Alejandra Cullen Benítez
En el penal de Apodaca, masacraron a 44 reos (del cártel del golfo) y se fugaron 30 (Zetas). Eran del fuero federal, aún así, García Luna afirmó que (el problema) “…Es a nivel estatal, no federal”.
En México, hay 232,937 reos, de los cuales 20.5% son del fuero federal. Se suman innumerables casos en los que la PGR, saturada, rechaza presuntos delincuentes del orden federal, y abandona a los estados a su merced.
La secretaría de Seguridad Pública tiene una subsecretaría del sistema penitenciario federal, con 12,507 millones de pesos en 2012, entre cuyas funciones destacan:
Coordinar la política penitenciaria federal e impulsar su adopción con las entidades federativas, e integrar un sistema de administración penitenciaria;
Verificar el cumplimiento de los programas de readaptación social de sentenciados, de acuerdo a la ley.
A pesar de ello, García Luna se lava las manos. Afirma “este tema requiere de un seguimiento, no de coyuntura… de una visión a largo plazo para crear capacidades … de alcance de fondo porque el tema de fugas y disturbios está ligado con la parte de la corrupción”. ¡qué novedad!
La corrupción en las cárceles estatales (y federales) es una realidad añeja. El Chapo no se escapó sólo. Lo inaceptable es que el Sistema Penitenciario Federal, en 5 años, no haya mejorado. Tienen convenios con los estados pero no generaron transformación institucional alguna que previniera el desastre.
Sin exculpar a los estados de su parte, preocupa y ofende la respuesta de García Luna. Es inaceptable que el principal estratega de la guerra niegue una respuesta seria a la crisis carcelaria.
Su estrategia ha generado 50,000 muertos. Su institución ha formado a 36,000 policías pero él sólo argumenta que hay corrupción en las cárceles. A 5 años de iniciada la guerra, la pregunta obligada es ¿qué ha hecho su dependencia en la materia? Ofrecieron ocho nuevos penales que claramente no han sido prioridad.
Su respuesta puede entenderse de dos maneras:
El secretario y su equipo no pensaron que atascar los penales estatales de reos de alta peligrosidad, sin una estrategia de atención adecuada, generaría bombas de tiempo locales. Como García Luna nunca acepta sus fallas, culpa a los estados y luego les resuelve las crisis para reorientar la atención mediática y lavar sus culpas.
García Luna se sabe intocable. Quiere su mando único para lo que necesita evidenciar la fragilidad institucional local. Leal a su jefe, dejó crecer este problema y aprovechan el 2012 para politizarlo. Hay 19 estados gobernados por el PRI, por lo que es fácil politizar la guerra y responsabilizar al tricolor de todo mal. El presidente es proclive a eludir su responsabilidad y, García Luna, cómodamente obedece y ataca a las autoridades locales para luego ofrecerles solución. ¿Aprovechará estas “crisis locales” para negociar su propia continuidad bajo una posible administración priista? Lo veremos en poco meses.
Independientemente de sus motivaciones, la negación de García Luna a rendir cuentas es peligrosa. ¿Quién explicará el exceso de muertos y la falta de expedientes? ¿Quién responderá ante tanto encarcelado sin sentencia y en ocasiones, torturados y sin pruebas de culpabilidad? García Luna coordina la guerra y rechaza las fallas que siempre asigna a terceros: PGR, defensa, jueces o estados. Abusa de la debilidad institucional del Sistema Nacional de Seguridad Pública en vez de trabajar en mejorarlas. Quedamos todos a merced de sus caprichos e intereses.
En el penal de Apodaca, masacraron a 44 reos (del cártel del golfo) y se fugaron 30 (Zetas). Eran del fuero federal, aún así, García Luna afirmó que (el problema) “…Es a nivel estatal, no federal”.
En México, hay 232,937 reos, de los cuales 20.5% son del fuero federal. Se suman innumerables casos en los que la PGR, saturada, rechaza presuntos delincuentes del orden federal, y abandona a los estados a su merced.
La secretaría de Seguridad Pública tiene una subsecretaría del sistema penitenciario federal, con 12,507 millones de pesos en 2012, entre cuyas funciones destacan:
Coordinar la política penitenciaria federal e impulsar su adopción con las entidades federativas, e integrar un sistema de administración penitenciaria;
Verificar el cumplimiento de los programas de readaptación social de sentenciados, de acuerdo a la ley.
A pesar de ello, García Luna se lava las manos. Afirma “este tema requiere de un seguimiento, no de coyuntura… de una visión a largo plazo para crear capacidades … de alcance de fondo porque el tema de fugas y disturbios está ligado con la parte de la corrupción”. ¡qué novedad!
La corrupción en las cárceles estatales (y federales) es una realidad añeja. El Chapo no se escapó sólo. Lo inaceptable es que el Sistema Penitenciario Federal, en 5 años, no haya mejorado. Tienen convenios con los estados pero no generaron transformación institucional alguna que previniera el desastre.
Sin exculpar a los estados de su parte, preocupa y ofende la respuesta de García Luna. Es inaceptable que el principal estratega de la guerra niegue una respuesta seria a la crisis carcelaria.
Su estrategia ha generado 50,000 muertos. Su institución ha formado a 36,000 policías pero él sólo argumenta que hay corrupción en las cárceles. A 5 años de iniciada la guerra, la pregunta obligada es ¿qué ha hecho su dependencia en la materia? Ofrecieron ocho nuevos penales que claramente no han sido prioridad.
Su respuesta puede entenderse de dos maneras:
El secretario y su equipo no pensaron que atascar los penales estatales de reos de alta peligrosidad, sin una estrategia de atención adecuada, generaría bombas de tiempo locales. Como García Luna nunca acepta sus fallas, culpa a los estados y luego les resuelve las crisis para reorientar la atención mediática y lavar sus culpas.
García Luna se sabe intocable. Quiere su mando único para lo que necesita evidenciar la fragilidad institucional local. Leal a su jefe, dejó crecer este problema y aprovechan el 2012 para politizarlo. Hay 19 estados gobernados por el PRI, por lo que es fácil politizar la guerra y responsabilizar al tricolor de todo mal. El presidente es proclive a eludir su responsabilidad y, García Luna, cómodamente obedece y ataca a las autoridades locales para luego ofrecerles solución. ¿Aprovechará estas “crisis locales” para negociar su propia continuidad bajo una posible administración priista? Lo veremos en poco meses.
Independientemente de sus motivaciones, la negación de García Luna a rendir cuentas es peligrosa. ¿Quién explicará el exceso de muertos y la falta de expedientes? ¿Quién responderá ante tanto encarcelado sin sentencia y en ocasiones, torturados y sin pruebas de culpabilidad? García Luna coordina la guerra y rechaza las fallas que siempre asigna a terceros: PGR, defensa, jueces o estados. Abusa de la debilidad institucional del Sistema Nacional de Seguridad Pública en vez de trabajar en mejorarlas. Quedamos todos a merced de sus caprichos e intereses.
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