Francisco Garfias
L’affaire Cassez ha impactado las relaciones entre Francia y México, volvió ayer a los primeros planos.
Y no precisamente de la manera más conveniente para la procuración de justicia en el país.
La sorprendente propuesta de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro de la Suprema Corte, de otorgar “libertad absoluta” para la francesa, sentenciada a 60 años de cárcel por secuestro, exhibe los errores de procedimiento cometidos durante su arresto.
No prejuzga, sin embargo, sobre las pruebas que llevaron a tan larga condena, a juzgar por el comunicado de la SCJN.
La noticia hizo arquear las cejas en la PGR, la cancillería y la SSP federal. El cohetón de Zaldívar los puede dejar en ridículo.
El escueto boletín de la SCJN explica que Zaldívar basó su petición en el hecho de que no sólo se violaron los derechos consulares de la ciudadana francesa, sino también su “derecho fundamental” a ser puesta a disposición inmediata del Ministerio Público.
Cassez, de 37 años, fue arrestada el 8 de diciembre de 2005 junto con su ex pareja, Israel Vallarta, jefe de Los Zodiacos, una banda con una decena de secuestros en su haber.
La bronca es que la desaparecieron durante 24 horas para ser presentada, al día siguiente, frente a las cámaras de televisión, en el rancho Las Chinitas.
Esta escenificación repitió “en directo” la detención de la pareja y la liberación de tres de los supuestos secuestrados. Ella clama su inocencia desde hace más de seis años.
El episodio dio argumentos a algunos analistas franceses para cuestionar, con ácida ironía, la “bananera” justicia mexicana.
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, casi convierte el tema en un asunto de Estado. Sus intentos para que Cassez cumpliera su condena en Francia fracasaron. Las relaciones entre ambos países cayeron a su nivel más bajo en décadas.
Las tensiones que provocó el caso se asoman nuevamente. Frank Berton, abogado francés de Florence Cassez, pronosticó una “terrible campaña mediática” en México contra su cliente.
Es lo que reportó ayer el prestigiado cotidiano Le Monde al informar, en su portal de internet, sobre el polémico caso.
El abogado francés se declaró “confiado”, pero “prudente”, sobre una eventual liberación de la francesa.
“Es la primera vez en siete años que Florence tiene una opinión favorable”, reconoció.
El linchamiento mediático de Cassez lo espera el abogado Berton de aquí al 21 de marzo, fecha en que los cinco integrantes de la primera sala de la SCJN deberán pronunciarse sobre la “constitucionalidad” de la pena impuesta a Cassez.
En los pasillos de la SSP federal se declaran sorprendidos de que el boletín de la SCJN, que da a conocer la propuesta de Zaldívar, haga juicios de valor, sin haberse votado el proyecto.
“Si el proyecto cuestiona que se prejuzga con la exposición de los probables responsables en los medios, el boletín tiene el mismo vicio”, advierten.
Agregan: “Cassez tuvo asistencia consular. Por eso el Séptimo Tribunal Colegiado determinó que no quedó en indefensión”.
“En la PGR llamaron al consulado, pero nadie contestó a la primera comunicación. Llegaron horas después. Ante el juez ya tenía asistencia”, aseguran.
La defensa de la francesa, obvio, llevó agua a su molino “¿Qué nos dice la Corte?”, preguntó Agustín Acosta, abogado mexicano de Cassez, en entrevista con Radio Fórmula.
Él mismo respondió: “Que ese hecho (el montaje) tiene un efecto corruptor sobre todo el proceso. Ese hecho envenena todo el proceso”.
En medio de todo el jaloneo habría que preguntarle a Zaldívar si su propuesta no ignoró a las supuestas víctimas.
Cero y van tres sesiones consecutivas que revientan en San Lázaro.
Dos han sido por falta de quórum. Los panistas nomás no quieren debatir sobre el activo papel del presidente Calderón en el proceso electoral.
No reflejan su presencia en el tablero electrónico, aunque se encuentren en el salón, y su supuesta o real ausencia obliga a suspender la sesión.
La otra se originó en la inconformidad de los legisladores por la falta de respuestas a los cuestionamientos sobre la Cuenta Pública de 2010, formulados durante la comparecencia de Rafael Morgan Ríos, titular de la Función Pública.
Ante esta “burla al Congreso” —así la calificó Francisco Rojas, coordinador de la fracción del PRI—, la Cámara de Diputados acordó, a propuesta del perredista Armando Ríos Piter, “acudir en queja” ante el titular del Ejecutivo.
Las preguntas parlamentarias que Morgan no respondió se las harán los diputados directamente a la Presidencia de la República.
L’affaire Cassez ha impactado las relaciones entre Francia y México, volvió ayer a los primeros planos.
Y no precisamente de la manera más conveniente para la procuración de justicia en el país.
La sorprendente propuesta de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro de la Suprema Corte, de otorgar “libertad absoluta” para la francesa, sentenciada a 60 años de cárcel por secuestro, exhibe los errores de procedimiento cometidos durante su arresto.
No prejuzga, sin embargo, sobre las pruebas que llevaron a tan larga condena, a juzgar por el comunicado de la SCJN.
La noticia hizo arquear las cejas en la PGR, la cancillería y la SSP federal. El cohetón de Zaldívar los puede dejar en ridículo.
El escueto boletín de la SCJN explica que Zaldívar basó su petición en el hecho de que no sólo se violaron los derechos consulares de la ciudadana francesa, sino también su “derecho fundamental” a ser puesta a disposición inmediata del Ministerio Público.
Cassez, de 37 años, fue arrestada el 8 de diciembre de 2005 junto con su ex pareja, Israel Vallarta, jefe de Los Zodiacos, una banda con una decena de secuestros en su haber.
La bronca es que la desaparecieron durante 24 horas para ser presentada, al día siguiente, frente a las cámaras de televisión, en el rancho Las Chinitas.
Esta escenificación repitió “en directo” la detención de la pareja y la liberación de tres de los supuestos secuestrados. Ella clama su inocencia desde hace más de seis años.
El episodio dio argumentos a algunos analistas franceses para cuestionar, con ácida ironía, la “bananera” justicia mexicana.
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, casi convierte el tema en un asunto de Estado. Sus intentos para que Cassez cumpliera su condena en Francia fracasaron. Las relaciones entre ambos países cayeron a su nivel más bajo en décadas.
Las tensiones que provocó el caso se asoman nuevamente. Frank Berton, abogado francés de Florence Cassez, pronosticó una “terrible campaña mediática” en México contra su cliente.
Es lo que reportó ayer el prestigiado cotidiano Le Monde al informar, en su portal de internet, sobre el polémico caso.
El abogado francés se declaró “confiado”, pero “prudente”, sobre una eventual liberación de la francesa.
“Es la primera vez en siete años que Florence tiene una opinión favorable”, reconoció.
El linchamiento mediático de Cassez lo espera el abogado Berton de aquí al 21 de marzo, fecha en que los cinco integrantes de la primera sala de la SCJN deberán pronunciarse sobre la “constitucionalidad” de la pena impuesta a Cassez.
En los pasillos de la SSP federal se declaran sorprendidos de que el boletín de la SCJN, que da a conocer la propuesta de Zaldívar, haga juicios de valor, sin haberse votado el proyecto.
“Si el proyecto cuestiona que se prejuzga con la exposición de los probables responsables en los medios, el boletín tiene el mismo vicio”, advierten.
Agregan: “Cassez tuvo asistencia consular. Por eso el Séptimo Tribunal Colegiado determinó que no quedó en indefensión”.
“En la PGR llamaron al consulado, pero nadie contestó a la primera comunicación. Llegaron horas después. Ante el juez ya tenía asistencia”, aseguran.
La defensa de la francesa, obvio, llevó agua a su molino “¿Qué nos dice la Corte?”, preguntó Agustín Acosta, abogado mexicano de Cassez, en entrevista con Radio Fórmula.
Él mismo respondió: “Que ese hecho (el montaje) tiene un efecto corruptor sobre todo el proceso. Ese hecho envenena todo el proceso”.
En medio de todo el jaloneo habría que preguntarle a Zaldívar si su propuesta no ignoró a las supuestas víctimas.
Cero y van tres sesiones consecutivas que revientan en San Lázaro.
Dos han sido por falta de quórum. Los panistas nomás no quieren debatir sobre el activo papel del presidente Calderón en el proceso electoral.
No reflejan su presencia en el tablero electrónico, aunque se encuentren en el salón, y su supuesta o real ausencia obliga a suspender la sesión.
La otra se originó en la inconformidad de los legisladores por la falta de respuestas a los cuestionamientos sobre la Cuenta Pública de 2010, formulados durante la comparecencia de Rafael Morgan Ríos, titular de la Función Pública.
Ante esta “burla al Congreso” —así la calificó Francisco Rojas, coordinador de la fracción del PRI—, la Cámara de Diputados acordó, a propuesta del perredista Armando Ríos Piter, “acudir en queja” ante el titular del Ejecutivo.
Las preguntas parlamentarias que Morgan no respondió se las harán los diputados directamente a la Presidencia de la República.
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