Jorge Fernández Menéndez
¿Alguien puede sorprenderse de que la PGR haya iniciado una investigación contra los ex gobernadores Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández? En realidad, no, desde mucho tiempo atrás, hay versiones, fidedignas o no, que hablan de su presunta relación con grupos criminales. Pero también es verdad que, hasta ahora, en ninguno de los tres casos se habían presentado pruebas fehacientes que los involucraran en esos delitos. Y tampoco conocemos, por lo menos hasta el momento de escribir estas líneas, cuáles son las razones o las pruebas que justifiquen esa investigación que involucra a muchos de sus ex colaboradores e incluso a familiares.
Hay varias preguntas que deberían hacerse al respecto. La primera es el tipo de responsabilidad que tuvieron estos tres ex gobernadores en el crecimiento del narcotráfico en su respectiva administración. Hay datos objetivos: durante el gobierno de Cavazos Lerma fue cuando floreció y nadie molestó, mucho menos en el gobierno estatal, al imperio de Juan García Ábrego. Durante el gobierno de Yarrington fue cuando surgió su reemplazante, Osiel Cárdenas, y comenzó la ola de violencia que desde entonces azota al estado. Además Yarrington y Osiel crearon su base de poder desde Matamoros, uno en la presidencia municipal; el otro, en el narco. En el gobierno de Hernández Los Zetas se convirtieron en un poder indudable e iniciaron su guerra al cártel del Golfo. Creo que, políticamente, los tres son responsables de lo ocurrido, pero, ¿son responsables también en el ámbito penal?, ¿son responsables por haberse coludido con los criminales, como en su momento Mario Villanueva en Quintana Roo o simplemente decidieron mirar a otra parte, tener un gobierno como decía esta semana el presidente Calderón en Guadalajara “que se queda calladito”? Por lo pronto, la PGR los investiga, dice en un comunicado poco claro, por lavado de dinero, delitos fiscales y enriquecimiento ilícito.
Como ha ocurrido en otros casos, como el michoacanazo o la detención del alcalde de Cancún, Greg Sánchez, a las presunciones y a veces hasta pruebas documentales, como grabaciones, que no siempre se pueden presentar ante tribunales, se deben adjuntar elementos contundentes, para evitar la politización de los procesos. Sin ellas no tiene sentido la investigación y se confunde a la opinión pública al tiempo que se radicaliza el enfrentamiento partidario.
La segunda pregunta que va más allá de la investigación es, ¿por qué el PRI sigue utilizando y haciendo candidatos o dirigentes a estos personajes? Se sabe que son políticamente vulnerables, que la mayoría tiene mala fama, que no hicieron buenos gobiernos y que tienen muchos más negativos que respaldos, pero, además, que de ninguna forma pueden ser calificados como una renovación generacional en el priismo. En el equipo de Peña Nieto dicen, por ejemplo, que Cavazos Lerma es un buen operador electoral, como si no tuvieran otros por lo menos tan buenos como él y sin un pasado tan pesado a cuestas. Si saben, porque lo sabían desde antes, que existía la posibilidad de una investigación, justificada o no, contra Eugenio Hernández, ¿para qué darle posiciones en la coordinación de campaña?, ¿y para qué reemplazarlo colocando en su lugar a José Murat? Puede ser que el gobierno esté desencadenando una guerra sucia, como le llaman en el PRI, contra ese partido, pero el hecho es que el PRI pareciera colocarle los objetivos en bandeja al gobierno.
Hay un tercer tema que es mucho más delicado. En lo personal, creo que Egidio Torre Cantú es un buen gobernador que está realizando exactamente lo que no hicieron sus antecesores: se ha coordinado con las fuerzas federales, está desarrollando con ellas una estrategia bastante sólida de combate a los delincuentes y me parece un hombre que tiene, a diferencia de otros, los pies sobre la tierra. Así lo ven incluso en el gobierno federal. Mucho tiene que ver en todo eso que llegó al gobierno sin compromisos previos, porque su hermano Rodolfo fue asesinado a una semana de las elecciones. ¿Quién ordenó matar a Rodolfo? Al respecto hay muchas sospechas. Públicamente, en las investigaciones no hay mucho, salvo algunas armas que pertenecieron a corporaciones municipales y otros indicios que no llegan aún a cuajar en pruebas. Pero Egidio ve con distancia y también con escepticismo todos los indicios que no se transformen en datos duros. Y hace bien. Porque puede haber mucho detrás de ese asesinato. Por eso precisamente está siguiendo la ruta contraria a la que recorrieron sus antecesores.
¿Qué viene? En esta lógica, deberían venir Veracruz (Fidel Herrera); Oaxaca (Ulises Ruiz); Durango (Ismael Hernández); Puebla (Mario Marín); Michoacán (Leonel Godoy, quien ya se ha apresurado a decir que regresa al Senado en cuanto deje la gubernatura), y seguramente Nuevo León, Coahuila y Quintana Roo, quizá también Zacatecas. Todo puede ser, lo importante, sin embargo, son las pruebas y los datos duros en todos y cada uno de esos casos. Sin ellos, no tiene sentido.
¿Alguien puede sorprenderse de que la PGR haya iniciado una investigación contra los ex gobernadores Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández? En realidad, no, desde mucho tiempo atrás, hay versiones, fidedignas o no, que hablan de su presunta relación con grupos criminales. Pero también es verdad que, hasta ahora, en ninguno de los tres casos se habían presentado pruebas fehacientes que los involucraran en esos delitos. Y tampoco conocemos, por lo menos hasta el momento de escribir estas líneas, cuáles son las razones o las pruebas que justifiquen esa investigación que involucra a muchos de sus ex colaboradores e incluso a familiares.
Hay varias preguntas que deberían hacerse al respecto. La primera es el tipo de responsabilidad que tuvieron estos tres ex gobernadores en el crecimiento del narcotráfico en su respectiva administración. Hay datos objetivos: durante el gobierno de Cavazos Lerma fue cuando floreció y nadie molestó, mucho menos en el gobierno estatal, al imperio de Juan García Ábrego. Durante el gobierno de Yarrington fue cuando surgió su reemplazante, Osiel Cárdenas, y comenzó la ola de violencia que desde entonces azota al estado. Además Yarrington y Osiel crearon su base de poder desde Matamoros, uno en la presidencia municipal; el otro, en el narco. En el gobierno de Hernández Los Zetas se convirtieron en un poder indudable e iniciaron su guerra al cártel del Golfo. Creo que, políticamente, los tres son responsables de lo ocurrido, pero, ¿son responsables también en el ámbito penal?, ¿son responsables por haberse coludido con los criminales, como en su momento Mario Villanueva en Quintana Roo o simplemente decidieron mirar a otra parte, tener un gobierno como decía esta semana el presidente Calderón en Guadalajara “que se queda calladito”? Por lo pronto, la PGR los investiga, dice en un comunicado poco claro, por lavado de dinero, delitos fiscales y enriquecimiento ilícito.
Como ha ocurrido en otros casos, como el michoacanazo o la detención del alcalde de Cancún, Greg Sánchez, a las presunciones y a veces hasta pruebas documentales, como grabaciones, que no siempre se pueden presentar ante tribunales, se deben adjuntar elementos contundentes, para evitar la politización de los procesos. Sin ellas no tiene sentido la investigación y se confunde a la opinión pública al tiempo que se radicaliza el enfrentamiento partidario.
La segunda pregunta que va más allá de la investigación es, ¿por qué el PRI sigue utilizando y haciendo candidatos o dirigentes a estos personajes? Se sabe que son políticamente vulnerables, que la mayoría tiene mala fama, que no hicieron buenos gobiernos y que tienen muchos más negativos que respaldos, pero, además, que de ninguna forma pueden ser calificados como una renovación generacional en el priismo. En el equipo de Peña Nieto dicen, por ejemplo, que Cavazos Lerma es un buen operador electoral, como si no tuvieran otros por lo menos tan buenos como él y sin un pasado tan pesado a cuestas. Si saben, porque lo sabían desde antes, que existía la posibilidad de una investigación, justificada o no, contra Eugenio Hernández, ¿para qué darle posiciones en la coordinación de campaña?, ¿y para qué reemplazarlo colocando en su lugar a José Murat? Puede ser que el gobierno esté desencadenando una guerra sucia, como le llaman en el PRI, contra ese partido, pero el hecho es que el PRI pareciera colocarle los objetivos en bandeja al gobierno.
Hay un tercer tema que es mucho más delicado. En lo personal, creo que Egidio Torre Cantú es un buen gobernador que está realizando exactamente lo que no hicieron sus antecesores: se ha coordinado con las fuerzas federales, está desarrollando con ellas una estrategia bastante sólida de combate a los delincuentes y me parece un hombre que tiene, a diferencia de otros, los pies sobre la tierra. Así lo ven incluso en el gobierno federal. Mucho tiene que ver en todo eso que llegó al gobierno sin compromisos previos, porque su hermano Rodolfo fue asesinado a una semana de las elecciones. ¿Quién ordenó matar a Rodolfo? Al respecto hay muchas sospechas. Públicamente, en las investigaciones no hay mucho, salvo algunas armas que pertenecieron a corporaciones municipales y otros indicios que no llegan aún a cuajar en pruebas. Pero Egidio ve con distancia y también con escepticismo todos los indicios que no se transformen en datos duros. Y hace bien. Porque puede haber mucho detrás de ese asesinato. Por eso precisamente está siguiendo la ruta contraria a la que recorrieron sus antecesores.
¿Qué viene? En esta lógica, deberían venir Veracruz (Fidel Herrera); Oaxaca (Ulises Ruiz); Durango (Ismael Hernández); Puebla (Mario Marín); Michoacán (Leonel Godoy, quien ya se ha apresurado a decir que regresa al Senado en cuanto deje la gubernatura), y seguramente Nuevo León, Coahuila y Quintana Roo, quizá también Zacatecas. Todo puede ser, lo importante, sin embargo, son las pruebas y los datos duros en todos y cada uno de esos casos. Sin ellos, no tiene sentido.
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