Alejandro Gutíerrez / Apro
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) confirmó hoy a Baltasar Garzón su expulsión de la carrera judicial en España, en sintonía con la sentencia del Tribunal Supremo, que lo condenó a once años de inhabilitación por ordenar la intervención de comunicaciones de los implicados en el caso Gürtel, la trama de corrupción política.
No obstante, el pleno del CGPJ confirmará la expulsión el próximo jueves 23 de febrero, fecha que coincide con el 31 aniversario del fallido golpe de Estado, encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero.
Con esta decisión, Garzón deja de ser el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, posición en la que se destacó a nivel global, por perseguir a dictadores, como Augusto Pinochet, las redes terroristas de ETA y de Al Qaeda y al crimen organizado.
La decisión se produce antes de que el Tribunal Supremo emita su fallo sobre otro juicio que se le sigue a Garzón, por declararse competente para perseguir los crímenes del franquismo.
Mismo tribunal que el 9 de febrero lo inhabilitó por el delito de prevaricación en el caso de las escuchas de conversaciones intervenidas a los cabecillas de la mayor trama de corrupción política, que incluye a miembros del Partido Popular (PP), hoy en el gobierno.
Una nota difundida por el CGPJ señala que la sentencia del Tribunal Supremo conlleva la pérdida del cargo y de los honores.
Esta decisión implica su incapacitación para obtener empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.
Al quedar vacante la plaza en el juzgado de la Audiencia Nacional que ocupó Garzón, ésta será puesta a concurso. Desde su suspensión, en mayo de 2010, el juzgado es ocupado de manera provisional por el juez Pablo Ruz.
Hace algunos meses, Garzón advirtió a un grupo de corresponsales extranjeros que en ningún escenario –si hubiera sido absuelto o condenado— volvería a la Audiencia Nacional, porque “desde este antecedente –los tres juicios en su contra—cualquiera de las decisiones jurisdiccionales que pudiera tomar en el futuro serían objeto de denuncias para tratar de apartarlo de la carrera judicial”.
No obstante, de cumplir los once años de inhabilitación, Baltasar Garzón podría volver a solicitar al consejo su readmisión en la carrera judicial.
La sentencia no impide a Garzón ejercer la abogacía o participar en foros internacionales, como hasta ahora lo hace.
Hasta hace unos meses, el exjuez fungió como asistente externo del fiscal del Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya; con la Organización de Estados Americanos (OEA); con el Comité contra la Tortura del Consejo de Europa; y en México, participó en foros sobre seguridad, organizados por el PRI y la Cámara de Diputados.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) confirmó hoy a Baltasar Garzón su expulsión de la carrera judicial en España, en sintonía con la sentencia del Tribunal Supremo, que lo condenó a once años de inhabilitación por ordenar la intervención de comunicaciones de los implicados en el caso Gürtel, la trama de corrupción política.
No obstante, el pleno del CGPJ confirmará la expulsión el próximo jueves 23 de febrero, fecha que coincide con el 31 aniversario del fallido golpe de Estado, encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero.
Con esta decisión, Garzón deja de ser el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, posición en la que se destacó a nivel global, por perseguir a dictadores, como Augusto Pinochet, las redes terroristas de ETA y de Al Qaeda y al crimen organizado.
La decisión se produce antes de que el Tribunal Supremo emita su fallo sobre otro juicio que se le sigue a Garzón, por declararse competente para perseguir los crímenes del franquismo.
Mismo tribunal que el 9 de febrero lo inhabilitó por el delito de prevaricación en el caso de las escuchas de conversaciones intervenidas a los cabecillas de la mayor trama de corrupción política, que incluye a miembros del Partido Popular (PP), hoy en el gobierno.
Una nota difundida por el CGPJ señala que la sentencia del Tribunal Supremo conlleva la pérdida del cargo y de los honores.
Esta decisión implica su incapacitación para obtener empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.
Al quedar vacante la plaza en el juzgado de la Audiencia Nacional que ocupó Garzón, ésta será puesta a concurso. Desde su suspensión, en mayo de 2010, el juzgado es ocupado de manera provisional por el juez Pablo Ruz.
Hace algunos meses, Garzón advirtió a un grupo de corresponsales extranjeros que en ningún escenario –si hubiera sido absuelto o condenado— volvería a la Audiencia Nacional, porque “desde este antecedente –los tres juicios en su contra—cualquiera de las decisiones jurisdiccionales que pudiera tomar en el futuro serían objeto de denuncias para tratar de apartarlo de la carrera judicial”.
No obstante, de cumplir los once años de inhabilitación, Baltasar Garzón podría volver a solicitar al consejo su readmisión en la carrera judicial.
La sentencia no impide a Garzón ejercer la abogacía o participar en foros internacionales, como hasta ahora lo hace.
Hasta hace unos meses, el exjuez fungió como asistente externo del fiscal del Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya; con la Organización de Estados Americanos (OEA); con el Comité contra la Tortura del Consejo de Europa; y en México, participó en foros sobre seguridad, organizados por el PRI y la Cámara de Diputados.
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