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El Juez Segundo Penal para la Atención de Delitos Graves, con sede en la penitenciaría de El Amate, notificó un nuevo auto de formal prisión en contra de Pablo Salazar Mendiguchía por el delito de homicidio doloso (comisión por omisión) contra la menor María José Espinoza Orozco, fallecida el 26 de diciembre de 2002 en el Hospital General K de Comitán de Domínguez.
Esta resolución judicial se suma a la emitida en los mismos términos por la muerte de los recién nacidos Guadalupe Silvestre Vázquez, Arturo Enrique Hernández Solís y los gemelos Gerardo y Jesús Alejandro Morales Alfaro.
En el año 2004, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó la muerte de 35 bebés en dicho hospital, en el periodo del 1 de diciembre de 2002 al 26 de enero de 2003, a consecuencia de la inexistencia de recursos públicos.
Ello derivó en múltiples irregularidades como la falta de medicamentos, instrumental y equipos médicos en las áreas de gineco-obstetricia y pediatría.
En dicha recomendación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que el gobierno del estado, encabezado por Pablo Salazar Mendiguchía, es el responsable de la muerte de los recién nacidos, documento que obra en el expediente penal de más de ocho tomos y 64 anexos, con un total de 42 mil 571 fojas útiles.
Además, la recomendación fue admitida en todos sus términos por la administración de Pablo Salazar Mendiguchía, según consta en el oficio firmado y dirigido por el entonces procurador general de Justicia, Mariano Herrán Salvatti, al presidente de la CNDH.
Ahí mismo, el organismo señala que las autoridades en el estado no atendieron de forma oportuna e inmediata la emergencia que se presentó durante el periodo del primero de diciembre de 2002 al 26 de enero de 2003 y que ocasionó la muerte de un total de 35 recién nacidos.
Dichas muertes ocurrieron de forma sistemática y a consecuencia de una infección contraída en dicho sitio, emergencia que pudo haber sido controlada con la presencia de especialistas en neonatología e infectología.
También incluye los informes emitidos en la época de los hechos por las Secretarías de Hacienda y Salud que documentan que dentro del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2002, autorizaron al Instituto de Salud un monto de mil 298 millones 835 mil 242 pesos, de los cuales el Hospital General K de Comitán de Domínguez recibió sólo cuatro millones 713 mil 487 pesos para gasto corriente.
El gasto corriente, precisó, implica el pago de servicios básicos, apoyos extraordinarios y pago de sueldos, por lo que no recibió un solo peso para la inversión en infraestructura y equipamiento.
Actualmente, Pablo Salazar Mendiguchía es procesado por los delitos de Peculado, Ejercicio Indebido del Servicio Público, Abuso de Funciones Públicas, Abuso de Autoridad y Asociación Delictuosa, procesos que enfrenta desde su celda al interior del Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 14 El Amate.
El Juez Segundo Penal para la Atención de Delitos Graves, con sede en la penitenciaría de El Amate, notificó un nuevo auto de formal prisión en contra de Pablo Salazar Mendiguchía por el delito de homicidio doloso (comisión por omisión) contra la menor María José Espinoza Orozco, fallecida el 26 de diciembre de 2002 en el Hospital General K de Comitán de Domínguez.
Esta resolución judicial se suma a la emitida en los mismos términos por la muerte de los recién nacidos Guadalupe Silvestre Vázquez, Arturo Enrique Hernández Solís y los gemelos Gerardo y Jesús Alejandro Morales Alfaro.
En el año 2004, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó la muerte de 35 bebés en dicho hospital, en el periodo del 1 de diciembre de 2002 al 26 de enero de 2003, a consecuencia de la inexistencia de recursos públicos.
Ello derivó en múltiples irregularidades como la falta de medicamentos, instrumental y equipos médicos en las áreas de gineco-obstetricia y pediatría.
En dicha recomendación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que el gobierno del estado, encabezado por Pablo Salazar Mendiguchía, es el responsable de la muerte de los recién nacidos, documento que obra en el expediente penal de más de ocho tomos y 64 anexos, con un total de 42 mil 571 fojas útiles.
Además, la recomendación fue admitida en todos sus términos por la administración de Pablo Salazar Mendiguchía, según consta en el oficio firmado y dirigido por el entonces procurador general de Justicia, Mariano Herrán Salvatti, al presidente de la CNDH.
Ahí mismo, el organismo señala que las autoridades en el estado no atendieron de forma oportuna e inmediata la emergencia que se presentó durante el periodo del primero de diciembre de 2002 al 26 de enero de 2003 y que ocasionó la muerte de un total de 35 recién nacidos.
Dichas muertes ocurrieron de forma sistemática y a consecuencia de una infección contraída en dicho sitio, emergencia que pudo haber sido controlada con la presencia de especialistas en neonatología e infectología.
También incluye los informes emitidos en la época de los hechos por las Secretarías de Hacienda y Salud que documentan que dentro del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2002, autorizaron al Instituto de Salud un monto de mil 298 millones 835 mil 242 pesos, de los cuales el Hospital General K de Comitán de Domínguez recibió sólo cuatro millones 713 mil 487 pesos para gasto corriente.
El gasto corriente, precisó, implica el pago de servicios básicos, apoyos extraordinarios y pago de sueldos, por lo que no recibió un solo peso para la inversión en infraestructura y equipamiento.
Actualmente, Pablo Salazar Mendiguchía es procesado por los delitos de Peculado, Ejercicio Indebido del Servicio Público, Abuso de Funciones Públicas, Abuso de Autoridad y Asociación Delictuosa, procesos que enfrenta desde su celda al interior del Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 14 El Amate.
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