Se dio a conocer ayer que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) registró en el último semestre del año pasado una pérdida neta de 17 mil 168 millones de pesos, así como un incremento de 21.4 por ciento en su pasivo total. El hecho obedeció al incremento en los intereses de su deuda y a fluctuaciones cambiarias. Por su parte, Pemex, como se dio a conocer el pasado 14 de febrero, experimentó durante 2011 pérdidas por 39 mil 518 millones de pesos, toda vez que los elevados ingresos derivados de las altas cotizaciones internacionales del crudo no fueron suficientes para compensar un incremento impositivo brutal: de hecho, la paraestal obtuvo unos 640 mil millones de pesos por sus ventas de crudo, pero pagó 984 mil 413 millones de pesos en impuestos, derechos y aprovechamientos.
Las cifras constituyen un mentís inequívoco a las buenas perspectivas de Pemex anunciadas en días pasados por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, a la costosa propaganda oficial invertida para presentar a la CFE como una empresa de clase mundial y a los argumentos esgrimidos en 2008 por el gobierno para destruir a Luz y Fuerza del Centro (LFC) y sustituirla por la CFE al argumentar que la primera perdía dinero.
Tanto la generación y distribución de energía eléctrica son negocios por demás atractivos, con utilidades prácticamente garantizadas, a condición de que sean correcta y honestamente administrados. No es gratuito que los principales consorcios energéticos del extranjero hayan venido presionando, por diversas vías, para una mayor apertura del sector a operadores privados, a pesar de que dicha apertura se ha llevado a cabo de cualquier manera, incluso a contrapelo de los lineamientos contenidos en el artículo 27 constitucional y en las leyes reglamentarias aplicables.
Las cifras referidas dan cuenta, sin embargo, de una administración ineficiente y turbia en las dos entidades paraestatales, del exceso de contratismo por lo que hace a la CFE y, en el caso de Pemex, de la persistencia del saqueo fiscal que padece la empresa y que debió ser corregido desde hace muchos años.
No ha de pasarse por alto que los malos resultados de las dos grandes empresas energéticas de propiedad nacional aportan argumentos a la causa de las cúpulas empresariales, del gobierno de Estados Unidos, de Acción Nacional y de la fracción dominante del Revolucionario Institucional, para suprimir o reducir en forma significativa lo que queda de propiedad pública en la economía nacional.
En ese sentido, es procedente preguntarse hasta qué punto las pérdidas sufridas por CFE y Pemex son consecuencia de la llana ineptitud del equipo gobernante y de la presencia de una corrupción que viene de muy atrás, pero que se refrenda sexenio tras sexenio, y hasta qué punto es resultado de un designio por presentar al Estado como intrínsecamente incapaz de administrar de manera eficiente y transparente las entidades a su cargo, a fin de presentar como viables y hasta necesarias las desincorporaciones que han sido consistentemente rechazadas por la mayoría de la sociedad.
Es necesario que la sociedad se mantenga pendiente e informada de la situación en Pemex y la CFE –las cuales le pertenecen– y que el Congreso de la Unión exija al Ejecutivo una explicación detallada y precisa de los motivos por los cuales ambas entidades se encuentran en números rojos, que se ponga, de manera definitiva, un alto a la depredación fiscal de la primera y que se deje de lado el discurso oficial trinfalista y engañoso sobre la circunstancia real de las dos empresas.
Las cifras constituyen un mentís inequívoco a las buenas perspectivas de Pemex anunciadas en días pasados por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, a la costosa propaganda oficial invertida para presentar a la CFE como una empresa de clase mundial y a los argumentos esgrimidos en 2008 por el gobierno para destruir a Luz y Fuerza del Centro (LFC) y sustituirla por la CFE al argumentar que la primera perdía dinero.
Tanto la generación y distribución de energía eléctrica son negocios por demás atractivos, con utilidades prácticamente garantizadas, a condición de que sean correcta y honestamente administrados. No es gratuito que los principales consorcios energéticos del extranjero hayan venido presionando, por diversas vías, para una mayor apertura del sector a operadores privados, a pesar de que dicha apertura se ha llevado a cabo de cualquier manera, incluso a contrapelo de los lineamientos contenidos en el artículo 27 constitucional y en las leyes reglamentarias aplicables.
Las cifras referidas dan cuenta, sin embargo, de una administración ineficiente y turbia en las dos entidades paraestatales, del exceso de contratismo por lo que hace a la CFE y, en el caso de Pemex, de la persistencia del saqueo fiscal que padece la empresa y que debió ser corregido desde hace muchos años.
No ha de pasarse por alto que los malos resultados de las dos grandes empresas energéticas de propiedad nacional aportan argumentos a la causa de las cúpulas empresariales, del gobierno de Estados Unidos, de Acción Nacional y de la fracción dominante del Revolucionario Institucional, para suprimir o reducir en forma significativa lo que queda de propiedad pública en la economía nacional.
En ese sentido, es procedente preguntarse hasta qué punto las pérdidas sufridas por CFE y Pemex son consecuencia de la llana ineptitud del equipo gobernante y de la presencia de una corrupción que viene de muy atrás, pero que se refrenda sexenio tras sexenio, y hasta qué punto es resultado de un designio por presentar al Estado como intrínsecamente incapaz de administrar de manera eficiente y transparente las entidades a su cargo, a fin de presentar como viables y hasta necesarias las desincorporaciones que han sido consistentemente rechazadas por la mayoría de la sociedad.
Es necesario que la sociedad se mantenga pendiente e informada de la situación en Pemex y la CFE –las cuales le pertenecen– y que el Congreso de la Unión exija al Ejecutivo una explicación detallada y precisa de los motivos por los cuales ambas entidades se encuentran en números rojos, que se ponga, de manera definitiva, un alto a la depredación fiscal de la primera y que se deje de lado el discurso oficial trinfalista y engañoso sobre la circunstancia real de las dos empresas.
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