Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
Cuando Juan Silva Meza se adueñó de la primera toga del país, los mexicanos creyeron que erradicaría la corrupción en el Consejo de la Judicatura Federal, que los juzgadores y administrativos del Poder Judicial de la Federación serían llamados al orden, pero el ministro presidente no creció, fue incapaz de superarse a él mismo, no pudo dar la talla, lo doblaron.
Poco importa que su nombre ruede en columnas y artículos de opinión, que en ellos se explique o se informe que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió purgar las áreas administrativas del Consejo que él también preside, porque se han detectado anomalías, complicidades, corrupción.
Se ha ventilado hasta el cansancio el nepotismo que los caracteriza, disfrazado de capacitación, exámenes, concursos, pues a fin de cuentas los hijos, sobrinos o parientes de un juez o magistrado, son recibidos en los juzgados o tribunales de juzgadores altamente comprensivos de la necesidad de crear una élite judicial, una familia capaz de guardar los secretos internos.
Dichos secretos nada tienen que ver con la corrupción administrativa, con las canonjías obtenidas, con los fideicomisos que aseguran un retiro dorado; no, nada de eso, los secretos mejor guardados por los juzgadores que debieran servir a la sociedad desde el Poder Judicial de la Federación tienen que ver con la prevaricación, con la politización de la administración de justicia, con la subordinación del mandato constitucional a los interés políticos del titular del Poder Ejecutivo en turno.
La corrupción pecuniaria es juego de niños de pecho, comparada con la que tuerce la administración de justicia, con el abandono en el que se deja a la sociedad, con las consecuencias que la desconfianza en el principal de los Tres Poderes se asienta entre los mexicanos, que dejaron de creer hasta en la paz de los sepulcros.
Juan Silva Meza, que no creció, cuya toga arrastra más allá de sus pies, se engaña y cree engañarnos cuando dice que persigue la corrupción en el Poder Judicial de la Federación, entre la judicatura federal, porque él se refiere a la pecuniaria, es la que aspira a sancionar publicitariamente, pero esas complicidades establecidas entre los tres poderes para que los juzgadores puedan prevaricar cuando así lo requiera la política, esa ni siquiera es tomada en cuenta.
El lastre es terrible, porque no todos los magistrados y jueces se complacen en la prevaricación, en dar la espalda al mandato constitucional, pero ¿quién cree en ellos?
Nadie, por eso es muy posible que los ministros de la SCJN voten a favor de liberar a Florence Cassez, sin percatarse de que perjudicarán a Felipe Calderón Hinojosa si así lo hacen, pues la recreación informativa es la actitud emblemática de su sexenio, puesta en práctica por Genaro García Luna. Todo es una impostura para satisfacer las necesidades de información.
Cuando Juan Silva Meza se adueñó de la primera toga del país, los mexicanos creyeron que erradicaría la corrupción en el Consejo de la Judicatura Federal, que los juzgadores y administrativos del Poder Judicial de la Federación serían llamados al orden, pero el ministro presidente no creció, fue incapaz de superarse a él mismo, no pudo dar la talla, lo doblaron.
Poco importa que su nombre ruede en columnas y artículos de opinión, que en ellos se explique o se informe que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió purgar las áreas administrativas del Consejo que él también preside, porque se han detectado anomalías, complicidades, corrupción.
Se ha ventilado hasta el cansancio el nepotismo que los caracteriza, disfrazado de capacitación, exámenes, concursos, pues a fin de cuentas los hijos, sobrinos o parientes de un juez o magistrado, son recibidos en los juzgados o tribunales de juzgadores altamente comprensivos de la necesidad de crear una élite judicial, una familia capaz de guardar los secretos internos.
Dichos secretos nada tienen que ver con la corrupción administrativa, con las canonjías obtenidas, con los fideicomisos que aseguran un retiro dorado; no, nada de eso, los secretos mejor guardados por los juzgadores que debieran servir a la sociedad desde el Poder Judicial de la Federación tienen que ver con la prevaricación, con la politización de la administración de justicia, con la subordinación del mandato constitucional a los interés políticos del titular del Poder Ejecutivo en turno.
La corrupción pecuniaria es juego de niños de pecho, comparada con la que tuerce la administración de justicia, con el abandono en el que se deja a la sociedad, con las consecuencias que la desconfianza en el principal de los Tres Poderes se asienta entre los mexicanos, que dejaron de creer hasta en la paz de los sepulcros.
Juan Silva Meza, que no creció, cuya toga arrastra más allá de sus pies, se engaña y cree engañarnos cuando dice que persigue la corrupción en el Poder Judicial de la Federación, entre la judicatura federal, porque él se refiere a la pecuniaria, es la que aspira a sancionar publicitariamente, pero esas complicidades establecidas entre los tres poderes para que los juzgadores puedan prevaricar cuando así lo requiera la política, esa ni siquiera es tomada en cuenta.
El lastre es terrible, porque no todos los magistrados y jueces se complacen en la prevaricación, en dar la espalda al mandato constitucional, pero ¿quién cree en ellos?
Nadie, por eso es muy posible que los ministros de la SCJN voten a favor de liberar a Florence Cassez, sin percatarse de que perjudicarán a Felipe Calderón Hinojosa si así lo hacen, pues la recreación informativa es la actitud emblemática de su sexenio, puesta en práctica por Genaro García Luna. Todo es una impostura para satisfacer las necesidades de información.
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