Jorge Alejandro Medellín
1.- Militares y navales siguen adelante con sus agendas anticrimen en más de la mitad del país, llevando adelante sus estrategias en operaciones conjuntas que en realidad son encabezadas por mandos castrenses y marinos.
2.- Para el ejército, los estados de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Durango y Chihuahua son prioritarios en la contención del fenómeno delictivo de cara a las elecciones federales del 2012, en las que el poder presidencial podría regresar a manos del PRI o encontrar nuevos protagonistas en la eterna izquierda mexicana.
3.- En Coahuila y Durango, el laboratorio militar ha encontrado esquemas de seguridad policial desgastados, ineficaces, incompletos, a modo para que el crimen organizado crezca y controle de diversas maneras sus negocios en un amplio y complejo corredor que atraviesa el país de oriente a poniente.
4.- Personal insuficiente, mal preparado, mal armado, nula o escasamente capacitado y constantemente penetrado por la corrupción del narco han sido las constantes con las que se topan mandos militares en cara región y zona. Esto no es nuevo. Los mandos territoriales conocen a la perfección la naturaleza del fenómeno. Sabían lo que hallarían al asumir el control de determinados cuerpos policiacos.
5.- El escenario para los marinos es similar. En los estados de Tabasco, Veracruz, Campeche y Yucatán, la Marina intenta consolidar su esquema de combate al crimen organizado a partir de operaciones de inteligencia electrónica y de infiltración de elementos en las estructuras delictivas.
6.- El 4 de diciembre de 2011, la Defensa Nacional informó sobre los logros obtenidos en el combate al crimen organizado durante el año. La Marina hizo lo mismo el pasado 24 de enero. Sin embargo, entre cifras, estadísticas y un listado largo de capos, sicarios y operadores detenidos, ninguna de las dos dependencias que encabezan el combate al narco ofreció detalles de sus estrategias para enfrentar a la delincuencia.
7.- Ambas secretarías realizan operaciones de alto impacto, infiltran efectivos en las filas de los cárteles, emplean equipos de guerra electrónica, presionan a informantes de la policía, intercambian datos (a regañadientes y con poca fluidez) entre sí y con otras instancias de combate al crimen nacionales e internacionales. Sus resultados parecen ir por caminos paralelos y no necesariamente similares a los que sigue la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF).
8.- En el final del sexenio calderonista, las estrategias diseñadas en la Sedena y en la Armada de México buscan no solo disminuir hechos violentos. Intentan además reposicionar las imágenes deterioradas de ambas instituciones como resultados de abusos cometidos por militares y marinos en el combate al narco.
La orden del general secretario Guillermo Galván a sus mandos territoriales para evitar derramamiento de sangre civil y para disparar solamente si se es agredido, es un reconocimiento tácito al fracaso o en la capacitación en el respeto a los derechos humanos que deberían haber guardado soldados y marinos en este sexenio.
9.- En este contexto se dan las estrategias de ambas dependencias para seguir adelante con el combate al crimen organizado, incorporando la renovación de mandos policiacos, el reforzamiento de cursos de adiestramiento, la separación de elementos que no cumplen con los requisitos para desempeñarse como policías y la revisión de la operatividad, manejo, metas y logros de lo que se espera sean alguna día los nuevos cuerpos policiacos que permitan el regreso de los militares a sus cuarteles.
10.- El problema radica en que las estrategias militares para sanear a los cuerpos solo se centra en aspectos operativos y deja de lado temas de control civil y supervisión técnica de la función policial. Si estos dos elementos vinculados al control y la rendición de cuentas el avance en el saneamiento de las policías del país se quedará en lo meramente estadístico como parte de la numeralia sexenal.
1.- Militares y navales siguen adelante con sus agendas anticrimen en más de la mitad del país, llevando adelante sus estrategias en operaciones conjuntas que en realidad son encabezadas por mandos castrenses y marinos.
2.- Para el ejército, los estados de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Durango y Chihuahua son prioritarios en la contención del fenómeno delictivo de cara a las elecciones federales del 2012, en las que el poder presidencial podría regresar a manos del PRI o encontrar nuevos protagonistas en la eterna izquierda mexicana.
3.- En Coahuila y Durango, el laboratorio militar ha encontrado esquemas de seguridad policial desgastados, ineficaces, incompletos, a modo para que el crimen organizado crezca y controle de diversas maneras sus negocios en un amplio y complejo corredor que atraviesa el país de oriente a poniente.
4.- Personal insuficiente, mal preparado, mal armado, nula o escasamente capacitado y constantemente penetrado por la corrupción del narco han sido las constantes con las que se topan mandos militares en cara región y zona. Esto no es nuevo. Los mandos territoriales conocen a la perfección la naturaleza del fenómeno. Sabían lo que hallarían al asumir el control de determinados cuerpos policiacos.
5.- El escenario para los marinos es similar. En los estados de Tabasco, Veracruz, Campeche y Yucatán, la Marina intenta consolidar su esquema de combate al crimen organizado a partir de operaciones de inteligencia electrónica y de infiltración de elementos en las estructuras delictivas.
6.- El 4 de diciembre de 2011, la Defensa Nacional informó sobre los logros obtenidos en el combate al crimen organizado durante el año. La Marina hizo lo mismo el pasado 24 de enero. Sin embargo, entre cifras, estadísticas y un listado largo de capos, sicarios y operadores detenidos, ninguna de las dos dependencias que encabezan el combate al narco ofreció detalles de sus estrategias para enfrentar a la delincuencia.
7.- Ambas secretarías realizan operaciones de alto impacto, infiltran efectivos en las filas de los cárteles, emplean equipos de guerra electrónica, presionan a informantes de la policía, intercambian datos (a regañadientes y con poca fluidez) entre sí y con otras instancias de combate al crimen nacionales e internacionales. Sus resultados parecen ir por caminos paralelos y no necesariamente similares a los que sigue la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF).
8.- En el final del sexenio calderonista, las estrategias diseñadas en la Sedena y en la Armada de México buscan no solo disminuir hechos violentos. Intentan además reposicionar las imágenes deterioradas de ambas instituciones como resultados de abusos cometidos por militares y marinos en el combate al narco.
La orden del general secretario Guillermo Galván a sus mandos territoriales para evitar derramamiento de sangre civil y para disparar solamente si se es agredido, es un reconocimiento tácito al fracaso o en la capacitación en el respeto a los derechos humanos que deberían haber guardado soldados y marinos en este sexenio.
9.- En este contexto se dan las estrategias de ambas dependencias para seguir adelante con el combate al crimen organizado, incorporando la renovación de mandos policiacos, el reforzamiento de cursos de adiestramiento, la separación de elementos que no cumplen con los requisitos para desempeñarse como policías y la revisión de la operatividad, manejo, metas y logros de lo que se espera sean alguna día los nuevos cuerpos policiacos que permitan el regreso de los militares a sus cuarteles.
10.- El problema radica en que las estrategias militares para sanear a los cuerpos solo se centra en aspectos operativos y deja de lado temas de control civil y supervisión técnica de la función policial. Si estos dos elementos vinculados al control y la rendición de cuentas el avance en el saneamiento de las policías del país se quedará en lo meramente estadístico como parte de la numeralia sexenal.
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