Apro
Las agresiones a activistas alcanzaron niveles preocupantes en el penúltimo año de gobierno de Felipe Calderón, en que se contabilizaron 59 denuncias, según informes recabados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En un comunicado, la CNDH informó que ante la situación de vulnerabilidad de los defensores, en 2011 el ombudsman se vio obligado a solicitar 16 medidas cautelares de protección, “con el propósito de prevenir situaciones que dañen la salud física y psicológica de ellos y sus familias”.
El 3 de febrero anterior, resaltó el organismo, solicitó la intervención de la Secretaría de Gobernación para atender la situación de emergencia de Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, organización de Ciudad Juárez, Chihuahua, quien fue agredida en la Ciudad de México.
La CNDH reiteró que la solicitud de medidas cautelares a favor de Andrade fue “con el fin de garantizar la seguridad e integridad de la víctima y evitar que sufra un nuevo atentado”.
Sobre los casos de agresiones a defensores, la CNDH destacó que se documentaron “violaciones a los derechos a la vida, integridad, seguridad, reunión, circulación, debido proceso, propiedad y libertad de expresión en perjuicio de su trabajo cotidiano”.
Según el organismo, dio seguimiento a cada una de las denuncias presentadas por los activistas, “recabando datos con las autoridades involucradas, entrevistándose con los agraviados y verificando que se integren adecuadamente las averiguaciones previas”.
Por otra parte, defensores dieron respuesta a Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, quien el 7 de febrero aseguró que el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la CNDH son unos de los ejes fundamentales del gobierno calderonista y de la estrategia nacional de seguridad.
En un comunicado, decenas de organizaciones criticaron el “doble discurso” del gobierno de Calderón, pues “no se han puesto en marcha con suficiencia y con un alto nivel de prioridad acciones para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Estado mexicano frente a las víctimas como ante la propia comunidad internacional”,
Resaltan como temas incompatibles con el discurso oficial el incumplimiento de las cinco sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CoIDH), a pesar de la asignación del Congreso de la Unión a la Segob de 31.5 millones de pesos para atender las responsabilidades internacionales.
Citan el desacato de las sentencias en los casos de Valentina Rosendo e Inés Fernández, indígenas violadas sexualmente por militares, y quienes “continúan a la espera de que se presente un plan de implementación de las medias relativas al plan de salud, educación e indemnizaciones para sus hijos e hijas por los daños ocasionados”.
También repudiaron la inexplicable inoperancia de acciones de protección para comunicadores y defensores, pese a que en la Ley de Egresos 2012 se destinaron unos “26 millones de pesos para el diseño y la instrumentación de un mecanismo de protección a periodistas, y 2 millones 500 mil pesos para los mecanismos de protección a periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos”.
Sin que a la fecha se conozca “en qué se está ejerciendo dicho presupuesto”, los defensores resaltaron que “son varios los casos en los que la Segob ha fallado en otorgar o reponer medidas de protección ordenadas por instancias internacionales”.
Ejemplo de lo anterior es la desatención a las medidas provisionales dictadas por la CoIDH a favor de 107 activistas guerrerenses, entre ellos Maximino García Catarino, defensor indígena criminalizado y preso en el penal de Ayutla, Guerrero.
Las organizaciones también recordaron que pese a las sentencias de la CoIDH y de indicaciones del presidente Felipe Calderón, hasta ahora el fuero militar continúa dando curso a los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas.
Peor aún, advierten, el presidente Calderón interpuso a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un recurso de revisión a un amparo ganado por la familia de Bonfilio Rubio Villegas contra el fuero militar.
Rubio Villegas fue asesinado por soldados en un retén militar en 2009.
La prueba de la falta de concordancia del discurso de Poiré con la realidad, sostienen, las ONG, es “el continuo aumento de las violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de las políticas de seguridad adoptadas en la llamada guerra contra el narcotráfico”.
Consideraron que para demostrar que “su compromiso no es más que un discurso vacío”, las organizaciones de derechos humanos urgieron al gobierno de Calderón a suscribir el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como atender las violaciones de derechos los migrantes.
Entre las ONG que signan el documento destacan Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Litiga OLE, y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), que aglutina a 75 organizaciones con presencia en 25 entidades del país.
Las agresiones a activistas alcanzaron niveles preocupantes en el penúltimo año de gobierno de Felipe Calderón, en que se contabilizaron 59 denuncias, según informes recabados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En un comunicado, la CNDH informó que ante la situación de vulnerabilidad de los defensores, en 2011 el ombudsman se vio obligado a solicitar 16 medidas cautelares de protección, “con el propósito de prevenir situaciones que dañen la salud física y psicológica de ellos y sus familias”.
El 3 de febrero anterior, resaltó el organismo, solicitó la intervención de la Secretaría de Gobernación para atender la situación de emergencia de Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, organización de Ciudad Juárez, Chihuahua, quien fue agredida en la Ciudad de México.
La CNDH reiteró que la solicitud de medidas cautelares a favor de Andrade fue “con el fin de garantizar la seguridad e integridad de la víctima y evitar que sufra un nuevo atentado”.
Sobre los casos de agresiones a defensores, la CNDH destacó que se documentaron “violaciones a los derechos a la vida, integridad, seguridad, reunión, circulación, debido proceso, propiedad y libertad de expresión en perjuicio de su trabajo cotidiano”.
Según el organismo, dio seguimiento a cada una de las denuncias presentadas por los activistas, “recabando datos con las autoridades involucradas, entrevistándose con los agraviados y verificando que se integren adecuadamente las averiguaciones previas”.
Por otra parte, defensores dieron respuesta a Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, quien el 7 de febrero aseguró que el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la CNDH son unos de los ejes fundamentales del gobierno calderonista y de la estrategia nacional de seguridad.
En un comunicado, decenas de organizaciones criticaron el “doble discurso” del gobierno de Calderón, pues “no se han puesto en marcha con suficiencia y con un alto nivel de prioridad acciones para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Estado mexicano frente a las víctimas como ante la propia comunidad internacional”,
Resaltan como temas incompatibles con el discurso oficial el incumplimiento de las cinco sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CoIDH), a pesar de la asignación del Congreso de la Unión a la Segob de 31.5 millones de pesos para atender las responsabilidades internacionales.
Citan el desacato de las sentencias en los casos de Valentina Rosendo e Inés Fernández, indígenas violadas sexualmente por militares, y quienes “continúan a la espera de que se presente un plan de implementación de las medias relativas al plan de salud, educación e indemnizaciones para sus hijos e hijas por los daños ocasionados”.
También repudiaron la inexplicable inoperancia de acciones de protección para comunicadores y defensores, pese a que en la Ley de Egresos 2012 se destinaron unos “26 millones de pesos para el diseño y la instrumentación de un mecanismo de protección a periodistas, y 2 millones 500 mil pesos para los mecanismos de protección a periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos”.
Sin que a la fecha se conozca “en qué se está ejerciendo dicho presupuesto”, los defensores resaltaron que “son varios los casos en los que la Segob ha fallado en otorgar o reponer medidas de protección ordenadas por instancias internacionales”.
Ejemplo de lo anterior es la desatención a las medidas provisionales dictadas por la CoIDH a favor de 107 activistas guerrerenses, entre ellos Maximino García Catarino, defensor indígena criminalizado y preso en el penal de Ayutla, Guerrero.
Las organizaciones también recordaron que pese a las sentencias de la CoIDH y de indicaciones del presidente Felipe Calderón, hasta ahora el fuero militar continúa dando curso a los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas.
Peor aún, advierten, el presidente Calderón interpuso a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un recurso de revisión a un amparo ganado por la familia de Bonfilio Rubio Villegas contra el fuero militar.
Rubio Villegas fue asesinado por soldados en un retén militar en 2009.
La prueba de la falta de concordancia del discurso de Poiré con la realidad, sostienen, las ONG, es “el continuo aumento de las violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de las políticas de seguridad adoptadas en la llamada guerra contra el narcotráfico”.
Consideraron que para demostrar que “su compromiso no es más que un discurso vacío”, las organizaciones de derechos humanos urgieron al gobierno de Calderón a suscribir el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como atender las violaciones de derechos los migrantes.
Entre las ONG que signan el documento destacan Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Litiga OLE, y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), que aglutina a 75 organizaciones con presencia en 25 entidades del país.
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