Alejandro Gutiérrez / APRO
El juez Baltasar Garzón aseguró que su “conciencia está tranquila” porque las decisiones que adoptó al declararse competente para investigar los crímenes del franquismo fueron ajustadas a derecho para “perseguir, sancionar o castigar los crímenes masivos” de desapariciones forzadas, y entendió que con ello defendía a las víctimas del “desamparo”.
En su último turno de palabra en el juicio, ante los siete magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo, el acusado dijo en su alegato final: “Mi conciencia está tranquila porque tomé las decisiones que creí ajustadas a derecho para perseguir, sancionar o castigar, por mí o por quien correspondiera en el uso de la jurisdicción los crímenes masivos de desaparición forzada de personas en ese contexto de detenciones ilegales sin dar razón del paradero de las víctimas”.
El presidente del tribunal, Carlos Granados, decretó que el caso quedó listo para sentencia, que se conocerá en fecha próxima. La acusación –el sindicato Manos Limpias y la Asociación Libertad e Identidad, de tendencia ultraderechista— pide para Garzón una pena de 20 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.
En abono de su desempeño en el caso de los crímenes del franquismo, no sólo su defensa, sino el fiscal de la sala, Luis Navajas, demandaron la absolución para Garzón y el archivo de este procedimiento.
En su breve participación, Garzón reivindicó que las instituciones judiciales deben trabajar en la reparación de las víctimas para evitar “el olvido y la falta de memoria”.
Advirtió que su independencia como magistrado y la libertad de interpretación de la ley son aspectos que constituyen “la esencia de la función judicial”, y las decisiones judiciales que adoptó en este caso, entendió, eran las “más apropiadas” en la aplicación del derecho nacional e internacional.
Señaló que actuó “sobre todo guiado por la defensa del desamparo de esas víctimas, que son, en este tipo de crímenes, un elemento principal que todo juez debe proteger”.
Añadió: “Hay otras opiniones pero ésta es la que defiendo y creo que es ajustada a derecho”.
Estableció que aceptó en su juzgado el caso en diciembre de 2006, “en cumplimiento estricto de las normas procesales” y practicó todas las diligencias “indispensables” para decidir sobre su posible competencia.
Reconoció que otros pueden discrepar de su criterio, pero argumentó que su posición es “defendible” al alegar que sus diligencias se dictaron de forma “extensa, razonada y con cita de jurisprudencia nacional e internacional”.
Las tres causas contra Garzón—dos de ellas ya vistas en juicio—han acaparado la mirada internacional, de observadores de organismos como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), asociaciones de juristas a nivel internacional o europeo, pero también de medios de comunicación, como The New York Times, que en días pasados se pronunció por la absolución del juez, por considerar que “procesar a Garzón es una ofensa a la justicia y a la historia”.
Tanto a su arribo como a su salida del Tribunal, tras cinco horas de sesión, un grupo de simpatizantes del juez gritaba consignas: “Queremos justicia, tenemos memoria”, “Garzón amigo, el pueblo está contigo”.
El fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, antes de pedir la absolución, hizo un alegato sobre el caso, en el que señaló que “sería patético y ridículo que Argentina tenga a una juez dedicada a investigar los crímenes del franquismo y aquí se esté juzgando al juez que quiso hacerlo”.
El fiscal consideró que “una sentencia condenatoria a Garzón tendría un efecto devastador”. Dijo: “Atentaría casi contra el principio de la independencia judicial. Mandaría el mensaje de que solo es tolerable la interpretación mayoritaria”.
Y de materializarse en condena, podría interpretarse como un peligroso mensaje a “los jueces de interpretaciones minoritarias”.
Repudió que se pretenda comparar los crímenes del franquismo con la matanza de Paracuellos de Jarama, como lo aludió la parte acusadora.
El fiscal Navajas señaló que es “indudable que Garzón no es un juez al uso”, en alusión al supuesto protagonismo del magistrado acusado. “Me pregunto si ese interés de Garzón por perseguir delincuentes del cono sudamericano ha tenido que ver, o si hubieran perseguido igual a otro juez si le hubiera correspondido el asunto”.
“Que este modelo de juez se ajuste o no a nuestras preferencias no es objeto del procedimiento, pues se trata de saber si determinadas resoluciones merecen de por sí ser calificadas como integrantes del tipo penal de prevaricación”, dijo.
Consideró que las resoluciones judiciales de Garzón podrían ser recurridas mediante procedimientos judiciales, pero no llevarlo al banquillo de los acusados.
En su última alegación, la parte acusadora, el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, elevaron a definitiva su petición de inhabilitar durante 20 años al juez Garzón por un delito continuado de prevaricación por declararse competente de los crímenes del franquismo.
El abogado de la acusación, Joaquín Ruiz Infante, hizo algunas modificaciones en su informe final, en concreto incluyó la querella por el fusilamiento de Paracuellos de Jarama, donde se acusaba al histórico líder comunista Santiago Carrillo porque fue archivada por el juez Garzón apelando a la Ley de Amnistía de 1977.
Consideró que al admitir las denuncias por los crímenes del franquismo y dar lugar a “una causa general contra personas indeterminadas, no identificadas” y “notoriamente fallecidas”, el juez Garzón fue “plenamente consciente” de que esta nueva actuación vulnerara las normas.
Por ello, el juez se apartó de la legalidad dictando dicha resolución “a sabiendas” que era injusta.
El juez Baltasar Garzón aseguró que su “conciencia está tranquila” porque las decisiones que adoptó al declararse competente para investigar los crímenes del franquismo fueron ajustadas a derecho para “perseguir, sancionar o castigar los crímenes masivos” de desapariciones forzadas, y entendió que con ello defendía a las víctimas del “desamparo”.
En su último turno de palabra en el juicio, ante los siete magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo, el acusado dijo en su alegato final: “Mi conciencia está tranquila porque tomé las decisiones que creí ajustadas a derecho para perseguir, sancionar o castigar, por mí o por quien correspondiera en el uso de la jurisdicción los crímenes masivos de desaparición forzada de personas en ese contexto de detenciones ilegales sin dar razón del paradero de las víctimas”.
El presidente del tribunal, Carlos Granados, decretó que el caso quedó listo para sentencia, que se conocerá en fecha próxima. La acusación –el sindicato Manos Limpias y la Asociación Libertad e Identidad, de tendencia ultraderechista— pide para Garzón una pena de 20 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.
En abono de su desempeño en el caso de los crímenes del franquismo, no sólo su defensa, sino el fiscal de la sala, Luis Navajas, demandaron la absolución para Garzón y el archivo de este procedimiento.
En su breve participación, Garzón reivindicó que las instituciones judiciales deben trabajar en la reparación de las víctimas para evitar “el olvido y la falta de memoria”.
Advirtió que su independencia como magistrado y la libertad de interpretación de la ley son aspectos que constituyen “la esencia de la función judicial”, y las decisiones judiciales que adoptó en este caso, entendió, eran las “más apropiadas” en la aplicación del derecho nacional e internacional.
Señaló que actuó “sobre todo guiado por la defensa del desamparo de esas víctimas, que son, en este tipo de crímenes, un elemento principal que todo juez debe proteger”.
Añadió: “Hay otras opiniones pero ésta es la que defiendo y creo que es ajustada a derecho”.
Estableció que aceptó en su juzgado el caso en diciembre de 2006, “en cumplimiento estricto de las normas procesales” y practicó todas las diligencias “indispensables” para decidir sobre su posible competencia.
Reconoció que otros pueden discrepar de su criterio, pero argumentó que su posición es “defendible” al alegar que sus diligencias se dictaron de forma “extensa, razonada y con cita de jurisprudencia nacional e internacional”.
Las tres causas contra Garzón—dos de ellas ya vistas en juicio—han acaparado la mirada internacional, de observadores de organismos como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), asociaciones de juristas a nivel internacional o europeo, pero también de medios de comunicación, como The New York Times, que en días pasados se pronunció por la absolución del juez, por considerar que “procesar a Garzón es una ofensa a la justicia y a la historia”.
Tanto a su arribo como a su salida del Tribunal, tras cinco horas de sesión, un grupo de simpatizantes del juez gritaba consignas: “Queremos justicia, tenemos memoria”, “Garzón amigo, el pueblo está contigo”.
El fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, antes de pedir la absolución, hizo un alegato sobre el caso, en el que señaló que “sería patético y ridículo que Argentina tenga a una juez dedicada a investigar los crímenes del franquismo y aquí se esté juzgando al juez que quiso hacerlo”.
El fiscal consideró que “una sentencia condenatoria a Garzón tendría un efecto devastador”. Dijo: “Atentaría casi contra el principio de la independencia judicial. Mandaría el mensaje de que solo es tolerable la interpretación mayoritaria”.
Y de materializarse en condena, podría interpretarse como un peligroso mensaje a “los jueces de interpretaciones minoritarias”.
Repudió que se pretenda comparar los crímenes del franquismo con la matanza de Paracuellos de Jarama, como lo aludió la parte acusadora.
El fiscal Navajas señaló que es “indudable que Garzón no es un juez al uso”, en alusión al supuesto protagonismo del magistrado acusado. “Me pregunto si ese interés de Garzón por perseguir delincuentes del cono sudamericano ha tenido que ver, o si hubieran perseguido igual a otro juez si le hubiera correspondido el asunto”.
“Que este modelo de juez se ajuste o no a nuestras preferencias no es objeto del procedimiento, pues se trata de saber si determinadas resoluciones merecen de por sí ser calificadas como integrantes del tipo penal de prevaricación”, dijo.
Consideró que las resoluciones judiciales de Garzón podrían ser recurridas mediante procedimientos judiciales, pero no llevarlo al banquillo de los acusados.
En su última alegación, la parte acusadora, el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, elevaron a definitiva su petición de inhabilitar durante 20 años al juez Garzón por un delito continuado de prevaricación por declararse competente de los crímenes del franquismo.
El abogado de la acusación, Joaquín Ruiz Infante, hizo algunas modificaciones en su informe final, en concreto incluyó la querella por el fusilamiento de Paracuellos de Jarama, donde se acusaba al histórico líder comunista Santiago Carrillo porque fue archivada por el juez Garzón apelando a la Ley de Amnistía de 1977.
Consideró que al admitir las denuncias por los crímenes del franquismo y dar lugar a “una causa general contra personas indeterminadas, no identificadas” y “notoriamente fallecidas”, el juez Garzón fue “plenamente consciente” de que esta nueva actuación vulnerara las normas.
Por ello, el juez se apartó de la legalidad dictando dicha resolución “a sabiendas” que era injusta.
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