochinero, de los pies a la cabeza. Recuerda el caso publicitado en el documental Presunto culpable. Preocupa que una activista como Isabel Miranda de Wallace avale ese cochinero (mucho me temo que las víctimas que busca proteger son Genaro García Luna y Felipe Calderón). Tranquiliza que sus posibilidades de llegar al gobierno capitalino sean remotas. Una síntesis del expediente respectivo lo realizó Héctor de Mauleón, y lo publicó en 2011 en la revista Nexos (“La verdad secuestrada”). De ese informe se desprende:
A) El parte policial destaca que el rescate de tres víctimas de secuestro en el rancho Las Chinitas ocurrió a las 7:15 del 9 de diciembre de 2005, pero media hora antes la televisión ya estaba transmitiendo en vivo “el rescate”. B) En la entrevista que dio una de las víctimas, Cristina Ríos, declaró no haber visto jamás a los plagiarios y por tanto no ser capaz de identificarlos “ni por su tono de voz”. Mientras tanto, el director de Operaciones Especiales de la AFI, Javier Garza, declaraba a TV Azteca que “según las víctimas, (Cassez) es la que les atendía”, con lo cual empezó la manipulación de los testimonios. Más tarde, el agente Carlos Servín declaró que el rescate “no sucedió como se observa en las tomas de televisión. La víctima no tenía ninguna venda. Las armas no estaban en el cuarto y las credenciales de elector ahí no estaban”. Tampoco había ningún alto mando de la AFI, como sí los hubo en el montaje (y, entrevistados por las televisoras, daban detalles del operativo y ya atribuían culpas).
C) Días más tarde, en el programa de Denisse Maerker, García Luna acepta que se trató de un montaje solicitado por los periodistas. En esa emisión, se recibió el telefonema de Cassez asegurando que García Luna mentía, pues no había sido detenida el día nueve, sino antes, y retenida por 20 horas. García Luna respondió que “Si prestáramos oído a los criminales, todos se dirían inocentes”, lo que dejaba en claro que a Cassez le negaba la presunción de inocencia. D) No parece casual que días después de ese programa, las víctimas hayan cambiado su testimonio respecto de Cassez. Christian, el niño plagiado de doce años, cuando el día del montaje le presentaron a la francesa, había dicho “No la reconozco físicamente, ni por su voz”. Después del programa dijo haber recordado la presencia de “una mujer con voz extranjera, con acento raro”. Ocurrió lo mismo con Cristina Valladares; al ser liberada, declaró no conocer a Cassez, sino ser la primera vez que la veía, ni reconoció la voz. Pero tras el programa de Maerker dijo recordar que la persona que sacó sangre al niño no era un doctor (como había dicho previamente) sino “una persona del sexo femenino que hablaba con acento raro”.
E) Otro de los plagiados, Ezequiel Elizalde, había declarado que Cassez le inyectó el dedo con propósito de amputarlo (lo que no sucedió) y enseñó el piquete para validar su testimonio. Pero medio año después el piquete persistía, y un peritaje mostró que no correspondía a una inyección, sino era una mancha en la piel de nacimiento, con lo que se ponía en duda ese testimonio. El magistrado del caso desdeñó el peritaje. Elizalde, según el dictamen médico oficial del 9 de diciembre, presentaba señas de tortura al igual que el exnovio de Cassez, Israel Vallarta. F) En mayo de 2009, fue detenido otro de los secuestradores, David Orozco. Declaró en un video que Cassez se había integrado a la banda en 2004. Pero Orozco después negó esa declaración, la cual dijo haber emitido bajo tortura (de los cual en efecto mostraba huellas, según el dictamen médico). G) Indicios y testimonios apuntan a la participación directa en el secuestro de José Fernando y Marco Antonio Rueda Cacho, y Édgar Rueda Parra, pariente de los secuestrados, y sin embargo nunca se les detuvo o investigó, y siguen libres.
Si los derechos de las víctimas a la justicia fueran violentados, el responsable de ello no se llama Arturo Zaldívar, sino Genaro García Luna. Pero las víctimas habrían puesto también su parte, al modificar radicalmente sus primeras declaraciones, lo que enturbia el proceso y da lugar a dudas razonables sobre la culpabilidad de Cassez.
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