John M. Ackerman
Lo más probable es que el miércoles 29 el Instituto Federal Electoral (IFE) tome la salida fácil de organizar únicamente los dos debates presidenciales requeridos por la legislación y emitir una serie de lineamientos burocráticos para que universidades, medios de comunicación y grupos de ciudadanos también convoquen a encuentros entre los candidatos. Si esto ocurre, la autoridad electoral estaría abdicando a su responsabilidad constitucional de asegurar la celebración de elecciones auténticas y libres, así como a la de desarrollar la cultura democrática y la educación cívica de los mexicanos.
El minimalismo burocrático y la interpretación letrista de la ley suelen presentarse como si fueran el camino más seguro y objetivo para las autoridades. Pero la historia ha demostrado que en materia electoral este tipo de acercamientos típicamente tienen un fuerte trasfondo partidista y reflejan una parcialidad reprobable. Durante los primeros años posteriores a la reforma electoral de 1996, los consejeros y magistrados electorales más cercanos al PRI utilizaban argumentos similares para limitar las facultades del IFE en materia de compra y coacción del voto, fiscalización de gastos de campaña y control sobre la propaganda gubernamental.
Posteriormente, los funcionarios electorales más conservadores también recurrían al inmovilismo burocrático con el fin de obstaculizar tanto las históricas multas en los casos Amigos de Fox y Pemexgate como el despliegue de la “causal abstracta” de nulidad. En 2006, el entonces consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, dio uno de los ejemplos más claros del abuso de una lectura supuestamente “estricta” de la ley al enviar, el 4 de julio, un circular a los Consejos Locales del IFE con la intención de limitar al máximo el recuento de los votos y la transparencia de los resultados electorales.
Una vez más, los consejeros del IFE se encuentran ante una decisión clave que definirá su legado histórico. Si se niegan a obligar a los candidatos presidenciales a confrontar ideas de manera sistemática y periódica, estarán facilitando una grave afectación a nuestro derecho ciudadano a la información y poniendo en riesgo la autenticidad del proceso electoral. También estarán demostrando un claro sesgo hacia el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, a quien le conviene reducir al mínimo los momentos de intercambio libre de ideas con sus contrincantes y la ciudadanía en general.
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de ninguna manera prohíbe al IFE organizar más debates entre los presidenciables. Dos de los candidatos, Josefina Vásquez Mota y Andrés Manuel López Obrador, ya han solicitado a la autoridad electoral que haga todo lo posible para asegurar una campaña dinámica y cercana a la sociedad. Cualquiera de los candidatos, evidentemente, estaría en su derecho de no asistir a las convocatorias adicionales emitidas por la autoridad electoral. Sin embargo, ningún partido o candidato cuenta con la facultad de prohibir u obstaculizar la realización de estos encuentros.
Más allá de convocar a debates adicionales, el IFE también debería informar directamente a la ciudadanía sobre las trayectorias y las propuestas de los candidatos para todos los cargos de elección popular a nivel federal, así como convocar a debates ciudadanos sobre la problemática nacional. No hace falta que esté presente ninguno de los candidatos para que los ciudadanos reflexionen sobre la coyuntura y analicen las propuestas de los partidos.
Por ejemplo, la exitosa experiencia de las Encuestas Deliberativas, organizadas en una docena de países por el Centro de Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford (http://cdd.stanford.edu/), ha demostrado que entre más y mejor información tienen los ciudadanos, más auténtica y razonada es su participación electoral. Estas encuestas se levantan entre grupos de ciudadanos que previamente son informados sobre las trayectorias y las propuestas de los candidatos y tienen la oportunidad de debatir sobre las mismas. No se busca medir, como en las encuestas tradicionales, el impacto de estrategias de mercadotecnia o de escándalos mediáticos, sino de poner en acción la inteligencia ciudadana y obligar a los candidatos a elevar el nivel del debate.
La mera celebración de elecciones no es suficiente para legitimar el ejercicio del poder público. Los mexicanos conocemos mejor que casi cualquier otro pueblo la farsa en que fácilmente se convierten las campañas y los procesos electorales. La norma a lo largo de más de 200 años de vida independiente ha sido precisamente la celebración de comicios carentes de valor democrático.
El IFE existe no solamente para contar boletas electorales, sino también para facilitar un contexto de participación y exigencia ciudadanas que obligue a los candidatos a rendir cuentas a la sociedad y a proporcionar suficiente información para el ejercicio de un voto razonado. Si las campañas no despiertan interés, se pone en duda la calidad del proceso electoral porque los ciudadanos nos quedamos relegados a ser meros espectadores de un show entre políticos.
En lugar de limitarse a organizar dos debates acartonados, maquillados y sobre-producidos, así como a publicar las metodologías de las mismas casas encuestadoras de siempre, los consejeros electorales deberían aprovechar al máximo sus amplias facultades constitucionales para asegurar que los 90 días de campaña federal sea un periodo ejemplar de reflexión y debate participativo sobre el futuro de la nación.
Lo más probable es que el miércoles 29 el Instituto Federal Electoral (IFE) tome la salida fácil de organizar únicamente los dos debates presidenciales requeridos por la legislación y emitir una serie de lineamientos burocráticos para que universidades, medios de comunicación y grupos de ciudadanos también convoquen a encuentros entre los candidatos. Si esto ocurre, la autoridad electoral estaría abdicando a su responsabilidad constitucional de asegurar la celebración de elecciones auténticas y libres, así como a la de desarrollar la cultura democrática y la educación cívica de los mexicanos.
El minimalismo burocrático y la interpretación letrista de la ley suelen presentarse como si fueran el camino más seguro y objetivo para las autoridades. Pero la historia ha demostrado que en materia electoral este tipo de acercamientos típicamente tienen un fuerte trasfondo partidista y reflejan una parcialidad reprobable. Durante los primeros años posteriores a la reforma electoral de 1996, los consejeros y magistrados electorales más cercanos al PRI utilizaban argumentos similares para limitar las facultades del IFE en materia de compra y coacción del voto, fiscalización de gastos de campaña y control sobre la propaganda gubernamental.
Posteriormente, los funcionarios electorales más conservadores también recurrían al inmovilismo burocrático con el fin de obstaculizar tanto las históricas multas en los casos Amigos de Fox y Pemexgate como el despliegue de la “causal abstracta” de nulidad. En 2006, el entonces consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, dio uno de los ejemplos más claros del abuso de una lectura supuestamente “estricta” de la ley al enviar, el 4 de julio, un circular a los Consejos Locales del IFE con la intención de limitar al máximo el recuento de los votos y la transparencia de los resultados electorales.
Una vez más, los consejeros del IFE se encuentran ante una decisión clave que definirá su legado histórico. Si se niegan a obligar a los candidatos presidenciales a confrontar ideas de manera sistemática y periódica, estarán facilitando una grave afectación a nuestro derecho ciudadano a la información y poniendo en riesgo la autenticidad del proceso electoral. También estarán demostrando un claro sesgo hacia el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, a quien le conviene reducir al mínimo los momentos de intercambio libre de ideas con sus contrincantes y la ciudadanía en general.
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de ninguna manera prohíbe al IFE organizar más debates entre los presidenciables. Dos de los candidatos, Josefina Vásquez Mota y Andrés Manuel López Obrador, ya han solicitado a la autoridad electoral que haga todo lo posible para asegurar una campaña dinámica y cercana a la sociedad. Cualquiera de los candidatos, evidentemente, estaría en su derecho de no asistir a las convocatorias adicionales emitidas por la autoridad electoral. Sin embargo, ningún partido o candidato cuenta con la facultad de prohibir u obstaculizar la realización de estos encuentros.
Más allá de convocar a debates adicionales, el IFE también debería informar directamente a la ciudadanía sobre las trayectorias y las propuestas de los candidatos para todos los cargos de elección popular a nivel federal, así como convocar a debates ciudadanos sobre la problemática nacional. No hace falta que esté presente ninguno de los candidatos para que los ciudadanos reflexionen sobre la coyuntura y analicen las propuestas de los partidos.
Por ejemplo, la exitosa experiencia de las Encuestas Deliberativas, organizadas en una docena de países por el Centro de Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford (http://cdd.stanford.edu/), ha demostrado que entre más y mejor información tienen los ciudadanos, más auténtica y razonada es su participación electoral. Estas encuestas se levantan entre grupos de ciudadanos que previamente son informados sobre las trayectorias y las propuestas de los candidatos y tienen la oportunidad de debatir sobre las mismas. No se busca medir, como en las encuestas tradicionales, el impacto de estrategias de mercadotecnia o de escándalos mediáticos, sino de poner en acción la inteligencia ciudadana y obligar a los candidatos a elevar el nivel del debate.
La mera celebración de elecciones no es suficiente para legitimar el ejercicio del poder público. Los mexicanos conocemos mejor que casi cualquier otro pueblo la farsa en que fácilmente se convierten las campañas y los procesos electorales. La norma a lo largo de más de 200 años de vida independiente ha sido precisamente la celebración de comicios carentes de valor democrático.
El IFE existe no solamente para contar boletas electorales, sino también para facilitar un contexto de participación y exigencia ciudadanas que obligue a los candidatos a rendir cuentas a la sociedad y a proporcionar suficiente información para el ejercicio de un voto razonado. Si las campañas no despiertan interés, se pone en duda la calidad del proceso electoral porque los ciudadanos nos quedamos relegados a ser meros espectadores de un show entre políticos.
En lugar de limitarse a organizar dos debates acartonados, maquillados y sobre-producidos, así como a publicar las metodologías de las mismas casas encuestadoras de siempre, los consejeros electorales deberían aprovechar al máximo sus amplias facultades constitucionales para asegurar que los 90 días de campaña federal sea un periodo ejemplar de reflexión y debate participativo sobre el futuro de la nación.
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