Gladis Torres Ruiz / CIMAC
Por la ola de ataques en su contra, las fundadoras de “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” deciden dejar el país y operar limitadamente desde el exilio.
Tras más de una década de lucha y ante la inacción del Estado mexicano para proteger a las defensoras de Derechos Humanos (DH), la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” -pionera en investigar el feminicidio en Ciudad Juárez- dejará de operar en México, para continuar sus labores desde el exilio.
“Sí me voy, pero voy a seguir en la lucha donde quiera que yo esté. No me voy a quedar callada porque el gobierno tiene una deuda con mis hijos a quienes les quitó a su madre”, advierte Norma Andrade, una de las fundadoras de la organización y quien en menos de tres meses ha sufrido dos atentados.
Andrade y su familia recalcan que ante la impunidad que padecen por la ola de ataques y amenazas, recrudecida en su contra desde 2008, abandonarán el país.
Norma, junto con su hija Malú García Andrade y Marisela Ortiz, fundó “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” en 2001. Las tres han sido intimidadas, perseguidas y amenazadas de muerte, al igual que sus familias.
Marisela abandonó el país en febrero de 2011, y Malú salió de Juárez en marzo del mismo año, pero tuvo que regresar a la ciudad fronteriza en diciembre pasado, luego del primer ataque contra su mamá. Con el exilio anunciado de Norma y Malú, “Nuestras Hijas…” ha quedado sumamente mermada.
“Desmateladas”
“La organización quedará desmantelada. De hecho ya estamos desarticuladas”, lamenta Andrade. Relata que a partir de 2008, con las primeras amenazas contra Marisela y Malú, decidieron trabajar menos en gestiones jurídicas y legales para acelerar los procesos de las víctimas y concentrarse en la gestión social.
“Desde 2008 empezamos a trabajar más en lo social, y lo jurídico lo hacíamos de bajo perfil; ya no tenemos oficinas. Marisela, desde donde se encuentra, se encarga de algunas actividades, y en Juárez tenemos enlaces para implementar el ‘Proyecto la Esperanza’, que consiste en talleres para madres de mujeres desaparecidas o asesinadas”, detalla la activista.
Desde su creación “Nuestras Hijas…” ha recibido al menos 30 amenazas y hostigamientos, y sus oficinas fueron allanadas por desconocidos que sustrajeron documentos y computadoras con información sobre su trabajo, pero nada se investigó. Por eso, desde 2008 decidieron no tener oficinas fijas, aunque cada integrante ha realizado su trabajo por separado.
Ante el peligro que corrían las activistas, el 13 de junio de 2008 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado mexicano garantizar su vida e integridad física y la de sus familias, a través de medidas cautelares.
Su historia
Norma es madre de Lilia Alejandra García, una joven de 17 años y madre de dos menores de edad, que desapareció el 14 de febrero de 2001, y cuyo cuerpo fue encontrado con rasgos de tortura sexual el 21 de febrero del mismo año, en un lote baldío aledaño a la avenida Tecnológico y Ejército Nacional, en Juárez.
Desde entonces y en demanda de justicia, “Nuestras Hijas…” -integrada principalmente por madres de jóvenes desaparecidas y asesinadas- ha denunciado nacional e internacionalmente los asesinatos de mujeres en esa urbe, convirtiéndose en un referente de ayuda y rehabilitación para las sobrevivientes de violencia.
Uno de sus logros más importantes fue recurrir junto con otras organizaciones civiles ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar los asesinatos de mujeres ocurridos en el Campo Algodonero, logrando que el máximo tribunal de justicia de la región condenara al Estado mexicano por no proteger la vida de la población femenina.
También presentó ante la CIDH, en 2002, los casos de Lilia Alejandra Andrade y de Silvia Elena Rivera; ambos en espera de ser admitidos para su análisis.
Acoso sin fin
En 2011 “Nuestras Hijas…” denunció más de 200 raptos de niñas y adolescentes, presuntamente vinculados a redes de trata de personas. Norma trabajaba en esos expedientes cuando arreciaron las agresiones en su contra.
A principios de ese año Malú García reveló la existencia de una red de trata que opera en el centro de Juárez, y a la que responsabilizó de la desaparición de decenas de jóvenes. Dijo entonces contar con informes de mujeres que tras su desaparición fueron vistas en burdeles de Puebla, Tlaxcala y Tijuana.
Agregó que los resultados de estas investigaciones se darían a conocer el mismo año, pero salió de Juárez luego de que el 17 de febrero de 2011 unos desconocidos quemaron el techo de su casa, mientras participaba en un acto de apoyo a la familia Reyes Salazar, otros defensores de DH agredidos.
Andrade recuerda que no sólo ella ha sufrido agresiones; también activistas como Irma Pérez, Eva Arce, Ramona Morales, Cipriana Jurado y Benita Monárrez. Esta última fue una de las primeras en dejar el país y refugiarse en Los Ángeles. “Y una de terca y aferrada que quiere seguir en su país. Hasta que ve las consecuencias”, apunta la defensora.
“La realidad es que no hay ninguna protección para las y los defensores; el 14 de febrero van a ser 11 años de buscar justicia para mi hija y 11 viviendo acosada todo el tiempo y protegiendo la vida”, advierte Norma Andrade.
Por la ola de ataques en su contra, las fundadoras de “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” deciden dejar el país y operar limitadamente desde el exilio.
Tras más de una década de lucha y ante la inacción del Estado mexicano para proteger a las defensoras de Derechos Humanos (DH), la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” -pionera en investigar el feminicidio en Ciudad Juárez- dejará de operar en México, para continuar sus labores desde el exilio.
“Sí me voy, pero voy a seguir en la lucha donde quiera que yo esté. No me voy a quedar callada porque el gobierno tiene una deuda con mis hijos a quienes les quitó a su madre”, advierte Norma Andrade, una de las fundadoras de la organización y quien en menos de tres meses ha sufrido dos atentados.
Andrade y su familia recalcan que ante la impunidad que padecen por la ola de ataques y amenazas, recrudecida en su contra desde 2008, abandonarán el país.
Norma, junto con su hija Malú García Andrade y Marisela Ortiz, fundó “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” en 2001. Las tres han sido intimidadas, perseguidas y amenazadas de muerte, al igual que sus familias.
Marisela abandonó el país en febrero de 2011, y Malú salió de Juárez en marzo del mismo año, pero tuvo que regresar a la ciudad fronteriza en diciembre pasado, luego del primer ataque contra su mamá. Con el exilio anunciado de Norma y Malú, “Nuestras Hijas…” ha quedado sumamente mermada.
“Desmateladas”
“La organización quedará desmantelada. De hecho ya estamos desarticuladas”, lamenta Andrade. Relata que a partir de 2008, con las primeras amenazas contra Marisela y Malú, decidieron trabajar menos en gestiones jurídicas y legales para acelerar los procesos de las víctimas y concentrarse en la gestión social.
“Desde 2008 empezamos a trabajar más en lo social, y lo jurídico lo hacíamos de bajo perfil; ya no tenemos oficinas. Marisela, desde donde se encuentra, se encarga de algunas actividades, y en Juárez tenemos enlaces para implementar el ‘Proyecto la Esperanza’, que consiste en talleres para madres de mujeres desaparecidas o asesinadas”, detalla la activista.
Desde su creación “Nuestras Hijas…” ha recibido al menos 30 amenazas y hostigamientos, y sus oficinas fueron allanadas por desconocidos que sustrajeron documentos y computadoras con información sobre su trabajo, pero nada se investigó. Por eso, desde 2008 decidieron no tener oficinas fijas, aunque cada integrante ha realizado su trabajo por separado.
Ante el peligro que corrían las activistas, el 13 de junio de 2008 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado mexicano garantizar su vida e integridad física y la de sus familias, a través de medidas cautelares.
Su historia
Norma es madre de Lilia Alejandra García, una joven de 17 años y madre de dos menores de edad, que desapareció el 14 de febrero de 2001, y cuyo cuerpo fue encontrado con rasgos de tortura sexual el 21 de febrero del mismo año, en un lote baldío aledaño a la avenida Tecnológico y Ejército Nacional, en Juárez.
Desde entonces y en demanda de justicia, “Nuestras Hijas…” -integrada principalmente por madres de jóvenes desaparecidas y asesinadas- ha denunciado nacional e internacionalmente los asesinatos de mujeres en esa urbe, convirtiéndose en un referente de ayuda y rehabilitación para las sobrevivientes de violencia.
Uno de sus logros más importantes fue recurrir junto con otras organizaciones civiles ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar los asesinatos de mujeres ocurridos en el Campo Algodonero, logrando que el máximo tribunal de justicia de la región condenara al Estado mexicano por no proteger la vida de la población femenina.
También presentó ante la CIDH, en 2002, los casos de Lilia Alejandra Andrade y de Silvia Elena Rivera; ambos en espera de ser admitidos para su análisis.
Acoso sin fin
En 2011 “Nuestras Hijas…” denunció más de 200 raptos de niñas y adolescentes, presuntamente vinculados a redes de trata de personas. Norma trabajaba en esos expedientes cuando arreciaron las agresiones en su contra.
A principios de ese año Malú García reveló la existencia de una red de trata que opera en el centro de Juárez, y a la que responsabilizó de la desaparición de decenas de jóvenes. Dijo entonces contar con informes de mujeres que tras su desaparición fueron vistas en burdeles de Puebla, Tlaxcala y Tijuana.
Agregó que los resultados de estas investigaciones se darían a conocer el mismo año, pero salió de Juárez luego de que el 17 de febrero de 2011 unos desconocidos quemaron el techo de su casa, mientras participaba en un acto de apoyo a la familia Reyes Salazar, otros defensores de DH agredidos.
Andrade recuerda que no sólo ella ha sufrido agresiones; también activistas como Irma Pérez, Eva Arce, Ramona Morales, Cipriana Jurado y Benita Monárrez. Esta última fue una de las primeras en dejar el país y refugiarse en Los Ángeles. “Y una de terca y aferrada que quiere seguir en su país. Hasta que ve las consecuencias”, apunta la defensora.
“La realidad es que no hay ninguna protección para las y los defensores; el 14 de febrero van a ser 11 años de buscar justicia para mi hija y 11 viviendo acosada todo el tiempo y protegiendo la vida”, advierte Norma Andrade.
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