FC gana en el corto plazo
Montaje judicial
¿Y las televisoras, apá?
Julio Hernández López / Astillero
El ministro Felipe Calderón Hinojosa consiguió ayer los votos y el enredo suficientes para que una eventual sanción jurídica o política al vicepresidente ejecutante, Genaro García Luna, se pospusiera (o, en una de ésas, se diluya) hasta momentos electorales menos complicados para el gobierno federal. La vigorosa intervención del comandante Calderón logró corregir a tiempo el rumbo de una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pretendía declararse en una suerte de motín jurídico contra los abusos del capitán García Luna y su sabida vocación de recreador escénico para consumo televisivo y mayor gloria de su secretaría de seguridad pública.
El día en que un puñado de ministros de la Corte estableció como tesis jurisprudencial la supremacía del grito de ¡Corte! sobre el respeto al debido proceso judicial comenzó con el titular del Poder Judicial federal, Juan Silva Meza, poniéndose el huarache de presunta valentía institucional antes de la espinada concreta que en esa institución se daría a la hora de ceder ante las abiertas y graves presiones de Felipe Calderón para que no se liberara a una francesa pero, en realidad, para que no se colocara al favorito García Luna bajo una obligada guillotina política, si es que sus andanzas corruptoras del curso legal eran objeto de condena al reconocer que por ellas debía salir Florence Cassez de la cárcel.
En el acto oficial conmemorativo del natalicio de Benito Juárez, el ministro presidente, Juan Silva Meza, dijo que los juzgadores federales, al realizar nuestra labor interpretativa, no debemos equivocar el rumbo y las prioridades. La verdadera seguridad es la que se construye en la legalidad. El sistema se sostiene en la credibilidad y en la solidez del estricto cumplimiento de la ley. Luego planteó: No a la arbitrariedad y defendió la justicia basada en instituciones y procesos, que hagan que sea justicia de verdad. No al abuso del poder, paso previo al autoritarismo y a la impunidad. No a la creencia de que la ley puede cumplirse a capricho.
Pero ya en la sala donde cinco ministros deberían haber convertido los buenos deseos discursivos en realidad, el proyecto de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que criticaba con fuerza los actos corruptores de García Luna y demandaba la liberación de Cassez, fue desechado. Al buen morir de esa propuesta ayudó en especial José Ramón Cossío, ministro que en otros lances ha mostrado un talante que ahora no apareció, quien abrió la puerta a la condena en general de las violaciones procesales garcialunescas, pero sin liberar todavía a la francesa y reponiendo más delante tramos del proceso para reconsiderar culpabilidades.
El desenlace de esta batalla en la Corte favorece en primera instancia y en el corto plazo a Los Pinos y al productor García Luna. Calderón presionó abiertamente, utilizando diversas piezas de uno de sus tableros de ajedrez (entre ellos, de manera notable, a Isabel Miranda de Wallace, quien es candidata partidista a un cargo de elección popular pero pretende seguir en el activismo oficialista), para doblegar a los ministros y evitar el durísimo golpe electoral de ver en libertad a Cassez y en riesgo a su protegido (¿o es al revés?) García Luna. Por lo pronto, el asunto se posterga, y ésa es la gran ganancia para el calderonismo.
Los ministros, por su parte (como si se estuviera en presencia de un acuerdo político), dejaron asentada la inequívoca valoración negativa del actuar de García Luna y sus agentes cinematográficos. Ya decidirá Calderón si encuentra una salida menos traumática para el secretario de seguridad pública en poco tiempo, ya sin que parezca resultado de la descalificación de ese funcionario hecha hoy, o si se espera a guerrear más delante para tratar de salvar nuevamente la cabeza del policía mayor. También se entreabrió la puerta para Cassez, que podría ser liberada en otro momento político.
Calderón envenenó este episodio con sus discursos amenazantes y la movilización de su elenco. Para defender a García Luna y como no lo ha hecho en ninguno de los momentos en que la sociedad reclama justicia en casos emblemáticos (sólo por dar un ejemplo, los niños de la guardería ABC), el calderonismo alentó una división social más al usar propaganda maniquea con la que quienes defendieron el debido proceso legal eran tachados de ignorar los derechos de las víctimas, de la misma manera en que se agrede a quienes disienten de las sangrientas formas gubernamentales de combate al narcotráfico atribuyéndoles que así se alinean en defensa de los criminales.
La argumentación tramposa de Los Pinos trata de crear una cortina de humo para que los ciudadanos no se detengan en la realidad sustancial: el funcionario más consentido de Calderón, el ingeniero García Luna, pervirtió el proceso que habría permitido saber si una extranjera era culpable o inocente de participar en secuestros e incluso, en un acto surrealista, montó una escenificación especial para las televisoras nacionales que pasaron la teatralización como si fuera en vivo.
Miles y miles de denuncias parecidas hay respecto a acciones de la policía federal, los soldados y los marinos, que conllevan graves violaciones procesales y de derechos humanos. Nada de lo montado sobre falsedades puede tener garantía de desembocar en un juicio justo, sino todo lo contrario. Pero liberar a presuntos culpables a causa de la sistemática transgresión de reglas básicas por parte de las autoridades no es algo que deba causar agravio a los juzgadores ni a los ciudadanos que defienden el recto cumplimiento de las leyes, en sus aspectos sustantivos y procesales, sino a esas autoridades mentirosas y manipuladoras.
Intocable queda, además, el duopolio televisivo y, en especial, Televisa y sus noticieros donde se difundieron las falsedades orquestadas por un jefe policiaco pero bien recibidas y atendidas por las empresas constructoras de las percepciones envenenadas del México actual. Y, mientras el IFE ha exonerado a FC por sus famosas encuestas de los cuatro puntos josefinos, ¡hasta mañana!
Montaje judicial
¿Y las televisoras, apá?
Julio Hernández López / Astillero
El ministro Felipe Calderón Hinojosa consiguió ayer los votos y el enredo suficientes para que una eventual sanción jurídica o política al vicepresidente ejecutante, Genaro García Luna, se pospusiera (o, en una de ésas, se diluya) hasta momentos electorales menos complicados para el gobierno federal. La vigorosa intervención del comandante Calderón logró corregir a tiempo el rumbo de una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pretendía declararse en una suerte de motín jurídico contra los abusos del capitán García Luna y su sabida vocación de recreador escénico para consumo televisivo y mayor gloria de su secretaría de seguridad pública.
El día en que un puñado de ministros de la Corte estableció como tesis jurisprudencial la supremacía del grito de ¡Corte! sobre el respeto al debido proceso judicial comenzó con el titular del Poder Judicial federal, Juan Silva Meza, poniéndose el huarache de presunta valentía institucional antes de la espinada concreta que en esa institución se daría a la hora de ceder ante las abiertas y graves presiones de Felipe Calderón para que no se liberara a una francesa pero, en realidad, para que no se colocara al favorito García Luna bajo una obligada guillotina política, si es que sus andanzas corruptoras del curso legal eran objeto de condena al reconocer que por ellas debía salir Florence Cassez de la cárcel.
En el acto oficial conmemorativo del natalicio de Benito Juárez, el ministro presidente, Juan Silva Meza, dijo que los juzgadores federales, al realizar nuestra labor interpretativa, no debemos equivocar el rumbo y las prioridades. La verdadera seguridad es la que se construye en la legalidad. El sistema se sostiene en la credibilidad y en la solidez del estricto cumplimiento de la ley. Luego planteó: No a la arbitrariedad y defendió la justicia basada en instituciones y procesos, que hagan que sea justicia de verdad. No al abuso del poder, paso previo al autoritarismo y a la impunidad. No a la creencia de que la ley puede cumplirse a capricho.
Pero ya en la sala donde cinco ministros deberían haber convertido los buenos deseos discursivos en realidad, el proyecto de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que criticaba con fuerza los actos corruptores de García Luna y demandaba la liberación de Cassez, fue desechado. Al buen morir de esa propuesta ayudó en especial José Ramón Cossío, ministro que en otros lances ha mostrado un talante que ahora no apareció, quien abrió la puerta a la condena en general de las violaciones procesales garcialunescas, pero sin liberar todavía a la francesa y reponiendo más delante tramos del proceso para reconsiderar culpabilidades.
El desenlace de esta batalla en la Corte favorece en primera instancia y en el corto plazo a Los Pinos y al productor García Luna. Calderón presionó abiertamente, utilizando diversas piezas de uno de sus tableros de ajedrez (entre ellos, de manera notable, a Isabel Miranda de Wallace, quien es candidata partidista a un cargo de elección popular pero pretende seguir en el activismo oficialista), para doblegar a los ministros y evitar el durísimo golpe electoral de ver en libertad a Cassez y en riesgo a su protegido (¿o es al revés?) García Luna. Por lo pronto, el asunto se posterga, y ésa es la gran ganancia para el calderonismo.
Los ministros, por su parte (como si se estuviera en presencia de un acuerdo político), dejaron asentada la inequívoca valoración negativa del actuar de García Luna y sus agentes cinematográficos. Ya decidirá Calderón si encuentra una salida menos traumática para el secretario de seguridad pública en poco tiempo, ya sin que parezca resultado de la descalificación de ese funcionario hecha hoy, o si se espera a guerrear más delante para tratar de salvar nuevamente la cabeza del policía mayor. También se entreabrió la puerta para Cassez, que podría ser liberada en otro momento político.
Calderón envenenó este episodio con sus discursos amenazantes y la movilización de su elenco. Para defender a García Luna y como no lo ha hecho en ninguno de los momentos en que la sociedad reclama justicia en casos emblemáticos (sólo por dar un ejemplo, los niños de la guardería ABC), el calderonismo alentó una división social más al usar propaganda maniquea con la que quienes defendieron el debido proceso legal eran tachados de ignorar los derechos de las víctimas, de la misma manera en que se agrede a quienes disienten de las sangrientas formas gubernamentales de combate al narcotráfico atribuyéndoles que así se alinean en defensa de los criminales.
La argumentación tramposa de Los Pinos trata de crear una cortina de humo para que los ciudadanos no se detengan en la realidad sustancial: el funcionario más consentido de Calderón, el ingeniero García Luna, pervirtió el proceso que habría permitido saber si una extranjera era culpable o inocente de participar en secuestros e incluso, en un acto surrealista, montó una escenificación especial para las televisoras nacionales que pasaron la teatralización como si fuera en vivo.
Miles y miles de denuncias parecidas hay respecto a acciones de la policía federal, los soldados y los marinos, que conllevan graves violaciones procesales y de derechos humanos. Nada de lo montado sobre falsedades puede tener garantía de desembocar en un juicio justo, sino todo lo contrario. Pero liberar a presuntos culpables a causa de la sistemática transgresión de reglas básicas por parte de las autoridades no es algo que deba causar agravio a los juzgadores ni a los ciudadanos que defienden el recto cumplimiento de las leyes, en sus aspectos sustantivos y procesales, sino a esas autoridades mentirosas y manipuladoras.
Intocable queda, además, el duopolio televisivo y, en especial, Televisa y sus noticieros donde se difundieron las falsedades orquestadas por un jefe policiaco pero bien recibidas y atendidas por las empresas constructoras de las percepciones envenenadas del México actual. Y, mientras el IFE ha exonerado a FC por sus famosas encuestas de los cuatro puntos josefinos, ¡hasta mañana!
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