Apro
El gobierno mexicano deberá responder, ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, sobre la violación sistemática de los derechos de los indígenas, durante las dos sesiones que se efectuarán en Ginebra, Suiza, el martes y miércoles próximos.
Además, la administración calderonista deberá explicar por qué se violentan los derechos de los trabajadores migrantes que cruzan México.
“A los migrantes se les niega habitualmente el acceso a la justicia o a la protección, debido a que no pueden acceder a mecanismos adecuados de protección o presentación de denuncias”, señala un informe citado por Amnistía Internacional (AI) y retomado por el Comité.
En lo que respecta al tema indígena, el informe de AI añade que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destacó en su informe 2010 “que a pesar de las medidas gubernamentales, los indígenas mexicanos sufren mayores desigualdades que cualquier otro grupo, y su acceso a la salud, la educación, la seguridad social, el alojamiento y otros servicios es muy limitado”.
El documento reconoce que la Constitución de México ha reforzado las normas contra la discriminación y ha promovido el reconocimiento de la naturaleza multiétnica del país, especialmente en lo que respecta a los derechos de los 10 millones de indígenas.
No obstante, sostiene, “muchas de estas personas siguen viviendo en condiciones de extrema pobreza y marginación y sufren habitualmente una discriminación directa e indirecta”.
Sobre el mismo tema, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan apunta que “la falta de implementación del marco legal vigente, incluida la nueva Constitución, profundiza el problema estructural de discriminación en un contexto en que los derechos de los indígenas son oficialmente protegidos por estas normas, pero las instituciones replican modelos históricos de discriminación”.
El Comité solicitará a México que explicite la “consideración de especificidades económicas, culturales, sociales y geográficas de los pueblos indígenas en los marcos normativo federal y estatal, así como en el diseño y aplicación de políticas públicas, incluyendo salud, educación y vivienda”.
Además, el Estado mexicano deberá responder sobre el “acceso a la justicia efectiva” de los 10 millones de indígenas del país.
“Tal y como Amnistía ha constatado en numerosos casos, los indígenas son frecuentemente forzados a participar de procedimientos judiciales sin contar con la asistencia adecuada y sin conocer exactamente los procedimientos. Como consecuencia, los indígenas sospechosos no son debidamente defendidos contra cargos criminales, lo que conlleva juicios y condenas injustas”, insiste Tlachinollan.
Y recuerda que en la última revisión de México, el Comité recomendó que se garantizara el derecho de los pueblos indígenas a usar intérpretes y consejeros judiciales que estén familiarizados con la lengua y las costumbres de los indígenas afectados.
“A pesar de los esfuerzos legislativos del gobierno, la normativa se mantiene como un hecho simbólico y no han sido propiamente implementadas. Esta situación genera que los indígenas que son acusados en procesos criminales y que no entienden español sean completamente ignorantes del estatus de sus casos y sean forzados a firmar papeles que los incriminarán sin siquiera entenderlos”, agrega.
Sobre los migrantes, el Comité espera que el Ejecutivo mexicano explique la situación de los indocumentados que atraviesan su territorio y que sufren discriminación racial, y solicita que se especifiquen los mecanismos para “proteger los derechos de todos los migrantes, incluyendo el derecho a la vida”.
“Decenas de miles de emigrantes que viajan a través de México son sistemáticamente víctimas de extorsión, maltrato, secuestro, violación, asesinato y alistamientos forzosos en bandas criminales. Las bandas organizadas actúan a menudo con la connivencia o el consentimiento de las autoridades”, acusa AI.
Añade:
“Los responsables de los abusos son raramente perseguidos, por lo que se crea un clima de impunidad y tolerancia hacia los maltratos contra los emigrantes”.
Y observa que el hecho de que los gobiernos federal y estatales no aborden de forma efectiva los casos de xenofobia y discriminación contra migrantes en situación irregular significa que estas personas corren un mayor riesgo de sufrir abusos”.
“A los migrantes se les niega habitualmente el acceso a justicia o a la protección, debido a que no pueden acceder a mecanismos adecuados de protección o presentación de denuncias”, agrega el informe citado por AI.
No obstante, reconoce que el gobierno mexicano ha realizado algunas reformas legales importantes, como la nueva ley sobre migración, que promueve el reconocimiento de los derechos de los migrantes, incluido el acceso a la justicia.
La delegación mexicana que presentará el informe en Ginebra está encabezada por el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio Mújica. También asistirán el director general de Derechos Humanos y Democracia de la cancillería mexicana, Alejandro Negrín, y el jefe de la Unidad de Planeación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Janitzio Durán, entre otros funcionarios.
El gobierno mexicano deberá responder, ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, sobre la violación sistemática de los derechos de los indígenas, durante las dos sesiones que se efectuarán en Ginebra, Suiza, el martes y miércoles próximos.
Además, la administración calderonista deberá explicar por qué se violentan los derechos de los trabajadores migrantes que cruzan México.
“A los migrantes se les niega habitualmente el acceso a la justicia o a la protección, debido a que no pueden acceder a mecanismos adecuados de protección o presentación de denuncias”, señala un informe citado por Amnistía Internacional (AI) y retomado por el Comité.
En lo que respecta al tema indígena, el informe de AI añade que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destacó en su informe 2010 “que a pesar de las medidas gubernamentales, los indígenas mexicanos sufren mayores desigualdades que cualquier otro grupo, y su acceso a la salud, la educación, la seguridad social, el alojamiento y otros servicios es muy limitado”.
El documento reconoce que la Constitución de México ha reforzado las normas contra la discriminación y ha promovido el reconocimiento de la naturaleza multiétnica del país, especialmente en lo que respecta a los derechos de los 10 millones de indígenas.
No obstante, sostiene, “muchas de estas personas siguen viviendo en condiciones de extrema pobreza y marginación y sufren habitualmente una discriminación directa e indirecta”.
Sobre el mismo tema, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan apunta que “la falta de implementación del marco legal vigente, incluida la nueva Constitución, profundiza el problema estructural de discriminación en un contexto en que los derechos de los indígenas son oficialmente protegidos por estas normas, pero las instituciones replican modelos históricos de discriminación”.
El Comité solicitará a México que explicite la “consideración de especificidades económicas, culturales, sociales y geográficas de los pueblos indígenas en los marcos normativo federal y estatal, así como en el diseño y aplicación de políticas públicas, incluyendo salud, educación y vivienda”.
Además, el Estado mexicano deberá responder sobre el “acceso a la justicia efectiva” de los 10 millones de indígenas del país.
“Tal y como Amnistía ha constatado en numerosos casos, los indígenas son frecuentemente forzados a participar de procedimientos judiciales sin contar con la asistencia adecuada y sin conocer exactamente los procedimientos. Como consecuencia, los indígenas sospechosos no son debidamente defendidos contra cargos criminales, lo que conlleva juicios y condenas injustas”, insiste Tlachinollan.
Y recuerda que en la última revisión de México, el Comité recomendó que se garantizara el derecho de los pueblos indígenas a usar intérpretes y consejeros judiciales que estén familiarizados con la lengua y las costumbres de los indígenas afectados.
“A pesar de los esfuerzos legislativos del gobierno, la normativa se mantiene como un hecho simbólico y no han sido propiamente implementadas. Esta situación genera que los indígenas que son acusados en procesos criminales y que no entienden español sean completamente ignorantes del estatus de sus casos y sean forzados a firmar papeles que los incriminarán sin siquiera entenderlos”, agrega.
Sobre los migrantes, el Comité espera que el Ejecutivo mexicano explique la situación de los indocumentados que atraviesan su territorio y que sufren discriminación racial, y solicita que se especifiquen los mecanismos para “proteger los derechos de todos los migrantes, incluyendo el derecho a la vida”.
“Decenas de miles de emigrantes que viajan a través de México son sistemáticamente víctimas de extorsión, maltrato, secuestro, violación, asesinato y alistamientos forzosos en bandas criminales. Las bandas organizadas actúan a menudo con la connivencia o el consentimiento de las autoridades”, acusa AI.
Añade:
“Los responsables de los abusos son raramente perseguidos, por lo que se crea un clima de impunidad y tolerancia hacia los maltratos contra los emigrantes”.
Y observa que el hecho de que los gobiernos federal y estatales no aborden de forma efectiva los casos de xenofobia y discriminación contra migrantes en situación irregular significa que estas personas corren un mayor riesgo de sufrir abusos”.
“A los migrantes se les niega habitualmente el acceso a justicia o a la protección, debido a que no pueden acceder a mecanismos adecuados de protección o presentación de denuncias”, agrega el informe citado por AI.
No obstante, reconoce que el gobierno mexicano ha realizado algunas reformas legales importantes, como la nueva ley sobre migración, que promueve el reconocimiento de los derechos de los migrantes, incluido el acceso a la justicia.
La delegación mexicana que presentará el informe en Ginebra está encabezada por el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio Mújica. También asistirán el director general de Derechos Humanos y Democracia de la cancillería mexicana, Alejandro Negrín, y el jefe de la Unidad de Planeación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Janitzio Durán, entre otros funcionarios.
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