Javier Arcadia Galaviz / Cuestión de Debate
Paradójico, pero podría suceder que mientras que la francesa, Florence Cassez, estaría a punto de ser puesta en la calle por virtud de que el máximo tribunal del país (Suprema Corte de Justicia de la Nación) le llegue a decretar su libertad, Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, su antes implacable y temeroso aprehensor, por su parte también podría ser puesto de patitas en la calle. Pero éste no por cuestiones de recibir una gloriosa y anhelada libertad, sino por sus torpezas e ineptitudes con que se condujo en esos hechos persecutorios que culminaron con una desaseada encarcelación de la extranjera, lo cual sería suficiente como para que de manera fulminante se le destituya del importante cargo público que inexplicablemente aun todavía ocupa.
Es decir, por las arbitrariedades y las pifias jurídicas cometidas durante el arresto de la francesa y el consecuente proceso penal que se le instruyó en su contra, supuestamente por ser coparticipe en distintos secuestros perpetrados en nuestro país, la renuncia, la destitución o la inhabilitación de García Luna, es lo menos que de inicio habría de arrojar como saldo negativo un proceso penal, al parecer, viciado de origen. Ello en razón de no haberse apegado con estricto rigor a lo que se entiende como el principio de “debido proceso” que tanto las autoridades persecutoras como las impartidoras de justicia debieron observar a cabalidad antes y durante el desarrollo del proceso incriminatorio señalado, porque simplemente así lo ordena la Constitución General de la República y el correspondiente código penal.
Las equivocaciones jurídicas que en el caso particular de Florence Cassez se apartaron del debido proceso, supuestamente en lo específico consistieron, entre otras, en que ella, al ser detenida en condiciones de infraganti, su incisivo aprehensor, García Luna,en lugar de retenerla arbitrariamente, dizque para preparar montajes fílmicos de tales hechos, seguro que con la intención de darle espectacularidad a su hazaña, y también por que no, para sacarle la sopa de manera ilegal de todo lo que pudiera saber sobre bandas criminales, cuando él únicamente debió de ponerla inmediatamente a disposición del Ministerio Público Federal, como lo dispone el Código Penal en estas específicas circunstancias, dado que a partir de dicha detención empezaba a correr un término constitucional para la declaración de la indiciada. Al omitir cumplir con esos necesarios e indispensables requisitos de formalidad constitucional, García Luna le violó diversas garantías individuales y en consecuencia sus derechos humanos.
Es así que, todo parece indicar que ello podría ser suficiente como para derrumbar, cual si fuera un castillo de naipes, la actuación penal que sustenta la condena de 60 años de prisión que se le impuso a Florence Cassez.
Por eso es que fue como un cubetazo de agua fría recibido súbitamente en pleno rostro del gobierno de Felipe Calderón, cuando el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, la semana pasada, de manera pública adelantara el sentido de su proyecto de resolución que podría recaer a un recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia de amparo que en su momento le fue adversa a la sentenciada. Proyecto de fallo que de votarse mayoritariamente el próximo día 21 de marzo por los ministros que integran la primera Sala Penal, se estaría poniendo en libertad a la francesa Cassez, en razón de que su enjuiciamiento no estuvo apegado al debido proceso penal que para esos efectos establece la Constitución General de la República. Esto es sin entrar al fondo del asunto, es decir, independientemente de que ella sea culpable o no de hechos delictivos por los que se le condenó a purgar una larga pena en prisión de 60 años.
Pero esas arbitrariedades, como las de García Luna, que luego trascienden en graves desperfectos jurídicos procesales, no son ninguna novedad en el gobierno de Felipe Calderón, si se toma en cuenta los tantos casos de alto impacto que han quedado frustrados por acciones fallidas de la PGR, y que por citar algunos se tendría que recordar el michoacanazo, en donde fueron detenidos masivamente más de 35 funcionarios del gobierno de Michoacán, entre ellos muchos presidentes municipales a quienes se les acusaba de estar coludidos con el narco, pero que al final permeo la incapacidad de acreditarles tales imputaciones. Sucedió lo mismo con los casos de Greg Sánchez y de Carlos Hank Rhon, respectivamente. Todos ellos en su momento fueron encarcelados, pero luego tuvieron que ser liberados de prisión, quizá con un “disculpe usted”, en razón de similares violaciones a sus garantías individuales. Desde luego que esto también es sin considerar si realmente en los hechos fueron culpables o no de lo que se les incriminaba.
Esta moderna guerra de pasteles, derivada del caso Cassez, provocó, aunque lo nieguen, un enfriamiento en las relaciones de nuestro país y Francia, y todo por las torpezas e impericias de García Luna, lo cual de ser liberada la oriunda del país Galo, podría generar una paradoja más, que consistiría en que ese posible acontecimiento podría ser el resorte para que el Presidente Nicolás Sarkosy, llegue a ganar las elecciones en su país, con las que se estaría reeligiendo, mientras que aquí en México, Felipe Calderón, estaría situándose en el tobogán que vertiginosamente lo deslizaría a una segura derrota electoral el próximo mes julio. Lo veremos.
Pálida tinta: En la toma de protesta de Josefina Vázquez Mota, aunque digan que el estadio azul estaba repleto, la evidencia mostró que estuvo muy vacio, y ello no significa otra cosa más que el hecho de que la panista no trae la suficiente fuerza como para ser competitiva y menos estar situada en el segundo lugar de preferencias electorales, como lo afirmaron algunas encuestadoras, a las que con esto, quizá, ya no se les pueda creer.
Paradójico, pero podría suceder que mientras que la francesa, Florence Cassez, estaría a punto de ser puesta en la calle por virtud de que el máximo tribunal del país (Suprema Corte de Justicia de la Nación) le llegue a decretar su libertad, Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, su antes implacable y temeroso aprehensor, por su parte también podría ser puesto de patitas en la calle. Pero éste no por cuestiones de recibir una gloriosa y anhelada libertad, sino por sus torpezas e ineptitudes con que se condujo en esos hechos persecutorios que culminaron con una desaseada encarcelación de la extranjera, lo cual sería suficiente como para que de manera fulminante se le destituya del importante cargo público que inexplicablemente aun todavía ocupa.
Es decir, por las arbitrariedades y las pifias jurídicas cometidas durante el arresto de la francesa y el consecuente proceso penal que se le instruyó en su contra, supuestamente por ser coparticipe en distintos secuestros perpetrados en nuestro país, la renuncia, la destitución o la inhabilitación de García Luna, es lo menos que de inicio habría de arrojar como saldo negativo un proceso penal, al parecer, viciado de origen. Ello en razón de no haberse apegado con estricto rigor a lo que se entiende como el principio de “debido proceso” que tanto las autoridades persecutoras como las impartidoras de justicia debieron observar a cabalidad antes y durante el desarrollo del proceso incriminatorio señalado, porque simplemente así lo ordena la Constitución General de la República y el correspondiente código penal.
Las equivocaciones jurídicas que en el caso particular de Florence Cassez se apartaron del debido proceso, supuestamente en lo específico consistieron, entre otras, en que ella, al ser detenida en condiciones de infraganti, su incisivo aprehensor, García Luna,en lugar de retenerla arbitrariamente, dizque para preparar montajes fílmicos de tales hechos, seguro que con la intención de darle espectacularidad a su hazaña, y también por que no, para sacarle la sopa de manera ilegal de todo lo que pudiera saber sobre bandas criminales, cuando él únicamente debió de ponerla inmediatamente a disposición del Ministerio Público Federal, como lo dispone el Código Penal en estas específicas circunstancias, dado que a partir de dicha detención empezaba a correr un término constitucional para la declaración de la indiciada. Al omitir cumplir con esos necesarios e indispensables requisitos de formalidad constitucional, García Luna le violó diversas garantías individuales y en consecuencia sus derechos humanos.
Es así que, todo parece indicar que ello podría ser suficiente como para derrumbar, cual si fuera un castillo de naipes, la actuación penal que sustenta la condena de 60 años de prisión que se le impuso a Florence Cassez.
Por eso es que fue como un cubetazo de agua fría recibido súbitamente en pleno rostro del gobierno de Felipe Calderón, cuando el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, la semana pasada, de manera pública adelantara el sentido de su proyecto de resolución que podría recaer a un recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia de amparo que en su momento le fue adversa a la sentenciada. Proyecto de fallo que de votarse mayoritariamente el próximo día 21 de marzo por los ministros que integran la primera Sala Penal, se estaría poniendo en libertad a la francesa Cassez, en razón de que su enjuiciamiento no estuvo apegado al debido proceso penal que para esos efectos establece la Constitución General de la República. Esto es sin entrar al fondo del asunto, es decir, independientemente de que ella sea culpable o no de hechos delictivos por los que se le condenó a purgar una larga pena en prisión de 60 años.
Pero esas arbitrariedades, como las de García Luna, que luego trascienden en graves desperfectos jurídicos procesales, no son ninguna novedad en el gobierno de Felipe Calderón, si se toma en cuenta los tantos casos de alto impacto que han quedado frustrados por acciones fallidas de la PGR, y que por citar algunos se tendría que recordar el michoacanazo, en donde fueron detenidos masivamente más de 35 funcionarios del gobierno de Michoacán, entre ellos muchos presidentes municipales a quienes se les acusaba de estar coludidos con el narco, pero que al final permeo la incapacidad de acreditarles tales imputaciones. Sucedió lo mismo con los casos de Greg Sánchez y de Carlos Hank Rhon, respectivamente. Todos ellos en su momento fueron encarcelados, pero luego tuvieron que ser liberados de prisión, quizá con un “disculpe usted”, en razón de similares violaciones a sus garantías individuales. Desde luego que esto también es sin considerar si realmente en los hechos fueron culpables o no de lo que se les incriminaba.
Esta moderna guerra de pasteles, derivada del caso Cassez, provocó, aunque lo nieguen, un enfriamiento en las relaciones de nuestro país y Francia, y todo por las torpezas e impericias de García Luna, lo cual de ser liberada la oriunda del país Galo, podría generar una paradoja más, que consistiría en que ese posible acontecimiento podría ser el resorte para que el Presidente Nicolás Sarkosy, llegue a ganar las elecciones en su país, con las que se estaría reeligiendo, mientras que aquí en México, Felipe Calderón, estaría situándose en el tobogán que vertiginosamente lo deslizaría a una segura derrota electoral el próximo mes julio. Lo veremos.
Pálida tinta: En la toma de protesta de Josefina Vázquez Mota, aunque digan que el estadio azul estaba repleto, la evidencia mostró que estuvo muy vacio, y ello no significa otra cosa más que el hecho de que la panista no trae la suficiente fuerza como para ser competitiva y menos estar situada en el segundo lugar de preferencias electorales, como lo afirmaron algunas encuestadoras, a las que con esto, quizá, ya no se les pueda creer.
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