Carmen Aristegui
El caso de Florence Cassez, acusada por secuestro y sentenciada a 60 años de prisión, está llamado a ser paradigmático en el Sistema de Justicia mexicano.
La historia de esta ciudadana francesa, que resquebrajó las relaciones diplomáticas de nuestro país y el suyo, no sólo divide a la opinión pública sobre su verdadera responsabilidad en torno a los hechos, sino que ahora llevará a la Suprema Corte a una discusión de gran calado que definirá, entre otras cosas, si se le otorga o no un amparo que le permita recuperar en forma inmediata y absoluta su libertad o se le niega para que cumpla la sentencia que se le dictó.
El proyecto del ministro Arturo Zaldívar sobre el caso ha sido presentado. Una bomba, para el Gobierno federal.
Es una radiografía de las barbaridades cometidas por las fuerzas policiacas y demás eslabones del proceso. No es un documento que resuelva el enigma de si Cassez es culpable o inocente que persiste aún.
Es la narración sobre cómo fueron distorsionados, de tal manera, los ejes de la realidad y mezclados con ficción por parte de la AFI. Asunto que terminó por dinamitar la posibilidad de saber realmente qué pasó.
Cassez no tuvo asistencia consular efectiva. No se le puso de inmediato a disposición del MP. Se le retuvo en una propiedad y se le hizo ser parte de una “escenificación planeada y orquestada por la AFI, con el objetivo de exponerla ante los medios de comunicación como la responsable de la comisión de tres secuestros”. Fue violado su derecho a la presunción de inocencia. Todo junto, dice el proyecto, generó un “efecto corruptor” en todo el proceso penal y “viciaron toda la evidencia incriminatoria en contra de Florance Cassez”.
“La supuesta recreación de hechos que nunca ocurrieron pero, que sin duda, pretendieron causar un impacto en la opinión pública y en todas aquellas personas ligadas al proceso”.
Concluye que las pruebas carecen de fiabilidad. “Los testimonios de las víctimas, así como las declaraciones de los policías, son producto de una deformación de la realidad provocada por la Agencia Federal de Investigación”.
El documento es un golpe que debería ser de consecuencias fatales contra García Luna, responsable entonces de la AFI, y Luis Cárdenas Palomino, responsable del operativo.
El ministro es benévolo con los medios que, de origen, transmitieron en vivo el montaje televisivo, señalando que no se censura que la prensa informe sobre asuntos de interés nacional, punto inobjetable. Aunque no abunda, hasta donde se pudo revisar, sobre si hubo o no algún tipo de colaboración con las televisoras para transmitir el montaje a sabiendas de que lo sería. El tema merece más atención de la que Zaldívar le concede.
No se recuerda que las televisoras que transmitieron originalmente aquello hayan reclamado a la AFI por el engaño a las que habrían sido sometidas y que las llevó, a su vez, a engañar a millones de televidentes que siguieron como cierto un hecho simulado.
Llama la atención que hayan asumido, tan pasivamente, el haber formado parte de una manipulación gigantesca cuya responsabilidad recae según el proyecto de Zaldívar únicamente en la autoridad.
Pablo Reinah, el periodista que trabajaba para Televisa y quien llevo a cabo la narración y entrevista de los personajes en la escenificación del rescate de los secuestrados, promovió un importante juicio contra la empresa donde trabajaba. Perdió su trabajo y vio en riesgo su nombre profesional. A él se le quiso endilgar la responsabilidad del engaño. El periodista había sólo recibido una orden de trabajo. Cumplió con la cobertura sin estar enterado de que sería parte de la patraña que sería transmitida a millones. El juicio concluyó y ganó el periodista. Él mismo informó públicamente que había llegado a un acuerdo, se entiende que económico, con la televisora para no revelar más detalles de lo sucedido. Por algo sería.
Respecto a García Luna, la sola publicación del proyecto de Zaldívar debería merecer un cese fulminante que no sucederá.
El modelo García Luna continuará. El funcionario goza de una extraña “virtud”: entre más incompetencia demuestra, más presupuesto se le asigna; entre menos resultados ofrece, más promociones recibe. Extraño caso, éste, el de García Luna. Un funcionario incombustible.
Dato final: el día de hoy, Felipe Calderón inaugurará las instalaciones de la División Científica de la Policía Federal de la SSP, acompañado, precisamente, de García Luna. De entonces, para acá, ¿cuánto habrá aprendido García Luna?
El caso de Florence Cassez, acusada por secuestro y sentenciada a 60 años de prisión, está llamado a ser paradigmático en el Sistema de Justicia mexicano.
La historia de esta ciudadana francesa, que resquebrajó las relaciones diplomáticas de nuestro país y el suyo, no sólo divide a la opinión pública sobre su verdadera responsabilidad en torno a los hechos, sino que ahora llevará a la Suprema Corte a una discusión de gran calado que definirá, entre otras cosas, si se le otorga o no un amparo que le permita recuperar en forma inmediata y absoluta su libertad o se le niega para que cumpla la sentencia que se le dictó.
El proyecto del ministro Arturo Zaldívar sobre el caso ha sido presentado. Una bomba, para el Gobierno federal.
Es una radiografía de las barbaridades cometidas por las fuerzas policiacas y demás eslabones del proceso. No es un documento que resuelva el enigma de si Cassez es culpable o inocente que persiste aún.
Es la narración sobre cómo fueron distorsionados, de tal manera, los ejes de la realidad y mezclados con ficción por parte de la AFI. Asunto que terminó por dinamitar la posibilidad de saber realmente qué pasó.
Cassez no tuvo asistencia consular efectiva. No se le puso de inmediato a disposición del MP. Se le retuvo en una propiedad y se le hizo ser parte de una “escenificación planeada y orquestada por la AFI, con el objetivo de exponerla ante los medios de comunicación como la responsable de la comisión de tres secuestros”. Fue violado su derecho a la presunción de inocencia. Todo junto, dice el proyecto, generó un “efecto corruptor” en todo el proceso penal y “viciaron toda la evidencia incriminatoria en contra de Florance Cassez”.
“La supuesta recreación de hechos que nunca ocurrieron pero, que sin duda, pretendieron causar un impacto en la opinión pública y en todas aquellas personas ligadas al proceso”.
Concluye que las pruebas carecen de fiabilidad. “Los testimonios de las víctimas, así como las declaraciones de los policías, son producto de una deformación de la realidad provocada por la Agencia Federal de Investigación”.
El documento es un golpe que debería ser de consecuencias fatales contra García Luna, responsable entonces de la AFI, y Luis Cárdenas Palomino, responsable del operativo.
El ministro es benévolo con los medios que, de origen, transmitieron en vivo el montaje televisivo, señalando que no se censura que la prensa informe sobre asuntos de interés nacional, punto inobjetable. Aunque no abunda, hasta donde se pudo revisar, sobre si hubo o no algún tipo de colaboración con las televisoras para transmitir el montaje a sabiendas de que lo sería. El tema merece más atención de la que Zaldívar le concede.
No se recuerda que las televisoras que transmitieron originalmente aquello hayan reclamado a la AFI por el engaño a las que habrían sido sometidas y que las llevó, a su vez, a engañar a millones de televidentes que siguieron como cierto un hecho simulado.
Llama la atención que hayan asumido, tan pasivamente, el haber formado parte de una manipulación gigantesca cuya responsabilidad recae según el proyecto de Zaldívar únicamente en la autoridad.
Pablo Reinah, el periodista que trabajaba para Televisa y quien llevo a cabo la narración y entrevista de los personajes en la escenificación del rescate de los secuestrados, promovió un importante juicio contra la empresa donde trabajaba. Perdió su trabajo y vio en riesgo su nombre profesional. A él se le quiso endilgar la responsabilidad del engaño. El periodista había sólo recibido una orden de trabajo. Cumplió con la cobertura sin estar enterado de que sería parte de la patraña que sería transmitida a millones. El juicio concluyó y ganó el periodista. Él mismo informó públicamente que había llegado a un acuerdo, se entiende que económico, con la televisora para no revelar más detalles de lo sucedido. Por algo sería.
Respecto a García Luna, la sola publicación del proyecto de Zaldívar debería merecer un cese fulminante que no sucederá.
El modelo García Luna continuará. El funcionario goza de una extraña “virtud”: entre más incompetencia demuestra, más presupuesto se le asigna; entre menos resultados ofrece, más promociones recibe. Extraño caso, éste, el de García Luna. Un funcionario incombustible.
Dato final: el día de hoy, Felipe Calderón inaugurará las instalaciones de la División Científica de la Policía Federal de la SSP, acompañado, precisamente, de García Luna. De entonces, para acá, ¿cuánto habrá aprendido García Luna?
Comentarios