Impunidad y connivencia
Siniestralidad imparable
Carlos Fernández-Vega / México SA
Ayer se cumplieron seis años de la tragedia en Pasta de Conchos en la que murieron 65 mineros; de ellos, 63 permanecen bajo toneladas de roca. Dos gobiernos involucrados en este emblemático caso de corrupción e impunidad, el de Fox y el de Calderón, igualmente decididos a mantener intocados a los responsables, empresariales y del sector público, de la explosión en dicha mina, la cual confirmó no sólo las miserables condiciones en las que los concesionarios de las minas mantienen a los trabajadores, sino la red de connivencia entre aquellos y las supuestas autoridades gubernamentales, las mismas que apenas cinco días después de la explosión ordenaron cancelar las labores de rescate.
Secretario del Trabajo del gobierno foxista al registrarse la explosión en Pasta de Conchos, Francisco Javier Salazar Sáenz, fue arropado por el PAN, quien lo designó secretario de acción de gobierno del Comité Ejecutivo Nacional, para después ampliar la cobertura con una diputación federal. Ahora, obviamente por el partido blanquiazul, va tras un escaño en el Senado de la República, al igual que su sucesor en la Secretaría del Trabajo, el inefable Javier Lozano Alarcón, quien se mantuvo al servicio del concesionario de Pasta de Conchos, Germán Larrea Mota Velasco, empresario que no figuró en el inventario Forbes 2006 de hombres más ricos en México, pero que seis años después ocupa la segunda posición, con 16 mil millones de dólares de fortuna estimada, sólo por debajo de Carlos Slim. Seis años de impunidad, a lo largo de los cuales los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón sólo hicieron dos cosas: lavarse las manos de la tragedia y sus secuelas, y ampliar la de por sí gruesa telaraña de jugosos negocios –a costillas de la nación– para el selecto grupúsculo de empresarios mineros, con Larrea a la cabeza.
Setenta y dos meses después de la tragedia en la citada mina, la organización Familia Pasta de Conchos divulgó su sexto informe consecutivo (en esta ocasión intitulado Siglo XXI: el martirio en las minas de carbón), del que se toman los siguientes pasajes: “damos cuenta de una siniestralidad imparable: 30 mineros fallecidos en 2011 (Sección I: Otro siniestro mayor). No había tantos en la región desde 2006, año de la tragedia en la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos. El total de siniestrados desde 2006 es de 132. Los 65 mineros de Pasta de Conchos y 67 posteriores caídos en pocitos, tajos y minas subterráneas de carbón, plantas de beneficio y transporte del carbón. El total se distribuyó así: 2006, 77 mineros; 2007, tres; 2008, uno; 2009, ocho trabajadores, y 2011, 30 mineros más (Minas Lulú, dos; La Encantada, uno; Siderúrgica II, dos; Mina VII Saltillito, dos; San Juan, uno; Pocito Binsa, 14; Pocito Agujita, uno; Mina V Esmeralda, dos; municipio de San Juan, uno; los cuatro últimos, el día 23 de noviembre, en la Carboeléctrica José López Portillo de la Comisión Federal de Electricidad, incluyendo un menor de edad).
“La región carbonífera de Coahuila se ubica al norte del estado… Abarca una superficie de 21 mil 832.2kilómetros cuadrados y comprende una población de 575 mil 759 habitantes, de los cuales, cuando menos, 50 mil niños y adultos son mineros del carbón. Muchos de ellos trabajan en minas clandestinas y/o ilegales que los dueños y las autoridades barnizan con el nombre de ‘minería artesanal’, como si se tratara de una forma inocente de elaborar dulces de leche, cuando en realidad son definidos en la misma legislación como pocitos.
“Los pocitos son un tiro vertical desde la superficie que alcanza hasta más de 100 metros de profundidad. El ingreso y egreso de los mineros, así como del carbón, se hace por medio de un tambo que sube y baja del fondo del tiro por medio de un malacate operado por un viejo motor de automóvil. En la superficie se pone una estructura en forma de trapecio que sirve para montar los cables que sirven de guía para evitar que el bote golpee en las paredes del tiro. En la parte más alta del trapecio que mide 4 metros aproximadamente, se ubica una persona que engancha y desengancha el bote para poder columpiarlo y hacer que el carbón caiga por una rampa. En la profundidad del pocito se hacen los desarrollos para extraer el carbón… Esto supone que los mineros trabajan con los cuerpos encorvados entre ocho y 12 horas. Se les paga a destajo… (y) tampoco están registrados en el IMSS. Incluso, el encargado del pocito, a quien le fincaron responsabilidades penales, jamás estuvo dado de alta en la empresa responsable de este siniestro, sino en otra del mismo dueño.
“Y lo más grave es que no tienen salida de emergencia. La NOM-032-STPS-2008, obliga a la existencia de una salida de emergencia, en el caso de los pocitos, se define como un tiro vertical conectado al pocito que está en producción. Sin embargo, esta obra no se realiza. Primero, porque un pocito tiene un tiempo de vida de seis meses a un año, por lo que es una obra que dicho por los mismos productores de carbón ‘no es costeable’. Este argumento significa que estamos frente a un negocio en el que la inversión en una medida fundamental, no les resulta ‘costeable’ y por tanto no lo harán. Finalmente, no hay nada que los obligue a cumplir, ya que las sanciones administrativas son montos sumamente inferiores al costo de la obra. En segundo lugar, es que aun realizando esta obra, lo real es que esta no es una salida, ya que para poder egresar del pocito se necesita que desde la superficie una persona opere el malacate para poder subir el tambo. Nadie puede salir por sí mismo”.
Y retoman un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila: el análisis de la información obtenida, evidencia que las condiciones en las que se realizan los trabajos de explotación del carbón distan mucho de ser las idóneas para asegurar un trabajo digno, conforme a lo establecido en el artículo 123 constitucional y los diversos instrumentos internacionales en que el Estado mexicano es parte, en tanto que no se da cumplimiento a las medidas de seguridad e higiene indispensables para efectuar dicha actividad, además de que las acciones emprendidas por el Estado no son suficientes para garantizar la integridad de los trabajadores, lo que contraviene sus derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, seguridad personal e, incluso, a la vida.
Las rebanadas del pastel
Para la memoria, del grueso catálogo de discursos de Felipe Calderón (17 de enero, 2007, sobre los mineros muertos en Pasta de Conchos): se hará todo lo posible para que los cuerpos sean rescatados y tengan cristiana sepultura.
Siniestralidad imparable
Carlos Fernández-Vega / México SA
Ayer se cumplieron seis años de la tragedia en Pasta de Conchos en la que murieron 65 mineros; de ellos, 63 permanecen bajo toneladas de roca. Dos gobiernos involucrados en este emblemático caso de corrupción e impunidad, el de Fox y el de Calderón, igualmente decididos a mantener intocados a los responsables, empresariales y del sector público, de la explosión en dicha mina, la cual confirmó no sólo las miserables condiciones en las que los concesionarios de las minas mantienen a los trabajadores, sino la red de connivencia entre aquellos y las supuestas autoridades gubernamentales, las mismas que apenas cinco días después de la explosión ordenaron cancelar las labores de rescate.
Secretario del Trabajo del gobierno foxista al registrarse la explosión en Pasta de Conchos, Francisco Javier Salazar Sáenz, fue arropado por el PAN, quien lo designó secretario de acción de gobierno del Comité Ejecutivo Nacional, para después ampliar la cobertura con una diputación federal. Ahora, obviamente por el partido blanquiazul, va tras un escaño en el Senado de la República, al igual que su sucesor en la Secretaría del Trabajo, el inefable Javier Lozano Alarcón, quien se mantuvo al servicio del concesionario de Pasta de Conchos, Germán Larrea Mota Velasco, empresario que no figuró en el inventario Forbes 2006 de hombres más ricos en México, pero que seis años después ocupa la segunda posición, con 16 mil millones de dólares de fortuna estimada, sólo por debajo de Carlos Slim. Seis años de impunidad, a lo largo de los cuales los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón sólo hicieron dos cosas: lavarse las manos de la tragedia y sus secuelas, y ampliar la de por sí gruesa telaraña de jugosos negocios –a costillas de la nación– para el selecto grupúsculo de empresarios mineros, con Larrea a la cabeza.
Setenta y dos meses después de la tragedia en la citada mina, la organización Familia Pasta de Conchos divulgó su sexto informe consecutivo (en esta ocasión intitulado Siglo XXI: el martirio en las minas de carbón), del que se toman los siguientes pasajes: “damos cuenta de una siniestralidad imparable: 30 mineros fallecidos en 2011 (Sección I: Otro siniestro mayor). No había tantos en la región desde 2006, año de la tragedia en la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos. El total de siniestrados desde 2006 es de 132. Los 65 mineros de Pasta de Conchos y 67 posteriores caídos en pocitos, tajos y minas subterráneas de carbón, plantas de beneficio y transporte del carbón. El total se distribuyó así: 2006, 77 mineros; 2007, tres; 2008, uno; 2009, ocho trabajadores, y 2011, 30 mineros más (Minas Lulú, dos; La Encantada, uno; Siderúrgica II, dos; Mina VII Saltillito, dos; San Juan, uno; Pocito Binsa, 14; Pocito Agujita, uno; Mina V Esmeralda, dos; municipio de San Juan, uno; los cuatro últimos, el día 23 de noviembre, en la Carboeléctrica José López Portillo de la Comisión Federal de Electricidad, incluyendo un menor de edad).
“La región carbonífera de Coahuila se ubica al norte del estado… Abarca una superficie de 21 mil 832.2kilómetros cuadrados y comprende una población de 575 mil 759 habitantes, de los cuales, cuando menos, 50 mil niños y adultos son mineros del carbón. Muchos de ellos trabajan en minas clandestinas y/o ilegales que los dueños y las autoridades barnizan con el nombre de ‘minería artesanal’, como si se tratara de una forma inocente de elaborar dulces de leche, cuando en realidad son definidos en la misma legislación como pocitos.
“Los pocitos son un tiro vertical desde la superficie que alcanza hasta más de 100 metros de profundidad. El ingreso y egreso de los mineros, así como del carbón, se hace por medio de un tambo que sube y baja del fondo del tiro por medio de un malacate operado por un viejo motor de automóvil. En la superficie se pone una estructura en forma de trapecio que sirve para montar los cables que sirven de guía para evitar que el bote golpee en las paredes del tiro. En la parte más alta del trapecio que mide 4 metros aproximadamente, se ubica una persona que engancha y desengancha el bote para poder columpiarlo y hacer que el carbón caiga por una rampa. En la profundidad del pocito se hacen los desarrollos para extraer el carbón… Esto supone que los mineros trabajan con los cuerpos encorvados entre ocho y 12 horas. Se les paga a destajo… (y) tampoco están registrados en el IMSS. Incluso, el encargado del pocito, a quien le fincaron responsabilidades penales, jamás estuvo dado de alta en la empresa responsable de este siniestro, sino en otra del mismo dueño.
“Y lo más grave es que no tienen salida de emergencia. La NOM-032-STPS-2008, obliga a la existencia de una salida de emergencia, en el caso de los pocitos, se define como un tiro vertical conectado al pocito que está en producción. Sin embargo, esta obra no se realiza. Primero, porque un pocito tiene un tiempo de vida de seis meses a un año, por lo que es una obra que dicho por los mismos productores de carbón ‘no es costeable’. Este argumento significa que estamos frente a un negocio en el que la inversión en una medida fundamental, no les resulta ‘costeable’ y por tanto no lo harán. Finalmente, no hay nada que los obligue a cumplir, ya que las sanciones administrativas son montos sumamente inferiores al costo de la obra. En segundo lugar, es que aun realizando esta obra, lo real es que esta no es una salida, ya que para poder egresar del pocito se necesita que desde la superficie una persona opere el malacate para poder subir el tambo. Nadie puede salir por sí mismo”.
Y retoman un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila: el análisis de la información obtenida, evidencia que las condiciones en las que se realizan los trabajos de explotación del carbón distan mucho de ser las idóneas para asegurar un trabajo digno, conforme a lo establecido en el artículo 123 constitucional y los diversos instrumentos internacionales en que el Estado mexicano es parte, en tanto que no se da cumplimiento a las medidas de seguridad e higiene indispensables para efectuar dicha actividad, además de que las acciones emprendidas por el Estado no son suficientes para garantizar la integridad de los trabajadores, lo que contraviene sus derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, seguridad personal e, incluso, a la vida.
Las rebanadas del pastel
Para la memoria, del grueso catálogo de discursos de Felipe Calderón (17 de enero, 2007, sobre los mineros muertos en Pasta de Conchos): se hará todo lo posible para que los cuerpos sean rescatados y tengan cristiana sepultura.
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