Alberto Aguirre M.
Inútil, la docena de espectaculares colocados en la víspera por el gobierno de Aguascalientes, que encabeza el priísta Carlos Lozano de la Torre. Infausta, por ende, resulta la bienvenida de las autoridades locales a Felipe Calderón Hinojosa, que pasará apenas cuatro horas de este gélido lunes 13 en territorio priísta.
Pasa, sin pena ni gloria, una de las mejores bienvenidas al presidente de la República en las épocas recientes, según confiesan elementos del Estado Mayor Presidencial que integraron la “avanzada” e intervinieron en la planeación de la gira de trabajo que ayer se desahogó en la capital hidrocálida.
Sin la primera dama, Margarita Zavala, el Ejecutivo federal llega con casi todos los integrantes del área social de su gabinete (los secretarios Heriberto Félix, de Desarrollo Social; Francisco Mayorga, de Agricultura y Salomón Chertorivski, Salud; además del director del IMSS, Daniel Karam y el titular de Conagua, José Luis Luege) para hacer una evaluación –junto con el gobernador Lozano de la Torre, los 10 alcaldes de la entidad y los delegados de las dependencias federales– del impacto que la sequía severa ha producido en Aguascalientes en los últimos meses.
Paradojas del poder: antes de que llegara Calderón, cayeron lluvias torrenciales en la región. “No está mal, digo… al Estado Mayor le costó mucho trabajo arreglar eso, pero, finalmente, lo logró en preparativos de mi visita”, apunta, tratando de romper el hielo, “nada más simplemente, fui a ver la contingencia, nada más”.
Más allá de las bromas iniciales, Calderón Hinojosa reacciona con apatía a los gestos amistosos de Lozano de la Torre –beltronista de primera categoría y quizá el gobernador consentido de Enrique Peña Nieto– quien no obstante la frialdad presidencial, insiste en “respetuosamente” tenderle la mano para fortalecer la colaboración entre dos administraciones de distinto signo político.
Calderón Hinojosa accedió al cabildeo que Karam y Chertorivski hicieron a favor de la entidad hidrocálida, cuya población resiente fuertemente los efectos adversos del cambio climático. Aguascalientes –en comparación con sus vecinos– genera una modesta producción agrícola. Allí no está el problema, sino en la falta de agua: las siete presas de la entidad apenas cubren 15% de su capacidad de almacenamiento.
El gobernador pide ayuda a la Federación. Los recursos destinados a mitigar los efectos de la sequía –subraya- no solo deben ser suficientes, sino que deben otorgarse a las entidades afectadas bajo un esquema “que tome en cuenta las capacidades económicas de las entidades”, cuyas finanzas se han visto bastante comprometidas en las últimas épocas.
“Es necesario hacer una consideración sobre el esquema del pari-passu 50/50 para hacer frente a la emergencia nacional de la sequía”, plantea Lozano de la Torre, “tengamos en cuenta que no existe una forma única para el desarrollo de las entidades federativas. Si queremos lograr un mayor impacto en las políticas públicas y de los programas, es preciso que las estrategias se realicen de manera conjunta entre la Federación y los estados para facilitar una mayor coordinación entre los niveles de Gobierno de acuerdo a las estrategias y necesidades locales”.
Lejanos, los tiempos del binomio PRI-PAN no volverán repetirse en lo que queda del sexenio. En respuesta a los señalamientos de su anfitrión, Calderón Hinojosa elabora un recuento detallado de las acciones que su administración ha ejecutado para enfrentar a la sequía.
“Me gustaría dejar muy en claro que lejos de frenar el apoyo del gobierno federal, este año lo estamos fortaleciendo todavía más en favor de las familias afectadas”, sentenció, “es obvio que la situación requiere el trabajo corresponsable, armónico, coordinado, entre los tres órdenes de Gobierno, y entre el Gobierno y la sociedad. Hoy, necesitamos unidad de propósitos y unidad de acción”.
Un excelente deseo, imposible de cumplir, dadas las actuales condiciones de la lucha política. Han pasado casi dos años de un estéril intercambio de acusaciones y reclamos entre priístas y calderonistas. El periodo de mayores recriminaciones se dio en el tiempo que Humberto Moreira estuvo al frente del PRI, y ahora nuevamente retoma intensidad.
Ya no se trata de la definición de la política social del régimen, sino de la judicialización de la contienda electoral. El temor de la cúpula priísta, respecto de una embestida que ponga a algunos ex gobernadores tras las rejas, se materializó ayer, con la carta –y posterior conferencia de prensa– de Pedro Joaquín Coldwell, para tratar de frenar la sustitución de José Luis Vargas Valdéz como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, adscrita a la PGR.
“En fechas recientes se han despertado suspicacias en torno a la injerencia del Poder Ejecutivo Federal, en un esfuerzo por criminalizar el proceso electoral y favorecer al PAN”, manifestó en el líder nacional del PRI a la procuradora, Marisela Morales, en una misiva, “es inadmisible que la Fepade se convierta en un instrumento de esta política y vehículo para la persecución aviesa e ilegal de candidatos o militantes de partidos de oposición al gobierno.
Al igual que con la emergencia generada por la sequía, el PRI trata de sacar raja política de un asunto totalmente fuera de su control. Y es que desde finales del año pasado, el fiscal Vargas Valdéz realizó un intenso cabildeo entre líderes de opinión, legisladores y dirigentes partidistas, tratando de guarecerse de la indiferencia de la titular de la PGR.
El abogado –experto en derecho electoral, formado al amparo del senador perredista Arturo Núñez, con una sólida carrera académica y un paso modesto por el IFE y el TEPJF– no tenía vocación policiaca y por eso no despertó ningún afecto entre los agentes ministeriales.
Hace un par de meses, Vargas Valdéz había adelantado que sin el visto bueno de Morales Ibarra, se iría de la Fepade.
Inútil, la docena de espectaculares colocados en la víspera por el gobierno de Aguascalientes, que encabeza el priísta Carlos Lozano de la Torre. Infausta, por ende, resulta la bienvenida de las autoridades locales a Felipe Calderón Hinojosa, que pasará apenas cuatro horas de este gélido lunes 13 en territorio priísta.
Pasa, sin pena ni gloria, una de las mejores bienvenidas al presidente de la República en las épocas recientes, según confiesan elementos del Estado Mayor Presidencial que integraron la “avanzada” e intervinieron en la planeación de la gira de trabajo que ayer se desahogó en la capital hidrocálida.
Sin la primera dama, Margarita Zavala, el Ejecutivo federal llega con casi todos los integrantes del área social de su gabinete (los secretarios Heriberto Félix, de Desarrollo Social; Francisco Mayorga, de Agricultura y Salomón Chertorivski, Salud; además del director del IMSS, Daniel Karam y el titular de Conagua, José Luis Luege) para hacer una evaluación –junto con el gobernador Lozano de la Torre, los 10 alcaldes de la entidad y los delegados de las dependencias federales– del impacto que la sequía severa ha producido en Aguascalientes en los últimos meses.
Paradojas del poder: antes de que llegara Calderón, cayeron lluvias torrenciales en la región. “No está mal, digo… al Estado Mayor le costó mucho trabajo arreglar eso, pero, finalmente, lo logró en preparativos de mi visita”, apunta, tratando de romper el hielo, “nada más simplemente, fui a ver la contingencia, nada más”.
Más allá de las bromas iniciales, Calderón Hinojosa reacciona con apatía a los gestos amistosos de Lozano de la Torre –beltronista de primera categoría y quizá el gobernador consentido de Enrique Peña Nieto– quien no obstante la frialdad presidencial, insiste en “respetuosamente” tenderle la mano para fortalecer la colaboración entre dos administraciones de distinto signo político.
Calderón Hinojosa accedió al cabildeo que Karam y Chertorivski hicieron a favor de la entidad hidrocálida, cuya población resiente fuertemente los efectos adversos del cambio climático. Aguascalientes –en comparación con sus vecinos– genera una modesta producción agrícola. Allí no está el problema, sino en la falta de agua: las siete presas de la entidad apenas cubren 15% de su capacidad de almacenamiento.
El gobernador pide ayuda a la Federación. Los recursos destinados a mitigar los efectos de la sequía –subraya- no solo deben ser suficientes, sino que deben otorgarse a las entidades afectadas bajo un esquema “que tome en cuenta las capacidades económicas de las entidades”, cuyas finanzas se han visto bastante comprometidas en las últimas épocas.
“Es necesario hacer una consideración sobre el esquema del pari-passu 50/50 para hacer frente a la emergencia nacional de la sequía”, plantea Lozano de la Torre, “tengamos en cuenta que no existe una forma única para el desarrollo de las entidades federativas. Si queremos lograr un mayor impacto en las políticas públicas y de los programas, es preciso que las estrategias se realicen de manera conjunta entre la Federación y los estados para facilitar una mayor coordinación entre los niveles de Gobierno de acuerdo a las estrategias y necesidades locales”.
Lejanos, los tiempos del binomio PRI-PAN no volverán repetirse en lo que queda del sexenio. En respuesta a los señalamientos de su anfitrión, Calderón Hinojosa elabora un recuento detallado de las acciones que su administración ha ejecutado para enfrentar a la sequía.
“Me gustaría dejar muy en claro que lejos de frenar el apoyo del gobierno federal, este año lo estamos fortaleciendo todavía más en favor de las familias afectadas”, sentenció, “es obvio que la situación requiere el trabajo corresponsable, armónico, coordinado, entre los tres órdenes de Gobierno, y entre el Gobierno y la sociedad. Hoy, necesitamos unidad de propósitos y unidad de acción”.
Un excelente deseo, imposible de cumplir, dadas las actuales condiciones de la lucha política. Han pasado casi dos años de un estéril intercambio de acusaciones y reclamos entre priístas y calderonistas. El periodo de mayores recriminaciones se dio en el tiempo que Humberto Moreira estuvo al frente del PRI, y ahora nuevamente retoma intensidad.
Ya no se trata de la definición de la política social del régimen, sino de la judicialización de la contienda electoral. El temor de la cúpula priísta, respecto de una embestida que ponga a algunos ex gobernadores tras las rejas, se materializó ayer, con la carta –y posterior conferencia de prensa– de Pedro Joaquín Coldwell, para tratar de frenar la sustitución de José Luis Vargas Valdéz como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, adscrita a la PGR.
“En fechas recientes se han despertado suspicacias en torno a la injerencia del Poder Ejecutivo Federal, en un esfuerzo por criminalizar el proceso electoral y favorecer al PAN”, manifestó en el líder nacional del PRI a la procuradora, Marisela Morales, en una misiva, “es inadmisible que la Fepade se convierta en un instrumento de esta política y vehículo para la persecución aviesa e ilegal de candidatos o militantes de partidos de oposición al gobierno.
Al igual que con la emergencia generada por la sequía, el PRI trata de sacar raja política de un asunto totalmente fuera de su control. Y es que desde finales del año pasado, el fiscal Vargas Valdéz realizó un intenso cabildeo entre líderes de opinión, legisladores y dirigentes partidistas, tratando de guarecerse de la indiferencia de la titular de la PGR.
El abogado –experto en derecho electoral, formado al amparo del senador perredista Arturo Núñez, con una sólida carrera académica y un paso modesto por el IFE y el TEPJF– no tenía vocación policiaca y por eso no despertó ningún afecto entre los agentes ministeriales.
Hace un par de meses, Vargas Valdéz había adelantado que sin el visto bueno de Morales Ibarra, se iría de la Fepade.
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