Jorge Fernández Menéndez
El problema es la justicia y de la mano con ella la impunidad. Los tres jóvenes de entre 16 y 26 años que fueron linchados por una turba enardecida de San Mateo Huitzilzingo, en el municipio de Chalco, acusados por un grupo de mujeres del intento de secuestro de dos estudiantes de preparatoria, no tenían antecedentes penales, según lo que informó Alfredo Castillo, procurador de Justicia del Estado de México. José Manuel Mendoza Gil, el de 26 años, trabajaba como albañil y era dueño de la camioneta que también fue incendiada. Los otros dos tenían apenas 16 años de edad, Raúl Aboites García se desempeñaba como ayudante en una papelería, y Luis Alberto Cárdenas era albañil. No intentaban secuestrar a ninguna jovencita: uno de ellos era, o pretendía ser, el novio de una de ellas: eran del pueblo vecino y la familia se oponía al noviazgo. En realidad pensaban que se la iban a “robar”.
Los tres jóvenes hubieran podido ser rescatados por la policía, pero las fuerzas municipales, por incompetencia o complicidad, no avisaron del intento de linchamiento a las fuerzas estatales hasta dos horas después de iniciados los hechos. Los habitantes de San Mateo argumentan que hace unas pocas semanas unos jóvenes habían sido secuestrados y asesinados en el pueblo y pensaron que la historia se repetiría. Desde los hechos de Tláhuac, hace ya siete años, cuando fueron linchados y asesinados dos policías federales (un tercero sobrevivió con graves heridas), cuando estaban investigando la operación de un grupo armado y los pobladores fueron instigados acusando a los policías de ser secuestradores de niños, en un hecho que fue propiciado también por la negligencia de las autoridades y las policías locales, no teníamos unos linchamientos tan violentos y tan absurdos, aunque éstos se han repetido una y otra vez en toda el área metropolitana.
Hay muchas razones por las cuales la gente termina ejerciendo la justicia (o lo que cree que es la justicia) por propia mano, pero las dos principales son la falta de confianza con las fuerzas de seguridad locales y la impunidad. Y nada puede justificar ese tipo de violencia, pero sí puede explicarla: las fuerzas de seguridad locales, sobre todo las municipales, suelen estar coludidas o trabajan directamente para los delincuentes. En San Mateo no hicieron nada para impedir los linchamientos y tardaron horas en avisar a las fuerzas estatales. No eran delincuentes las víctimas, pero en muchas ocasiones sí lo son y la denuncia constante de las comunidades es que simplemente se les deja en libertad una vez detenidos. Cuando no es así, cuando los delincuentes no quedan simplemente en libertad, cuando son acusados de un delito, las cifras de impunidad resultan escandalosas: 98% de los delitos que son denunciados (no de los que se cometen, sino de los que son denunciados) quedan impunes. En ese contexto, la tentación de ejercer la justicia por propia mano resulta muy difícil de resistir.
Lo grave es que no pasa nada. No pasó en Tláhuac ni tampoco sucederá en Chalco. Los detenidos, uno a uno, irán quedando en libertad y los crímenes terminarán justificándose o diluyéndose en el anonimato de la violencia. En unos quedará la sensación de impunidad, en otros el imperativo de la venganza. Y este tipo de violencia comunitaria que algunos de nuestros políticos justifican como una forma de “usos y costumbres” seguirá estando presente un día sí y el otro también. En ocasiones ejercida contra auténticos criminales pero, en otras, como ahora en Chalco, contra un simple enamorado que con sus amigos adolescentes sólo quería cortejar a su novia en el pueblo equivocado.
El cambio en la FEPADE
No sé por qué la procuradora general de la República, Marisela Morales, decidió remover al fiscal de delitos electorales José Luis Vargas, que parecía ser un funcionario eficiente y recto en su desempeño. Quizá, como dicen en el PRI, fue removido por no ser panista, tal vez, como dicen fuentes de la PGR, porque su estilo de trabajo no coincidía con el del equipo de la procuradora, pero lo cierto es que no ha habido, hasta el momento de escribir estas líneas, una explicación sobre su remoción y acerca de la llegada a la FEPADE de Imelda Calvillo Tello, una funcionaria con una larga carrera en la PGR, que no puede ser acusada de llegar por una posición partidista.
De todas formas, llama la atención un cambio de este tipo en esa fiscalía cuando está comenzando el proceso electoral. Tanto como la reacción del priismo que, con la sola versión de que se produciría ese cambio, salió a defender a Vargas y a asegurar que ello tendría como objetivo utilizar en forma partidaria la justicia electoral en contra del PRI. No sé por qué fue el cambio de Vargas por Calvillo, pero sí debería quedarnos en claro que la justicia, electoral y de la otra, de una u otra forma, se ha convertido ya en un capítulo irremplazable en la lucha por la Presidencia.
El problema es la justicia y de la mano con ella la impunidad. Los tres jóvenes de entre 16 y 26 años que fueron linchados por una turba enardecida de San Mateo Huitzilzingo, en el municipio de Chalco, acusados por un grupo de mujeres del intento de secuestro de dos estudiantes de preparatoria, no tenían antecedentes penales, según lo que informó Alfredo Castillo, procurador de Justicia del Estado de México. José Manuel Mendoza Gil, el de 26 años, trabajaba como albañil y era dueño de la camioneta que también fue incendiada. Los otros dos tenían apenas 16 años de edad, Raúl Aboites García se desempeñaba como ayudante en una papelería, y Luis Alberto Cárdenas era albañil. No intentaban secuestrar a ninguna jovencita: uno de ellos era, o pretendía ser, el novio de una de ellas: eran del pueblo vecino y la familia se oponía al noviazgo. En realidad pensaban que se la iban a “robar”.
Los tres jóvenes hubieran podido ser rescatados por la policía, pero las fuerzas municipales, por incompetencia o complicidad, no avisaron del intento de linchamiento a las fuerzas estatales hasta dos horas después de iniciados los hechos. Los habitantes de San Mateo argumentan que hace unas pocas semanas unos jóvenes habían sido secuestrados y asesinados en el pueblo y pensaron que la historia se repetiría. Desde los hechos de Tláhuac, hace ya siete años, cuando fueron linchados y asesinados dos policías federales (un tercero sobrevivió con graves heridas), cuando estaban investigando la operación de un grupo armado y los pobladores fueron instigados acusando a los policías de ser secuestradores de niños, en un hecho que fue propiciado también por la negligencia de las autoridades y las policías locales, no teníamos unos linchamientos tan violentos y tan absurdos, aunque éstos se han repetido una y otra vez en toda el área metropolitana.
Hay muchas razones por las cuales la gente termina ejerciendo la justicia (o lo que cree que es la justicia) por propia mano, pero las dos principales son la falta de confianza con las fuerzas de seguridad locales y la impunidad. Y nada puede justificar ese tipo de violencia, pero sí puede explicarla: las fuerzas de seguridad locales, sobre todo las municipales, suelen estar coludidas o trabajan directamente para los delincuentes. En San Mateo no hicieron nada para impedir los linchamientos y tardaron horas en avisar a las fuerzas estatales. No eran delincuentes las víctimas, pero en muchas ocasiones sí lo son y la denuncia constante de las comunidades es que simplemente se les deja en libertad una vez detenidos. Cuando no es así, cuando los delincuentes no quedan simplemente en libertad, cuando son acusados de un delito, las cifras de impunidad resultan escandalosas: 98% de los delitos que son denunciados (no de los que se cometen, sino de los que son denunciados) quedan impunes. En ese contexto, la tentación de ejercer la justicia por propia mano resulta muy difícil de resistir.
Lo grave es que no pasa nada. No pasó en Tláhuac ni tampoco sucederá en Chalco. Los detenidos, uno a uno, irán quedando en libertad y los crímenes terminarán justificándose o diluyéndose en el anonimato de la violencia. En unos quedará la sensación de impunidad, en otros el imperativo de la venganza. Y este tipo de violencia comunitaria que algunos de nuestros políticos justifican como una forma de “usos y costumbres” seguirá estando presente un día sí y el otro también. En ocasiones ejercida contra auténticos criminales pero, en otras, como ahora en Chalco, contra un simple enamorado que con sus amigos adolescentes sólo quería cortejar a su novia en el pueblo equivocado.
El cambio en la FEPADE
No sé por qué la procuradora general de la República, Marisela Morales, decidió remover al fiscal de delitos electorales José Luis Vargas, que parecía ser un funcionario eficiente y recto en su desempeño. Quizá, como dicen en el PRI, fue removido por no ser panista, tal vez, como dicen fuentes de la PGR, porque su estilo de trabajo no coincidía con el del equipo de la procuradora, pero lo cierto es que no ha habido, hasta el momento de escribir estas líneas, una explicación sobre su remoción y acerca de la llegada a la FEPADE de Imelda Calvillo Tello, una funcionaria con una larga carrera en la PGR, que no puede ser acusada de llegar por una posición partidista.
De todas formas, llama la atención un cambio de este tipo en esa fiscalía cuando está comenzando el proceso electoral. Tanto como la reacción del priismo que, con la sola versión de que se produciría ese cambio, salió a defender a Vargas y a asegurar que ello tendría como objetivo utilizar en forma partidaria la justicia electoral en contra del PRI. No sé por qué fue el cambio de Vargas por Calvillo, pero sí debería quedarnos en claro que la justicia, electoral y de la otra, de una u otra forma, se ha convertido ya en un capítulo irremplazable en la lucha por la Presidencia.
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