Raymundo Riva Palacio
La historia de la narcopolítica en Tamaulipas tiene una década de haber sido ventilada públicamente. Se abrió en Guardados de Abajo, una comunidad de 300 habitantes en la frontera chica tamaulipeca, donde el 9 de febrero de 2001 el Ejército y agentes federales detuvieron a Gilberto García Mena, “El June“, lugarteniente de Osiel Cárdenas, para entonces, líder del Cártel del Golfo. A García Mena lo atraparon en una casa donde él fue joya menor ante el botín de información que las autoridades encontraron ahí.
La casa era propiedad de Octavio García, delegado de la policía estatal y uno de los 21 detenidos en el operativo. Las autoridades decomisaron videos y fotografías de fiestas de donde aparecían funcionarios locales, estatales y policías. Ese material, además de grabaciones telefónicas que conectaban a diferentes niveles del gobierno, en ese tiempo encabezado por Tomás Yarrington, los tienen la PGR y la Secretaría de Gobernación.
Yarrington es uno de los tres ex gobernadores tamaulipecos que investiga la PGR por presunta relación con el narcotráfico, y cuyo nombre ha dominado las noticias en las 72 últimas horas por la divulgación del testimonio de cuatro testigos protegidos de la DEA en un juicio en San Antonio en contra de Antonio Peña Argüelles, presuntamente su intermediario con el Cártel del Golfo y Los Zetas.
En todo este tiempo, la PGR mantuvo dormida la investigación sobre Yarrington, quien se ufanaba de ser amigo del ex presidente George W. Bush desde los tiempos en que fue gobernador de Texas, y presumía fotografías en cenas en la Casa Blanca. Yarrington se sintió blindado jurídicamente durante mucho tiempo, apoyado por la PGR que llegó a negar acusaciones en su contra, como la del ex diputado local y hoy delegado de la Sedesol en Tamaulipas, Luis Alonso Mejía García, quien dijo que había recibido 80 millones de dólares del narcotráfico para su campaña electoral.
El coordinador del Comité de Financiamiento de su campaña era Eugenio Hernández, quien lo relevó como gobernador. Yarrington aspiró hace seis años a la candidatura presidencial del PRI, y al ser ignorado se volcó al negocio la construcción que, de acuerdo a quienes lo conocen, fue el detonante de una fortuna considerable –dicen sus cercanos-, razón por la cual lo conectan en el juicio en San Antonio con el asesinato del candidato a gobernador Rodolfo Torre Cantú en 2010.
Yarrington, quien se encuentra desaparecido, es visto en el gobierno federal como el mandatario durante cuya gestión Los Zetas crecieron, se consolidaron y se convirtieron en cártel. Hernández, a su vez, es percibido como el gobernador en cuyo mandato el estado perdió el control absoluto de decenas de municipios donde la ley era la del narcotráfico con la complicidad, por comisión u omisión, de él.
Hernández y Yarrington están hoy al margen del PRI, pero Cavazos es número uno en la lista del Senado para Tamaulipas, impuesto por Miguel Ángel Osorio Chong, representante de Enrique Peña Nieto en el partido. El candidato presidencial ha defendido a Cavazos, en cuyo mandato la organización de contrabandistas que construyó Juan Nepomuceno Guerra, evolucionó en el Cártel del Golfo al entrar como nuevo jefe su sobrino Juan García Ábrego, quien contra los deseos de su tío comenzó a traficar con cocaína. En el último año de gobierno de Cavazos, tras la detención de Juan García Ábrego y el breve liderazgo de su hermano Humberto, Osiel Cárdenas tomó el control de la organización y reclutó 30 ex comandos de élite del Ejército, que crearon Los Zetas.
La PGR tiene en el expediente los detalles de la historia del Cártel del Golfo y Los Zetas aparejada a la narcopolítica, pero no ha formulado las acusaciones contra de los tres ex gobernadores indiciados. La DEA la ayudó significativamente y Peña Nieto patinó al sugerir que el gobierno de Estados Unidos se había prestado a una manipulación del gobierno de Felipe Calderón. En todo caso, la narcopolítica en México regresa a ser un transfronterizo, que no se resolverá este año, pero que sin duda tendrá un impacto en la campaña presidencial.
La historia de la narcopolítica en Tamaulipas tiene una década de haber sido ventilada públicamente. Se abrió en Guardados de Abajo, una comunidad de 300 habitantes en la frontera chica tamaulipeca, donde el 9 de febrero de 2001 el Ejército y agentes federales detuvieron a Gilberto García Mena, “El June“, lugarteniente de Osiel Cárdenas, para entonces, líder del Cártel del Golfo. A García Mena lo atraparon en una casa donde él fue joya menor ante el botín de información que las autoridades encontraron ahí.
La casa era propiedad de Octavio García, delegado de la policía estatal y uno de los 21 detenidos en el operativo. Las autoridades decomisaron videos y fotografías de fiestas de donde aparecían funcionarios locales, estatales y policías. Ese material, además de grabaciones telefónicas que conectaban a diferentes niveles del gobierno, en ese tiempo encabezado por Tomás Yarrington, los tienen la PGR y la Secretaría de Gobernación.
Yarrington es uno de los tres ex gobernadores tamaulipecos que investiga la PGR por presunta relación con el narcotráfico, y cuyo nombre ha dominado las noticias en las 72 últimas horas por la divulgación del testimonio de cuatro testigos protegidos de la DEA en un juicio en San Antonio en contra de Antonio Peña Argüelles, presuntamente su intermediario con el Cártel del Golfo y Los Zetas.
En todo este tiempo, la PGR mantuvo dormida la investigación sobre Yarrington, quien se ufanaba de ser amigo del ex presidente George W. Bush desde los tiempos en que fue gobernador de Texas, y presumía fotografías en cenas en la Casa Blanca. Yarrington se sintió blindado jurídicamente durante mucho tiempo, apoyado por la PGR que llegó a negar acusaciones en su contra, como la del ex diputado local y hoy delegado de la Sedesol en Tamaulipas, Luis Alonso Mejía García, quien dijo que había recibido 80 millones de dólares del narcotráfico para su campaña electoral.
El coordinador del Comité de Financiamiento de su campaña era Eugenio Hernández, quien lo relevó como gobernador. Yarrington aspiró hace seis años a la candidatura presidencial del PRI, y al ser ignorado se volcó al negocio la construcción que, de acuerdo a quienes lo conocen, fue el detonante de una fortuna considerable –dicen sus cercanos-, razón por la cual lo conectan en el juicio en San Antonio con el asesinato del candidato a gobernador Rodolfo Torre Cantú en 2010.
Yarrington, quien se encuentra desaparecido, es visto en el gobierno federal como el mandatario durante cuya gestión Los Zetas crecieron, se consolidaron y se convirtieron en cártel. Hernández, a su vez, es percibido como el gobernador en cuyo mandato el estado perdió el control absoluto de decenas de municipios donde la ley era la del narcotráfico con la complicidad, por comisión u omisión, de él.
Hernández y Yarrington están hoy al margen del PRI, pero Cavazos es número uno en la lista del Senado para Tamaulipas, impuesto por Miguel Ángel Osorio Chong, representante de Enrique Peña Nieto en el partido. El candidato presidencial ha defendido a Cavazos, en cuyo mandato la organización de contrabandistas que construyó Juan Nepomuceno Guerra, evolucionó en el Cártel del Golfo al entrar como nuevo jefe su sobrino Juan García Ábrego, quien contra los deseos de su tío comenzó a traficar con cocaína. En el último año de gobierno de Cavazos, tras la detención de Juan García Ábrego y el breve liderazgo de su hermano Humberto, Osiel Cárdenas tomó el control de la organización y reclutó 30 ex comandos de élite del Ejército, que crearon Los Zetas.
La PGR tiene en el expediente los detalles de la historia del Cártel del Golfo y Los Zetas aparejada a la narcopolítica, pero no ha formulado las acusaciones contra de los tres ex gobernadores indiciados. La DEA la ayudó significativamente y Peña Nieto patinó al sugerir que el gobierno de Estados Unidos se había prestado a una manipulación del gobierno de Felipe Calderón. En todo caso, la narcopolítica en México regresa a ser un transfronterizo, que no se resolverá este año, pero que sin duda tendrá un impacto en la campaña presidencial.
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