Rubicela Morelos Cruz / Corresponsal
En los tres años recientes, alrededor de 600 jóvenes han sido asesinados en esta entidad, según informes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) y la organización civil Red por la Paz con Justicia y Dignidad (RPJD).
José Martínez Cruz, vocero de la CIDHM, precisó que de las mil 500 personas ultimadas de 2009 a la fecha, al menos 600 no supera los 30 años de edad; lo más preocupante –dijo–, es que las víctimas son cada vez de menor edad.
Detalló que la mayoría de los 600 asesinatos han sido perpetrados en Cuernavaca y el resto en los municipios de Temixco, Jiutepec, Cuautla, Xochitepec, Emiliano Zapata y Huitzilac.
Los jóvenes asesinados han sido encontrados con impactos de bala, huellas de tortura, algunos descuartizados, otros decapitados e incluso algunos colgados en puentes vehiculares.
Martínez Cruz acusó que es recurrente de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) involucre a los occisos con el crimen organizado sin realizar antes una investigación, además no castiga a los responsables.
Citó el caso ocurrido apenas la mañana del jueves, cuando los cuerpos descuartizados de cuatro estudiantes fueron abandonados frente a la discoteca Barba Azul, a unos metros de la sede del Instituto Federal Electoral, en la colonia La Pradera, de esta capital.
La PGJE identificó a los occisos como Brandon Contreras Gutiérrez, Rembrandt Alejandro Catalán Ramo, Lenin Eduardo Sánchez Montesinos y Bryan Gómez Bustos, quienes era residentes de la colonia Alta Vista. Tres eran alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (Cetis) número 44 y uno de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata. Tenían, 13, 17, 20 y 21 años, respectivamente.
En entrevista colectiva, el vocero de la CIDHM acusó que la PGJE estigmatizó a las víctimas al asentar en un boletín emitido la tarde del jueves que una de las madres de los muchachos declaró que su hijo se había ido de la casa una semana antes y lo había visto con otros muchachos conduciendo una motocicleta.
“La dependencia dio a entender que eran halcones o vendedores de droga, sin investigar y menos esclarecer o dar con los responsables del homicidio. Es inaudito que antes de indagar, las autoridades criminalicen a las personas asesinadas señalando el hecho como un ajuste de cuentas, con lo que pareciera querer justificar el crimen.”
Sostuvo que el gobierno de Morelos, encabezado por el panista Marco Antonio Adame, y el de Cuernavaca, lejos de brindar seguridad en los planteles donde estudiaban los muchachos, “contribuyeron a crear sicosis y terror, al desalojar (la tarde del jueves) a unos mil alumnos del Cetis 44 y de la Preparatoria número 2, de la Universidad Autónoma de Morelos, ambas en la colonia Alta Vista.
Es terrorismo de Estado, aseveró. Y agregó: los jóvenes (del Cetis 44) iban a pedir a las autoridades información sobre el homicidio de sus compañeros; incluso protestarían para exigir justicia, pero los policías los desalojaron, causando pánico para impedir la solidaridad entre los muchachos y padres de familia, sostuvo Martínez Cruz. Este viernes no hubo clases en el plantel.
Mientras, en rueda de prensa frente al palacio de gobierno –sitio donde permanece una ofrenda floral en demanda de justicia por el asesinato de siete personas el 28 de marzo de 2011, entre ellas Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta Javier Sicilia– miembros de la RPJD exigieron que las autoridades cumplan con su deber y las secretarías de seguridad estatal y municipal brinden protección a la gente.
En los tres años recientes, alrededor de 600 jóvenes han sido asesinados en esta entidad, según informes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) y la organización civil Red por la Paz con Justicia y Dignidad (RPJD).
José Martínez Cruz, vocero de la CIDHM, precisó que de las mil 500 personas ultimadas de 2009 a la fecha, al menos 600 no supera los 30 años de edad; lo más preocupante –dijo–, es que las víctimas son cada vez de menor edad.
Detalló que la mayoría de los 600 asesinatos han sido perpetrados en Cuernavaca y el resto en los municipios de Temixco, Jiutepec, Cuautla, Xochitepec, Emiliano Zapata y Huitzilac.
Los jóvenes asesinados han sido encontrados con impactos de bala, huellas de tortura, algunos descuartizados, otros decapitados e incluso algunos colgados en puentes vehiculares.
Martínez Cruz acusó que es recurrente de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) involucre a los occisos con el crimen organizado sin realizar antes una investigación, además no castiga a los responsables.
Citó el caso ocurrido apenas la mañana del jueves, cuando los cuerpos descuartizados de cuatro estudiantes fueron abandonados frente a la discoteca Barba Azul, a unos metros de la sede del Instituto Federal Electoral, en la colonia La Pradera, de esta capital.
La PGJE identificó a los occisos como Brandon Contreras Gutiérrez, Rembrandt Alejandro Catalán Ramo, Lenin Eduardo Sánchez Montesinos y Bryan Gómez Bustos, quienes era residentes de la colonia Alta Vista. Tres eran alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (Cetis) número 44 y uno de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata. Tenían, 13, 17, 20 y 21 años, respectivamente.
En entrevista colectiva, el vocero de la CIDHM acusó que la PGJE estigmatizó a las víctimas al asentar en un boletín emitido la tarde del jueves que una de las madres de los muchachos declaró que su hijo se había ido de la casa una semana antes y lo había visto con otros muchachos conduciendo una motocicleta.
“La dependencia dio a entender que eran halcones o vendedores de droga, sin investigar y menos esclarecer o dar con los responsables del homicidio. Es inaudito que antes de indagar, las autoridades criminalicen a las personas asesinadas señalando el hecho como un ajuste de cuentas, con lo que pareciera querer justificar el crimen.”
Sostuvo que el gobierno de Morelos, encabezado por el panista Marco Antonio Adame, y el de Cuernavaca, lejos de brindar seguridad en los planteles donde estudiaban los muchachos, “contribuyeron a crear sicosis y terror, al desalojar (la tarde del jueves) a unos mil alumnos del Cetis 44 y de la Preparatoria número 2, de la Universidad Autónoma de Morelos, ambas en la colonia Alta Vista.
Es terrorismo de Estado, aseveró. Y agregó: los jóvenes (del Cetis 44) iban a pedir a las autoridades información sobre el homicidio de sus compañeros; incluso protestarían para exigir justicia, pero los policías los desalojaron, causando pánico para impedir la solidaridad entre los muchachos y padres de familia, sostuvo Martínez Cruz. Este viernes no hubo clases en el plantel.
Mientras, en rueda de prensa frente al palacio de gobierno –sitio donde permanece una ofrenda floral en demanda de justicia por el asesinato de siete personas el 28 de marzo de 2011, entre ellas Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta Javier Sicilia– miembros de la RPJD exigieron que las autoridades cumplan con su deber y las secretarías de seguridad estatal y municipal brinden protección a la gente.
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