Ricardo Rocha
Quien crea que el caso Cassez está cerrado, se equivoca. En lo jurídico, son varias las instancias que restan a la defensa. En lo mediático hay una percepción creciente de que es absolutamente necesario investigar no sólo la naturaleza del montaje sino sus orígenes y los términos en que fue pactado.
En ese sentido el proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar logró un significativo avance en materia de opinión pública: la percepción de que la escenificación fue sustancial y no una mera anécdota como lograron posicionar durante años el Gobierno y sus medios. Incluso habemos cada vez más que estamos convencidos de que el tristemente célebre montaje era el objetivo fundamental y que lo que hicieron las huestes de Genaro García Luna –entonces director de la AFI– fue buscar un caso que sirviera para ese propósito. Testimonios recientes dan cuenta de que incluso tenía el objetivo de desviar la opinión pública de actos de corrupción de la familia de la copresidenta Marta Sahagún. O sea, un triple delito: el montaje mismo, el encubrimiento y la fabricación de una culpable.
A propósito, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha ido por el lado de la versión oficial condenatoria de Florence so pretexto de los derechos de las víctimas. Pero ha guardado un sospechoso silencio sobre el montaje y su relevancia. Por ello causal y no casualmente el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF Luis González Placencia acaba de establecer que: “La exhibición de detenidos en medios es contraria a la presunción de inocencia; implica un juicio paralelo de orden mediático; vulnera el derecho a la defensa adecuada; constituye un trato cruel, inhumano y degradante; además de estigmatizar a las personas”. Eso exactamente es lo que ocurrió en el caso de Florence Cassez. Desde el primer momento el Gobierno y los medios la estigmatizaron como “la pinche francesa secuestradora”.
Por eso me parece una total aberración lo ocurrido este 21 de marzo en la Primera Sala de nuestra Corte Suprema: cuatro de cinco ministros reconocieron violaciones flagrantes a los derechos de Florence, pero una mayoría de tres a dos decidió dejarla presa. En resumen y en un episodio marcado por la contradicción, nuestra Corte se sujeto a los dictados de los poderes fácticos. Por la mañana de ese mismo día, su presidente Juan Silva Meza dijo que la única sumisión a la que se debía la Corte era a la Constitución. Ya vimos que no fue cierto. Pudieron más las exigencias oficiales como las del mismísimo presidente Calderón que la lógica y la ética más elementales. De nada valieron las pruebas irrefutables del vergonzante montaje televisivo inculpatorio. Pudieron más los chantajes desde fuera y los consecuentes temores de quienes se supone debieran ser nuestros valientes garantes de justicia.
La única buena nueva de ese día fue que el caso ha sido turnado a la ministra Olga Sánchez Cordero con bien ganada fama de liberal; sobre todo en los casos de injusticias contra mujeres, como ocurrió con las indígenas Jacinta, Alberta y Teresa, acusadas –aunque usted no lo crea– del secuestro de seis agentes de la AFI en el Gobierno federal anterior ¿Qué casualidad, no?
Quien crea que el caso Cassez está cerrado, se equivoca. En lo jurídico, son varias las instancias que restan a la defensa. En lo mediático hay una percepción creciente de que es absolutamente necesario investigar no sólo la naturaleza del montaje sino sus orígenes y los términos en que fue pactado.
En ese sentido el proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar logró un significativo avance en materia de opinión pública: la percepción de que la escenificación fue sustancial y no una mera anécdota como lograron posicionar durante años el Gobierno y sus medios. Incluso habemos cada vez más que estamos convencidos de que el tristemente célebre montaje era el objetivo fundamental y que lo que hicieron las huestes de Genaro García Luna –entonces director de la AFI– fue buscar un caso que sirviera para ese propósito. Testimonios recientes dan cuenta de que incluso tenía el objetivo de desviar la opinión pública de actos de corrupción de la familia de la copresidenta Marta Sahagún. O sea, un triple delito: el montaje mismo, el encubrimiento y la fabricación de una culpable.
A propósito, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha ido por el lado de la versión oficial condenatoria de Florence so pretexto de los derechos de las víctimas. Pero ha guardado un sospechoso silencio sobre el montaje y su relevancia. Por ello causal y no casualmente el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF Luis González Placencia acaba de establecer que: “La exhibición de detenidos en medios es contraria a la presunción de inocencia; implica un juicio paralelo de orden mediático; vulnera el derecho a la defensa adecuada; constituye un trato cruel, inhumano y degradante; además de estigmatizar a las personas”. Eso exactamente es lo que ocurrió en el caso de Florence Cassez. Desde el primer momento el Gobierno y los medios la estigmatizaron como “la pinche francesa secuestradora”.
Por eso me parece una total aberración lo ocurrido este 21 de marzo en la Primera Sala de nuestra Corte Suprema: cuatro de cinco ministros reconocieron violaciones flagrantes a los derechos de Florence, pero una mayoría de tres a dos decidió dejarla presa. En resumen y en un episodio marcado por la contradicción, nuestra Corte se sujeto a los dictados de los poderes fácticos. Por la mañana de ese mismo día, su presidente Juan Silva Meza dijo que la única sumisión a la que se debía la Corte era a la Constitución. Ya vimos que no fue cierto. Pudieron más las exigencias oficiales como las del mismísimo presidente Calderón que la lógica y la ética más elementales. De nada valieron las pruebas irrefutables del vergonzante montaje televisivo inculpatorio. Pudieron más los chantajes desde fuera y los consecuentes temores de quienes se supone debieran ser nuestros valientes garantes de justicia.
La única buena nueva de ese día fue que el caso ha sido turnado a la ministra Olga Sánchez Cordero con bien ganada fama de liberal; sobre todo en los casos de injusticias contra mujeres, como ocurrió con las indígenas Jacinta, Alberta y Teresa, acusadas –aunque usted no lo crea– del secuestro de seis agentes de la AFI en el Gobierno federal anterior ¿Qué casualidad, no?
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