Apro
Llevan 40 años esperando justicia. Desde que fueron obligados a dejar sus tierras afectadas por la construcción de la presa Cerro de Oro, en Oaxaca, indígenas chinantecos reubicados en el Valle de Uxpanapa, Veracruz, sólo han recibido promesas de una mejor vida.
En 1972, el gobierno que entonces encabezaba Luis Echeverría les prometió a más de tres mil familias chinantecas tierras de mejor calidad, mejores viviendas, vías de comunicación, escuelas, centros de salud y trabajo seguro para cada uno de los desplazados. Sin embargo, 40 años después ninguna de esas promesas se ha cumplido, lamenta Juan Zamora González, presidente del Consejo Indígena del Valle de Uxpanapa.
“Todo está estipulado en los cuatro decretos (emitidos entre 1972 y 1975); son derechos que siguen vigentes y a 40 años de distancia seguimos buscando que se nos haga justicia, ya que desde entonces han pasado seis presidentes de la República, tanto del PRI como del PAN, y ninguno a atendido los reclamos de los ejidatarios desplazados”, acusó.
“Nos prometieron tierras de mejor calidad a las que teníamos, viviendas, vías de comunicación, escuelas, centros de salud y empresas para que tuviéramos trabajo en el Valle de Uxpanapa y no se han cumplido”, lamentó.
En entrevista, el dirigente campesino explicó que, a través de juicios que han interpuesto en los tribunales agrarios, están reclamando también la entrega del dinero depositado hace 24 años en el Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Agrario, y que las autoridades se han negado a hacerlo efectivo.
En aquel entonces, dijo, se depositaron en dicho fideicomiso 140 millones de pesos, los cuales, a la fecha, “suman arriba de los 3 mil 400 millones de pesos”, cantidad que se integró por tres conceptos: compra de tierras de mejor calidad, dinero en efectivo y la realización de obras de infraestructura, hasta ahora no cumplidas.
“Nuestra lucha ha sido por el total olvido y abandono en que nos mantienen las autoridades federales y estatales, pero nadie quiere hacernos caso, por eso seguimos firmes hasta conseguir justicia porque tenemos la razón, porque dejamos todo, nuestra cultura, historia, costumbres y parte de nuestra vida cuando fuimos desplazados”, mencionó.
Por si fuera poco, al tormento que ha implicado el incumplimiento de las promesas, los indígenas desplazados han sido víctimas de la voracidad de los abogados, los cuales, en lugar de velar por los intereses de sus representados, se han dedicado a timarlos, afirmó el dirigente:
“Los abogados que hemos tenido no han engañado también, han planteado mal los términos jurídicos y por eso los magistrados que han visto nuestro caso simplemente nos dicen que no tenemos personalidad jurídica, pero han dejado nuestros derechos a salvo.”
Los juicios han sido interpuestos como Unión de Ejidos, sin embargo, explicó, “los jueces nos dicen que debe ser a través de cada uno de los ejidos, son 30 ejidos los que tienen que darnos la personalidad jurídica y ya lo estamos haciendo, ya que hasta ahora los abogados que han sido contratados por la asamblea nos han estafado”.
Esta situación, detalló el indígena, “es otra de las malas suertes que hemos tenido, los abogados no han sido honestos con nosotros y el peor de todos ha sido el último, José Francisco Bandala Cruz, quien nos pidió dinero, se lo dimos y también le entregamos toda nuestra documentación que ampara nuestra propiedad”.
A este abogado, quien fue recomendado por asesores del gobierno estatal, como Luis Martínez Wolf, como un especialista en asuntos agrarios, “se le entregaron 100 mil pesos, pero luego de dos años que vimos que no había hecho nada, la asamblea de ejidos decidió prescindir de sus servicios”.
Pese a ello, denunció, “ahora se niega a entregarnos los documentos”, ya que Bandala Cruz ha dicho que aunque la Unión de Ejidos lo haya sacado del caso, “él va a presentar la demanda, pero yo le pregunté, quién le va a dar la personalidad jurídica, no respondió y es la fecha que sigue negándose a entregarnos el expediente”.
Ante ello, la directiva de la Unión de Ejidos del Valle de Uxpanapa está analizando la posibilidad de recurrir ante las autoridades judiciales para denunciar al abogado y les entregue la documentación, “pues son documentos propios de nuestros ejidos y prácticamente nos los quiere robar para fines que, creemos, no son nada honestos”.
Zamora González, subrayó que tanto las autoridades federales y estatales como los propios abogados que han contratado para resolver este asunto, “nos han mentido, hemos vivido engaño tras engaño, y aunque tenemos las tierras seguimos en el olvido, marginados y pobres”.
Llevan 40 años esperando justicia. Desde que fueron obligados a dejar sus tierras afectadas por la construcción de la presa Cerro de Oro, en Oaxaca, indígenas chinantecos reubicados en el Valle de Uxpanapa, Veracruz, sólo han recibido promesas de una mejor vida.
En 1972, el gobierno que entonces encabezaba Luis Echeverría les prometió a más de tres mil familias chinantecas tierras de mejor calidad, mejores viviendas, vías de comunicación, escuelas, centros de salud y trabajo seguro para cada uno de los desplazados. Sin embargo, 40 años después ninguna de esas promesas se ha cumplido, lamenta Juan Zamora González, presidente del Consejo Indígena del Valle de Uxpanapa.
“Todo está estipulado en los cuatro decretos (emitidos entre 1972 y 1975); son derechos que siguen vigentes y a 40 años de distancia seguimos buscando que se nos haga justicia, ya que desde entonces han pasado seis presidentes de la República, tanto del PRI como del PAN, y ninguno a atendido los reclamos de los ejidatarios desplazados”, acusó.
“Nos prometieron tierras de mejor calidad a las que teníamos, viviendas, vías de comunicación, escuelas, centros de salud y empresas para que tuviéramos trabajo en el Valle de Uxpanapa y no se han cumplido”, lamentó.
En entrevista, el dirigente campesino explicó que, a través de juicios que han interpuesto en los tribunales agrarios, están reclamando también la entrega del dinero depositado hace 24 años en el Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Agrario, y que las autoridades se han negado a hacerlo efectivo.
En aquel entonces, dijo, se depositaron en dicho fideicomiso 140 millones de pesos, los cuales, a la fecha, “suman arriba de los 3 mil 400 millones de pesos”, cantidad que se integró por tres conceptos: compra de tierras de mejor calidad, dinero en efectivo y la realización de obras de infraestructura, hasta ahora no cumplidas.
“Nuestra lucha ha sido por el total olvido y abandono en que nos mantienen las autoridades federales y estatales, pero nadie quiere hacernos caso, por eso seguimos firmes hasta conseguir justicia porque tenemos la razón, porque dejamos todo, nuestra cultura, historia, costumbres y parte de nuestra vida cuando fuimos desplazados”, mencionó.
Por si fuera poco, al tormento que ha implicado el incumplimiento de las promesas, los indígenas desplazados han sido víctimas de la voracidad de los abogados, los cuales, en lugar de velar por los intereses de sus representados, se han dedicado a timarlos, afirmó el dirigente:
“Los abogados que hemos tenido no han engañado también, han planteado mal los términos jurídicos y por eso los magistrados que han visto nuestro caso simplemente nos dicen que no tenemos personalidad jurídica, pero han dejado nuestros derechos a salvo.”
Los juicios han sido interpuestos como Unión de Ejidos, sin embargo, explicó, “los jueces nos dicen que debe ser a través de cada uno de los ejidos, son 30 ejidos los que tienen que darnos la personalidad jurídica y ya lo estamos haciendo, ya que hasta ahora los abogados que han sido contratados por la asamblea nos han estafado”.
Esta situación, detalló el indígena, “es otra de las malas suertes que hemos tenido, los abogados no han sido honestos con nosotros y el peor de todos ha sido el último, José Francisco Bandala Cruz, quien nos pidió dinero, se lo dimos y también le entregamos toda nuestra documentación que ampara nuestra propiedad”.
A este abogado, quien fue recomendado por asesores del gobierno estatal, como Luis Martínez Wolf, como un especialista en asuntos agrarios, “se le entregaron 100 mil pesos, pero luego de dos años que vimos que no había hecho nada, la asamblea de ejidos decidió prescindir de sus servicios”.
Pese a ello, denunció, “ahora se niega a entregarnos los documentos”, ya que Bandala Cruz ha dicho que aunque la Unión de Ejidos lo haya sacado del caso, “él va a presentar la demanda, pero yo le pregunté, quién le va a dar la personalidad jurídica, no respondió y es la fecha que sigue negándose a entregarnos el expediente”.
Ante ello, la directiva de la Unión de Ejidos del Valle de Uxpanapa está analizando la posibilidad de recurrir ante las autoridades judiciales para denunciar al abogado y les entregue la documentación, “pues son documentos propios de nuestros ejidos y prácticamente nos los quiere robar para fines que, creemos, no son nada honestos”.
Zamora González, subrayó que tanto las autoridades federales y estatales como los propios abogados que han contratado para resolver este asunto, “nos han mentido, hemos vivido engaño tras engaño, y aunque tenemos las tierras seguimos en el olvido, marginados y pobres”.
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