Salvador García Soto
Se veía venir. Desde el año pasado, los análisis e investigaciones de los ministros de la Corte, particularmente del ponente del caso, Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, apuntaban en esa dirección: el gobierno mexicano violó procesos y derechos fundamentales para una extranjera acusada y detenida en México, al negarle, entre otras cosas, la asistencia consular obligatoria, lo que podría echar por tierra todo el caso y los procesos y sentencias judiciales en contra de la ciudadana francesa condenada por secuestro.
El dictamen presentado por el ministro Zaldívar y difundido ayer por la Suprema Corte, confirma la tesis de que las irregularidades cometidas en el proceso contra Florence Cassez invalidan todo el caso y podrían dejar en libertad a la secuestradora sentenciada, en lo que representaría un duro revés político y diplomático para el gobierno del presidente Felipe Calderón que se negó a varias peticiones –y presiones—del gobierno de Francia para que el caso fuera revisado o para que se entregará a la justicia gala a esta ciudadana francesa y que pudiera purgar su condena en una prisión de su país.
Aunque falta saber la decisión de la Primera Sala de la Corte, que tendrá que discutir y votar el dictamen que sería aprobado con el voto de 3 de los cinco ministros integrantes, el solo hecho de que ya el ministro ponente haya marcado tan graves violaciones en el proceso judicial contra la extranjera que fue encontrada con una banda de secuestradores e identificada por varios testigos e incluso por personas secuestradas, ya es un duro golpe contra el presidente y contra su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que coordinó y ejecutó el operativo en donde fue detenida Cassez y a quien el mismo ministro Zaldívar menciona como autor del “montaje televisivo” que hizo que, en vez de haber sido puesta a disposición de un juez, Florence haya sido retenida y forzada a participar en una falsa actuación para las cámaras de televisión ordenada por personal a cargo de García Luna.
“No encuentra justificación Constitucional alguna el tiempo en el que Cassez fue retenida en esa propiedad (Rancho Las Chinitas) y expuesta a una escenificación planeada y orquestada por la Agencia Federal de Investigación, con el objetivo de exponerla ante los medios de comunicación como la responsable de tres secuestros”, dice el proyecto. El titular de la AFI en ese entonces era Genaro García Luna.
Así que si la Corte decide otorgarle finalmente el amparo a Florence Cassez y ordena su liberación anulando todo el proceso y la sentencia de 60 años de prisión en su contra, el asunto que llegó a desatar tensión diplomática entre Francia y México, luego de aquella visita del presidente galo Nicolás Zarkozy, que hizo de este un caso político de su gobierno, será una dura despedida del Poder Judicial para el presidente Calderón, que defendió a capa y espada la culpabilidad de la francesa y la solidez jurídica del caso.
Ya en otros casos –guardería ABC y funcionarios federales acusados de “delitos de responsabilidad ética y política”—el ministro Zaldívar se había destacado por sus dictámenes liberales y abiertos en la interpretación de la Constitución, aunque eso le ha valido fuertes presiones del propio gobierno federal que, a través del ex secretario Fernando Gómez Mont, le valió mensajes y advertencias directas del presidente en aquel caso de la guardería de Hermosillo.
La pregunta es si esta vez los ministros se decidirán a votar libremente o si, vinculados varios de ellos al panismo y al gobierno, volverán a anteponer el criterio político y la “defensa de las instituciones” a la hora de emitir un fallo. Una vez más la calidad ética de los ministros de la Corte está a prueba: ¿justicia o política?
Se veía venir. Desde el año pasado, los análisis e investigaciones de los ministros de la Corte, particularmente del ponente del caso, Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, apuntaban en esa dirección: el gobierno mexicano violó procesos y derechos fundamentales para una extranjera acusada y detenida en México, al negarle, entre otras cosas, la asistencia consular obligatoria, lo que podría echar por tierra todo el caso y los procesos y sentencias judiciales en contra de la ciudadana francesa condenada por secuestro.
El dictamen presentado por el ministro Zaldívar y difundido ayer por la Suprema Corte, confirma la tesis de que las irregularidades cometidas en el proceso contra Florence Cassez invalidan todo el caso y podrían dejar en libertad a la secuestradora sentenciada, en lo que representaría un duro revés político y diplomático para el gobierno del presidente Felipe Calderón que se negó a varias peticiones –y presiones—del gobierno de Francia para que el caso fuera revisado o para que se entregará a la justicia gala a esta ciudadana francesa y que pudiera purgar su condena en una prisión de su país.
Aunque falta saber la decisión de la Primera Sala de la Corte, que tendrá que discutir y votar el dictamen que sería aprobado con el voto de 3 de los cinco ministros integrantes, el solo hecho de que ya el ministro ponente haya marcado tan graves violaciones en el proceso judicial contra la extranjera que fue encontrada con una banda de secuestradores e identificada por varios testigos e incluso por personas secuestradas, ya es un duro golpe contra el presidente y contra su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que coordinó y ejecutó el operativo en donde fue detenida Cassez y a quien el mismo ministro Zaldívar menciona como autor del “montaje televisivo” que hizo que, en vez de haber sido puesta a disposición de un juez, Florence haya sido retenida y forzada a participar en una falsa actuación para las cámaras de televisión ordenada por personal a cargo de García Luna.
“No encuentra justificación Constitucional alguna el tiempo en el que Cassez fue retenida en esa propiedad (Rancho Las Chinitas) y expuesta a una escenificación planeada y orquestada por la Agencia Federal de Investigación, con el objetivo de exponerla ante los medios de comunicación como la responsable de tres secuestros”, dice el proyecto. El titular de la AFI en ese entonces era Genaro García Luna.
Así que si la Corte decide otorgarle finalmente el amparo a Florence Cassez y ordena su liberación anulando todo el proceso y la sentencia de 60 años de prisión en su contra, el asunto que llegó a desatar tensión diplomática entre Francia y México, luego de aquella visita del presidente galo Nicolás Zarkozy, que hizo de este un caso político de su gobierno, será una dura despedida del Poder Judicial para el presidente Calderón, que defendió a capa y espada la culpabilidad de la francesa y la solidez jurídica del caso.
Ya en otros casos –guardería ABC y funcionarios federales acusados de “delitos de responsabilidad ética y política”—el ministro Zaldívar se había destacado por sus dictámenes liberales y abiertos en la interpretación de la Constitución, aunque eso le ha valido fuertes presiones del propio gobierno federal que, a través del ex secretario Fernando Gómez Mont, le valió mensajes y advertencias directas del presidente en aquel caso de la guardería de Hermosillo.
La pregunta es si esta vez los ministros se decidirán a votar libremente o si, vinculados varios de ellos al panismo y al gobierno, volverán a anteponer el criterio político y la “defensa de las instituciones” a la hora de emitir un fallo. Una vez más la calidad ética de los ministros de la Corte está a prueba: ¿justicia o política?
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