Orlando Delgado Selley
Simultáneamente han aparecido dos pronunciamientos de grupos de ciudadanos esencialmente diferentes que irrumpen en la contienda político-electoral. Uno de ellos expresamente invita a los candidatos a responder por escrito una serie de preguntas y a presentarlas en un foro público. El otro insiste en la propuesta presentada hace tres años para tomar las medidas necesarias para llevar a México a un nuevo curso para el desarrollo.
El primero que se formula a partir de preguntas cuyas respuestas podrían transformar a México atiende aspectos decisivos en el funcionamiento del país. El segundo enfáticamente llama a cambios que permitan un crecimiento económico sustancial, que sustente una redistribución fuerte del ingreso y establezca un sistema de protección social universal. Ambos planteos se proponen aprovechar el proceso electoral para comprometer acciones para quien resulte ganador.
La pertinencia de estas propuestas se funda en el reconocimiento de que ganará el candidato de un partido, pero no logrará mayoría en las cámaras. La posibilidad de aprobar cambios importantes se supeditará a la construcción de acuerdos circunstanciales entre los grupos partidarios en el legislativo. Consecuentemente, seguiríamos sumidos en prácticas inmediatistas que solamente benefician a los grupos dominantes en los partidos.
Para lograr superar este marasmo político hace falta más que la llegada de un nuevo presidente. Tampoco es suficiente con otro cambio de partido en el gobierno. Cada vez es más claro que los ciudadanos tenemos que forzar acuerdos entre los grupos partidarios que permitan avanzar en aspectos sustantivos para la vida nacional: un crecimiento económico de por lo menos 6 por ciento, reducir la oprobiosa desigualdad y actuar inmediatamente para proteger a todos.
Estos propósitos exigen una reforma tributaria real en la que aumenten impuestos y se reduzcan subsidios, lo que por cierto no ha sido propuesto por ningún candidato. Nadie duda que en México falta inversión y que se requiere la participación privada, nacional y extranjera, pero también y destacadamente del sector público. El esfuerzo del gobierno que se requiere implica duplicar la inversión pública, lo que hace necesario aumentar impuestos elevando la progresividad tributaria y estableciendo tasas extraordinarias para los mexicanos más ricos.
En materia laboral frente a la propuesta de precarizar aún más al trabajo, hace falta un acuerdo nacional que suprima la separación del apartado A y B del 123 constitucional, que termine con la cláusula de exclusión, la toma de nota y los sindicatos únicos en el sector público, junto con la decisión de impulsar la creación de empleos decentes y un crecimiento sostenido del salario real.
Además, como se señala en uno de los pronunciamientos ciudadanos, habría que detener las prácticas monopólicas privadas, particularmente, pero no en exclusiva en telefonía, televisión y servicios de banda ancha y, al mismo tiempo, resolver las deficiencias operativas y administrativas de los monopolios públicos. La Ley Orgánica del Banco de México debiera reformarse añadiendo al objetivo de mantener estabilidad de precios, la promoción del crecimiento y del empleo y el cuidado de la estabilidad del sistema financiero nacional.
La banca de desarrollo, reducida por las reformas financieras implementadas por los últimos gobiernos priístas, tendría que fortalecerse recuperando sus funciones de promoción económica. Los bancos privados, casi todos controlados por grupos financieros internacionales, debieran recuperar su vocación crediticia de apoyo a sectores productivos, lo que exige promover su mexicanización obligándoles, entre otras cosas, a cotizar en bolsa.
Estas ideas presentadas formalmente por mexicanos destacados en diversos frentes deben ser discutidas por los candidatos, obligándoles a encontrar coincidencias que tendrían que desarrollarse como acuerdos de gobierno. Se trata de un proceso en el que se desarrollen visiones compartidas cuyo propósito sea la construcción de una sociedad mejor, pero no como recurso discursivo sino como respuesta a la demanda de una parte de la ciudadanía que ha decidido iniciar un camino que puede ser fructífero.
Simultáneamente han aparecido dos pronunciamientos de grupos de ciudadanos esencialmente diferentes que irrumpen en la contienda político-electoral. Uno de ellos expresamente invita a los candidatos a responder por escrito una serie de preguntas y a presentarlas en un foro público. El otro insiste en la propuesta presentada hace tres años para tomar las medidas necesarias para llevar a México a un nuevo curso para el desarrollo.
El primero que se formula a partir de preguntas cuyas respuestas podrían transformar a México atiende aspectos decisivos en el funcionamiento del país. El segundo enfáticamente llama a cambios que permitan un crecimiento económico sustancial, que sustente una redistribución fuerte del ingreso y establezca un sistema de protección social universal. Ambos planteos se proponen aprovechar el proceso electoral para comprometer acciones para quien resulte ganador.
La pertinencia de estas propuestas se funda en el reconocimiento de que ganará el candidato de un partido, pero no logrará mayoría en las cámaras. La posibilidad de aprobar cambios importantes se supeditará a la construcción de acuerdos circunstanciales entre los grupos partidarios en el legislativo. Consecuentemente, seguiríamos sumidos en prácticas inmediatistas que solamente benefician a los grupos dominantes en los partidos.
Para lograr superar este marasmo político hace falta más que la llegada de un nuevo presidente. Tampoco es suficiente con otro cambio de partido en el gobierno. Cada vez es más claro que los ciudadanos tenemos que forzar acuerdos entre los grupos partidarios que permitan avanzar en aspectos sustantivos para la vida nacional: un crecimiento económico de por lo menos 6 por ciento, reducir la oprobiosa desigualdad y actuar inmediatamente para proteger a todos.
Estos propósitos exigen una reforma tributaria real en la que aumenten impuestos y se reduzcan subsidios, lo que por cierto no ha sido propuesto por ningún candidato. Nadie duda que en México falta inversión y que se requiere la participación privada, nacional y extranjera, pero también y destacadamente del sector público. El esfuerzo del gobierno que se requiere implica duplicar la inversión pública, lo que hace necesario aumentar impuestos elevando la progresividad tributaria y estableciendo tasas extraordinarias para los mexicanos más ricos.
En materia laboral frente a la propuesta de precarizar aún más al trabajo, hace falta un acuerdo nacional que suprima la separación del apartado A y B del 123 constitucional, que termine con la cláusula de exclusión, la toma de nota y los sindicatos únicos en el sector público, junto con la decisión de impulsar la creación de empleos decentes y un crecimiento sostenido del salario real.
Además, como se señala en uno de los pronunciamientos ciudadanos, habría que detener las prácticas monopólicas privadas, particularmente, pero no en exclusiva en telefonía, televisión y servicios de banda ancha y, al mismo tiempo, resolver las deficiencias operativas y administrativas de los monopolios públicos. La Ley Orgánica del Banco de México debiera reformarse añadiendo al objetivo de mantener estabilidad de precios, la promoción del crecimiento y del empleo y el cuidado de la estabilidad del sistema financiero nacional.
La banca de desarrollo, reducida por las reformas financieras implementadas por los últimos gobiernos priístas, tendría que fortalecerse recuperando sus funciones de promoción económica. Los bancos privados, casi todos controlados por grupos financieros internacionales, debieran recuperar su vocación crediticia de apoyo a sectores productivos, lo que exige promover su mexicanización obligándoles, entre otras cosas, a cotizar en bolsa.
Estas ideas presentadas formalmente por mexicanos destacados en diversos frentes deben ser discutidas por los candidatos, obligándoles a encontrar coincidencias que tendrían que desarrollarse como acuerdos de gobierno. Se trata de un proceso en el que se desarrollen visiones compartidas cuyo propósito sea la construcción de una sociedad mejor, pero no como recurso discursivo sino como respuesta a la demanda de una parte de la ciudadanía que ha decidido iniciar un camino que puede ser fructífero.
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