Carlos Ramírez / Indicador Político
La declaración contundente del general Charles Jacoby de que “es inaceptable la cifra de muertos en México” debió ser contrastada por los medios mexicanos con las cifras de civiles muertos por el ejército estadunidense en Irak y Afganistán en los años de la invasión: 450 mil personas inocentes asesinadas por tropas invasoras sin que nadie le exija cuentas a la Casa Blanca.
Pero el pronunciamiento del general en jefe del Comando Norte de los EU se localizó en el escenario de las presiones de Washington incorporar a militares estadounidenses en la lucha mexicana contra el crimen organizado. En el fondo, la declaración del general Jacoby sólo mostró las diferencias de objetivos entre la estrategia mexicana y la estrategia estadounidense: Washington busca defender la hegemonía de los EU y México busca proteger el sistema democrático.
El 10 de marzo pasado, el general secretario de la Defensa Nacional de México, Guillermo Galván Galván, reiteró los tres componentes básicos de la lucha del Gobierno mexicano contra el crimen organizado: Enfrentar y someter a los criminales, reconstruir las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia y reconstruir el tejido social.
El general Jacoby, en cambio, retomó la directiva del presidente Obama y señaló que el Ejército de los EU busca “sostener el liderazgo mundial de los EU”. Para ello, el Gobierno de los EU acaba de aprobar, por ejemplo, la Ley de Defensa Nacional con todo y las leyes patrióticas de Bush pero más aún el procurador Eric Holder --acosado por su papel en la fallida Operación Rápido y Furioso-- dijo hace una semana en un discurso oficial en la Universidad de Northwestern que el Gobierno de los Estados Unidos puede asesinar a ciudadanos estadounidenses sin necesidad de cargos, refiriéndose al estadounidense Anwar Awlaki asesinado por la CIA sin juicio por pertenecer al mando de al-Qaida.
En su discurso, Holder fue muy claro en temas que en México causan ronchas: La seguridad nacional definida por la Casa Blanca permite como política común el asesinato, los arrestos sin orden de aprehensión, la tortura, los cateos y tribunales militares para civiles. Las palabras de Holder fueron claras, dejando claro que el presidente y sus colaboradores judiciales son juez, jurado y verdugo:
“Algunos han argumentado que el presidente (Obama) está obligado a obtener el permiso de un tribunal federal antes de tomar medidas contra un ciudadano de los EU que es un alto dirigente operativo de al-Qaida o de fuerzas asociadas. Esto simplemente no es exacto. El “debido proceso” y el “proceso judicial” no son la misma cosa, sobre todo cuando se trata de seguridad nacional. La Constitución garantiza el debido proceso, no un proceso judicial”.
El general Jacoby ascendió a la jefatura del Comando Norte después de su papel en Irak y Afganistán, donde ha habido, durante la ocupación del Ejército de los EU, 450 mil civiles asesinados sin que nadie pague por ello y sin que ninguna organización de derechos humanos condene el abuso. Esta semana un soldado estadounidense asesinó públicamente a dieciséis afganos.
La declaración intervencionista del general Jacoby sobre la estrategia mexicana de lucha contra el crimen organizado se basa justamente en la política de seguridad de los EU que no respeta fronteras y sobre todo la orden ejecutiva del propio presidente Obama del pasado 25 de julio declarando la “emergencia nacional” por la amenaza de cárteles mexicanos dentro de los EU. Pero en lugar de combatir a las bandas en territorio estadounidense, la Casa Blanca ha decidido perseguirlos en otros países.
La función oficial del Comando Norte es clara: “El Comando Norte anticipa y lleva a cabo operaciones para disuadir, prevenir y derrotar las amenazas y la agresión dirigidas a los EU, sus territorios e intereses dentro de su área de responsabilidades. Y el área de acción del Comando Norte es proteger los intereses de los EU en Alaska, Canadá, los Estados Unidos, México, Golfo de México y Estrecho de Florida”. Su tarea es integral, al grado de que agentes del FBI, la CIA, la Agencia de Inteligencia Militar, la Agencia de Seguridad Nacional y otras tienen oficinas dentro de las instalaciones del Comando Norte.
El general Jacoby sabe muy bien de los abusos del poder militar. En el 2004 fue enviado a Afganistán a investigar la muerte sospechosa de detenidos en prisiones estadunidenses en ese país del medio oriente por torturas, una historia que viene desde Abu Graib y luego se extendió con el memorándum oficial del secretario de Defensa de Bush, Donald Rumsfeld, autorizando grados de tortura a detenidos para obtener información.
La investigación militar a cargo de Jacoby redactó un informe interno que fue clasificado como secreto, aunque dos voceros del ejército de los EU declararon que “no se encontró evidencia de abuso ni hubo evidencia alguna de que se autoricen torturas y abusos por parte de altos mandos”.
La intención de los militares de los EU es extender a México la relación militar con Canadá. En su declaración del 6 de marzo, el general Jacoby habló de una estrategia militar conjunta EU-Canadá y afirmó que “Canadá es un socio de confianza con quien compartimos la defensa del continente”. Los EU y Canadá ya firmaron un Plan de Asistencia Civil y un Plan de Defensa combinada, con “niveles de cooperación sin precedentes”, para avanzar en “la seguridad continental y la estabilidad”. Entre los dos países existe lo que los EU quieren para México: “Una relación militar-a-militar”, sin pasar por mandos civiles.
El problema es que los intereses estratégicos y de definición interna de México son diferentes a los geopolíticos de los EU. Obama los define con claridad en la directriz sobre liderazgo mundial: “Hemos llevadas a cabo operaciones prolongadas en Irak y Afganistán para llevar la estabilidad a los países y proteger nuestros intereses”. Y los altos mandos militares se mueven hacia ese objetivo. México, en cambio, tiene principios de política exterior radicalmente diferentes a los de Washington. Por eso las presiones del Ejército de los EU.
La declaración contundente del general Charles Jacoby de que “es inaceptable la cifra de muertos en México” debió ser contrastada por los medios mexicanos con las cifras de civiles muertos por el ejército estadunidense en Irak y Afganistán en los años de la invasión: 450 mil personas inocentes asesinadas por tropas invasoras sin que nadie le exija cuentas a la Casa Blanca.
Pero el pronunciamiento del general en jefe del Comando Norte de los EU se localizó en el escenario de las presiones de Washington incorporar a militares estadounidenses en la lucha mexicana contra el crimen organizado. En el fondo, la declaración del general Jacoby sólo mostró las diferencias de objetivos entre la estrategia mexicana y la estrategia estadounidense: Washington busca defender la hegemonía de los EU y México busca proteger el sistema democrático.
El 10 de marzo pasado, el general secretario de la Defensa Nacional de México, Guillermo Galván Galván, reiteró los tres componentes básicos de la lucha del Gobierno mexicano contra el crimen organizado: Enfrentar y someter a los criminales, reconstruir las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia y reconstruir el tejido social.
El general Jacoby, en cambio, retomó la directiva del presidente Obama y señaló que el Ejército de los EU busca “sostener el liderazgo mundial de los EU”. Para ello, el Gobierno de los EU acaba de aprobar, por ejemplo, la Ley de Defensa Nacional con todo y las leyes patrióticas de Bush pero más aún el procurador Eric Holder --acosado por su papel en la fallida Operación Rápido y Furioso-- dijo hace una semana en un discurso oficial en la Universidad de Northwestern que el Gobierno de los Estados Unidos puede asesinar a ciudadanos estadounidenses sin necesidad de cargos, refiriéndose al estadounidense Anwar Awlaki asesinado por la CIA sin juicio por pertenecer al mando de al-Qaida.
En su discurso, Holder fue muy claro en temas que en México causan ronchas: La seguridad nacional definida por la Casa Blanca permite como política común el asesinato, los arrestos sin orden de aprehensión, la tortura, los cateos y tribunales militares para civiles. Las palabras de Holder fueron claras, dejando claro que el presidente y sus colaboradores judiciales son juez, jurado y verdugo:
“Algunos han argumentado que el presidente (Obama) está obligado a obtener el permiso de un tribunal federal antes de tomar medidas contra un ciudadano de los EU que es un alto dirigente operativo de al-Qaida o de fuerzas asociadas. Esto simplemente no es exacto. El “debido proceso” y el “proceso judicial” no son la misma cosa, sobre todo cuando se trata de seguridad nacional. La Constitución garantiza el debido proceso, no un proceso judicial”.
El general Jacoby ascendió a la jefatura del Comando Norte después de su papel en Irak y Afganistán, donde ha habido, durante la ocupación del Ejército de los EU, 450 mil civiles asesinados sin que nadie pague por ello y sin que ninguna organización de derechos humanos condene el abuso. Esta semana un soldado estadounidense asesinó públicamente a dieciséis afganos.
La declaración intervencionista del general Jacoby sobre la estrategia mexicana de lucha contra el crimen organizado se basa justamente en la política de seguridad de los EU que no respeta fronteras y sobre todo la orden ejecutiva del propio presidente Obama del pasado 25 de julio declarando la “emergencia nacional” por la amenaza de cárteles mexicanos dentro de los EU. Pero en lugar de combatir a las bandas en territorio estadounidense, la Casa Blanca ha decidido perseguirlos en otros países.
La función oficial del Comando Norte es clara: “El Comando Norte anticipa y lleva a cabo operaciones para disuadir, prevenir y derrotar las amenazas y la agresión dirigidas a los EU, sus territorios e intereses dentro de su área de responsabilidades. Y el área de acción del Comando Norte es proteger los intereses de los EU en Alaska, Canadá, los Estados Unidos, México, Golfo de México y Estrecho de Florida”. Su tarea es integral, al grado de que agentes del FBI, la CIA, la Agencia de Inteligencia Militar, la Agencia de Seguridad Nacional y otras tienen oficinas dentro de las instalaciones del Comando Norte.
El general Jacoby sabe muy bien de los abusos del poder militar. En el 2004 fue enviado a Afganistán a investigar la muerte sospechosa de detenidos en prisiones estadunidenses en ese país del medio oriente por torturas, una historia que viene desde Abu Graib y luego se extendió con el memorándum oficial del secretario de Defensa de Bush, Donald Rumsfeld, autorizando grados de tortura a detenidos para obtener información.
La investigación militar a cargo de Jacoby redactó un informe interno que fue clasificado como secreto, aunque dos voceros del ejército de los EU declararon que “no se encontró evidencia de abuso ni hubo evidencia alguna de que se autoricen torturas y abusos por parte de altos mandos”.
La intención de los militares de los EU es extender a México la relación militar con Canadá. En su declaración del 6 de marzo, el general Jacoby habló de una estrategia militar conjunta EU-Canadá y afirmó que “Canadá es un socio de confianza con quien compartimos la defensa del continente”. Los EU y Canadá ya firmaron un Plan de Asistencia Civil y un Plan de Defensa combinada, con “niveles de cooperación sin precedentes”, para avanzar en “la seguridad continental y la estabilidad”. Entre los dos países existe lo que los EU quieren para México: “Una relación militar-a-militar”, sin pasar por mandos civiles.
El problema es que los intereses estratégicos y de definición interna de México son diferentes a los geopolíticos de los EU. Obama los define con claridad en la directriz sobre liderazgo mundial: “Hemos llevadas a cabo operaciones prolongadas en Irak y Afganistán para llevar la estabilidad a los países y proteger nuestros intereses”. Y los altos mandos militares se mueven hacia ese objetivo. México, en cambio, tiene principios de política exterior radicalmente diferentes a los de Washington. Por eso las presiones del Ejército de los EU.
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