Raymundo Riva Palacio
Joseph Biden, el vicepresidente de Estados Unidos que sabe más de política exterior que el presidente Barack Obama, tocó territorio mexicano para decirle a los candidatos presidenciales: esta es la primera y última vez que tendrán acceso a un funcionario estadounidense antes del 1 de julio.
No quieren, como durante meses lo intentó Enrique Peña Nieto, que toquen las puertas del Departamento de Estado o la Casa Blanca, ni transmitir el mensaje que Washington ya votó. Quieren decir que lo que pensaban hace meses ya cambió. Aquella frase de “sobre mi cadáver” que expresó la canciller Hillary Clinton en una cena sobre el eventual regreso del PRI a Los Pinos, ha sido superada.
Estados Unidos, desde el gobierno del presidente Carlos Salinas, es una extensión del campo de batalla político mexicano. Quien mejor trabaja los círculos de poder en Estados Unidos, mayor influencia tiene sobre las élites y obtendrá réditos políticos y electorales.
Por eso, durante meses, el embajador Arturo Sarukhán y hasta antes de que fuera funcionario de primer nivel, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, recorrieron las oficinas de la Administración Obama, el Capitolio, organizaciones políticas y económicas, medios de comunicación y universidades en todo ese país para decir que si regresaba el PRI a Los Pinos, se acabaría la guerra contra las drogas y se regresaría al status quo de tolerancia y complicidad con los cárteles.
Tardía, pero eficazmente, el equipo del candidato Enrique Peña Nieto contratacó. No pudo conseguir el oído de Clinton, pero logró el acceso de un republicano, diplomático veterano, a quien escuchan mucho en Washington, John D. Negroponte. Lo trabajó el ex embajador en Naciones Unidas y la Casa Blanca, Jorge Montaño, quien con Emilio Lozoya, un joven financiero con una buena red de contactos en Estados Unidos –hijo de Emilio Lozoya Thalman, que junto con Salinas y Manuel Camacho planearon desde la universidad llegar al poder-, al igual que hicieron en los circuitos de poder de Washington y Nueva York, para modificar la arraigada percepción.
Esta batalla en Estados Unidos es el contexto de las entrevistas que tuvieron los precandidatos presidenciales con Biden este lunes en la ciudad de México. Josefina Vázquez Mota, quien cosecha lo que su gobierno ha hecho en Estados Unidos, no tuvo que enfatizar ante el vicepresidente su compromiso en la lucha contra el narcotráfico. De hecho, de los tres, es quien más sólida relación tiene con las Fuerzas Armadas y con un hombre al que procuran constantemente los estadounidenses, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal.
En Washington no tienen mayor problema con Andrés Manuel López Obrador, quien desde hace meses declaró que de llegar a la Presidencia, retiraría al Ejército gradualmente de las calles, que es lo que desean las Fuerzas Armadas. El problema central, por las percepciones en Washington, lo tenía Peña Nieto.
Peña Nieto ratificó ante Biden lo que Montaño y Lozoya han venido insistiendo ante los políticos en Estados Unidos, y lo que el propio embajador calderonista en el Reino Unido, Eduardo Medina Mora, ex jefe del Cisen y ex procurador general, ha mandado decir a sus viejos contactos en Washington, como asesor informal del priista: no habrá marcha atrás en la guerra contra el narcotráfico, pero la estrategia contará con elementos adicionales sociales y económicos, en lo que coincide con López Obrador y con el Presidente, que lo anunció en el plan integral de la lucha contra la delincuencia organizada en marzo de 2007.
Calderón y los tres candidatos dicen lo mismo en el fondo, y se diferencian en los énfasis. Pero ni Calderón, ni Vázquez Mota, ni López Obrador, estaban bajo cuestionamiento en Washington. La duda recaía sólo en Peña Nieto, quien ha tenido que remontar la intensa campaña política en su contra en aquél país.
Por las palabras de Biden que Washington no tiene favoritos en la contienda presidencial, parece que han neutralizado la mala imagen. Pero no es suficiente. Deslindarse de ex gobernadores indiciados en expedientes de narcotráfico, sería un mensaje que están esperando en Estados Unidos.
Joseph Biden, el vicepresidente de Estados Unidos que sabe más de política exterior que el presidente Barack Obama, tocó territorio mexicano para decirle a los candidatos presidenciales: esta es la primera y última vez que tendrán acceso a un funcionario estadounidense antes del 1 de julio.
No quieren, como durante meses lo intentó Enrique Peña Nieto, que toquen las puertas del Departamento de Estado o la Casa Blanca, ni transmitir el mensaje que Washington ya votó. Quieren decir que lo que pensaban hace meses ya cambió. Aquella frase de “sobre mi cadáver” que expresó la canciller Hillary Clinton en una cena sobre el eventual regreso del PRI a Los Pinos, ha sido superada.
Estados Unidos, desde el gobierno del presidente Carlos Salinas, es una extensión del campo de batalla político mexicano. Quien mejor trabaja los círculos de poder en Estados Unidos, mayor influencia tiene sobre las élites y obtendrá réditos políticos y electorales.
Por eso, durante meses, el embajador Arturo Sarukhán y hasta antes de que fuera funcionario de primer nivel, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, recorrieron las oficinas de la Administración Obama, el Capitolio, organizaciones políticas y económicas, medios de comunicación y universidades en todo ese país para decir que si regresaba el PRI a Los Pinos, se acabaría la guerra contra las drogas y se regresaría al status quo de tolerancia y complicidad con los cárteles.
Tardía, pero eficazmente, el equipo del candidato Enrique Peña Nieto contratacó. No pudo conseguir el oído de Clinton, pero logró el acceso de un republicano, diplomático veterano, a quien escuchan mucho en Washington, John D. Negroponte. Lo trabajó el ex embajador en Naciones Unidas y la Casa Blanca, Jorge Montaño, quien con Emilio Lozoya, un joven financiero con una buena red de contactos en Estados Unidos –hijo de Emilio Lozoya Thalman, que junto con Salinas y Manuel Camacho planearon desde la universidad llegar al poder-, al igual que hicieron en los circuitos de poder de Washington y Nueva York, para modificar la arraigada percepción.
Esta batalla en Estados Unidos es el contexto de las entrevistas que tuvieron los precandidatos presidenciales con Biden este lunes en la ciudad de México. Josefina Vázquez Mota, quien cosecha lo que su gobierno ha hecho en Estados Unidos, no tuvo que enfatizar ante el vicepresidente su compromiso en la lucha contra el narcotráfico. De hecho, de los tres, es quien más sólida relación tiene con las Fuerzas Armadas y con un hombre al que procuran constantemente los estadounidenses, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal.
En Washington no tienen mayor problema con Andrés Manuel López Obrador, quien desde hace meses declaró que de llegar a la Presidencia, retiraría al Ejército gradualmente de las calles, que es lo que desean las Fuerzas Armadas. El problema central, por las percepciones en Washington, lo tenía Peña Nieto.
Peña Nieto ratificó ante Biden lo que Montaño y Lozoya han venido insistiendo ante los políticos en Estados Unidos, y lo que el propio embajador calderonista en el Reino Unido, Eduardo Medina Mora, ex jefe del Cisen y ex procurador general, ha mandado decir a sus viejos contactos en Washington, como asesor informal del priista: no habrá marcha atrás en la guerra contra el narcotráfico, pero la estrategia contará con elementos adicionales sociales y económicos, en lo que coincide con López Obrador y con el Presidente, que lo anunció en el plan integral de la lucha contra la delincuencia organizada en marzo de 2007.
Calderón y los tres candidatos dicen lo mismo en el fondo, y se diferencian en los énfasis. Pero ni Calderón, ni Vázquez Mota, ni López Obrador, estaban bajo cuestionamiento en Washington. La duda recaía sólo en Peña Nieto, quien ha tenido que remontar la intensa campaña política en su contra en aquél país.
Por las palabras de Biden que Washington no tiene favoritos en la contienda presidencial, parece que han neutralizado la mala imagen. Pero no es suficiente. Deslindarse de ex gobernadores indiciados en expedientes de narcotráfico, sería un mensaje que están esperando en Estados Unidos.
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