Isaín Mandujano / Apro
La Suprema Corte de de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó hoy liberar inmediatamente a siete indígenas tzotziles implicados en la masacre de 45 personas ocurrida en diciembre de 1997.
Los indígenas beneficiados con la determinación de la SCJN llevan 14 años encarcelados, de los 35 a los que fueron condenados.
Al resolver dos recursos extraordinarios de reconocimiento de inocencia, la SCJN consideró inválidas las pruebas que se presentaron para sentenciar a 35 años a los indígenas Lorenzo Gómez Jiménez, José Ruiz Tzucut, Juan Pérez Hernández, Bartolo Luna Pérez, Agustín Pérez Gómez, Mariano Pérez Jiménez y Juan Sántiz Vázquez.
Los ministros de la SCJN determinaron que las pruebas presentadas ante el juez federal de la causa por la Procuraduría General de la República (PGR) –como la parte acusadora– se encuentran viciadas de origen, por lo que no existen elementos para que éstos sigan en una prisión a esperar los otros 21 años que faltan para que cumplan su condena.
Por todas las vías posibles, a través de sus abogados defensores, los siete indígenas demostraron que ellos no dispararon en contra de los 45 indígenas masacrados ni estuvieron en el lugar de los hechos.
En el 2009, la SCJN resolvió los amparos en favor de 51 indígenas tzotziles que fueron acusados de perpetrar la masacre del 22 de diciembre de 1997 en el que perdieron la vida 45 hombres, mujeres y niños, así como cuatro más que estaban en el vientre de su madre.
Tras esa resolución, 29 de los cuales fueron liberados en ese momento, mientras que en el caso de los otros 22, se ordenó dictar nueva sentencia.
A diferencia de los casos del 2009, hoy la SCJN resolvió:
“En el caso se actualiza el reconocimiento de inocencia toda vez que después de la sentencia aparecieron documentos públicos que invalidan las pruebas en que se fundó aquella y, en segundo lugar, porque el estudio principal llevó a la conclusión de que al tomarse en cuenta probanzas ilícitas para condenarlos, se violaron sus derechos constitucionales al debido proceso, razón suficiente para declarar su inmediata libertad”.
Los abogados de los siete indígenas iniciaron el trámite de reconocimiento de inocencia a principios del 2010 pero fue hasta mayo del 2011 que la SCJN retomó de nuevo el caso por insistencia de los defensores.
Los siete indígenas liberados hoy fueron detenidos originalmente en los primeros días de enero de 1997 junto con otras 16 personas, entre ellas el alcalde Jacinto Arias Cruz, cuando acudieron a la capital del estado para comparecer ante la PGR que los había citado.
En aquella ocasión, el alcalde y las 22 personas más quedaron en calidad de detenidos, se les inició el proceso 224/97 por los delitos de homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Posteriormente, fueron capturados 88 indígenas como presuntos responsables de la masacre, tres exoficiales de Seguridad Pública, nueves policías estatales, un exagente del Ministerio Público y un exmilitar. La mayoría ya están libres.
El pasado 22 de enero, Las Abejas de Acteal, grupo al que pertenecían los masacrados, dijo que para ellos no había duda de que este crimen fue planeado desde los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, así como desde el poder civil y militar para acabar con las organizaciones que defienden sus derechos: “A las organizaciones independientes el gobierno les ofreció muerte y desplazamiento”, acusaron entonces.
“Sobre los autores materiales: Nosotros somos testigos de que la masacre de Acteal fue perpetrada por la mano de los paramilitares priistas y cardenistas que participaron como autores materiales”, señalaron.
Finalmente, reclamaron que la complicidad de la PGR y la SCJN ha permitido que todos los implicados estén ahora burlándose de la justicia en México.
La Suprema Corte de de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó hoy liberar inmediatamente a siete indígenas tzotziles implicados en la masacre de 45 personas ocurrida en diciembre de 1997.
Los indígenas beneficiados con la determinación de la SCJN llevan 14 años encarcelados, de los 35 a los que fueron condenados.
Al resolver dos recursos extraordinarios de reconocimiento de inocencia, la SCJN consideró inválidas las pruebas que se presentaron para sentenciar a 35 años a los indígenas Lorenzo Gómez Jiménez, José Ruiz Tzucut, Juan Pérez Hernández, Bartolo Luna Pérez, Agustín Pérez Gómez, Mariano Pérez Jiménez y Juan Sántiz Vázquez.
Los ministros de la SCJN determinaron que las pruebas presentadas ante el juez federal de la causa por la Procuraduría General de la República (PGR) –como la parte acusadora– se encuentran viciadas de origen, por lo que no existen elementos para que éstos sigan en una prisión a esperar los otros 21 años que faltan para que cumplan su condena.
Por todas las vías posibles, a través de sus abogados defensores, los siete indígenas demostraron que ellos no dispararon en contra de los 45 indígenas masacrados ni estuvieron en el lugar de los hechos.
En el 2009, la SCJN resolvió los amparos en favor de 51 indígenas tzotziles que fueron acusados de perpetrar la masacre del 22 de diciembre de 1997 en el que perdieron la vida 45 hombres, mujeres y niños, así como cuatro más que estaban en el vientre de su madre.
Tras esa resolución, 29 de los cuales fueron liberados en ese momento, mientras que en el caso de los otros 22, se ordenó dictar nueva sentencia.
A diferencia de los casos del 2009, hoy la SCJN resolvió:
“En el caso se actualiza el reconocimiento de inocencia toda vez que después de la sentencia aparecieron documentos públicos que invalidan las pruebas en que se fundó aquella y, en segundo lugar, porque el estudio principal llevó a la conclusión de que al tomarse en cuenta probanzas ilícitas para condenarlos, se violaron sus derechos constitucionales al debido proceso, razón suficiente para declarar su inmediata libertad”.
Los abogados de los siete indígenas iniciaron el trámite de reconocimiento de inocencia a principios del 2010 pero fue hasta mayo del 2011 que la SCJN retomó de nuevo el caso por insistencia de los defensores.
Los siete indígenas liberados hoy fueron detenidos originalmente en los primeros días de enero de 1997 junto con otras 16 personas, entre ellas el alcalde Jacinto Arias Cruz, cuando acudieron a la capital del estado para comparecer ante la PGR que los había citado.
En aquella ocasión, el alcalde y las 22 personas más quedaron en calidad de detenidos, se les inició el proceso 224/97 por los delitos de homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Posteriormente, fueron capturados 88 indígenas como presuntos responsables de la masacre, tres exoficiales de Seguridad Pública, nueves policías estatales, un exagente del Ministerio Público y un exmilitar. La mayoría ya están libres.
El pasado 22 de enero, Las Abejas de Acteal, grupo al que pertenecían los masacrados, dijo que para ellos no había duda de que este crimen fue planeado desde los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, así como desde el poder civil y militar para acabar con las organizaciones que defienden sus derechos: “A las organizaciones independientes el gobierno les ofreció muerte y desplazamiento”, acusaron entonces.
“Sobre los autores materiales: Nosotros somos testigos de que la masacre de Acteal fue perpetrada por la mano de los paramilitares priistas y cardenistas que participaron como autores materiales”, señalaron.
Finalmente, reclamaron que la complicidad de la PGR y la SCJN ha permitido que todos los implicados estén ahora burlándose de la justicia en México.
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