Iván Restrepo
El lunes pasado, en su siempre bien documentada columna, Carlos Fernández-Vega se remitió a las cifras oficiales para mostrar hasta qué punto la mejoría en las condiciones económicas de la población que tanto proclama el segundo gobierno del cambio no dejan de ser una tomadura de pelo. Comenzando con el aumento que registran desde años atrás los productos que integran la canasta básica y que supera por mucho el de los salarios y el índice inflacionario. Y añadiendo que los precios de esos productos básicos se ha disparado, entre otras cosas, por las erróneas y tardías políticas para enfrentar lo mismo la sequía, que las heladas o las lluvias abundantes, todo lo cual ha resultado en la disminución de la producción agropecuaria.
Mientras, los funcionarios aseguran en sus mensajes y en la machacona publicidad oficial que el abasto de alimentos está garantizado y a precios accesibles y que la producción agropecuaria es todo un éxito. Pero se amontonan las quejas por la pérdida de cosechas, la falta de auxilio suficiente y oportuno para las áreas siniestradas y el burocratismo para entregar los apoyos prometidos. Y como lo que se produce internamente no alcanza para cubrir la demanda (pero no todas las necesidades de la población), el gobierno trae de fuera lo que falta, adquiriéndolo en un mercado que se distingue por el aumento de los precios y la especulación internacional. Fernández Vega calcula que las masivas importaciones de arroz, maíz, leche, pescado, azúcar, trigo, carne, frijol, pollo, pueden ascender en el segundo sexenio del cambio a más de 100 mil millones de dólares. Sólo el año pasado se importaron alimentos por más de 23 mil millones de dólares.
En un país con 7 millones de hectáreas de riego, con una zona marítima de 3.5 millones de kilómetros cuadrados, con centenares de ríos y lagunas, que contiene una riqueza incalculable y diversa en especies para consumo humano, con extensas zonas de pastizal, importamos, sin embargo, parte apreciable del consumo básico de la gente. Hasta pescado y carne. Cabe señalar que la actividad pesquera del país apenas genera 0.2 por ciento del producto interno bruto, pese a que es un renglón fundamental para obtener alimentos con alto contenido de proteína para consumo humano. Y que, junto con la acuacultura, la pesca debía ser palanca básica para lograr la seguridad alimentaria, generar más empleos (en especial en la zona costera) y obtener divisas.
Cuando el país dispone de la suficiente infraestructura para lograr la autosuficiencia alimentaria y hasta exportar productos de alta demanda en los mercados globales, los dos gobiernos panistas se encargaron de enterrar las políticas en dicha materia que ya venían averiadas desde los últimos gobiernos del Partido Revolucionario Institucional. Hoy somos más dependientes de los grandes mercados internacionales, controlados por unas cuantas potencias y trasnacionales.
Con los más de 100 mil millones de dólares gastados este sexenio en traer alimentos de fuera, México hubiera podido llevar a cabo una amplia política agropecuaria para dar empleo a los miles de campesinos que hoy migran a las ciudades o el exterior con tal de obtener trabajo, ingreso para ellos y sus familias. Con el agravante de que son jóvenes la mayoría de quienes dejan el sector rural. Y si éste no presenta problemas mucho mayores se debe a las millonarias remesas en dólares que a sus familias envían cada año quienes laboran en Estados Unidos y Canadá.
Han faltado políticas para rehabilitar las áreas de riego y buen temporal y conservar los suelos. Igual ausente otra para diversificar las fuentes de empleo. Como muestran la experiencia y la ciencia económica, el empleo rural productivo y las inversiones en infraestructura agropecuaria tienen un efecto multiplicador sobre el resto de la sociedad, desde la industria hasta los servicios. Y de manera significativa, en elevar la calidad de vida del sector más urgido de apoyo y que es clave en la tarea de conservar el ambiente y recursos naturales tan fundamentales como el agua y el bosque.
El sexenio del empleo se encamina a su fin y nos deja con más dependencia del exterior en alimentos y con un sector agrario en crisis.
El lunes pasado, en su siempre bien documentada columna, Carlos Fernández-Vega se remitió a las cifras oficiales para mostrar hasta qué punto la mejoría en las condiciones económicas de la población que tanto proclama el segundo gobierno del cambio no dejan de ser una tomadura de pelo. Comenzando con el aumento que registran desde años atrás los productos que integran la canasta básica y que supera por mucho el de los salarios y el índice inflacionario. Y añadiendo que los precios de esos productos básicos se ha disparado, entre otras cosas, por las erróneas y tardías políticas para enfrentar lo mismo la sequía, que las heladas o las lluvias abundantes, todo lo cual ha resultado en la disminución de la producción agropecuaria.
Mientras, los funcionarios aseguran en sus mensajes y en la machacona publicidad oficial que el abasto de alimentos está garantizado y a precios accesibles y que la producción agropecuaria es todo un éxito. Pero se amontonan las quejas por la pérdida de cosechas, la falta de auxilio suficiente y oportuno para las áreas siniestradas y el burocratismo para entregar los apoyos prometidos. Y como lo que se produce internamente no alcanza para cubrir la demanda (pero no todas las necesidades de la población), el gobierno trae de fuera lo que falta, adquiriéndolo en un mercado que se distingue por el aumento de los precios y la especulación internacional. Fernández Vega calcula que las masivas importaciones de arroz, maíz, leche, pescado, azúcar, trigo, carne, frijol, pollo, pueden ascender en el segundo sexenio del cambio a más de 100 mil millones de dólares. Sólo el año pasado se importaron alimentos por más de 23 mil millones de dólares.
En un país con 7 millones de hectáreas de riego, con una zona marítima de 3.5 millones de kilómetros cuadrados, con centenares de ríos y lagunas, que contiene una riqueza incalculable y diversa en especies para consumo humano, con extensas zonas de pastizal, importamos, sin embargo, parte apreciable del consumo básico de la gente. Hasta pescado y carne. Cabe señalar que la actividad pesquera del país apenas genera 0.2 por ciento del producto interno bruto, pese a que es un renglón fundamental para obtener alimentos con alto contenido de proteína para consumo humano. Y que, junto con la acuacultura, la pesca debía ser palanca básica para lograr la seguridad alimentaria, generar más empleos (en especial en la zona costera) y obtener divisas.
Cuando el país dispone de la suficiente infraestructura para lograr la autosuficiencia alimentaria y hasta exportar productos de alta demanda en los mercados globales, los dos gobiernos panistas se encargaron de enterrar las políticas en dicha materia que ya venían averiadas desde los últimos gobiernos del Partido Revolucionario Institucional. Hoy somos más dependientes de los grandes mercados internacionales, controlados por unas cuantas potencias y trasnacionales.
Con los más de 100 mil millones de dólares gastados este sexenio en traer alimentos de fuera, México hubiera podido llevar a cabo una amplia política agropecuaria para dar empleo a los miles de campesinos que hoy migran a las ciudades o el exterior con tal de obtener trabajo, ingreso para ellos y sus familias. Con el agravante de que son jóvenes la mayoría de quienes dejan el sector rural. Y si éste no presenta problemas mucho mayores se debe a las millonarias remesas en dólares que a sus familias envían cada año quienes laboran en Estados Unidos y Canadá.
Han faltado políticas para rehabilitar las áreas de riego y buen temporal y conservar los suelos. Igual ausente otra para diversificar las fuentes de empleo. Como muestran la experiencia y la ciencia económica, el empleo rural productivo y las inversiones en infraestructura agropecuaria tienen un efecto multiplicador sobre el resto de la sociedad, desde la industria hasta los servicios. Y de manera significativa, en elevar la calidad de vida del sector más urgido de apoyo y que es clave en la tarea de conservar el ambiente y recursos naturales tan fundamentales como el agua y el bosque.
El sexenio del empleo se encamina a su fin y nos deja con más dependencia del exterior en alimentos y con un sector agrario en crisis.
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