Carlos Ramírez / Indicador Político
La política de defensa de derechos humanos ha logrado la liberación de delincuentes atrapados con suficientes pruebas en su contra, y en algunos casos han contado con el apoyo de políticos de la oposición.
Entre los anticasos de derechos humanos que Human Rights Watch o la CNDH desde luego nunca se ocuparían de ellos se encuentran dos que ilustran las aberraciones del sistema judicial civil: Un general de brigada, de dos estrellas, y 30 colaboradores fueron arrestados a través de una denuncia anónima por violar derechos humanos y se encuentra procesado y diecisiete militares también están en prisión militar por colaborar con el narco.
1.- El general Manuel de Jesús Moreno Aviña fue acusado de haber cometido actos delictivos en el contexto de la lucha contra el narco --violación de derechos humanos, tráfico de drogas y uso de dinero de procedencia ilícita-- en Ojinaga, Chihuahua. La indagatoria de la procuraduría de justicia militar llevó a la acusación en contra de dos jefes, seis oficiales y veintidós elementos de tropa y todos ellos están detenidos en estrictas prisiones militares.
Entre las acusaciones contra el general Moreno Aviña se encuentra la de haber torturado hasta la muerte a tres civiles acusados de servir al narcotráfico. El expediente militar se abrió por violaciones a los derechos humanos, con el dato revelador de que el responsable era un general de brigada.
2.- Otro caso: MÍriam Isaura López Vargas fue detenida por haber corrompido a nueve oficiales militares y ocho soldados de tropa, pero resulta que la justicia civil liberó a la acusada pero la justicia militar, más severa, mantiene a los diecisiete militares procesados y encarcelados. La incongruencia revela que la justicia militar tiene menos rutas de elusión de la ley que la justicia civil. Paradójicamente la decisión del juez civil para liberarla radicó en “inconsistencias” en las acusaciones y en “contradicciones” en las declaraciones del personal militar. Pero la incongruencia también radicó en el hecho de que la justicia militar sigue procesando a los oficiales y tropa que recibieron dinero de la acusada, mientras ésta fue dejada en libertad.
La historia del caso de Míriam Isaura tiene, además, derivaciones políticas. La politización del asunto fue catapultada por la diputada local del PT, Claudia Agatón Muñiz, quien fue detenida momentáneamente en un retén militar en Ensenada, Baja California, por transportar 116 mil pesos en efectivo sin acreditar procedencia, en una zona en la que el narco justamente maneja dinero en efectivo de sus operaciones ilícitas.
En venganza, la legisladora inició una campaña contra los retenes por su caso particular y luego se convirtió en la defensora política de Míriam Isaura hasta lograr su liberación. Sin embargo, la historia de Míriam Isaura habla de una carrera delictiva probada: Su arresto por actividades vinculadas el narco ocurrió cuando se dedicaba a corromper a militares para que la dejaran traficar; más que aclarar esas actividades in fraganti, denunció haber sido torturada y violada por militares. En septiembre de 2011 fue liberada porque la acusación militar, a decir del juez, fue contradictoria.
El punto central radicó en el hecho de que la autoridad judicial civil fue más laxa que la militar. Y resultó paradójico que el personal militar que confesó haber recibido dinero de Míriam Isaura para permitirle traficar con droga sigue encarcelado por complicidad con el narco, mientras la corruptora no sólo goza de libertad sino que quiere ocultar su delito detrás del tema de los derechos humanos; hoy aparece como víctima de presunta tortura, mientras su cómplices pagan penas carcelarias por tráfico de drogas.
La politización de la justicia penal en materia de narcotráfico se ha convertido en la puerta de salida de muchos de los detenidos in fraganti traficando con drogas y más, como en el caso de Míriam Isaura, tienen la protección política de una diputada local bajacaliforniana del PT. El expediente de Míriam Isaura es claro en su vinculación con el crimen organizado: Su padrastro la encarriló justamente en la corrupción de fuerzas de seguridad para permitirle operaciones delictivas. El 2 de febrero de 2011 Míriam Isaura fue detenida por personal militar en una colonia del centro de Ensenada, B.C., con un paquete de mariguana de cinco kilos y 31 paquetes de la misma droga. La acusación considera que Míriam Isaura destino casi 700 mil dólares en corromper a personal militar.
En sus primeras declaraciones confesó haber corrompido a militares para cruzar sin problemas el puesto de control “Loma de Oro”, a quienes ofrecía diez mil dólares al personal militar para cruzar el puesto militar de control, entregando la mitad al comenzar la operación y el resto al finalizarla. El personal militar le asignaba carril, hora y señas de cómplices. Nueve oficiales y seis soldados de tropa fueron arrestados cuando se comprobaron las acusaciones, quienes han sido acusados por la justicia militar de delitos contra la salud en su modalidad de fomento y violación a la ley federal contra la delincuencia organizada.
Pero mientras los militares acusados de recibir dinero de Míriam Isaura son juzgados con dureza por la justicia militar, la justicia civil liberó a la acusada y ahora utiliza los medios para denunciar tortura y violación, con el apoyo de la diputada local del PT, pero como una forma de desviar la atención a su actividad de corromper militares para traficar droga en retenes militares; paradójicamente la diputada petista Agatón fue detenida en un retén por cruzar con 116 mil pesos en efectivo.
Los reportes de HRW y de su ahora aliada la CNDH siempre insisten en acusar a las fuerzas armadas de impunidad en la violación de derechos humanos, pero no reconocen que muchas veces la justicia militar es más estricta que la civil.
La política de defensa de derechos humanos ha logrado la liberación de delincuentes atrapados con suficientes pruebas en su contra, y en algunos casos han contado con el apoyo de políticos de la oposición.
Entre los anticasos de derechos humanos que Human Rights Watch o la CNDH desde luego nunca se ocuparían de ellos se encuentran dos que ilustran las aberraciones del sistema judicial civil: Un general de brigada, de dos estrellas, y 30 colaboradores fueron arrestados a través de una denuncia anónima por violar derechos humanos y se encuentra procesado y diecisiete militares también están en prisión militar por colaborar con el narco.
1.- El general Manuel de Jesús Moreno Aviña fue acusado de haber cometido actos delictivos en el contexto de la lucha contra el narco --violación de derechos humanos, tráfico de drogas y uso de dinero de procedencia ilícita-- en Ojinaga, Chihuahua. La indagatoria de la procuraduría de justicia militar llevó a la acusación en contra de dos jefes, seis oficiales y veintidós elementos de tropa y todos ellos están detenidos en estrictas prisiones militares.
Entre las acusaciones contra el general Moreno Aviña se encuentra la de haber torturado hasta la muerte a tres civiles acusados de servir al narcotráfico. El expediente militar se abrió por violaciones a los derechos humanos, con el dato revelador de que el responsable era un general de brigada.
2.- Otro caso: MÍriam Isaura López Vargas fue detenida por haber corrompido a nueve oficiales militares y ocho soldados de tropa, pero resulta que la justicia civil liberó a la acusada pero la justicia militar, más severa, mantiene a los diecisiete militares procesados y encarcelados. La incongruencia revela que la justicia militar tiene menos rutas de elusión de la ley que la justicia civil. Paradójicamente la decisión del juez civil para liberarla radicó en “inconsistencias” en las acusaciones y en “contradicciones” en las declaraciones del personal militar. Pero la incongruencia también radicó en el hecho de que la justicia militar sigue procesando a los oficiales y tropa que recibieron dinero de la acusada, mientras ésta fue dejada en libertad.
La historia del caso de Míriam Isaura tiene, además, derivaciones políticas. La politización del asunto fue catapultada por la diputada local del PT, Claudia Agatón Muñiz, quien fue detenida momentáneamente en un retén militar en Ensenada, Baja California, por transportar 116 mil pesos en efectivo sin acreditar procedencia, en una zona en la que el narco justamente maneja dinero en efectivo de sus operaciones ilícitas.
En venganza, la legisladora inició una campaña contra los retenes por su caso particular y luego se convirtió en la defensora política de Míriam Isaura hasta lograr su liberación. Sin embargo, la historia de Míriam Isaura habla de una carrera delictiva probada: Su arresto por actividades vinculadas el narco ocurrió cuando se dedicaba a corromper a militares para que la dejaran traficar; más que aclarar esas actividades in fraganti, denunció haber sido torturada y violada por militares. En septiembre de 2011 fue liberada porque la acusación militar, a decir del juez, fue contradictoria.
El punto central radicó en el hecho de que la autoridad judicial civil fue más laxa que la militar. Y resultó paradójico que el personal militar que confesó haber recibido dinero de Míriam Isaura para permitirle traficar con droga sigue encarcelado por complicidad con el narco, mientras la corruptora no sólo goza de libertad sino que quiere ocultar su delito detrás del tema de los derechos humanos; hoy aparece como víctima de presunta tortura, mientras su cómplices pagan penas carcelarias por tráfico de drogas.
La politización de la justicia penal en materia de narcotráfico se ha convertido en la puerta de salida de muchos de los detenidos in fraganti traficando con drogas y más, como en el caso de Míriam Isaura, tienen la protección política de una diputada local bajacaliforniana del PT. El expediente de Míriam Isaura es claro en su vinculación con el crimen organizado: Su padrastro la encarriló justamente en la corrupción de fuerzas de seguridad para permitirle operaciones delictivas. El 2 de febrero de 2011 Míriam Isaura fue detenida por personal militar en una colonia del centro de Ensenada, B.C., con un paquete de mariguana de cinco kilos y 31 paquetes de la misma droga. La acusación considera que Míriam Isaura destino casi 700 mil dólares en corromper a personal militar.
En sus primeras declaraciones confesó haber corrompido a militares para cruzar sin problemas el puesto de control “Loma de Oro”, a quienes ofrecía diez mil dólares al personal militar para cruzar el puesto militar de control, entregando la mitad al comenzar la operación y el resto al finalizarla. El personal militar le asignaba carril, hora y señas de cómplices. Nueve oficiales y seis soldados de tropa fueron arrestados cuando se comprobaron las acusaciones, quienes han sido acusados por la justicia militar de delitos contra la salud en su modalidad de fomento y violación a la ley federal contra la delincuencia organizada.
Pero mientras los militares acusados de recibir dinero de Míriam Isaura son juzgados con dureza por la justicia militar, la justicia civil liberó a la acusada y ahora utiliza los medios para denunciar tortura y violación, con el apoyo de la diputada local del PT, pero como una forma de desviar la atención a su actividad de corromper militares para traficar droga en retenes militares; paradójicamente la diputada petista Agatón fue detenida en un retén por cruzar con 116 mil pesos en efectivo.
Los reportes de HRW y de su ahora aliada la CNDH siempre insisten en acusar a las fuerzas armadas de impunidad en la violación de derechos humanos, pero no reconocen que muchas veces la justicia militar es más estricta que la civil.
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