Podrá seguir el juicio en libertad porque el delito no es grave; tampoco pierde derechos políticos
El Informador
Un juez federal dictó auto de formal prisión a la ex velocista y candidata perredista al Senado por Sonora, Ana Gabriela Guevara, por el delito de defraudación fiscal correspondiente al año 2005.
Registros oficiales establecen que el juez 15 de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Ranulfo Castillo Mendoza, inició el juicio formal contra la ex velocista.
Esto como resultado de una acusación que hiciera la Procuraduría General de la República (PGR) por un supuesto defraudamiento fiscal.
Debido a que el delito no es considerado grave, Guevara Espinoza podrá enfrentar el juicio en libertad luego de que exhibió una garantía para tener el beneficio de libertad provisional bajo caución.
Asimismo, el juez determinó dejar vigentes los derechos políticos de la aspirante a legisladora, basados en criterios acerca de que los procesados conservarán sus derechos políticos en tanto no estén acusados de un delito grave.
Estos fundamentos se basan en antecedentes sobre la protección a la garantía de presunción de inocencia ante una acusación penal.
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Un juez federal dictó auto de formal prisión a la ex velocista y candidata perredista al Senado por Sonora, Ana Gabriela Guevara, por el delito de defraudación fiscal correspondiente al año 2005.
Registros oficiales establecen que el juez 15 de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Ranulfo Castillo Mendoza, inició el juicio formal contra la ex velocista.
Esto como resultado de una acusación que hiciera la Procuraduría General de la República (PGR) por un supuesto defraudamiento fiscal.
Debido a que el delito no es considerado grave, Guevara Espinoza podrá enfrentar el juicio en libertad luego de que exhibió una garantía para tener el beneficio de libertad provisional bajo caución.
Asimismo, el juez determinó dejar vigentes los derechos políticos de la aspirante a legisladora, basados en criterios acerca de que los procesados conservarán sus derechos políticos en tanto no estén acusados de un delito grave.
Estos fundamentos se basan en antecedentes sobre la protección a la garantía de presunción de inocencia ante una acusación penal.
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