Apro
Ciudadanos de Nuevo León presentaron una serie de amparos para impedir que representantes populares (alcaldes, diputados y senadores) de cualquier partido soliciten licencia para buscar otros cargos sin haber concluido el periodo para el que fueron elegidos constitucionalmente.
Entre los demandados destaca la candidata del PAN a la Presidencia, Josefina Vázquez Mota, quien fue electa como diputada federal por un periodo de tres años, pero solicitó licencia para contender por la primera magistratura del país.
También se presentó un amparo contra la eventual licencia del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, quien después de haber librado una embestida de su propio partido, el PAN, para que renunciara por el escándalo desatado por la presunta extorsión de su hermano Jonás a un casino de la capital nuevoleonesa, ahora pretende solicitar licencia para contender por una diputación federal.
Asimismo, contra la licencia de la alcaldesa de Guadalupe, la priista Ivonne Álvarez García, quien la noche de ayer fue obligada por un tribunal colegiado a regresar al Cabildo.
El abogado Olmo Guerrero Martínez aseguró que ya se tienen preparados otros recursos similares para representantes populares federales.
Las demandas han abierto el debate sobre las aspiraciones de los funcionarios, conocidos como “chapulines”, que tradicionalmente han accedido a puestos mediante la voluntad popular y han terminado traicionando su palabra para dejar el cargo.
El caso que inició el debate es el de Álvarez García, quien durante su campaña y también al asumir el cargo se comprometió a cumplir el periodo constitucional de tres años, que finaliza este próximo 31 de octubre.
Sin embargo, el 20 de enero, en la sesión 76 de Cabildo, solicitó licencia al puesto y al día siguiente se registró en la sede del PRI estatal como candidata a senadora.
La ciudadana Dinorah Cantú Pedraza, radicada en Guadalupe, demandó el 20 de febrero a Álvarez y a través del amparo 111/2012 obtuvo que un Tribunal Colegiado le ordenara a la alcaldesa, el 6 de marzo, que regresara a su puesto, hasta que se desahogue –el viernes 9– la audiencia incidental, donde puede permanecer la suspensión solicitada o negársele.
El caso enfrenta una audiencia constitucional para el 23 de marzo, donde se desahogarían los argumentos finales. El tiempo corre para la alcaldesa de Guadalupe, quien al regresar al puesto, este jueves por la mañana, dijo que sus derechos fueron vulnerados.
El 30 de marzo es la fecha límite para que un funcionario popularmente electo se separe del puesto, es decir 90 días antes de las elecciones del 1 de julio.
Esta tarde, un abogado que se identificó como Marco Castillo presentó ante el Instituto Federal Electoral una solicitud para que sea revocado el registro de Ivonne Álvarez como precandidata al Senado.
Olmo Guerrero Martínez, abogado que representa a Cantú Pedraza, anticipó la estrategia legal que utilizará la alcaldesa guadalupense para dejar el puesto: Cree que se separará del cargo un día antes de que venza el plazo constitucional, con lo que la parte demandante enfrentará problemas mayores para volver a interponer una nueva demanda, mientras avanza el plazo hacia la elección.
El litigante dijo que para esa “argucia legal” ya tiene una respuesta jurídica que en su momento dará a conocer.
El mismo Guerrero Martínez informó esta tarde que un ciudadano, Eduardo Montemayor, radicado en Monterrey, interpuso una demanda similar contra Fernando Larrazabal Bretón, quien públicamente ya fue designado por Acción Nacional candidato a diputado por la vía plurinominal.
El ciudadano tramitó la semana pasada el amparo 139/2012 con el que espera protegerse contra el anticipado acto de Larrazabal, que tendrá que solicitar licencia ante el Cabildo regio antes del 30 de marzo.
La parte demandante considera que aunque el edil regiomontano no haya solicitado licencia aún, pueden recurrir a la protección federal ante la sola inminencia del hecho, lo cual implicaría una irregularidad de orden administrativo, como sería el otorgamiento de licencia a alguien inelegible, como es una persona electa por votación en las urnas.
“Esta otra demanda es un acto que se va a generar como consecuencia de las manifestaciones públicas. Esta cuestión está en puntos cercanos al de la alcaldesa de Guadalupe, toda vez que, como hemos planteado, buscamos impulsar nuestro movimiento apartidista y buscar un cambio efectivo”, explicó.
El abogado dijo que en breve espera promover más juicios de amparo contra otros alcaldes de todos los partidos políticos para confirmar el ánimo imparcial de su iniciativa.
El juicio se ventilará en el Tercer Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, donde se lleva el caso de Ivonne Álvarez.
El juzgador de la misma sala aceptó esta mañana una demanda que presentó el partido Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, en contra de Josefina Vázquez Mota, quien el 6 de septiembre obtuvo licencia indefinida para dejar su puesto como diputada federal, al que llegó por la vía plurinominal, para contender por la Presidencia de México bajo las siglas del Partido Acción Nacional.
En entrevista, Ernesto Pompeyo Cerda Serna, dirigente de MC en Nuevo León, dijo que la demanda es por los mismos motivos por los que la particular se amparó contra el “chapulineo” de Ivonne Álvarez, la alcaldesa de Guadalupe.
“Una vez que un ciudadano (Dinorah Cantú) logra el amparo, consideramos que es el momento preciso para frenar a los chapulines. En ese sentido consideramos que la misma sentencia que dio el tribunal en el caso de la alcaldesa de Guadalupe debe aplicarse a la ciudadana Josefina Vázquez Mota”, dijo en el exterior de los juzgados federales.
Explicó que la aspirante panista juró cumplir con la Constitución y terminar su mandato, por lo que no debió pedir una licencia porque está faltando a su protesta de cumplir y hacer cumplir la ley.
Comentó que en el ámbito federal ya se analizan otros 37 expedientes de funcionarios de todos los partidos que podrían caer en el mismo supuesto y ser demandados.
Entre ellos, está Luis Walton, senador de la República y dirigente nacional de MC, quien podría dejar su puesto para contender por la alcaldía de Acapulco, Guerrero. Ya se registró como precandidato, y cuando solicite licencia será demandado a través de un juicio de amparo para que termine su gestión, anunció Cerda.
Ciudadanos de Nuevo León presentaron una serie de amparos para impedir que representantes populares (alcaldes, diputados y senadores) de cualquier partido soliciten licencia para buscar otros cargos sin haber concluido el periodo para el que fueron elegidos constitucionalmente.
Entre los demandados destaca la candidata del PAN a la Presidencia, Josefina Vázquez Mota, quien fue electa como diputada federal por un periodo de tres años, pero solicitó licencia para contender por la primera magistratura del país.
También se presentó un amparo contra la eventual licencia del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, quien después de haber librado una embestida de su propio partido, el PAN, para que renunciara por el escándalo desatado por la presunta extorsión de su hermano Jonás a un casino de la capital nuevoleonesa, ahora pretende solicitar licencia para contender por una diputación federal.
Asimismo, contra la licencia de la alcaldesa de Guadalupe, la priista Ivonne Álvarez García, quien la noche de ayer fue obligada por un tribunal colegiado a regresar al Cabildo.
El abogado Olmo Guerrero Martínez aseguró que ya se tienen preparados otros recursos similares para representantes populares federales.
Las demandas han abierto el debate sobre las aspiraciones de los funcionarios, conocidos como “chapulines”, que tradicionalmente han accedido a puestos mediante la voluntad popular y han terminado traicionando su palabra para dejar el cargo.
El caso que inició el debate es el de Álvarez García, quien durante su campaña y también al asumir el cargo se comprometió a cumplir el periodo constitucional de tres años, que finaliza este próximo 31 de octubre.
Sin embargo, el 20 de enero, en la sesión 76 de Cabildo, solicitó licencia al puesto y al día siguiente se registró en la sede del PRI estatal como candidata a senadora.
La ciudadana Dinorah Cantú Pedraza, radicada en Guadalupe, demandó el 20 de febrero a Álvarez y a través del amparo 111/2012 obtuvo que un Tribunal Colegiado le ordenara a la alcaldesa, el 6 de marzo, que regresara a su puesto, hasta que se desahogue –el viernes 9– la audiencia incidental, donde puede permanecer la suspensión solicitada o negársele.
El caso enfrenta una audiencia constitucional para el 23 de marzo, donde se desahogarían los argumentos finales. El tiempo corre para la alcaldesa de Guadalupe, quien al regresar al puesto, este jueves por la mañana, dijo que sus derechos fueron vulnerados.
El 30 de marzo es la fecha límite para que un funcionario popularmente electo se separe del puesto, es decir 90 días antes de las elecciones del 1 de julio.
Esta tarde, un abogado que se identificó como Marco Castillo presentó ante el Instituto Federal Electoral una solicitud para que sea revocado el registro de Ivonne Álvarez como precandidata al Senado.
Olmo Guerrero Martínez, abogado que representa a Cantú Pedraza, anticipó la estrategia legal que utilizará la alcaldesa guadalupense para dejar el puesto: Cree que se separará del cargo un día antes de que venza el plazo constitucional, con lo que la parte demandante enfrentará problemas mayores para volver a interponer una nueva demanda, mientras avanza el plazo hacia la elección.
El litigante dijo que para esa “argucia legal” ya tiene una respuesta jurídica que en su momento dará a conocer.
El mismo Guerrero Martínez informó esta tarde que un ciudadano, Eduardo Montemayor, radicado en Monterrey, interpuso una demanda similar contra Fernando Larrazabal Bretón, quien públicamente ya fue designado por Acción Nacional candidato a diputado por la vía plurinominal.
El ciudadano tramitó la semana pasada el amparo 139/2012 con el que espera protegerse contra el anticipado acto de Larrazabal, que tendrá que solicitar licencia ante el Cabildo regio antes del 30 de marzo.
La parte demandante considera que aunque el edil regiomontano no haya solicitado licencia aún, pueden recurrir a la protección federal ante la sola inminencia del hecho, lo cual implicaría una irregularidad de orden administrativo, como sería el otorgamiento de licencia a alguien inelegible, como es una persona electa por votación en las urnas.
“Esta otra demanda es un acto que se va a generar como consecuencia de las manifestaciones públicas. Esta cuestión está en puntos cercanos al de la alcaldesa de Guadalupe, toda vez que, como hemos planteado, buscamos impulsar nuestro movimiento apartidista y buscar un cambio efectivo”, explicó.
El abogado dijo que en breve espera promover más juicios de amparo contra otros alcaldes de todos los partidos políticos para confirmar el ánimo imparcial de su iniciativa.
El juicio se ventilará en el Tercer Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, donde se lleva el caso de Ivonne Álvarez.
El juzgador de la misma sala aceptó esta mañana una demanda que presentó el partido Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, en contra de Josefina Vázquez Mota, quien el 6 de septiembre obtuvo licencia indefinida para dejar su puesto como diputada federal, al que llegó por la vía plurinominal, para contender por la Presidencia de México bajo las siglas del Partido Acción Nacional.
En entrevista, Ernesto Pompeyo Cerda Serna, dirigente de MC en Nuevo León, dijo que la demanda es por los mismos motivos por los que la particular se amparó contra el “chapulineo” de Ivonne Álvarez, la alcaldesa de Guadalupe.
“Una vez que un ciudadano (Dinorah Cantú) logra el amparo, consideramos que es el momento preciso para frenar a los chapulines. En ese sentido consideramos que la misma sentencia que dio el tribunal en el caso de la alcaldesa de Guadalupe debe aplicarse a la ciudadana Josefina Vázquez Mota”, dijo en el exterior de los juzgados federales.
Explicó que la aspirante panista juró cumplir con la Constitución y terminar su mandato, por lo que no debió pedir una licencia porque está faltando a su protesta de cumplir y hacer cumplir la ley.
Comentó que en el ámbito federal ya se analizan otros 37 expedientes de funcionarios de todos los partidos que podrían caer en el mismo supuesto y ser demandados.
Entre ellos, está Luis Walton, senador de la República y dirigente nacional de MC, quien podría dejar su puesto para contender por la alcaldía de Acapulco, Guerrero. Ya se registró como precandidato, y cuando solicite licencia será demandado a través de un juicio de amparo para que termine su gestión, anunció Cerda.
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