Lilia Arellano
Este sábado amanecimos con otro “gasolinazo”, el tercero en lo que va de este 2012. El incremento que han aplicado a los combustibles a lo largo de la administración de Felipe Calderón, con el fin expreso de “reducir los subsidios”, va a la fecha de 148 por ciento a 180%; al cierre de su sexenio terminará con un aumento de entre 158% y 198 por ciento. Estos aumentos propuestos por el titular del Poder Ejecutivo federal y aprobados por la Cámara de Diputados con el voto mayoritario de los legisladores del PRI y PAN y muchos del PRD, continuarán hasta el año 2014, por lo que seguirán ejerciendo una brutal presión generalizada en la mayoría de los precios, particular y gravemente en el de los alimentos, en un pueblo ya con serios problemas de alimentación, cuya segmento en edad de trabajar ve cada mes reducido su poder adquisitivo.
A partir de hoy, en las 9 mil estaciones de servicio de todo el país, la gasolina magna se venderá en 10 pesos por litro, lo que representa otro incremento, ahora de 9 centavos; la Premium subirá 5 centavos, por lo que pasará de 10.69 pesos a 10.74 pesos por litro; el diesel se incrementará 9 centavos para ubicarse en 10.36 pesos por litro, lo que incide en que los precios de los bienes y servicios en forma generalizada aumenten más y más y ya no puedan ser cubiertos por el salario de los trabajadores, quienes deben ahora priorizar sus gastos en alimentación, cada vez de más baja calidad, y transporte. Así, los raquíticos aumentos a sus salarios se van destinados íntegros a financiar el aumento a los combustibles, además de destinar otro porcentaje de sus percepciones a ese mismo fin, mientras los recursos y patrimonio de la Nación son gastados y despilfarrados en altísimos sueldos, incomprensibles prestaciones, gastos suntuarios más propios de una monarquía que de una república, para los integrantes de los tres Poderes de la Unión.
Por si lo anterior fuera poco, los automovilistas y transportistas prefieren comprar el combustible “más barato”, la Magna en lugar de la Premium, es decir una gasolina más contaminante y que le hace más daño al ambiente, por sus respectivos contenidos de azufre cuya concentración en la Premium es de 250 en promedio y 300 máximo partes por millón (ppm); en tanto que en la Magna es de 300 en promedio y 500 máximo partes por millón, de acuerdo con una investigación de la Cámara de Diputados, documento que precisa el hecho que durante el año pasado el 40 por ciento del incremento de los precios de la gasolina Magna y del Diesel provinieron de las cuotas que recaen sobre las ventas finales de los combustibles, lo cual fue aprobado por el Congreso de la Unión, mientras que el 60 por ciento restante es producto de las decisiones autónomas tomadas por el Poder Ejecutivo Federal.
El último de los antecedentes del adverso “gasolinazo” se dio el jueves 20 de octubre de 2011 en el pleno de la Cámara de Diputados, en donde se aprobó, en lo general, con 308 votos a favor, 57 en contra y tres abstenciones, la prolongación, por dos años más, “del subsidio a las gasolinas y el diesel”, según reseñó la crónica parlamentaria, por lo que los aumentos seguirán hasta el 31 de diciembre de 2014. Gracias al voto de sus fracciones parlamentarias las entidades federativas reciben –al menos en el papel- 42 centavos por cada litro de gasolina Premiun; 36 centavos por litro de Magna; y 25 centavos por litro de diesel.
De no haberse dado en ese fecha este artero golpe a la economía de las familias mexicanas por parte del Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados, la ley fijaba como fecha limite de esta medida hasta el 31 de diciembre de 2011, para que los “gasolinazos” concluyeran, pero la Comisión de Hacienda aprobó días antes prorrogarlos hasta el último día de 2014. Los legisladores del PRI y PAN argumentaron durante esa sesión que la medida “no aumentará el precio de los combustibles”, lo que es una burda mentira que nadie cree y todos resienten, y que “sólo se prolonga el subsidio” dos años más y reiteraron que es únicamente la Secretaría de Hacienda la encargada de determinar dichos aumentos, con lo que pretendieron “lavarse las manos”.
En los últimos días del año pasado, los senadores perredistas Tomás Torres Mercado, Rosalinda López y Jesús Garibay, a nombre de su fracción parlamentaria propusieron modificaciones a las leyes del Impuesto Especial sobre Producción de Bienes y Servicios; de Coordinación Fiscal, y de Petróleos Mexicanos (Pemex) para detener los “gasolinazos”, “sin dañar los recursos que reciben las entidades federativas en su presupuesto anual”. También buscaban poner un tope a la capacidad de la Secretaría de Hacienda para incrementar el precio de los combustibles, ante las necesidades de millones de industriales, productores agropecuarios, transportistas y ciudadanos en general que resienten todos los días el elevado precio de los combustibles”. La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados, donde todo parece indicar que será “congelada”.
Mientras y al ritmo actual, se estima que el precio de los combustibles al cierre del sexenio de Felipe Calderón será: Premium 11.08 pesos por litro; Magna 10.70 pesos por litro; Diesel 11.06 pesos por litro, encarecimiento que incide directa y negativamente en el poder de compra de los salarios de los trabajadores. Veamos un ejemplo sencillo: en 2007 un trabajador pagaba 32.40 pesos por 40 litros de gasolina, pero al cierre del año pasado gastó 423.60 pesos, es decir, 91.20 pesos más. La incidencia adversa en el bolsillo de los trabajadores se aprecia más si consideramos que entre 2007 y 2011, el costo de los combustible se incrementó poco más de 27 por ciento, mientras que el salario mínimo, en ese mismo periodo, sólo subió 23.25 por ciento.
¿Tendremos más de lo mismo el sexenio próximo? Aún no lo sabemos pero esta situación nos ayuda a explicarnos porque México es el país con mayor población migrante en el mundo, al contar con casi 13 millones de ciudadanos en el exterior, con 12.9 millones de connacionales en Estados Unidos, de acuerdo con el reporte del Pew Reseachr Center, centro especializado en investigaciones de asuntos sociales y políticos.
Este sábado amanecimos con otro “gasolinazo”, el tercero en lo que va de este 2012. El incremento que han aplicado a los combustibles a lo largo de la administración de Felipe Calderón, con el fin expreso de “reducir los subsidios”, va a la fecha de 148 por ciento a 180%; al cierre de su sexenio terminará con un aumento de entre 158% y 198 por ciento. Estos aumentos propuestos por el titular del Poder Ejecutivo federal y aprobados por la Cámara de Diputados con el voto mayoritario de los legisladores del PRI y PAN y muchos del PRD, continuarán hasta el año 2014, por lo que seguirán ejerciendo una brutal presión generalizada en la mayoría de los precios, particular y gravemente en el de los alimentos, en un pueblo ya con serios problemas de alimentación, cuya segmento en edad de trabajar ve cada mes reducido su poder adquisitivo.
A partir de hoy, en las 9 mil estaciones de servicio de todo el país, la gasolina magna se venderá en 10 pesos por litro, lo que representa otro incremento, ahora de 9 centavos; la Premium subirá 5 centavos, por lo que pasará de 10.69 pesos a 10.74 pesos por litro; el diesel se incrementará 9 centavos para ubicarse en 10.36 pesos por litro, lo que incide en que los precios de los bienes y servicios en forma generalizada aumenten más y más y ya no puedan ser cubiertos por el salario de los trabajadores, quienes deben ahora priorizar sus gastos en alimentación, cada vez de más baja calidad, y transporte. Así, los raquíticos aumentos a sus salarios se van destinados íntegros a financiar el aumento a los combustibles, además de destinar otro porcentaje de sus percepciones a ese mismo fin, mientras los recursos y patrimonio de la Nación son gastados y despilfarrados en altísimos sueldos, incomprensibles prestaciones, gastos suntuarios más propios de una monarquía que de una república, para los integrantes de los tres Poderes de la Unión.
Por si lo anterior fuera poco, los automovilistas y transportistas prefieren comprar el combustible “más barato”, la Magna en lugar de la Premium, es decir una gasolina más contaminante y que le hace más daño al ambiente, por sus respectivos contenidos de azufre cuya concentración en la Premium es de 250 en promedio y 300 máximo partes por millón (ppm); en tanto que en la Magna es de 300 en promedio y 500 máximo partes por millón, de acuerdo con una investigación de la Cámara de Diputados, documento que precisa el hecho que durante el año pasado el 40 por ciento del incremento de los precios de la gasolina Magna y del Diesel provinieron de las cuotas que recaen sobre las ventas finales de los combustibles, lo cual fue aprobado por el Congreso de la Unión, mientras que el 60 por ciento restante es producto de las decisiones autónomas tomadas por el Poder Ejecutivo Federal.
El último de los antecedentes del adverso “gasolinazo” se dio el jueves 20 de octubre de 2011 en el pleno de la Cámara de Diputados, en donde se aprobó, en lo general, con 308 votos a favor, 57 en contra y tres abstenciones, la prolongación, por dos años más, “del subsidio a las gasolinas y el diesel”, según reseñó la crónica parlamentaria, por lo que los aumentos seguirán hasta el 31 de diciembre de 2014. Gracias al voto de sus fracciones parlamentarias las entidades federativas reciben –al menos en el papel- 42 centavos por cada litro de gasolina Premiun; 36 centavos por litro de Magna; y 25 centavos por litro de diesel.
De no haberse dado en ese fecha este artero golpe a la economía de las familias mexicanas por parte del Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados, la ley fijaba como fecha limite de esta medida hasta el 31 de diciembre de 2011, para que los “gasolinazos” concluyeran, pero la Comisión de Hacienda aprobó días antes prorrogarlos hasta el último día de 2014. Los legisladores del PRI y PAN argumentaron durante esa sesión que la medida “no aumentará el precio de los combustibles”, lo que es una burda mentira que nadie cree y todos resienten, y que “sólo se prolonga el subsidio” dos años más y reiteraron que es únicamente la Secretaría de Hacienda la encargada de determinar dichos aumentos, con lo que pretendieron “lavarse las manos”.
En los últimos días del año pasado, los senadores perredistas Tomás Torres Mercado, Rosalinda López y Jesús Garibay, a nombre de su fracción parlamentaria propusieron modificaciones a las leyes del Impuesto Especial sobre Producción de Bienes y Servicios; de Coordinación Fiscal, y de Petróleos Mexicanos (Pemex) para detener los “gasolinazos”, “sin dañar los recursos que reciben las entidades federativas en su presupuesto anual”. También buscaban poner un tope a la capacidad de la Secretaría de Hacienda para incrementar el precio de los combustibles, ante las necesidades de millones de industriales, productores agropecuarios, transportistas y ciudadanos en general que resienten todos los días el elevado precio de los combustibles”. La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados, donde todo parece indicar que será “congelada”.
Mientras y al ritmo actual, se estima que el precio de los combustibles al cierre del sexenio de Felipe Calderón será: Premium 11.08 pesos por litro; Magna 10.70 pesos por litro; Diesel 11.06 pesos por litro, encarecimiento que incide directa y negativamente en el poder de compra de los salarios de los trabajadores. Veamos un ejemplo sencillo: en 2007 un trabajador pagaba 32.40 pesos por 40 litros de gasolina, pero al cierre del año pasado gastó 423.60 pesos, es decir, 91.20 pesos más. La incidencia adversa en el bolsillo de los trabajadores se aprecia más si consideramos que entre 2007 y 2011, el costo de los combustible se incrementó poco más de 27 por ciento, mientras que el salario mínimo, en ese mismo periodo, sólo subió 23.25 por ciento.
¿Tendremos más de lo mismo el sexenio próximo? Aún no lo sabemos pero esta situación nos ayuda a explicarnos porque México es el país con mayor población migrante en el mundo, al contar con casi 13 millones de ciudadanos en el exterior, con 12.9 millones de connacionales en Estados Unidos, de acuerdo con el reporte del Pew Reseachr Center, centro especializado en investigaciones de asuntos sociales y políticos.
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